María de los Angeles Maravilla Morales
Expediente 1287/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1287/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- María de los Angeles Maravilla Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada dentro de este sumario de garantías promovido por ********************, la cual sobreseyó en el juicio, sin que hasta el momento las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO ESTADO. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio, no obran documentos originales y no es de relevancia documental, este expediente es DESTRUIBLE, transcurridos cinco años a partir de esta fecha de conformidad con la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Así mismo, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1287/2016-I-C, promovido por ********************contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisadas en el considerandos segundo y por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente resolución con supresión de datos personales e información clasificada como reservada o confidencial, en los términos del último considerando.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos la razón asentada por el Actuario de este juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar en forma personal a la parte quejosa el proveído de ocho de septiembre de dos mil dieciséis (suspensión provisional), ya que una vez constituido en el inmueble indicado para tal fin en diversos días y horas, nadie acudió a su llamado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el acuerdo de ocho de septiembre de dos mil dieciséis y el presente proveído, por medio de lista de acuerdos. No se inadvierte que el actuario judicial no acudió al domicilio de que se trata en horas inhábiles; sin embargo, no se estima necesario comisionar la diligencia de nueva cuenta, atento a que por interlocutoria de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, se resolvió la suspensión definitiva EL PROVEÍDO DE OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EN LO CONDUCENTE DICE: "San Andrés Cholula, Puebla, ocho de septiembre de dos mil dieciséis. Visto, en cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha y con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1287/2016-I-C promovido por María de los Ángeles Maravilla Morales, por su propio derecho, contra actos de las autoridades responsables 1. Fiscal General del Estado de Puebla, 2. Fiscal de Investigación Regional del Estado de Puebla y 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. En principio, resulta necesario establecer que para la tramitación del presente incidente de suspensión, se aplicará la Ley de Amparo vigente, habida cuenta que en jurisdicción Federal y a nivel nacional, ya entró en vigor el sistema penal acusatorio que establece la aplicabilidad de la Ley de Amparo vigente en el aspecto indicado, con base en lo dispuesto por el artículo décimo transitorio de la citada ley. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo vigente, pídase a las autoridades responsables sus respectivos informes previos que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de la notificación de este auto, en el cual se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes, para lo cual se les envía copia de la demanda de amparo. Apercibidos que de no hacerlo, se les impondrá por separado una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 238 y 260, fracción I de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, se señalan las nueve horas con veinticinco minutos del veinte de septiembre de dos mil dieciséis, para que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia incidental correspondiente; en el entendido de que se señala hasta esa fecha en virtud de que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión ordinaria celebrada el diecisiete de agosto pasado, declaró como días no laborables para los Juzgados de Distrito los días catorce y quince de septiembre de la presente anualidad. De la lectura íntegra de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la orden de detención girada en su contra, así como su ejecución; por lo que al efecto, se provee: Con fundamento en los artículos 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional, en los siguientes términos: A) SI LA ORDEN DE DETENCIÓN NO SE HA EJECUTADO. Si la orden de detención que reclama la parte quejosa no se ha ejecutado, se concede la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente tienen y no sea privada de su libertad, siempre y cuando no se trate de una orden de detención emitida por el Agente del Ministerio Público en casos de urgencia. En ese sentido, a fin de que surta efectos la suspensión provisional concedida, con fundamento en los artículos 162 y 168 de la Ley de Amparo, la quejosa deberá cumplir con las siguientes medidas de aseguramiento: a) En el término de cinco días contados a partir de la notificación de este auto, deberá exhibir una garantía por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos, cero centavos, moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la Ley para el cumplimiento de las obligaciones (billete de depósito, póliza de fianza, etc.), cantidad que se fija de manera discrecional, debiendo acompañar dos fotocopias del documento donde conste esta. EN CASO DE EXHIBIR BILLETE DE DEPÓSITO: 1) En el apartado AUTORIDAD asentar el nombre de este órgano jurisdiccional: Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y, 2) Que se exprese el objeto para el cual se exhibe, esto es, en el apartado CONCEPTO deberá indicar que es para que surta efectos la suspensión provisional concedida a María de los Ángeles Maravilla Morales en el incidente de suspensión 1287/2016-I-C. EN CASO DE EXHIBIR PÓLIZA DE FIANZA: 1) Que se expida ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; 2) Que se exprese el objeto para el cual se exhibe, esto es, en el apartado concepto deberá indicar que es para que surta efectos la suspensión provisional concedida a María de los Ángeles Maravilla Morales en el incidente de suspensión 1287/2016-I-C; y, 3) Deberá además, contener la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora, a las disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de las cantidades caucionadas y deberá someterse en forma expresa para tal efecto a lo que sobre el particular dispone el artículo 156 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia a de la nación cuyos rubro, texto y datos de localización son: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AÚN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA. Si se toma en consideración que las actuaciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial realizadas durante la etapa de averiguación previa, forman parte del procedimiento penal y son fundamentalmente de investigación, aunque existen dos supuestos (flagrancia y urgencia), autorizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales dichas autoridades pueden ordenar o proceder a la detención de una persona, mientras que aquellas que practica la autoridad judicial conforman el proceso penal, cuando se promueve juicio de amparo en contra de una orden de detención girada por autoridades administrativas dentro del procedimiento penal y el quejoso aún se encuentra en libertad, el juzgador deberá conceder la suspensión provisional, cuyo efecto consistirá en que no se le prive de dicha libertad hasta en tanto se le notifique a la autoridad responsable la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo, siendo indispensable, para que surta efectos la provisional, el que el juzgador exija una garantía. Ello es así, porque de no fijarse ésta se corre el riesgo de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia y se entorpezca el procedimiento penal, en franca violación a los principios contenidos en los artículos 124, 124 bis, 130, 136, 138 y 139 de la ley de la materia, así como en la exposición de motivos y en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora relativos a la adición del artículo 124 bis al citado ordenamiento legal, pues en ellos se ha establecido que la suspensión no puede constituir un medio que permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos y, por tanto, el Juez de Distrito puede tomar las medidas que estime pertinentes para asegurar al quejoso aun cuando se trate de actos derivados de un procedimiento penal, y el quejoso tiene el deber de comparecer ante el Ministerio Público dentro de los tres días siguientes para que continúe surtiendo efectos la suspensión; de tal suerte que cuando el artículo 124 bis de la mencionada ley prevé que "Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el Juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes.", indudablemente establece para el juzgador la obligación de fijar una garantía cuando los actos privativos de la libertad provengan de autoridades administrativas y el presunto responsable aún no haya sido privado de ella, pues con tal medida de aseguramiento se pretende salvaguardar tanto la garantía constitucional de libertad personal como el deber de perseguir los delitos, aspecto este último en el cual se encuentra interesada la sociedad. b) La obligación de la quejoso de presentarse ante el agente del Ministerio Público dentro del plazo de tres días para la continuación del proceso, así como cuantas veces sea exigida su comparecencia, debiendo acreditar el cumplimiento de esta prevención ante este Juzgado de Distrito dentro del término de tres días siguientes a su presentación. Así mismo, signifíquese a la quejosa 1) que si incumple con las medidas de aseguramiento, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable y 2) que las obligaciones descritas en los párrafos precedentes serán exigibles hasta que se tenga la certeza respecto de la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 149/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso. Por otro lado, atento a la caución señalada en líneas anteriores, no se inadvierte que el artículo 168 de la ley de la materia también prevé que para fijarla se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: - La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute a la parte quejosa: - Las características personales y situación económica de la parte quejosa; y, - La posibilidad de que el mismo se sustraiga de la acción de la justicia. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con la información necesaria para hacer un pronunciamiento en el que se consideren dichos elementos; además de que al concederse la suspensión contra actos que afectan la libertad personal, deben tomarse las medidas necesarias, a fin de que la parte quejosa, con motivo de la suspensión otorgada no evada la acción de la justicia, por lo que la garantía fijada para que continúe surtiendo efectos la medida cautelar concedida es asequible, esto es, está al alcance de cualquier persona, pero a la vez es elevada para asegurar que la parte inconforme no se sustraiga a la acción de la justicia; aunado a que la parte promovente en su demanda de garantías no proporciona datos exactos respecto al delito o delitos que se le atribuyen, y no puede obligársele a proporcionar tal información, ya que en la generalidad de los casos la parte inculpada no tiene conocimiento de los hechos que se le atribuyen sino hasta el momento en que se le aprehende. Tampoco es factible retardar el pronunciamiento sobre la suspensión solicitada hasta en tanto el Agente del Ministerio Público correspondiente, en su caso, proporcione tales datos, toda vez que existe peligro de que se ejecute la orden de detención reclamada, con notorios perjuicios para la parte quejosa, pues el objeto de la suspensión es precisamente evitar que se causen tales perjuicios. Así pues, para el otorgamiento de la suspensión provisional que aquí se decreta, se toman en cuenta únicamente la naturaleza de la violación, el peligro en la demora y la dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el particular con la ejecución del acto. En consecuencia, a fin de que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para fijar la garantía que en su caso proceda al momento de resolver en definitiva el presente incidente de suspensión, se provee: 1) Se requiere al agente del Ministerio Público para que en el término de cuarenta y ocho horas que se le otorgó para rendir su informe previo, manifieste de manera expresa la naturaleza, modalidades y características del delito que se imputa a la parte quejosa, así como sus características personales y situación económica, en caso de que tenga constancia de ello, por lo que en ese caso, deberá remitir tales constancias a este juzgado. 2) Se requiere a la parte quejosa para que en el término de tres días precise, bajo protesta de decir verdad, el estado que guarda su situación económica, la actividad a la que se dedica y los ingresos mensuales que percibe y, de ser posible, robustezca su dicho con documentales idóneas. Se aclara que la suspensión concedida en los términos señalados anteriormente no surtirá efecto alguno en los siguientes casos: - Si se pretende privar de la libertad a la parte quejosa en cumplimiento de una orden de aprehensión o reaprehensión librada en su contra por autoridad judicial; y, - Si el acto reclamado es dictado por autoridad distinta a la aquí señalada. B) SI SE TRATA DE UNA DETENCIÓN YA EJECUTADA. Si el acto reclamado consiste en la detención de la parte quejosa ya efectuada por autoridades administrativas distintas del agente del Ministerio Público en relación con la comisión de un delito, la suspensión se concede para el efecto de que sin demora cese la detención, poniéndola en libertad o a disposición del agente del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. De consistir el acto reclamado en la detención de la parte quejosa ya efectuada por el agente del Ministerio Público, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concederá para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Cuando el quejoso se encuentre a disposición del agente del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente, el plazo se contará a partir de que sea puesto a disposición. En cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el agente del Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concederá para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en supletoriedad de la Ley de Amparo, expídasele copia certificada por duplicado del presente proveído, por conducto de las personas que para ello autoriza, previa toma de razón que por su recibo obre en autos, quienes deberán comparecer con identificación oficial y vigente, en el horario comprendido de las nueve a las doce horas, en días hábiles, ya que así lo permiten la labores de este órgano jurisdiccional."
- Incidental
RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por María de los Ángeles Maravilla Morales, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria y por las autoridades responables ahí indicadas.
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