María de los Ángeles Maldonado Cervantes

Expediente 1358/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1358/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Maldonado Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se desprende que la responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, además del requerimiento formulado a la parte quejosa por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Ahora, dígase de nueva cuenta a la responsable que el número de cuenta y clave interbancaria que solicitó le fue proporcionada en el escrito inicial de demanda al momento en el que se le solicitó rindiera su respectivo informe justificado, tal y como aconteció en el presente juicio, no obstante lo anterior, se le remite copia de la foja donde se desprenden dichos datos para que cumpla cabalmente con la ejecutoria de amparo. En consecuencia, para evitar dilaciones procesales, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere por última ocasión a Uruviel González Vieyra, Presidente Municipal y Judith Martínez Jaime Tesorera, ambos del ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma, Puebla, para que en el término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, den cumplimiento a lo siguiente: Devuelva la cantidad que fue pagada por concepto de alumbrado público con cargo al número de servicio que aparece en la facturación electrónica 248080701219, por el periodo comprendido enero de dos mil veintiuno, que equivale a la cantidad de $9.59 (nueve pesos 59/100 m.n.). Acredite no haber cobrado derecho de alumbrado público, conforme a la tarifa establecida en el contrato celebrado entre el ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma, Puebla y la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, ni tampoco en el convenio modificatorio y, por tanto, no le sea exigido el pago del derecho por servicio de alumbrado público que reclama, mientras subsista el contrato originalmente celebrado entre el municipio referido y la empresa estatal. En el entendido de que los efectos de este amparo se hacen extensivos a cualquier otro convenio que tenga por objeto modificar el contrato originalmente celebrado entre el ayuntamiento y la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, de uno de enero de dos mil diecinueve. En el supuesto de que haya seguido cobrando el derecho de alumbrado público posterior al mes de enero de mil veintiuno hasta que subsiste el contrato antes citada, deberá devolver dichas cantidades debidamente actualizadas, se le hace del conocimiento que para allegarse e dicha información tendrá que realice las gestiones pertinentes ante la Comisión Federal de Electricidad correspondiente, y así dar total cumplimiento a la ejecutoria protectora. Además, los cálculos de las actualizaciones que se le requieren, al ser la titular de la hacienda municipal es perito en la materia, aunado a que cuenta con un equipo contable con la experticia suficiente quienes pueden determinar correctamente el monto de las actualizaciones generadas a devolver. Lo que es así, porque los efectos restitutorios que de una sentencia de amparo contra una norma fiscal obliga a la autoridad hacendaria a devolver las cantidades enteradas en aplicación de la misma, debidamente actualizadas, devolución que no se condiciona al agotamiento por la parte quejosa de la solicitud relativa, pues el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y exige la restitución en el pleno goce del derecho violado, derecho que surge en favor de aquélla de manera inmediata con motivo de la concesión del amparo, cuya fuerza vinculatoria deriva de un mandato constitucional. Lo anterior encuentra vigencia en la jurisprudencia cuyos datos son los siguientes: "Registro digital: 170708 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 221/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 204 Tipo: Jurisprudencia LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DEL AMPARO CUANDO SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDÓ EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS).La declaratoria de inconstitucionalidad de las normas que rigen un tributo, derivada del juicio de garantías, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la respectiva obligación tributaria, y devolverle el saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Ahora bien, aun cuando la actualización del monto respectivo para este supuesto no esté expresamente previsto en la norma, el derecho del contribuyente a recibirla deviene de la propia naturaleza del sistema que rige las relaciones entre el fisco y el contribuyente, del que deriva que el monto pagado debe efectuarse en valor presente, pues de otra manera no podría restituirse al gobernado en el pleno goce de la garantía violada en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo.". Se apercibe a las autoridades responsables que en el caso de ser omisas y de actualizarse dicho supuesto, se les impondrá una multa en lo individual por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución que se cita; en consecuencia y con fundamento en el inciso c), fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, a once de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, para lo cual deberá informar en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se le hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Agréguese a los autos el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Por lo anterior, mediante acuerdo de doce enero de dos mil veintitrés, se ordenó reservar el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se realice la aclaración de sentencia en los términos que indica; al respecto, se provee lo siguiente: Toda vez que en la sentencia dictada en el presente asunto se asentó el nombre de la parte quejosa como: ".Silvia Ordoñez González."; siendo que lo correcto es Silvia Ordoñez Rosales; al respecto, y, en vista de que el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido; así pues, en este acto se aclara el nombre de la parte quejosa en la sentencia quedando de la siguiente manera: ".Silvia Ordoñez Rosales ."; lo anterior, comuníquese a las partes para los efectos legales conducentes. Apoya a lo anterior, la tesis 2 VII/99, visible en la página 235, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Febrero de 1999, Novena Época, que al rubro y a la letra dice: ".ACLARACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO. NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA INTERPONER LA REVISIÓN. La Ley de Amparo regula expresamente la forma en que se interpone el recurso de revisión, el plazo para hacerlo valer y su tramitación, las partes que se encuentran en aptitud de impugnar la sentencia desde que ésta se dicta, sin necesidad de esperar a que se aclare para preparar su defensa, pues los errores u omisiones susceptibles de aclararse no la modifican sustancialmente, de manera que la interrupción del plazo para interponer la revisión no resulta indispensable para el trámite y resolución del juicio; por tanto, no puede aplicarse supletoriamente el artículo 226 del Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de Amparo, que establece que la aclaración de sentencia interrumpe el plazo para presentar el recurso en su contra. Además, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en la tesis cuyo rubro es: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS.", que la aclaración de sentencia sólo procede respecto de aquellas resoluciones que hayan causado ejecutoria, por lo que resulta improcedente la aclaración que se pide antes de agotar el recurso de revisión respectivo, puesto que ello supone que la sentencia que se pretende aclarar aún no es definitiva.". De igual manera, la jurisprudencia P/J 94/97, visible en la página 6, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, Diciembre de 1997, Novena Época, que a la letra y al rubro dice: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime Cesar Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a seis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguense a los autos los informes justificados que rinden la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y la actuaria adscrita a dicha dependencia; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con dichos informes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone y con fundamento en el ordinal 28 de la Ley de la Materia, se tiene por señalado el domicilio que indica, para el efecto de remitir los oficios que deriven del presente asunto. También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecidas a favor de la autoridad de mérito las pruebas documentales que anexa, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que remite la autoridad responsable, se ordena formar un anexo por separado, lo anterior para su mejor manejo y conservación. Asimismo, infórmese a las partes que dichas constancias no formarán parte del expediente electrónico, por lo que podrán ser consultadas en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional. Lo anterior no causa perjuicio a las partes, ya que, además de que esas documentales están disponibles para su consulta, serán analizadas y valoradas al estudiar la constitucionalidad del acto reclamado al momento que se emita la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo. Asimismo, ténganse por hechas las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable, respecto de las causales de improcedencia que a su criterio se actualizan en el presente asunto, lo que se toma de conocimiento y podrá ser tomado en consideración en el momento procesal oportuno. Finalmente, visto el estado que guardan los autos se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, no es posible su celebración, toda vez no ha transcurrido la vista ordenada en este proveído con los informes justificados rendidos por las responsables. En consecuencia, se difiere la misma y en su lugar se fijan las diez horas con trece minutos del veintisiete de noviembre del año en curso, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Luis Manuel Guerrero, delegado de la responsable Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mediante el cual refiere que la parte quejosa compareció a recibir el título de crédito expedido a su favor. Atendiendo lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Remita copia certificada de la comparecencia de la parte quejosa a las oficinas de dicho instituto, donde acredite haber entregado los cheques que adjunta a su oficio de cuenta. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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