María de los Ángeles Luna Muñoz

Expediente 620/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
620/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
17/09/2021

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Luna Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Razón actuarial. Vista la razón actuarial de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, levantada por el actuario judicial adscrito a este juzgado, en atención a su contenido téngasele por asentados los hechos y razones expuestos en la misma, respecto a la imposibilidad de realizar el emplazamiento a juicio del tercero interesado Juan Carlos Torres Huelgas, en el domicilio ordenado en autos, toda vez que ya no habita dicho domicilio. Sin mayor acuerdo. Al respecto debe decirse que no se hace mayor pronunciamiento, toda vez que mediante resolución de treinta de agosto de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en el presente juicio de amparo, en el que se sobreseyó por inexistencia de los actos reclamados; por ende, el sentido de la resolución que se emitió, no le causa un perjuicio, sino por el contrario lo beneficia. Apoya lo anterior, la tesis P.V/98, sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 45, página, de rubro y texto siguientes: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado.

  2. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Razón actuarial. Vista la razón actuarial de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, levantada por el actuario judicial adscrito a este juzgado, en atención a su contenido téngasele por asentados los hechos y razones expuestos en la misma, respecto a la imposibilidad de notificar el auto de veintiuno de julio del presente año, al tercero interesado Juan Carlos Torres Huelgas, en el domicilio ordenado en autos, toda vez que ya no habita dicho domicilio. Sin mayor acuerdo. Sin embargo, para este órgano jurisdiccional resulta un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, y atento a lo determinado en la jurisprudencia J/12, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Enero de 1997, página 295, que dice: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. Que en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión el treinta de agosto de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva, en el que se sobreseyó por inexistencia de los actos reclamados. Por tanto, no se hace mayor pronunciamiento respecto de la razón actuarial de cuenta, dado que el treinta de agosto de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión, en el que se sobreseyó por inexistencia de los actos reclamados; por ende, el sentido de la resolución que se emitió, no le causa un perjuicio, sino por el contrario lo beneficia. Apoya lo anterior, la tesis P.V/98, sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 45, página, de rubro y texto siguientes: "ERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado.

  3. Principal

    S E N T E N C I A VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 620/2021-I del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, promovido por María de los Ángeles Luna Muñoz, por derecho propio; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Demanda Mediante escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, María de los Ángeles Luna Muñoz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y otra autoridad responsable, que consideró violatorios de los derechos humanos reconocidos por el orden constitucional y las garantías para su protección, contenidas en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite Por razón de turno conoció de la demanda este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y en auto de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, se registró con el número 620/2021-I, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que legalmente le compete y señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no requiere ejecución material y la demanda de amparo se presentó dentro de esta circunscripción territorial, en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa reclama actos emitidos por un órgano jurisdiccional en su calidad de tercera extraña por equiparación. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUDO. Fijación de los actos reclamados De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consisten los actos reclamados, para lo cual se atiende la tesis P.VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Del estudio íntegro de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: 1) La nulidad de todo lo actuado dentro del juicio de divorcio incausado, radicado bajo el expediente 705/2019, del índice de la responsable, así como su falta de emplazamiento y/o indebido emplazamiento, realizado en contra de la quejosa. Señalado el acto reclamado, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia del mismo, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados Primeramente, se debe precisar que al resolver la Contradicción de tesis 112/2008-PS, entre las sustentadas por el Segundo y Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que, si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Asimismo, sostuvo que en caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. Dichas consideraciones quedaron sintetizadas en la jurisprudencia 1a./J. 111/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 52, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN.". En ese sentido, resultan inexistentes los actos reclamados atribuidos a la autoridad responsable: Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Lo anterior, pues negó su existencia al rendir su informe justificado, ello sin que la peticionaria de garantías haya aportado alguna prueba para desvirtuar tales negativas. Consecuentemente, al ser inexistentes los actos reclamados debe decretarse el sobreseimiento en el juicio, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." El motivo de sobreseimiento previsto en dicho numeral prevé dos situaciones, la primera, la clara demostración de la inexistencia del acto reclamado y, la segunda, la falta de prueba de su existencia en la audiencia del juicio (cuando la responsable lo niega). Respecto de la primera, la "inexistencia" propiamente dicha, implica una prueba directa de que no existe el acto reclamado. En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/95, estableció que la existencia del acto reclamado debe analizarse en relación con la fecha en la cual se presentó la demanda de amparo (lo que marca el inicio del juicio de garantías), por ello, si el acto es posterior a ese evento, debe concluirse que, al incoarse la acción constitucional, el acto reclamado era inexistente, atento a la primera hipótesis. De igual manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 469/94 determinó que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Criterio que se encuentra plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de rubro "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Tocante a la "falta de prueba de la existencia del acto", aunque es un principio generalmente reconocido en el derecho, en materia de cargas probatorias, que las negativas no son susceptibles de demostrarse; sin embargo, cuando en el juicio de amparo la autoridad responsable niega el acto reclamado, tal negativa puede ser desvirtuada por una prueba directa de la existencia de dicho acto. Luego, si no se aporta alguna prueba para demostrar que el acto reclamado existe, no cabe otra cosa que dar por concluido el juicio con el sobreseimiento por falta de materia. Aquí, debe hacerse hincapié en que la reversión de la carga de la prueba que impone la ley a la parte quejosa, parte de un supuesto, la afirmación de su inexistencia hecha por la autoridad señalada como responsable; en cambio, la falta de manifestación o informe, produce una presunción de certeza, según previene el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 75 tercer párrafo del ordenamiento referido, prevé: "El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto". El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 8/96, estableció que por virtud de una previsión de tal naturaleza, ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de amparo, sino también al Juez de Distrito para allegarse oficiosamente de todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que tienen con el acto reclamado, pues de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad del acto. Conviene destacar que la parte promovente del amparo puede aportar sus pruebas hasta la audiencia del juicio, por tanto, a pesar de la negativa de la autoridad o lo patente que pueda parecer la inexistencia, el juez de distrito debe reservar el sobreseimiento hasta el dictado de la resolución correspondiente, pues debe dar oportunidad a la parte quejosa de agotar su derecho de aportar prueba. Ahora bien, se estiman inexistentes los actos reclamados, toda vez que la juez responsable negó su existencia, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba en contrario. No es obstáculo a lo anterior que la juez responsable al rendir su informe justificado haya manifestado que efectivamente en el juzgado a su cargo, se encuentra formado el expediente 705/2019, relativo al juicio de divorcio incausado promovido por Juan Carlo Torres Huelgas, en contra de Ma. de los Ángeles Luna Muñoz; ello, pues precisó que toda vez que la parte actora no dio cumplimiento al requerimiento que le fue realizado en proveído de quince de agosto de dos mil diecinueve, en auto de veintinueve de agosto siguiente, se tuvo por no interpuesta la demanda instaurada; por lo que no se ordenó practicar emplazamiento alguno a la quejosa María de los Ángeles Luna Muñoz. Lo que así se advierte de la copia certificada del expediente referido, que adjuntó a su informe justificado, pues incluso se observa que en diligencia de diez de septiembre de dos mil diecinueve, se devolvieron a la parte actora los documentos que exhibió con su demanda (foja 31 del tomo de pruebas). En ese contexto, es evidente que al resultar inexistentes los actos reclamados, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Inexistencia que se hace extensiva a la autoridad responsable Diligenciario Non adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, lo anterior, no obstante que no obra su informe justificado, empero, al negar la autoridad ordenadora la existencia del acto reclamado, resulta inexistente la ejecución del mismo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 124, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 620/2021-I, promovido por María de los Ángeles Luna Muñoz, contra los actos y autoridades responsables en términos del considerando tercero de esta sentencia.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Se expiden copias certificadas. Agréguese el escrito signado por América Ramírez Mimientzi, en su carácter de autorizada en términos amplios de la quejosa María de los Ángeles Luna Muñoz; por medio del cual solicita copia certificada del informe justificado rendido en proveído de cinco de agosto de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, previa constancia de recibo que quede agregada en autos. En ese sentido, a fin de que las copias puedan ser entregadas personalmente a la autorizada de la parte quejosa, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, corre a su cargo el que a través del Portal de Servicios en Línea, agende una cita previa, con el fin de que pueda comparecer a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, a fin de que le sean entregadas las constancias antes referidas. Por lo que deberá informar previa y oportunamente a este juzgado, sobre el día y hora que el sistema del Portal de Servicios en Línea le hubiera generado, a fin de que el personal que se encuentra laborando presencialmente en el juzgado -cuyo número es limitado- tenga la oportunidad de preparar la documentación solicitada y la atención presencial sea rápida y expedita, sobre todo si se considera que de conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General 21/2020 precitado, la jornada presencial es de cinco horas en el órgano jurisdiccional. Ahora, dadas las condiciones de contingencia sanitaria que persisten, se ponen a disposición de la parte quejosa, los datos de contacto del funcionario judicial que podrá intervenir en el desahogo de dicha actuación, siendo el siguiente: Nombre del funcionario Cargo Datos de contacto Sergio Alberto Avendaño Martínez Secretario de Juzgado sergio.avendano.martinez@correo.cjf.gob.mx Teléfono celular: 2223484179 Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

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