María de los Ángeles López Zavala

Expediente 685/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
685/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • María de los Ángeles López Zavala
  • Director de la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social Número 80 en Morelia, Mich y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que las autoridades responsables Director del Hospital General Regional Número 1 y Director de la Clínica Número 80, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, ambos con sede en esta ciudad, no han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que hasta la fecha no han informado los trámites que acrediten tal efecto. Se requiere a la responsable En ese sentido, se reitera que las obligaciones impuestas en la sentencia de amparo, son las siguientes: "Entregar a la quejosa el medicamento descrito en las recetas con números de folio 17030121907094H, 17030121907095H y 17030121907096H, expedidas con motivo de la consulta médica de catorce de julio de dos mil veintiuno." En consecuencia, requiérase a las autoridades responsables Director del Hospital General Regional Número 1 y Director de la Clínica Número 80, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, ambos con sede en esta ciudad, para que, dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita las constancias con las que acredite que dio cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en los presentes autos, esto es, si ya entregó los medicamentos descritos en las recetas descritas con antelación. Subsiste apercibimiento para las responsables y preventiva de principio de ejecución de sanciones. En el concepto de que subsisten los apercibimientos que les fueron formulados en auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés; y por ende, en el caso de persistir en su conducta omisiva, este órgano jurisdiccional procederá a analizar sobre la aplicación de los medios de apremio que establece la Ley de Materia y que pudieran hacerse efectivos en su perjuicio, de una forma escalonada y progresiva, conforme a lo establecido en el artículo 193 de la Ley de Amparo En ese sentido se hace saber a la autoridad responsable, que en caso de no cumplir con el fallo protector, en principio de ejecución de los apercibimientos que le han sido formulados, de acuerdo a los artículos 192 y 194, de la Ley de Amparo, se podrá notificar y requerir a su superior jerárquico, a fin de que haga uso de todos los medios a su alcance, incluso prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones legales aplicables que los rigen pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Orienta a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2005830 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: I.9o.A. J/3 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, página 1380 Tipo: Jurisprudencia "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés.********************Apoderado de la parte quejosa realiza manifestaciones.********************Visto el escrito de cuenta que suscribe José Enrique Coria López, apoderado de la quejosa María de los Ángeles López Zavala, mediante el cual comparece a interponer incidente de inejecución de sentencia, pues señala que el fallo protector es para que la autoridad responsable le suministre los medicamentos que se señalan, sin que lo haya hecho y que sigue de forma constante violando el derecho a la prevención de la salud de la quejosa al no suministrarle los medicamentos recetados por los médicos que la atienden en el IMSS, exhibiendo una recetas que refiere le han dejado de suministrar a la impetrante.********************No ha lugar a lo que solicita********************Al respecto, dígasele que por el momento no ha lugar a hacer efectivos los apercibimientos formulados a la autoridad responsable, ni a iniciar el trámite de inejecución de la sentencia de amparo ni dar vista con el mismo al Tribunal Colegiado, toda vez que, luego de declararse ejecutoriada la sentencia de amparo, haberse requerido a la responsable y una vez transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado.********************En torno al cumplimiento de ejecución, este órgano jurisdiccional sigue las disposiciones legales contenidas en la propia Ley de Amparo, así como los lineamientos marcados en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), localizable en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO."********************Del mismo modo, es ilustrativa la siguiente jurisprudencia: ********************Registro digital: 2025144********************Instancia: Primera Sala********************Undécima Época********************Materias(s): Común********************Tesis: 1a./J. 107/2022 (11a.)********************Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Agosto de 2022, Tomo III, página 2494********************Tipo: Jurisprudencia (Rubro)********************"CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. ENTRE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A LAS AUTORIDADES OBLIGADAS Y LA APERTURA DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DEBE MEDIAR UN PLAZO RAZONABLE Y NO CONTENERSE EN UNA MISMA DETERMINACIÓN."****************************************Sin que la anterior determinación de no iniciar el incidente de inejecución de sentencia, cause un perjuicio trascendental ni grave a la quejosa, que no sea reparable con la resolución que pudiera emitir en su momento, el Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que con posterioridad se estime procedente tramitar la incidencia en cuestión, pero ello, ante la subsistencia de la actitud contumaz de las autoridades responsables.********************Orienta a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la Tesis 2a./J. 151/2017 (10a.), localizable en la página 734, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ********************"RECURSO DE QUEJA EN AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE NIEGA LA APERTURA DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede en amparo indirecto contra la resolución que no admita expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva. Por su parte, el sistema de ejecución de sentencias contenido en la Ley de Amparo consiste en impedir la dilación en el cumplimiento de la ejecutoria, y como medida para lograr esta pronta actuación se prevén determinadas sanciones a imponer con el propósito de lograr el eficaz cumplimiento del fallo protector, sin que su principal objetivo sea enjuiciar a las autoridades responsables. Entonces, si el incidente de inejecución de sentencia tiene como fin verificar la regularidad del procedimiento de cumplimiento del fallo constitucional, para determinar si éste no se ha acatado y, en su caso, si el incumplimiento está o no justificado, el auto en el que el Juez de Distrito niega su apertura no causa perjuicio trascendental ni grave a la quejosa, que no sea reparable con la resolución emitida al respecto por el Tribunal Colegiado de Circuito o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez que con posterioridad el juzgador estime procedente tramitar la incidencia en cuestión, ante la subsistencia de la actitud contumaz de la autoridad responsable, por lo que es improcedente el recurso de queja interpuesto en contra de dicho auto."****************************************Sin que obste para lo anterior el hecho de que el apoderado de la parte quejosa señala que se sigue vulnerado de forma constante el derecho a la prevención de la salud de la quejosa al no suministrarle los medicamentos recetados por los médicos que la atienden en el IMSS, exhibiendo una recetas que refiere le han dejado de suministrar a la impetrante y que tienen fecha de expedición seis de diciembre de dos mil veintidós (posterior a la fecha en que causó ejecutoria la sentencia de amparo).********************Sin embargo, no se puede hacer un mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en la parte final de la propia sentencia de amparo dictada en el presente asunto, se destacó lo siguiente:********************"No pasa inadvertido para este juzgador que durante la tramitación del presente juicio, la parte quejosa, a través de sus escritos presentados el dos14 y treinta y uno15 de marzo de dos mil veintidós, hubiese exhibido diversas recetas médicas para acreditar que las autoridades responsables continuaban negándole la entrega de los medicamentes prescritos por el médico tratante con motivo de su padecimiento. ********************Sin embargo, éste órgano jurisdiccional no realizará pronunciamiento al respecto, virtud a que la falta de surtimiento del medicamento descrito en las recetas médicas que la parte quejosa acompaña a dichos escritos no fueron materia de reclamo en el presente juicio de amparo. ********************Además de que la expedición de dichas recetas fue con posterioridad a la presentación de la demanda. ********************No obstante, hágase saber a la quejosa que al tratarse de diversas negativas por parte de las autoridades responsables, distintas y desvinculadas con la que aquí se combate, tiene expedito su derecho a reclamarlas a través de los medios legales que estime pertinentes."********************De lo anterior, se colige que existe una imposibilidad para realizar un requerimiento a las autoridades responsables respecto de actos (expedición de recetas), emitidos con posterioridad a la presentación de la demanda y que no son aquellos que se deben restituir vía cumplimiento a la parte quejosa, ya que de hacerlo, se estaría incurriendo en un exceso del efecto otorgado en la sentencia de amparo, contraviniendo lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. ********************Cuenta con autos y se requiere a la responsable********************De los presentes autos se desprende que la autoridad responsable no ha acreditado el cumplimiento de la sentencia de amparo, cuyo único efecto es el siguiente:********************"Entregar a la quejosa el medicamento descrito en las recetas con números de folio 17030121907094H, 17030121907095H y 17030121907096H, expedidas con motivo de la consulta médica de catorce de julio de dos mil veintiuno."********************En consecuencia, requiérase a las autoridades responsables Director del Hospital General Regional Número 1 y Director de la Clínica número 80, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, ambos con sede en esta ciudad, para que, dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita las constancias con las que acredite que dio cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en los presentes autos, esto es, que entregaron los medicamentos descritos en la recetas citas con antelación.********************Subsisten apercibimientos ********************En el concepto de que subsisten los apercibimientos formulados en auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós.********************Notifíquese.********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte, se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de seis de julio de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa ********************; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Cabe precisar que la concesión del amparo fue para el efecto siguiente: "Entregar a la quejosa el medicamento descrito en las recetas con números de folio 17030121907094H, 17030121907095H y 17030121907096H, expedidas con motivo de la consulta médica de catorce de julio de dos mil veintiuno. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Requiérase a las autoridades responsables, para que en términos del artículo 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que acredite tal cumplimiento. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no cumplir con lo anterior en el plazo señalado, se le impondrá multa equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia; y si aun así son omisas, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. NO HA LUGAR A REQUERIMIENTO POR CONDUCTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, puesto que las autoridades responsables, no tienen superior jerárquico que les ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de julio de dos mil veintidós. VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo II-685/2021, promovido por MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ ZAVALA, por conducto de su apoderado, contra actos del Director de la Clínica Número 80, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en línea el dieciséis de julio de dos mil veintiuno y turnado en la misma fecha a este órgano jurisdiccional,1 MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ ZAVALA, por conducto de su apoderado, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director de la Clínica Número 80 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, en los términos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES Director de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social número 80 con domicilio en (.) y Director del Hospital Regional Charo 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicado en (.). IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: Negativa de entrega de medicamentos a pesar de los padecimientos con pronósticos Médicos de Reservado a Malo de la quejosa. (.)" Ocurso en el que la parte quejosa narró los antecedentes del caso, señaló los preceptos constitucionales que consideró vulnerados y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Se tiene por presentada la demanda y se reserva su admisión. En proveído de 1 Fojas 2 y 3. quince de julio de dos mil veintiuno2 se tuvo por presentada la demanda; no obstante, se reservó proveer respecto de su admisión hasta en tanto se ratificara por la quejosa MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ ZAVALA; asimismo, se proveyó respecto de la suspensión de plano solicitada y, se requirió a la parte promovente en los términos siguientes: 1) Para que José Enrique Coria López, acredite el carácter de apoderado de MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ ZAVALA, con el que comparecen a gestionar ante este órgano jurisdiccional federal; o bien, 2) Indique el lugar donde se encuentra la quejosa directa a fin de ordenar lo necesario para llevar a cabo la ratificación de la demanda." TERCERO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Previo reconocimiento del carácter con el que se ostentó el promovente,3 en proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno4 se tuvo a la parte quejosa dando cumplimiento a los requerimientos que le fueron formulados en auto de quince de julio anterior, por lo que se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previo su diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la 2 Fojas 11 a 17 3 Foja 31 4 Fojas 70 a 73???????????? Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior toda vez que la quejosa reclama actos negativos de naturaleza administrativa atribuidos a autoridades con sede dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal ejerce jurisdicción y competencia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías se desprende que el acto reclamado por la quejosa directa MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ ZAVALA a las autoridades responsables, consiste específicamente en: ? La negativa de proporcionarle los medicamentos indicados en las recetas con números de folio 17030121907094H, 17030121907095H y 17030121907096H, prescritos para el tratamiento de la diabetes que padece, con motivo de la consulta????????????? médica de catorce de julio de dos mil veintiuno. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado,5 la apoderada de las autoridades responsables negó la existencia del acto reclamado a sus representadas; sin embargo, en el propio informe realiza manifestaciones que la desvirtúan y, por ende, evidencian su certeza, por lo que debe tenerse por cierto. Es aplicable el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "Registro digital: 211004 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materia(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Julio de 1994, página 391 Tipo: Aislada ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, se analizará la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De la porción normativa transcrita se advierte 5 Foja 57 que no es necesario que alguna de las partes invoque la actualización de causales de improcedencia para que se agote su estudio; precisamente porque su análisis es de orden público. Destacado lo anterior, las autoridades responsables, al rendir su informe justificado a través de su apoderada,6 refieren que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, virtud a que, desde su perspectiva, el acto reclamado -negativa de otorgar a la quejosa el medicamento prescrito-, cesó en sus efectos. Ello bajo el argumento de que en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada a la quejosa, le fueron entregados los medicamentos requeridos. Dicha causa de improcedencia se estima infundada. Es así en virtud de que tal consideración aborda una cuestión que implica el estudio de fondo del juicio en el que se actúa. Al respecto, debe señalarse que la tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numerales 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos jurisdiccionales, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. 6 Foja 57 y 58?????????????? Lo anterior de acuerdo a la tesis 1a. CCXCI/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo siguiente: "Registro digital: 2007064 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 1a. CCXCI/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 536 Tipo: Aislada TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados." Por tanto, lo aducido por las responsables en relación con que entregaron a la quejosa el medicamento prescrito en la recetas materia del presente juicio, constituye un tema de fondo del presente asunto, el cual debe ser analizado al resolver la litis planteada; por tal motivo, dicha causa de improcedencia es infundada y debe desestimarse. Apoya lo antes expuesto la Jurisprudencia P./J. 135/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es el siguiente: "Registro digital: 187973 Instancia: Pleno Novena Época Materia(s): Común Tesis: P./J. 135/2001 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002, página 5 Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Luego, al no advertirse la actualización de diversa causal de improcedencia, se procederá al análisis de la inconstitucionalidad planteada. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. La promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes, los que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia que se transcribe enseguida: "Registro digital: 164618 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830 Tipo: Jurisprudencia?????????????? CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Establecido lo anterior, los argumentos expuestos por la parte quejosa en su único concepto de violación, suplidos en su deficiencia en términos del numeral 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, son suficientes para conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, como se verá a continuación. A través de tales argumentos la parte quejosa alega en esencia que se vulneró en su perjuicio el artículo 4º Constitucional, que establece el derecho a la salud de las personas, ya que las autoridades responsables le negaron el suministro de los medicamentos que le fueron recetados por el médico tratante, con motivo de la consulta médica de catorce de julio de dos mil veintiuno. En el caso concreto, es necesario establecer que las prerrogativas relativas al derecho fundamental a la salud, se encuentran reconocidas por los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del contenido siguiente: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." "Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. [.] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. [.]". Por su parte, la Ley General de Salud, con relación a dicho tópico establece: "Artículo 1º. La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social." "Artículo 2º. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: I. El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; II. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana; III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;??????????? V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población; VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud." De los preceptos normativos trascritos se evidencia que el derecho a la salud es indispensable para el ejercicio de los demás derechos fundamentales; asimismo, que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. Luego, el Estado Mexicano ha suscrito distintos pactos internacionales que contienen lineamientos vinculados específicamente con ese derecho fundamental, entre los que se encuentran: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: "Artículo 12. 1.- Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental". Declaración Universal de Derechos Humanos: "Articulo 25. 1.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad". Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre: "Artículo XL Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad". A mayor abundamiento sobre la regulación internacional cabe señalar que la Constitución de la Organización Mundial de la Salud ha precisado que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente de ausencia de afecciones o de enfermedades; asimismo, el goce del máximo grado de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. La salud involucra entonces actividades de prevención, promoción y protección e implica un enfoque integral en donde se incluyen los entornos físico y social y los demás factores relacionados con la existencia. Ahora bien, en la especie conviene tener en cuenta lo resuelto en la ejecutoria relativa al amparo en revisión 173/2008, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que al tenor de lo dispuesto en el artículo 4º Constitucional, determinó que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud". Indicó que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Que el derecho a la salud protegido constitucionalmente incluye, entre otras cosas, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. Igualmente, que el contenido de esta norma constitucional y la interpretación que de ésta ha realizado la Suprema Corte, son compatibles con?????????????? varios instrumentos internacionales de derechos humanos, tal y como se observa: a). Del párrafo 1º del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios); b). Del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y que los Estados deberán adoptar las medidas a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho); c). Del artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" (toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social); y d). De lo establecido por la Comisión de Derechos Humanos, así como también en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 y en otros instrumentos internacionales. En congruencia con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la ejecutoria de amparo en comento, determinó que la protección del derecho a la salud depende de la forma como son reguladas las condiciones de acceso a los servicios médicos y la regulación de todas aquellas peculiaridades que incidan en la calidad de ésta. Asimismo, que la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de los Estados de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados por terceros; velar porque la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. Concluyó señalando que, el derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. Por tanto, ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de los gobernados esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general. No se debe pasar por alto que el derecho a la salud previsto en el artículo 4º de la Constitución Federal tiene una doble vertiente: una individual y otra social. Respecto al primero, la protección a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona. Atinente al segundo, consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los????????????? mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2019358 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 8/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 486 Tipo: Jurisprudencia DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras." Lo hasta aquí expuesto permite arribar a la conclusión de que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todos los mexicanos tengan acceso a los servicios de salud, que comprenden, entre otras cuestiones: - La asistencia médica; - Atención médica, consistente en proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo; y - El suministro de medicamentos para el tratamiento de una enfermedad conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, o que sean recientemente descubiertos. Lo anterior con independencia que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, ya que esas situaciones son cuestiones ajenas al gobernado, pues el deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos, es la forma en que se ve tutelado el derecho humano a la salud que nos ocupa. En el caso, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la negativa de entregarle los medicamentos prescritos por su médico tratante para el control de la diabetes que padece, con motivo de la consulta médica de catorce de julio de dos mil veintiuno. Al narrar los antecedentes del hecho en su escrito de demanda, la quejosa manifestó, en lo que aquí interesa: - Que el catorce de junio de dos mil veintiuno acudió a con el médico especialista en Medicina Interna en el Hospital de Especialidades Médicas, en Charo, Michoacán, para un chequeo de rutina y una vez elaborada la contrarreferencia, le fue expedida la receta médica necesaria para continuar con sus tratamientos relativos a la?????????????? diabetes que padece en la clínica de su adscripción; - Que luego de realizar una aclaración en torno a los medicamentos prescritos para el tratamiento de su enfermedad, le fueron expedidas tres recetas médicas cuyos números de folio son 17030121907094H, 17030121907095H y 17030121907096H (cuyas copias se adjuntan al escrito de demanda); - Que al acudir a la clínica a la cual se encuentra adscrita, quienes la atendieron en la farmacia le negaron la entrega de los medicamentos prescritos en las recetas, como se advierte del sello estampado en cada una de éstas, donde se advierte la leyenda "IMSS Delegación Regional G.R. No.1 14 JUL 2021 RECETA NEGADA Pendiente de surtir"; - Que el quince de julio de dos mil veintiuno acudió su hijo, aquí promovente, a la Clínica Número 80 del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta ciudad a reclamar la entrega de los medicamentos indicados en las recetas, siendo atendido por el Coordinador Médico de la Clínica, quien le manifestó que el problema era del hospital y que la clínica tendría que atender la entrega del medicamento un mes después, previa cita y consulta con el médico familiar. Al respecto, la apoderada de las autoridades responsables mediante oficios 5649/20217 y 5773/20218 presentados el veintitrés y treinta de septiembre de dos mil veintidós, el primero de éstos en vía de informe justificado, en tanto que el segundo en 7 Foja 57 8 Foja 63 seguimiento a la suspensión de plano decretada por este juzgado, refirió que las autoridades que representa habían entregado a la quejosa el medicamento prescrito. Para acreditar esa circunstancia adjuntó a ambos comunicados dos capturas de pantalla recabadas del Sistema de Abasto Institucional (SAI), en las que se aprecia un recuadro en el que se describen los siguientes medicamentos: - CALCIO COMPRIMIDO EFERVESCENTE CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LACTATO GLOCONATO DE CALCIO 2.94 G CARBONA. - ÁCIDO RISEDRÓNICO GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: RISEDRONATO SÓDICO 35 MG ENVASE. - CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: BISULFATO DE CLOPIDOGREL O BISULFATO D. Debajo de cada uno de dichos recuadros se aprecia uno diverso con la leyenda "Esta receta fue suministrada totalmente el 06/09/2021". Asimismo, a través del diverso oficio 691/2022 presentado el tres de febrero de dos mil veintidós,9 la apoderada de las autoridades responsables reiteró lo informado a través de los comunicados antes referidos, exhibiendo en esta ocasión una reimpresión de los siguientes documentos: - Nota de atención médica expedida el catorce de julio de dos mil veintiuno;10 y - Reimpresión de la contrarreferencia emitida con motivo de la consulta médica de catorce 9 Foja 89 a 91 10 Fojas 94 a 96????????????? de julio de dos mil veintiuno.11 A los anteriores informes se suma el oficio 1485/2022 presentado el diez de marzo de dos mil veintidós12 ante la Oficialía de Partes Común, a través del cual la apoderada de las autoridades responsables exhibió una diversa captura de pantalla con el fin de acreditar el surtimiento de las diversas recetas médicas de fechas diez de agosto y cinco de octubre de dos mil veintiuno, así como una diversas de cuatro de enero de dos mil veintidós, así como copia certificada del expediente clínico de la quejosa, que corroboran el padecimiento de diabetes que la afecta y que aquella a sido atendida mensualmente desde el diez de febrero de dos mil nueve al dos de marzo de dos mil veintidós, por dicha enfermedad. Sin embargo, de una acuciosa revisión a las constancias que la apoderada de las autoridades responsables adjuntó a los informes antes descritos, de ninguna de estas se desprende que, como afirma, se hubiesen entregado a la aquí quejosa los medicamentos descritos en las recetas expedidas con motivo de la consulta médica de catorce de julio de dos mil veintiuno, cuya negativa de entrega por parte de las autoridades responsables constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Es así, toda vez que si bien de las capturas de pantalla recabadas de Sistema de Abasto Institucional (SAI) del Instituto Mexicano del Seguro Social, se desprende que los medicamentos que ahí se indican corresponden a la quejosa directa MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ ZAVALA, estos fueron expedidos con motivo de las recetas números 17C1716778 y 17032502916188. 11 Fojas 76 a 98 12 Foja 113 En tanto que los folios asignados a las recetas cuya negativa constituye la materia de reclamo en esta instancia constitucional son: 17030121907094H, 17030121907095H y 17030121907096H. Además, de dichas capturas de pantalla no se desprende dato diverso que permita a este juzgador establecer, aún de manera presuntiva, que las autoridades responsables entregaron a la quejosa el medicamento prescrito en las recetas materia de este juicio. Lo que tampoco se advierte de la diversa captura de pantalla y copia certificada del expediente clínico que la apoderada de las autoridades responsables adjuntó al oficio 1485/2022.13 Lo antes reseñado pone en evidencia que, contrario a lo argumentado por las autoridades responsables, no ha sido entregado a la quejosa el medicamento descrito en las recetas con números de folio 17030121907094H, 17030121907095H y 17030121907096H, prescritas por su médico tratante con motivo de la consulta realizada el catorce de julio de dos mil veintiuno, y el padecimiento de diabetes que le afecta. Por tanto, se concluye que la negativa de administrar los suministros suficientes para la salud de la quejosa con relación al medicamento que requiere para el tratamiento de su padecimiento, constituye una violación al derecho a la salud contemplado en el artículo 4, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instrumentos internacionales y demás leyes reglamentarias ya referidas, porque como se estudió en líneas anteriores, el derecho fundamental en comento comprende la atención, tratamiento y suministro médico, oportuno y necesario, sin importar el tipo de 13 Foja 114?????????????? enfermedad, por lo cual, si las autoridades responsables incurrieron en la negativa destacada, tal actitud revela que transgredieron al derecho a la salud de la quejosa. En consecuencia, al resultar fundados los argumentos en los que se funda el único concepto de violación, suplidos en su deficiencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ ZAVALA. SEXTO. Efectos de la sentencia de amparo. En términos de los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, las violaciones a los derechos fundamentales de la quejosa, precisados en el considerando que antecede, como ya se apuntó, se traducen en la Concesión del amparo solicitado. Por tanto, a fin de restituirla en el goce de sus derechos fundamentales, las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y, en su caso, se les requiera su cumplimiento, deberán, de inmediato, realizar lo siguiente: ? Entregar a la quejosa el medicamento descrito en las recetas con números de folio 17030121907094H, 17030121907095H y 17030121907096H, expedidas con motivo de la consulta médica de catorce de julio de dos mil veintiuno. No pasa inadvertido para este juzgador que durante la tramitación del presente juicio, la parte quejosa, a través de sus escritos presentados el dos14 y treinta y uno15 de marzo de dos mil veintidós, hubiese exhibido diversas recetas médicas para 14 Foja 102 15 Foja 275 acreditar que las autoridades responsables continuaban negándole la entrega de los medicamentes prescritos por el médico tratante con motivo de su padecimiento. Sin embargo, éste órgano jurisdiccional no realizará pronunciamiento al respecto, virtud a que la falta de surtimiento del medicamento descrito en las recetas médicas que la parte quejosa acompaña a dichos escritos no fueron materia de reclamo en el presente juicio de amparo. Además de que la expedición de dichas recetas fue con posterioridad a la presentación de la demanda. No obstante, hágase saber a la quejosa que al tratarse de diversas negativas por parte de las autoridades responsables, distintas y desvinculadas con la que aquí se combate, tiene expedito su derecho a reclamarlas a través de los medios legales que estime pertinentes. No se soslaya que el agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción a través de su pedimento presentado el veinticuatro de enero de dos mil veintidós,16 así como el apoderado de la parte quejosa a por escrito presentado el veintitrés de mayo siguiente,17 formularon los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones, no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, a más de que lo aquí resuelto converge con lo solicitado; por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava 16 Fojas 83 y 84 17 Fojas???????????? Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO".18 Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ 18 Época: Octava Época Registro: 205449 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 80, Agosto de 1994 Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 ZAVALA, en términos y para los efectos precisados en los considerandos quinto y sexto del presente fallo. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza, el seis de julio de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.-

Quedan 15 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano