María de los Angeles León Ruiz

Expediente 430/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
430/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/06/2022

Partes del expediente

  • María de los Angeles León Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, siete de junio de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara: el auto por el cual se desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)..., Notifíquese...".

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el escrito aclaratorio signado por María de los Ángeles León Ruiz, en cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de doce de mayo de dos mil veintidós. De la detenida lectura de ese escrito vinculado con el inicial de demanda se advierte con toda claridad el problema jurídico que describe debe ser ventilado ante un juez en vía ordinaria. Por emanar de la relación de hecho y derecho que tiene con la prestadora del servicio de agua desde hace varios años. Y en esa acción estará en aptitud de solicitar medidas cautelares. Sin olvidar que el pago como contraprestación por el uso y consumo de agua debe ser erogado por los usuarios. Y donde se podrá obligar a la empresa en cuestión como demandada a cumplir con las obligaciones que contrajo como concesionaria. Cuestión que se plasma de manera introductoria con el propósito de evidenciar la raíz del reclamo y que el cauce a seguir no es el amparo. A continuación se explicará con mayor tecnicismo esta misma decisión para efectos de satisfacer la exhaustividad propia de la resolución judicial. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. En el caso concreto, la parte quejosa reclama: -El corte del suministro del vital líquido (agua potable), necesario para la subsistencia del ser humano, en mi calidad de poseedora del servicio de agua potable y alcantarillado, en el domicilio ubicado en calle Oasis de Ojaranzo, número veintiuno (21), fraccionamiento Arboledas San Ramón, de Medellín de Bravo, Veracruz. De lo manifestado en el ocurso aclaratorio de cuenta, relacionado con los argumentos vertidos en la demanda de amparo y documentos anexos, se obtiene el citado corte de agua es imputado directamente al 2. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, con sede en Veracruz, Veracruz. En relación con el 1. Ayuntamiento de Medellín de Bravo, con sede en la ciudad del mismo nombre, la quejosa manifiesta su participación consiste en la concesión otorgada a la citada empresa moral para proveer el servicio de agua potable, de acuerdo con las funciones señaladas en el artículo 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los preceptos relativos a ese tópico contemplados en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz. Sin que refiera ese ente de gobierno emitió acciones específicas tendentes a ordenar o ejecutar el corte de suministro de agua en el domicilio del cual se ostenta poseedora la peticionaria de amparo. Máxime que de su propia narrativa evidencia conoce esta circunstancia desde que fue concesionado el servicio de agua el cual además refiere utiliza desde al menos hace once años. Lo que implicaría para efectos del amparo un notorio e indudable consentimiento tácito de ese reclamo en términos de los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Asimismo, la falta de participación en el corte de agua se corrobora con las documentales anexas a la demanda. Consistentes en la factura por consumos de siete de febrero de dos mil veintidós y aviso de corte de siete de mayo de dos mil veintidós. Ambos emitidos por la empresa 2. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable. Así las cosas, se actualiza la causal de improcedencia del presente juicio constitucional que resulta de relacionar el numeral 61, fracción XXIII, con los diversos 1, fracción I y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, la cual se analizará a continuación. De esos preceptos se desprende que por "autoridad" debe entenderse aquella que ordena, emite, autoriza o sanciona, publica, lleva a cabo actos de ejecución o ejecuta la ley o el acto que se le reclama. Por tanto, interpretados en sentido contrario, el juicio biinstancial resulta improcedente en contra de aquellos entes que no les recaigan tales características. La parte quejosa basa su reclamo en cuestiones originadas del servicio de agua potable que les ha sido suministrado desde que son usuarios. Indicando el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, opera con motivo de la concesión para prestar los servicios de agua y saneamiento, otorgada por el Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz. En tal virtud, el reclamo previamente aludido deriva del uso de suministro de agua potable. Lo que constituye la prestación de un servicio público por el Estado, mediante el cual se realiza un fin, relativo al interés general. Se lleva a cabo a través de la celebración de un contrato administrativo de adhesión, en el cual se determinan las obligaciones y contraprestaciones que regirán entre los contratantes (prestador de servicios y el beneficiario). Adquieren derechos y obligaciones recíprocos bajo condiciones que fija el primero. La relación jurídica existente entre ambos no corresponde a la que supone el derecho humano consagrado en el artículo 14 constitucional. Es decir, a la existencia entre la autoridad y un gobernado. Sino, más bien, a la de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio de suministro de agua y el particular. En ese tenor, es factible sostener que los actos reclamados son cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de agua potable proporcionado por la empresa privada Grupo Metropolitano del Agua y Saneamiento, Sociedad Promotora de la Inversión de capital Variable, a los particulares. Situaciones que surgen en el ámbito del derecho privado. En el caso concreto, los actos de que se duele la peticionaria de amparo no generan por sí mismos que la relación de coordinación se transforme en una supra a subordinación. Sólo implica el ejercicio del legítimo deber de brindar la prestación. Si bien indica no tener un contrato, lo cierto es que la quejosa claramente refiere y reconoce disfruta del servicio de agua desde hace once años proporcionado a través de la empresa privada Grupo Metropolitano del Agua y Saneamiento. Motivo por el cual debe ceñirse a los términos y condiciones establecidos para tal efecto (otorgar el servicio y efectuar los pagos correspondientes), como si hubiera celebrado ese contrato. Y si el reclamo se basa en un servicio deficiente, cobro excesivo, etcétera, es precisamente a través de una acción ante los tribunales ordinarios como se puede exigir el cumplimiento estricto de esos términos y condiciones. Lo que pone de manifiesto que éstos se tratan de actos entre particulares. De ahí que las controversias suscitadas entre ellos deban ventilarse ante los órganos jurisdiccionales del orden común. Esto no constituye violación a derechos fundamentales. Es competencia mercantil dado que versa sobre el cumplimiento o incumplimiento de los términos y condiciones para proveer y disfrutar del servicio de agua potable, otorgado por una persona moral privada. Por lo cual debe resolverse a través de un procedimiento de esa naturaleza. No es ocioso decir, el Más Alto Tribunal del País se ha pronunciado en el sentido que en asuntos de similar naturaleza, como lo son los contratos celebrados por particulares con Comisión Federal de Electricidad, ésta no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Por lo tanto, el suministro de agua proporcionado por una empresa privada forma parte de una relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la mercantil. En consecuencia, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por **********, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa; y, personalmente a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, doce de mayo de dos mil veintidós. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del 1. Ayuntamiento de Medellín de Bravo, con sede en la ciudad del mismo nombre, y otra autoridad. Regístrese con el número 430/2022-III, en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. PREVENCIÓN. Antes de proveer lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este Órgano Federal la analizó atendiendo a las disposiciones de la Ley de Amparo, específicamente el artículo 114. El dispositivo mencionado otorga la facultad de prevenir a la persona promovente del amparo a efecto de que aclare su demanda cuando incurra en las deficiencias, irregularidades u omisiones que se detallan. Para lo cual deberá hacer las aclaraciones que correspondan dentro del término de cinco días. Con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada. Por otra parte, el artículo 108 de la Ley de Amparo, en sus fracciones IV y V, estatuye: "ARTÍCULO 108. La demanda de amparo deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;" Como se advierte del numeral mencionado, es obligación del gobernado precisar la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame. Asimismo, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de ese reclamo o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Así, se previene a la parte quejosa para que cumpla con lo que más adelante se precisará. Tendrá para hacerlo el término de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Sus manifestaciones deberán ser bajo protesta de decir verdad. Deberá acompañar las copias necesarias para correr traslado a las partes. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108, fracciones IV y V, 110 y 114 de la Ley de Amparo... De la demanda de amparo se advierte la parte quejosa manifiesta el acto reclamado es: - Del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, el corte del suministro del vital líquido, necesario para la subsistencia del ser humano, en mi calidad de poseedor del servicio de agua potable y alcantarillado. Así como se reclama de las autoridades señaladas como responsables en calidad de ejecutoras el inconstitucional corte del servicio de agua potable. Lo anterior, en el domicilio ubicado en calle Oasis de Ojaranzo, número veintiuno (21), fraccionamiento Arboledas San Ramón, de Medellín de Bravo, Veracruz. En el apartado de autoridades responsables indicó: a) Ordenadoras: 1. Ayuntamiento de Medellín de Bravo, y Tesorería Municipal, con sede en la ciudad del mismo nombre. b) Ejecutoras: 2. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, con residencia en Veracruz, Veracruz. En sus antecedentes, formulados bajo protesta de decir verdad, refiere: 1. Ha sido propietaria por más de once años, en pleno uso, goce y disfrute del inmueble ubicado en Calle Oasis de Ojaranzo número veintiuno (21), lote sesenta y uno (61), manzana cincuenta y cinco (55), código postal 94274, fraccionamiento San Ramón del municipio de Medellín, Veracruz. 2. Es poseedora y usuaria del servicio de agua potable y alcantarillado en el municipio antes citado, con la Comisión de Agua y Saneamiento desde el año dos mil diez. No cuenta con número de contrato por ser sólo poseedora de ese servicio. Empero, le llegan recibos de cobro de agua excesivo. 3. El siete de mayo de dos mil veintidós el Grupo de Agua y Saneamiento (MAS) le notificó el corte del servicio de agua potable en su hogar. De los documentos anexos a la demanda, entre otros, se observan: a. Factura por consumos, expedida el siete de febrero de dos mil veintidós, por la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable. b. Aviso de corte de siete de mayo de dos mil veintidós, emitido por la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable. De lo anterior, se observa que en el acto reclamado, sus antecedentes y documentales anexas a la demanda el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, es a quien la parte quejosa adjudica su dolencia. Incluso, esa persona moral emitió el aviso de corte de siete de mayo de dos mil veintidós y la factura de consumos de siete de febrero anterior. Sin establecer la impetrante datos concretos en los que manifieste cuál es el acto concreto que atribuye al Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, y la Tesorería Municipal, así como su participación en el corte del fluido vital. La narrativa de la demanda y medios probatorios descritos no hacen referencia a éstos. Por otra parte, de la certificación secretarial de cuenta se observa radicado en este Juzgado el juicio de amparo 298/2022-VIII. Sus datos son: Quejosa: María de los Ángeles León Ruiz. Acto reclamado: Del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, el corte del suministro del vital líquido, necesario para la subsistencia del ser humano, en mi calidad de poseedor del servicio de agua potable y alcantarillado, así como se reclama de las autoridades ejecutoras (GMAS) el inconstitucional corte del servicio de agua potable. Lo anterior, en el domicilio ubicado en calle Oasis de Ojaranzo, número veintiuno (21), fraccionamiento Arboledas San Ramón, de Medellín de Bravo, Veracruz. Autoridades responsables: 1. Ayuntamiento de Medellín de Bravo, con sede en la ciudad del mismo nombre, y 2. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, con sede en Veracruz, Veracruz. En auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, se desechó el escrito constitucional al actualizarse la causa de improcedencia que resulta de relacionar los numerales 17, 18 y 61 fracción XIV todos de la Ley de Amparo (extemporaneidad). En esa demanda la impetrante manifestó bajo protesta de decir verdad que el corte del líquido vital en comento se realizó desde el quince de febrero pasado. Motivo por el cual se determinó esa fecha a partir de la cual estaba en posibilidad de promover la acción de amparo. Empero, la presentó hasta el uno de abril del año en curso. De ahí el desechamiento. Declarado firme mediante acuerdo de veinte de abril del año en curso. Esto se invoca como hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del precepto 2º de la Ley de Amparo. Como se advierte de lo precisado en párrafos anteriores, en la demanda de cuenta la parte quejosa promueve en similares condiciones que el amparo 298/2022-VIII, pero con un diverso documento de fecha reciente. Igualmente, narra como antecedentes: ser propietaria del inmueble relativo al corte de agua, es usuaria de ese servicio pero no tiene contrato y le son aplicados cobros excesivos. Sin embargo, omite explicar qué sucedió desde el corte del líquido vital de quince de febrero de dos mil veintidós, a la data en que recibió el aviso de siete de mayo de la presente anualidad. Por ejemplo, si existió una reconexión del servicio y posteriormente (siete de mayo) la prevención de suspender el fluido con motivo de diversos adeudos. Sin dejar de advertir existen diez periodos pendientes de pago. Tampoco hace referencia al amparo radicado bajo el número 298/2022-VIII, respecto del cual consintió su desechamiento al no impugnarlo a través del recurso correspondiente. Lo cual genera incertidumbre e impide a este Juzgado de Distrito fijar la litis y la relación jurídica procesal. En tales condiciones, bajo protesta de decir verdad, la promovente deberá: Primero. Precisar cuál es el acto concreto que imputa al Ayuntamiento de Medellín de Bravo, y Tesorería Municipal, con sede en la ciudad del mismo nombre, especificando su participación en el mismo (acciones emitidas tendentes a ordenar o ejecutar el corte de suministro de agua). Como se destacó, con las documentales y narrativa de la demanda no es dable establecerlo. Segundo. Amplíe sus antecedentes. Manifieste de forma detallada cuáles son los hechos sucedidos desde el quince de febrero de dos mil veintidós en que antes narró se dio la notificación del corte de agua en su domicilio, hasta el siete de mayo de dos mil veintidós en que le comunicaron un nuevo aviso de corte. Por ejemplo, si sucedió una reconexión del servicio y posteriormente (siete de mayo) la prevención de suspender el fluido con motivo de diversos adeudos. Si para que aconteciera lo anterior (reconexión) llegó a un acuerdo con la empresa encargada de proveer ese servicio o liquidó los siete periodos que adeudaba. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. De igual forma, hágase del conocimiento de la impetrante de derechos humanos que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que le consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la ley de la materia. Significándosele que el desahogo a la prevención efectuada únicamente podrá realizarlo quien promueve la demanda, por constituir un acto de carácter personalísimo, de conformidad con el artículo 108, fracción V, de la ley de la materia. Lo que implícitamente conlleva que únicamente éste puede formular dicha protesta. Notifíquese personalmente.

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