Maria de los Angeles Laura Pantoja Pedraza

Expediente 1381/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2024.

Datos del expediente

Expediente
1381/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
04/01/2024

Partes del expediente

  • Maria de los Angeles Laura Pantoja Pedraza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    Agréguese sin mayor pronunciamiento el comunicado de Banco ..., en razón de que el veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés se celebró la audiencia incidental. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguense los oficios de Banco ... (autoridad responsable), el relación al registrado con el folio 56, el suscrito acuerda: Téngase por rendido el informe justificado y dese vista a las partes con su contenido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Se tiene como delegados a las personas que indica en términos del artículo 9° de la ley de la materia, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y por lo que respecta al correo electrónico que proporciona, únicamente será considerado para entablar comunicaciones no procesales. Como lo solicita en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización con el nombre de usuario proporcionado, para consultar el expediente a través de la vía electrónica. En relación al diverso registrado con el folio 30, por medio del cual solicita copia de la demanda de amparo; dígasele que dicho ocurso fue enviado mediante oficio 27114/2023. Por lo que hace al registrado con el folio 47; glósese el oficio del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual se devuelve diligenciado el exhorto con número de orden 313/2023 y origen 303/2023, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial aludida en el libro electrónico de gobierno; asimismo, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1381/2023, promovido por ***, contra actos del Juez, Notificador y/o Actuario adscritos al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México; Coordinador de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima; y Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ACTO RECLAMADO. La quejosa reclama la falta de notificación a las providencias precautorias ***/*** del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México; particularmente la orden de aseguramiento del dinero que obre en sus cuentas bancarias, ejecutada mediante oficios 510/2023 y 2984/2023, sobre las siguientes cuentas de las que dice ser titular: Cuenta SUMANOMINA ***, de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima; y Tarjeta ***, de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad se admitió a trámite la demanda de amparo, se concedió la suspensión provisional, las autoridades responsables rindieron sus informes previos, con excepción del Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; finalmente, la audiencia incidental se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados, con excepción del Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte quien fue omisa en rendir su informe previo, no obstante de habérsele notificado el auto en el que se le requirió, por lo que, con fundamento en el ordinal 142 de la Ley de la materia se tiene por cierto el acto que se le atribuye, únicamente para efectos de la medida cautelar. SEGUNDO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO. La quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que la orden de retención de dinero está dictada en su contra y en cuentas bancarias de las que dice ser titular, por lo que acredita su interés para efectos de la suspensión de amparo. TERCERO. CONCESIÓN Y EFECTO DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues: Existe petición de parte agraviada; y No se sigue perjuicio al interés social ni contravención a disposiciones del orden público, ya que el reclamo surge de actuaciones llevadas a cabo en el juicio de origen, que únicamente surten efectos entre los particulares vinculados al procedimiento; con lo que deviene que con la suspensión del acto reclamado no existe una situación específica que pueda afectar a un conglomerado humano considerable y que contraríe las normas de orden público, así calificadas por el legislador, emitidas para regular aspectos en que se ve interesado el Estado para reglamentar su actuación pública o aquéllas que tengan como finalidad regir aspectos sociales trascendentes y que por tanto la sociedad se ve interesada en su observancia. Además existe materia suspendible acorde a la naturaleza del acto reclamado, en términos del precepto 107, fracción X, de la Constitución Federal. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para el efecto de que sin paralizar el procedimiento: A) Sin levantar el aseguramiento decretado dentro de las providencias precautorias de origen, se permita a la parte quejosa manejar sus cuentas y pueda disponer sólo de la cantidad que represente el remanente de lo asegurado en relación a la totalidad del dinero existente en sus cuentas bancarias intervenidas. Es decir, la parte accionante de amparo sólo podrá acceder al numerario restante que exista en las cuentas embargadas, diverso a aquel que ha sido asegurado con motivo del procedimiento de origen. Ello, siempre y cuando la quejosa sea titular de las cuentas, y no exista un aseguramiento diverso a aquel que impone el acto reclamado, pues la medida solo impacta en aquello que es objeto del acto reclamado y no en situaciones jurídicas ajenas a éste. Al efecto, se invoca la diversa tesis I.11o.C.126 C (10a.), del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia civil del Primer Circuito, intitulada: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS. AL DECRETARSE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEBE PREVALECER EL ASEGURAMIENTO SÓLO POR LA CANTIDAD DECRETADA EN AUTOS." B) Además, considerando que la peticionaria manifiesta bajo protesta de decir verdad, que en la cuenta registrada a su nombre en el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, recibe un apoyo económico del gobierno por ser una persona adulta mayor; y que en la diversa cuenta a su nombre en el Banco Mercantil del Norte, se le deposita una pensión por jubilación. En ese sentido, respecto del dinero que contengan las cuentas que corresponda a dichos conceptos (apoyo de un programa social para personas de la tercera edad y/o pensión por jubilación, sin distinción de la entidad de la que provenga dicha remuneración), el efecto de la providencia otorgada implica paralelamente que los bancos responsables realicen las gestiones necesarias para que se le permita disponer del monto acumulado que le corresponde por la ministración que recibe periódicamente por los conceptos de pensión jubilatoria y apoyo del bienestar que otorga el Gobierno Federal, a fin de proteger el mínimo vital de al aquí demandante. Al respecto, se invoca la tesis 1a. XCVII/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Constitucional, que dispone: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO. El derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General y particularmente de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123. Un presupuesto del Estado Democrático de Derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática. De esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido, de tal suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Este parámetro constituye el contenido del derecho al mínimo vital, el cual, a su vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Así, este derecho busca garantizar que la persona -centro del ordenamiento jurídico- no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean." Lo anterior, considerando que conforme al artículo 10 de la Ley del Seguro Social, las pensiones que corresponden a los asegurados, son inembargables: "Artículo 10. Las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables. Sólo en los casos de obligaciones alimenticias a su cargo, pueden embargarse por la autoridad judicial las pensiones y subsidios hasta por el cincuenta por ciento de su monto." Al efecto se invoca la tesis IV.1o.C.7 C (10a.) de la Décima época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Materias(s): Común, Civil. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 3079, que dispone: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO DE UNA PENSIÓN JUBILATORIA A UN ADULTO MAYOR EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, CON BASE EN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Ley de Amparo, el juzgador, atento a la naturaleza del acto reclamado, tiene la obligación de ponderar la apariencia del buen derecho que con la concesión de la medida cautelar puede corresponder al quejoso y la afectación que dicha medida pueda ocasionar al interés social, para que derivado de ese análisis, determine si es o no factible conceder la suspensión, determinando hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el artículo 10 de la Ley del Seguro Social, las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables; que en los juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de esas pretensiones y que, asimismo, si se trata de un adulto mayor que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, esto representa una desventaja frente al resto de la población, por lo cual, las autoridades judiciales deben procurar su mayor beneficio posible. En consecuencia, si quien promueve la demanda de amparo indirecto reúne todas estas características, es decir, se trata de un adulto mayor en condiciones de vulnerabilidad, que no cuenta con otro ingreso más que el de su pensión jubilatoria y reclama el embargo de la cuenta bancaria donde se realiza el depósito inherente a dicho concepto, supuestos frente a los cuales solicita la suspensión del acto reclamado, afirmando que requiere de la cantidad embargada para cubrir las necesidades básicas de su familia; entonces, el juzgador de amparo debe conceder la suspensión definitiva con efectos restitutorios contra la orden de embargo de la pensión jubilatoria del adulto mayor vulnerable, para que ésta se deje sin efectos con base en un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, haciendo un cálculo de posibilidades acerca de la existencia del derecho del quejoso que se encuentra en esa situación especial, de modo que, sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, debe partir de la base de que existe peligro en la demora pues, de negarse la medida, resentiría un daño económico que afectaría su subsistencia y la de su núcleo familiar. En la inteligencia de que con esta postura no se contraviene el interés social sino, al contrario, de no concederse la medida, se infringiría la norma de la legislación de seguridad social que establece que son inembargables las pensiones de los trabajadores." Y por lo que hace a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, el suscrito también considera que goza del beneficio y protección frente al embargo precautorio, dado que atento a la edad de la quejosa, pertenece al grupo de adultos mayores que puede acceder a este medio de seguridad social, que está reconocido como un derecho desde el artículo 4º de la Constitución Federal, que establece: "Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad." Por analogía, se invoca la tesis XVIII.2o.P.A.10 K (11a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias(s): Común, intitulada: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA OMISIÓN DE REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DENOMINADO "PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES". De este modo, el efecto de la presente suspensión lo que busca es que se preserve el medio de aseguramiento con motivo la orden emitida en el procedimiento natural, pero sin afectar los derechos de índole social y constitucional de que goza la quejosa a través de las pensiones de las que refiere fueron bloqueadas. Y es que de conservarse el impedimento general en contra de la parte quejosa para que disponga de su pensión, se le causarían daños de imposible reparación incluso exponiendo su mínimo vital, pues sufriría la restricción temporal del libre ejercicio de su patrimonio derivado de la seguridad social, lo que afectaría irremediablemente el derecho sustantivo de supervivencia, lo cual no se le resarciría ni mediante el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es aplicable, en su parte conducente, la tesis I.3o.C.345 C (10a.), emitida en la Décima Época, con registro 2018655, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de registro 2018655, del rubro y texto siguiente: "EMBARGO DE LA PENSIÓN JUBILATORIA EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE AFECTA EL DERECHO SUSTANTIVO DE SUPERVIVENCIA DEL JUBILADO ADULTO MAYOR. El artículo 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el salario mínimo está protegido contra embargo, compensación o descuento. Esta protección también debe comprender a la pensión por jubilación, atento a la finalidad de la norma y no a su interpretación literal, ya que la finalidad de la prohibición de embargo, compensación o descuento al salario mínimo, fue la de tutelar el derecho al mínimo vital. En la mayoría de los casos, la pensión jubilatoria también goza de dicha protección constitucional, pues es la única manera en que podrá garantizarse al jubilado un mínimo de subsistencia digna y autónoma, al pertenecer a una clase de sujetos que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad para allegarse de recursos materiales que garanticen ese sostenimiento. En esa medida, el embargo que se traba en ejecución de sentencia sobre la pensión jubilatoria, puede considerarse como un caso de excepción a la regla general de los actos dictados en ejecución de sentencia, pues se trata de un acto de imposible reparación que afecta el derecho sustantivo de supervivencia del jubilado adulto mayor que amerita un análisis de fondo." Conforme al artículo 139 de la Ley de amparo, se precisa que el alcance de esta medida no implica levantar el embargo, pues lo que se busca equilibrar el derecho de la parte actora, y a la par, evitar que a la quejosa se le causen mayores daños en caso de mantener el impedimento generalizado para acceder a sus cuentas, pues sufriría la restricción del libre ejercicio de su patrimonio de pensión, impidiéndole acceder a un mínimo vital, lo que no se le resarciría ni mediante el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Orienta lo anterior, por analogía, la tesis I.15o.C.49 C (10a.) de la Décima Época, con registro: 2021115. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, en Materia(s): Común, Civil, Página: 2418, que establece: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CUANDO SE EMBARGUEN CUENTAS BANCARIAS POR UN MONTO SUPERIOR AL DEMANDADO, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PARA EL EFECTO DE QUE SE LIBERE EL EXCEDENTE. Para decidir sobre la procedencia de la suspensión, debe considerarse la naturaleza del acto reclamado, a efecto de delimitar de acuerdo al acto de que se trata, si es susceptible de suspenderse. Ahora bien, la sentencia de segunda instancia que confirma la interlocutoria de primer grado que declaró infundado el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento es, en principio, un acto declarativo y negativo, pero con efectos positivos, en tanto que la declaración de validez de las actuaciones impugnadas que conlleva la negativa de la autoridad responsable a la petición del promovente de anular las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil de origen hasta la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, tiene como consecuencia necesaria que permanezca la diligencia de embargo con todas sus consecuencias. En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado éste sí es susceptible de suspenderse con efectos restitutorios, dado que en términos del artículo 1392 del Código de Comercio, el embargo trabado en un juicio ejecutivo mercantil únicamente tiene por objeto asegurar bienes del demandado para cubrir la deuda (prestaciones demandadas) y, los gastos y costas; sin embargo, cuando se lleguen a embargar cuentas bancarias por un monto superior al demandado, sin justificación alguna, procede conceder la suspensión definitiva para el efecto de que se libere el excedente." Esta medida cautelar surtirá sus efectos hasta que cause ejecutoria la sentencia que resuelva sobre el fondo del asunto. CUARTO. DE LA GARANTÍA. La suspensión que se concede surte todos sus efectos sin necesidad de que la parte quejosa exhiba garantía alguna, ya que la suma respecto de la cual se decretó la retención, seguirá intocada; además, no existe una afectación directa en el patrimonio de la parte tercera interesada, pues la suspensión únicamente recae en el remanente de la cantidad que exista en la cuenta asegurada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ****, contra actos de la Juez, Notificador y/o Actuario adscritos al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México; Coordinador de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima; y Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por los motivos y para los efectos precisados en esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    Vista la certificación de cuenta se advierte que no obra constancia de notificación del oficio 26284, dirigido a ***, del proveído de siete de diciembre de la presente anualidad; en consecuencia reexpídase dicha comunicación, para los efectos legales correspondientes. En ese sentido, se difiere la audiencia incidental y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Sirve de apoyo, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 224 del semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Marzo de 1993, Octava Época, de registro 216861, que dice: "AUDIENCIA INCIDENTAL, DIFERIMIENTO DE LA. CUANDO NO SE NOTIFICO A LA RESPONSABLE. Aunque por regla general, la audiencia incidental no debe diferirse por la naturaleza misma del incidente, sin embargo, para que pueda celebrarse es preciso que las autoridades señaladas como responsables, sean sabedoras del contenido de la demanda, a fin de que estén en condiciones de rendir su informe previo y sobre esa base, decidir si ha lugar o no a conceder la medida cautelar. De manera que si aquellas autoridades no son notificadas oportunamente del proveído que las requiere para que rindan su informe, debe diferirse la audiencia incidental, pues resulta inaplicable la presunción de certeza de los actos reclamados, ya que dichas autoridades no omitieron rendir su informe, sino que se vieron imposibilitadas para hacerlo; en consecuencia procede revocar la interlocutoria recurrida y ordenar la reposición del procedimiento." Notifíquese.

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