María de los Ángeles José Tovar

Expediente 1370/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1370/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
19/02/2018

Partes del expediente

  • María de los Ángeles José Tovar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el numeral 81, fracción I, inciso d), de la ley en la materia, en contra del auto de veinticinco de enero de dos mil dieciocho (fojas 54-57), mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, y de conformidad con lo dispuesto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos. De conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, de dicho acuerdo, dése vista a las autoridades responsables Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas y Coordinación General de Transportes Aéreos y Subdirector de Transportes Aéreos de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que se encuentran agregados a este asunto (fojas 24 y 32), apercibidas que en caso de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con las constancias judiciales. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa, en proveído de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 44-45), para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto de la contestación dada a su petición formulada a través del libelo de cuatro de agosto de dos mil diecisiete y recibido por la responsable el siete de agosto siguiente (foja 5), que consta en el oficio de catorce de diciembre de dos mil diecisiete (foja 43), sin que haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, continuándose el juicio únicamente por el acto reclamado indicado en el escrito inicial de demanda. Ahora bien, del escrito inicial de demanda se advierte que la quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: "La falta de respuesta al Escrito de Fecha 04 de agosto de 2017, que formule por Escrito de manera Pacífica y Respetuosa según se advierte el Sello de Recibido de fecha 07 de agosto de 2017, estampado por las Instituciones antes señaladas". En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Coordinadora General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del Estado, con sede en esta ciudad, de dar contestación al escrito de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, recibido el siete de agosto de ese año. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el siete de diciembre de dos mil diecisiete, emitió oficio donde dio contestación al referido escrito, notificándole a la quejosa el diecinueve siguiente, como consta de la cédula de notificación remitida por la responsable (foja 43 vuelta); es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, la Coordinadora General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del Estado, con residencia en esta ciudad, subsanó totalmente la omisión que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al escrito de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, recibido el siete de agosto de ese año, han cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, registro electrónico 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Asimismo, las diversas autoridades responsables Secretario de Obra Pública y Comunicaciones, con sede en esta ciudad, Coordinador General de Transportes Aéreos y Asesor Jurídico de la Coordinador General de Transportes Aéreos, residentes en Chiapa de Corzo, Chiapas, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna con la que desvirtuara tales negativas. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos de los actos que por esta vía se reclamaron, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas del veintinueve de enero de dos mil dieciocho. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la secretaria que autoriza Iliana Rodríguez Zárate, a quien faculta a firmar el oficio que se expida, quien además certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTICINCO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa, en proveído de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 44-45), para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto de la contestación dada a su petición formulada a través del libelo de cuatro de agosto de dos mil diecisiete y recibido por la responsable el siete de agosto siguiente (foja 5), que consta en el oficio de catorce de diciembre de dos mil diecisiete (foja 43), sin que haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, continuándose el juicio únicamente por el acto reclamado indicado en el escrito inicial de demanda. Ahora bien, del escrito inicial de demanda se advierte que la quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: "La falta de respuesta al Escrito de Fecha 04 de agosto de 2017, que formule por Escrito de manera Pacífica y Respetuosa según se advierte el Sello de Recibido de fecha 07 de agosto de 2017, estampado por las Instituciones antes señaladas". En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Coordinadora General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del Estado, con sede en esta ciudad, de dar contestación al escrito de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, recibido el siete de agosto de ese año. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el siete de diciembre de dos mil diecisiete, emitió oficio donde dio contestación al referido escrito, notificándole a la quejosa el diecinueve siguiente, como consta de la cédula de notificación remitida por la responsable (foja 43 vuelta); es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, la Coordinadora General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del Estado, con residencia en esta ciudad, subsanó totalmente la omisión que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al escrito de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, recibido el siete de agosto de ese año, han cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, registro electrónico 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Asimismo, las diversas autoridades responsables Secretario de Obra Pública y Comunicaciones, con sede en esta ciudad, Coordinador General de Transportes Aéreos y Asesor Jurídico de la Coordinador General de Transportes Aéreos, residentes en Chiapa de Corzo, Chiapas, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna con la que desvirtuara tales negativas. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos de los actos que por esta vía se reclamaron, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas del veintinueve de enero de dos mil dieciocho. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la secretaria que autoriza Iliana Rodríguez Zárate, a quien faculta a firmar el oficio que se expida, quien además certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese con vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, a través de la Directora de Administración de Personal, con residencia en esta ciudad; dése nueva cuenta con el mismo en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el precepto 9 de la citada ley, se tienen como delegados de la autoridad responsable citada, a las personas que mencionan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza las documentales que remite la autoridad responsable, sin perjuicio de hacer relación de ella el día y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que la responsable anexa copia con la razón de Jairo Rosales Corzo auxiliar "A" asistido de los testigos Luis Arturo Bonilla Morales Analista "G" y Sergio Antonio Pérez Gómez Analista "H", adscrito s a la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del Estado, mismo que contiene el oficio por el que da respuesta a la quejosa a su petición, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente del amparo para que dentro del término improrrogable de quince días contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de la contestación del oficio de mérito y, cumpliendo con los requisitos del numeral 108 de la ley en comento, manifieste si amplía su demanda respecto de la contestación dada a su petición formulada a través del oficio ******* de catorce de diciembre de dos mil diecisiete. En el entendido que deberá exhibir copias del escrito de ampliación para cada una de las partes, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Se apercibe a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del término concedido, se continuará con el procedimiento en este juicio de amparo únicamente contra el acto y autoridad indicados en el escrito inicial de demanda. Al respecto tiene aplicación la Jurisprudencia, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Para dar margen a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del diez de enero de dos mil dieciocho, y se fijan en su lugar las DIEZ HORAS DEL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE JUZGADO; MEDIANTE OFICIOS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

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