María de los Ángeles Jiménez Ramos
Expediente 608/2020 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 608/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- María de los Ángeles Jiménez Ramos
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Agréguese a sus autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 958/2021 así como de las constancias que se enviaron, e informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la cuenta que antecede, de la que se advierte que el proveído de dieciocho de enero del año en curso, en el que la Presidencia declaró la legal incompetencia de este órgano colegiado para conocer de la demanda de amparo directo promovido por María de los Ángeles Jiménez Ramos, por propio derecho, le fue notificado por lista el veintitrés de febrero del año en curso; por tanto, el término de tres días establecido en el párrafo segundo, del artículo 104, de la Ley de Amparo, ha transcurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la propia ley, se declara que ha causado estado el citado proveído. Por tanto, en cumplimiento al proveído de dieciocho de enero del año en curso, remítase al Juez de distrito en el Estado de Hidalgo en turno, la demanda de amparo, junto con sus anexos. Solicítese el acuse de recibo correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
Se tiene por consentida la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido. Finalmente, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN.
- Juicio de Amparo Directo
Previo citatorio dejado en el domicilio señalado por la parte quejosa, y en virtud de que no acudió a este tribunal colegiado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, a través del cual se determina: Fórmese y regístrese expediente impreso y electrónico con el número de juicio de amparo directo D.A. 608/2020. Acúsese recibo a la autoridad oficiante. De la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por María de los Ángeles Jiménez Ramos, por propio derecho, se advierte que el acto reclamado lo constituye la resolución de veintidós de octubre de dos mil veinte, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, dentro del expediente 182/2018, donde confirmó en todas sus partes el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veinte, motivo de la resolución recurrida. Ahora bien, el artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) b).- En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. (.).". Por su parte, los artículos 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo, respectivamente, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Artículo 45. Cuando se reciba en un tribunal colegiado de circuito una demanda que deba tramitarse en vía indirecta, declarará de plano carecer de competencia y la remitirá con sus anexos al órgano que estime competente. Si se trata de un órgano de su mismo circuito, éste conocerá del asunto sin que pueda objetar su competencia, salvo en el caso previsto en el artículo 49 de esta Ley; si el órgano designado no pertenece al mismo circuito, únicamente podrá plantear la competencia por razón del territorio o especialidad, en términos del artículo 48 de esta Ley. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, hipótesis que no se actualiza en el presente caso; porque, como se desprende del análisis íntegro de la demanda de amparo, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veintidós de octubre de dos mil veinte, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, que confirmó en todas y cada una de sus partes el acuerdo de nueve de septiembre del dos mil veinte, a través del cual se consideró que la autoridad demandada dio cumplimiento a la sentencia definitiva emitida en el expediente 182/2018 y ordenó su archivó como asunto totalmente concluido. Con lo anterior, resulta inconcuso para este tribunal colegiado que el acto reclamado, no constituye una sentencia definitiva, porque no resuelve el fondo del asunto, ni es una resolución que ponga fin al juicio, toda vez que no lo da por concluido sin decidirlo en lo principal; consecuentemente, esta Presidencia declara la legal incompetencia de este órgano colegiado para conocer del presente juicio constitucional, en términos del artículo 45 de la Ley de Amparo, por estimar que ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, en turno, a quien se ordena remitir la demanda de amparo y anexos con que se da cuenta, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme; lo anterior, una vez que haya causado estado el presente proveído. c) Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que indica, y en cuanto a la persona que autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente se tendrá con tal carácter a hasta que acredite ante este tribunal encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en Derecho o abogado y tener registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito; mientras tanto, con fundamento en la última parte del párrafo segundo del numeral antes invocado, se tienen por autorizadas sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. d) Por lo que hace a la solicitud de la quejosa en el sentido de que se señale fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional así como de la incidental, dígase a la ocursante, que al tratarse de un juicio de amparo directo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 181 y 183 de la Ley de Amparo, en su tramitación no se contempla la celebración de una audiencia constitucional o incidental, ya que dicho supuesto únicamente procede tratándose de juicios de amparo indirectos. e) No ha lugar a acordar de conformidad la suspensión que solicita, en razón de que en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, la medida de suspensión debe solicitarse ante la autoridad responsable. f) Finalmente conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información, en relación a los artículos 5 y 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente únicamente en cuanto hace a datos personales y archivo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información que tiene bajo su resguardo este órgano colegiado, es pública, con las salvedades expresamente establecidas quedando regulado el presente asunto con las disposiciones contenidas en dicha ley.
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