María de los Ángeles Herrerón Rosiles

Expediente 388/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
388/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
30/06/2023

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Herrerón Rosiles
  • Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia dictada el quince de mayo de dos mil veintitrés, misma que causó ejecutoria el trece de junio actual, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para el efecto siguiente: -Dictar acuerdo de admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario laboral 4A-1841/2021. 2. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. -Por oficio J-IV-1437/2023, recibido el veinte de junio de este año, el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del auto dictado el dieciséis de junio del año en curso, del cual se advierte que proveyó lo relativo a la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio ordinario laboral 4A-1841/2021. 3. Conclusión. En tales circunstancias, por todo lo anteriormente señalado, queda evidenciado que la autoridad responsable ha cumplido con la ejecutoria de amparo, pues dictó el auto correspondiente a la admisión y desechamiento de pruebas en el juicio de origen. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 4. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaría encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 6. Valoración. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -en adelante Acuerdo General-, el presente asunto es de CONSERVACIÓN ÍNTEGRA. 6. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en los artículos 17 y 26 del mencionado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, con apoyo de la Administración Regional del edificio sede de este órgano jurisdiccional, transfiérase al depósito documental que el área coordinadora de archivos haya designado para tal efecto. 7. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. 8. Documentos originales. En términos del artículo 19 del citado acuerdo, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidas que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 9. Constancia. Como lo establece el ordinal 34, párrafo segundo, del Acuerdo General, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. 1. Se recibe oficio. Agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención a lo requerido en autos, remite las constancias respectivas con las que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 2. Vista con cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, dése vista a las partes con lo anterior, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Alma Delia Gámez Puga.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de junio de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 1.1. Se requiere cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la sentencia de amparo, cuyos efectos se constriñen a lo siguiente: - Dictar acuerdo de admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario laboral 4A-1841/2021. 1.2 Apercibimiento. Apercibida que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.04.b6 MAIRA FLOR LÓPEZ VALENCIA gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la Ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  4. Principal

    SENTENCIA VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 388/2023, promovido por ********************, a través de su apoderada jurídica********************, por alegada violación del artículo 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, este órgano jurisdiccional ha decidido: CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado: La omisión de impartir justicia de manera pronta y expedita, ya que no se ha dictado el auto de admisión o desechamiento de pruebas, dentro del expediente laboral ********************. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman omisiones de una autoridad residencia dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, lo anterior pues al rendir su informe justificado aceptó expresamente su existencia. Además, se corrobora con las copias certificadas de las principales constancias que integran el expediente ********************, que acompañó junto con su informe justificado, mismas que se les concede valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según se advierte de su numeral 2º. CUARTA. Estudio de las causales de improcedencia. Las partes no alegan causales de improcedencia, ni esta juzgadora advierte de oficio la actualización de alguna, por tal motivo, procede analizar los conceptos de violación. QUINTA. Examen constitucional de los actos reclamados. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir las desavenencias formuladas por la parte quejosa, pues no existe disposición que obligue a ello. Sin embargo, a efecto de cumplir con el principio de congruencia deviene ilustrativo sintetizarlas. El solicitante del amparo, aducen substancialmente que desde el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en la cual la autoridad responsable se reservó emitir el pronunciamiento respecto de la admisión o desechamiento de las mismas, sin que hasta el momento de la presentación de la demanda se haya emitido tal acuerdo, con lo cual, violenta el derecho humano de acceso efectivo a una justicia pronta y expedita. Resultan fundados los argumentos expuestos por la parte quejosa en el único concepto de violación, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La característica de prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En sentido inverso, esta garantía constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues la justicia tardía es una forma de injusticia. Ahora bien, conviene señalar que el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al momento que fue promovido el juicio natural de donde emana el acto reclamado, en lo medular dispone que en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, el actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos, inmediatamente después el demandado hará lo mismo quien además podrá objetar las de su contraparte y aquél a su vez podrá objetar las del demandado, asimismo, que una vez concluido el ofrecimiento la Junta resolverá inmediatamente sobre las que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable con su informe justificado se advierte que: A las once horas del dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, prevista en el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, dentro de los autos del juicio ordinario laboral ********************, en la que, tanto la actora aquí quejosa como la parte demandada ofrecieron las pruebas que estimaron pertinentes, objetando cada una de ellas las de sus contrarias, respecto de lo cual la Junta responsable acordó en lo conducente lo siguiente: ".LA JUNTA ACUERDA: (.) IV.- Para una mejor valoración y apreciación de las pruebas aportadas por las partes, esta Junta se reserva el acuerdo sobre la admisión y/o desechamiento de las mismas, el cual una vez emitido les será notificado personalmente en los domicilios que tienen señalados en autos para tal efecto..." Sin que a la fecha en que se resuelve el presente sumario constitucional, se haya emitido la determinación anunciada, pues no existe constancia que demuestre lo contrario, máxime que así lo reconoció expresamente la autoridad responsable al rendir su informe justificado. En ese contexto, es evidente que ha transcurrido un término excesivo -un poco más de seis meses- para que la Junta responsable dicte el acuerdo de admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el dieciocho de octubre del año inmediato anterior dentro del juicio laboral ********************, de conformidad con el citado artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, que prevé que tal pronunciamiento deberá emitirse en un plazo de cinco días; no haberlo hecho de esa manera implica una paralización del procedimiento laboral de origen. Con lo cual la autoridad responsable inobserva lo establecido en el artículo 17 Constitucional, en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Acorde con lo anterior, resulta claro que la junta responsable no se ha ajustado al término legal que establece el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al momento en que fue promovido el juicio natural de donde emana el acto reclamado. Luego, esa dilación ha originado que el procedimiento de origen no se desarrolle dentro de los términos establecidos en la ley, en contravención al derecho de una administración de justicia pronta, contenida en el artículo 17 constitucional. Tiene aplicación por identidad jurídica sustancial, la tesis: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional.". En consecuencia, lo procedente es otorgar a la quejosa ********************, la protección constitucional solicitada. SEXTA. Efectos del fallo protector. Con fundamento en el artículo 77, de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, deberá: Dictar acuerdo de admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario laboral ********************. Tales efectos se fijan tomando en consideración el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere que, cuando se reclaman violaciones a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el alcance de la protección constitucional debe delimitarse en función del acto reclamado Por último, no se soslaya que la fiscal adscrita a este órgano jurisdiccional formulara los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, contra el acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

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