María de los Ángeles Herrera Olivares

Expediente 373/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 20 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
373/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
20/04/2023

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Herrera Olivares

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III-C "... Vista la demanda de amparo promovida por ********, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades. Registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 373/2023. Desechamiento Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen la obligación que tiene el Juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De la lectura integral de la demanda de amparo y anexos se obtiene que la quejosa reclama: a) La aprobación de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales por parte del Congreso de la Unión, las cuales terminaron su proceso legislativo con la aprobación del dictamen por parte de la Cámara de Senadores en fecha 22 de febrero de 2023, en específico, la discusión, aprobación, expedición y decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, particularmente en cuanto a los siguientes artículos; 30, 31, 44, 61, 62, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 125 QUATER Y 125 SEPTIES. b) La entrada en vigor, publicación y aplicación den el Diario Oficial de la Federación del Decreto que reforma y deroga disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) de fecha dos de marzo de dos mil veintitrés. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral, que dice: ".... Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avanzado ciertos criterios que permiten establecer cuándo un acto o norma general es de contenido puramente electoral por incidir sobre derechos político electorales, de cuyo contenido se obtiene entre otros lo siguiente: a) La materia electoral comprende las cuestiones propias de los derechos políticos, tales como las bases generales que instituyen los procesos de elección previstos directamente en la Constitución, a saber, la de los titulares del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo (en ambos tanto federales como locales), así como los integrantes de los Ayuntamientos (presidente municipal, regidores y síndicos). b) El Tribunal Electoral tiene a su cargo, además de su tradicional facultad para resolver las impugnaciones que se presentan en los procesos electorales federales, el análisis de la constitucionalidad de los actos y resoluciones en esa materia que enuncia el numeral 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de conocer del juicio para la defensa de los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos de votar y ser votado y asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país. Otorgándole además, la facultad de conocer de aquellos actos o resoluciones de autoridades electorales que vulneran la norma fundamental o derechos laborales entre el Instituto y su personal. c) De la interpretación sistemática de los numerales 41, 94, 99 y 105, fracción II, constitucionales, se advierte que el Órgano Reformador de la Constitución estableció-desde las reformas de 1994 y 1996- un sistema integral de justicia en materia electoral, a fin de que en el orden jurídico mexicano existieran los mecanismos para que las leyes y actos en esa materia estén sujetos a control constitucional, haciendo una distribución de competencias constitucionales y legales entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, a través de los medios de control y los plazos que impugnación que expresamente estableció para ello. d) Asimismo, del análisis sistemático de los preceptos citados se desprende que la Carta Magna establece un sistema integral de defensa, que permite, por una parte, impugnar vía de acción de inconstitucionalidad de leyes electorales, en cuanto se refiere precisamente a lo que atañe exclusivamente a dicha materia; por otro, combatir los actos o resoluciones en materia electoral, entre ellos, los que vulneren el derecho político de los ciudadanos de votar y ser votado; y finalmente prevé en armonía con aquellos medios de control constitucional, el juicio de amparo, a fin de combatir cualquier ley que, aun cuando su denominación o contenido sea esencialmente de electoral, una de sus disposiciones pudiera vulnerar algún derecho fundamental y, por ende, el objeto de examen sea sólo ese aspecto, esto es, el juicio de amparo se encuentra acotado, primordialmente, a que se indica en forma estricta sobre los derechos fundamentales de los individuos y, por consiguiente, no serán objeto de impugnación las disposiciones que atañen al ejercicio de derechos políticos. e) Concretamente, en relación con el sistema constitucional de justicia en materia electoral, se aprecia que el artículo 99 de la norma fundamental, establece la competencia otorgada al Tribunal Electoral para conocer de las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos políticoelectorales de los ciudadanos de votar y ser votado. De lo anterior se sigue que el juicio de amparo previsto en el artículo 103 de la Ley fundamental no podrá hacerse valer en contra de actos o resoluciones de contenido materialmente electoral. La improcedencia del juicio de amparo no surgirá, entonces, por el solo hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, sino que es el contenido material del acto o resolución lo que determinará la improcedencia del juicio de garantías, esto es, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos. Lo anterior se encuentra contenido en la tesis P.LX/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 5 del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVIII, septiembre de 2008, de la Novena Época, de título y contenido siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. ....." Adicionalmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 400/2010, 631/2010, 682/2010, 707/2010 y 707/2010, que dieron origen a la jurisprudencia 61/2010, determinó que también forman parte de la materia electoral otros aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una u otra manera, tales como las cuestiones propiamente organizativas, administrativas y de otra índole, esto es, las funciones de las autoridades electorales y la creación de órganos administrativos para fines electorales, la organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites a las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos, faltas administrativas y sus sanciones, distritación o redistritación. Lo anterior, dio origen a la tesis jurisprudencial 2ª/J.61/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DECARÁCTER ELECTORAL. ...." Ahora, los artículos del DECRETO por el que se refoman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral vía amparo se pretenden reclamar destacadamente son del contenido siguiente: "Artículo 72. 1. Las oficinas auxiliares apoyan a los órganos locales en el cumplimiento de sus atribuciones. 2. Derogado. 3. Derogado. 4. Derogado. 5. En apoyo a los órganos locales, los vocales operativos de las oficinas auxiliares se instalarán atendiendo al criterio municipal o de zona conurbada de las entidades federativas y previa aprobación del Consejo General a Propuesta de la Comisión de Administración y del Servicio Profesional Electoral Nacional. Transitorios Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se abroga la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicada el 22 de noviembre de 1996 en el Diario Oficial de la Federación. Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. Las disposiciones generales emitidas por el Instituto Nacional Electoral con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto seguirán vigentes, en lo que no se opongan a la Constitución y el presente Decreto, hasta en tanto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emita aquéllas que deban sustituirlas. Cuarto. El presente Decreto no será aplicable en los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila en 2023. Quinto. Los módulos de atención ciudadana del Registro Federal de Electores con que cuente el Instituto Nacional Electoral seguirán operando de forma normal. No deberá alterarse su cantidad con motivo de la restructuración administrativa. Sexto. Los procedimientos, medios de impugnación y actos jurídicos en general que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, se resolverán conforme a las disposiciones jurídicas vigentes al momento de su inicio. Séptimo. Entre enero y abril de 2023, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificará la normativa que se deberá adecuar conforme al presente Decreto, para garantizar que, antes del inicio del proceso electoral 2023- 2024, haya emitido la necesaria para proveer el cumplimiento de lo dispuesto en las reformas contenidas. Octavo. Los acuerdos mediante los cuales el Instituto Nacional Electoral haya ejercido la facultad de atracción a la entrada en vigor del presente Decreto, conservarán su vigencia y objeto en sus términos y, en lo aplicable, se ejecutarán en la organización de los procesos electorales federal y locales de 2023-2024. Noveno. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se realizarán con cargo al presupuesto aprobado al Instituto Nacional Electoral, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos ni en los ejercicios fiscales subsecuentes. Décimo. A más tardar en abril de 2023, el Consejo General identificará las medidas, adecuaciones administrativas y el costo que implicará la reestructuración orgánica del Instituto para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Decreto, y planificará su ejecución para que, a más tardar el 1 de agosto de 2023, se haya concluido. Los remanentes presupuestales que se generen con motivo de la presente disposición, deben ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. Décimo Primero. El Instituto garantizará que la reestructuración orgánica que derive del presente Decreto se realice con pleno respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras que se encuentren adscritas bajo cualquier régimen laboral. Para cubrir el pago de posibles indemnizaciones, se destinarán los recursos que integran los fideicomisos de pasivo laboral y de infraestructura inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral. Una vez ejecutada la totalidad de los pagos correspondientes, se extinguirán y liquidarán dichos fideicomisos; sus remanentes se entregarán a la Tesorería Federación. Décimo Segundo. Entre enero y mayo de 2023, el Consejo General tomará opinión de los órganos desconcentrados con relación al perfil y competencias idóneas de los vocales operativos, con el fin de que, a más tardar el 1o. de junio siguiente, se tenga concluido el diseño del proceso de evaluación de los actuales vocales de las Juntas Distritales para determinar de entre ellos, quiénes ocuparán el cargo de vocal operativo en las oficinas auxiliares que se instalarán con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto. El mismo mecanismo se seguirá respecto de las actuales Juntas Locales para diseñar el proceso de evaluación y determinar la integración de los órganos locales. A más tardar el 15 de agosto de 2023, deberán quedar instalados los órganos locales y las oficinas auxiliares de conformidad con el presente Decreto, para operar en los siguientes procesos electorales. Décimo Tercero. La Secretaría Ejecutiva revisará con las unidades administrativas, órganos delegacionales y subdelegacionales del Instituto las estructuras orgánicas no incluidas en la reestructuración prevista en el presente Decreto, con el fin de compactarlas al mínimo indispensable para su operación. Décimo Cuarto. A más tardar el 1o. de mayo de 2023, el Consejo General emitirá los lineamientos para la revisión, redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica de las unidades administrativas del Instituto ordenada en el presente Decreto, así como de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, a Coordinación de Asuntos Internacionales, la Dirección del Secretariado y la Unidad Técnica de Servicios de Informática. Los lineamientos deberán establecer la metodología y políticas para cumplir tal fin, así como criterios técnicos para garantizar la debida alineación de las estructuras orgánicas y ocupacionales con las atribuciones conferidas en los ordenamientos jurídicos aplicables; evitar la duplicidad de funciones con otras unidades administrativas; establecer y justificar la descripción y perfiles de puestos; ejecutar una efectiva valuación de puestos; propiciar el equilibrio en los tramos de control, y evitar saltos jerárquicos en la línea de mando. Las propuestas que se realicen para cada una de las unidades administrativas serán validadas técnicamente por el Órgano Interno de Control. Décimo Quinto. La Dirección Ejecutiva de Administración auxiliará a la Comisión de Administración para definir y realizar, a más tardar el 1o. de agosto de 2023, los cambios en las asignaciones presupuestales, adscripción de personal, mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y demás bienes utilizados por las unidades administrativas sujetas a la reestructuración señalada en el presente Decreto. Décimo Sexto. En la sesión ordinaria del mes de mayo de 2023, el Consejo General del Instituto emitirá los nombramientos de titulares de Direcciones Ejecutivas conforme a la reestructuración ordenada en el presente Decreto. Décimo Séptimo. Dada la modificación de las facultades de Secretaría Ejecutiva con la entrada en vigor del presente Decreto, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación. De inmediato, el Consejo General nombrará de entre los directores ejecutivos, a un encargado de despacho. En la sesión ordinaria del mes de mayo de 2023, designará a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva para el periodo 2023-2029 que cumpla los requisitos correspondientes. Décimo Octavo. El Instituto expedirá un nuevo Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional a más tardar el 30 de julio de 2023, con el fin de unificar sus dos sistemas: del Instituto y de los organismos públicos locales. Décimo Noveno. Los Congresos de los Estados realizarán las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria conforme al presente Decreto antes de noventa días del inicio del proceso electoral de 2023-2024". De los preceptos mencionados se tiene que la reforma electoral implica una modificación orgánica, estructural y de funcionamiento en el Instituto Nacional Electoral, siendo el Consejo General la institución encargada de su ejecución donde uno de los fines es el respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras que se encuentren adscritas bajo cualquier régimen laboral. Así, la peticionaria de amparo acude a la instancia constitucional por derecho propio-, ostentando el cargo de Secretaria Junta Distrital 03 en Huajuapan de León, Oaxaca. Alega que se le dará un trato regresivo, desigual y discriminatorio, ya que la relación laboral será normada por disposiciones distintas a las contenidas en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional; que será separada de su empleo que desarrolla como personal calificado; y que desaparecerá el área en la que prestaba sus servicios, con prestaciones distintas a las que recibe; esto es, la reforma electoral que desaparece el puesto de Secretaria Junta Distrital en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, tiene como consecuencia privar diversos derechos labores relacionados con la estabilidad en el empleo. Por lo anterior, se concluye que la causa de pedir versa sobre las modificaciones a las condiciones de trabajo de la peticionaria de amparo que serán ejecutadas por el Instituto Nacional Electoral a través del Consejo General. De ahí la improcedencia del juicio de amparo, pues se pretende reclamar en sede constitucional normas relacionadas con funciones de las autoridades electorales y la creación de órganos administrativos para fines electorales, financiamiento público, límites a las erogaciones y montos máximos de aportaciones. Máxime que, las modificaciones a las condiciones de trabajo de la quejosa en su carácter de Secretaria Junta Distrital en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, cuya finalidad es desaparecer su fuente de empleo, es un aspecto laboral que debe ser resuelta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del juicio respectivo que se rige por disposiciones en esa materia, donde, en su caso, se analizará la aplicación del Decreto reformatoria de leyes electorales. Es aplicable por las razones que informan la tesis LXXX/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, junio de 2000, página 27, cuyo rubro y texto son los siguientes: INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE LEYES ELECTORALES QUE CONTENGAN NORMAS EN MATERIA DE TRABAJO O QUE SE REFIERAN A CONFLICTOS LABORALES QUE SE SUSCITEN ENTRE DICHO ÓRGANO Y SUS SERVIDORES....". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es desechar de plano, la demanda de garantías de cuenta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notificación electrónica. Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa tiene registrado el usuario María de los Ángeles, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; en tal virtud, se autoriza dicho usuario, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, conforme al numeral 357 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la solicitud para acceder al expediente electrónico puede formularse directamente por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esa facultad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 24 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 558 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la notificación vía electrónica solicitada por la parte quejosa. Habilitan días inhábiles ...., en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las demás partes al hacerse públicas las sentencias, ... hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY...."

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