Maria de los Ángeles Hernández Martínez

Expediente 256/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
256/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
06/08/2018

Partes del expediente

  • Maria de los Ángeles Hernández Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, seis de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de trece de julio de dos mil dieciocho (fojas 93 a 95), en la que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, asimismo, que ya transcurrió el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: Se declara que ha causado estado la resolución de trece de julio de dos mil dieciocho, que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 256/2018-2, promovido por María de los Ángeles Hernández Martínez, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Asimismo, conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Notifíquese. (2)

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR ESTA VÍA A LA PARTE QUEJOSA: "Nuevo Laredo, Tamaulipas, trece de julio de dos mil dieciocho. Vista la cuenta; agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad y como complemento del mismo, exhibe copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 160/7/2013 de su índice. Ahora bien, de la lectura íntegra de las constancias que exhibe la autoridad responsable, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos del acto reclamado. En efecto, el precepto aludido dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Así, el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieren cesado; es decir, cuando el acto que constituye la materia del juicio quede insubsistente, y las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, extinguiendo por completo todas las consecuencias jurídicas, a virtud de un acto posterior y diverso. En efecto, en el presente caso se actualiza la citada causa de improcedencia, toda vez que el acto materia de reclamo por parte de la quejosa, consistente en la omisión de acordar su escrito de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, presentado en el expediente laboral 160/7/2013 ha cesado en sus efectos. Para demostrar la causa de improcedencia precisada, se estima necesario invocar las constancias allegadas en fotocopias certificadas por el Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente, mediante oficio 1015/2018 recibido en este mismo auto, a las que se les da valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de las que se advierte que en fecha diez de julio de dos mil dieciocho, se dio contestación al escrito de veintidós de mayo del año en curso, presentado por la quejosa por conducto de su apoderado en el expediente laboral 160/7/2013. Esta actuación provoca la cesación de efectos del acto reclamado por la impetrante, quien se dolía de la omisión de la autoridad responsable -Junta Especial Número 7 de la Local de Conciliación y Arbitraje- en acordar su escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil dieciocho en el procedimiento laboral 160/7/2013. Esto, porque la autoridad responsable ha destruido todos los efectos de la omisión reclamada, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes, como si se hubiera otorgado el amparo. Se afirma lo anterior, ya que debe tomarse en consideración que la demanda de derechos fundamentales fue presentada el cinco de julio de dos mil dieciocho, esto es, con antelación a que se emitiera el acuerdo correspondiente a la promoción de la quejosa, de veintidós de mayo de esta anualidad, presentada dentro del expediente laboral 160/7/2013 -cuya omisión de acordar se reclama en el presente controvertido constitucional-, lo que lleva a concluir que la omisión que en un principio se reclamó ha dejado de existir, pues durante la tramitación del juicio de amparo que ahora se resuelve, la junta responsable dictó el auto correspondiente al escrito de la impetrante en dicho juicio laboral; proceder con el que ha destruido todos los efectos de esa omisión reclamada, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior atendiendo a que la demanda de garantías se presentó el cinco de julio de dos mil dieciocho y con posterioridad a ello, es decir, hasta el diez de julio del año en curso, la autoridad responsable acordó el escrito presentado por la impetrante el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, en los autos del expediente laboral 160/7/2013 de su índice. De ahí que, resulta incuestionable que cesaron los efectos del acto impugnado, restituyéndose a la impetrante en el pleno goce del derecho fundamental que estimó vulnerado, toda vez que constituye una situación idéntica a la que habría existido si el acto reclamado no se hubiese planteado en el mundo fáctico. Por tanto, como la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la destrucción de los actos de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la quejosa -como aconteció en el presente caso- resulta indudable que respecto del acto ya precisado que le fue reclamado a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, en consecuencia, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia constitucional en el juicio de garantías promovido por María de los Ángeles Hernández Martínez, en términos de la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. No obsta a lo anterior el hecho de que el informe justificado rendido por la autoridad responsable y que en este auto se recibe, no haya estado a la vista de las partes por el plazo de ocho días que dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que al advertirse una causa de improcedencia de manera notoria, manifiesta e indudable, -como en el caso acontece-, la cual con ningún elemento de prueba pudiera desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías. En otro orden, si bien en proveído de seis de los actuales se reservó reconocer el carácter de tercero interesado a persona alguna hasta en tanto la autoridad responsable rindiera su informe justificado y se advirtiera que a alguien le resulta tal carácter, resulta innecesario realizar algún pronunciamiento al respecto, no obstante el informe justificado rendido, dado el sentido de esta resolución. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno relativo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la quejosa. " (2)

  3. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, trece de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos que reclama del Agente del Ministerio Público Unidad General de Investigación número Uno, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 107, 108, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de derechos fundamentales, fórmese expediente y regístrese con el número 258/2018-1, que es el que cronológicamente le corresponde. Incidente de suspensión Tramítese por duplicado y por separado el incidente de suspensión que se solicita. Audiencia constitucional Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo en este juzgado a las trece horas del dos de agosto de dos mil dieciocho. Agente del Ministerio Público Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. Informes justificados Pídanse informes justificados a las autoridades responsables, las que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a aquél en que reciban el oficio en el que se les solicita, en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y de ser el caso, remitan copia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo así se presumirá cierto el acto que de cada una se reclama, salvo prueba en contrario; asimismo, de ser omisa se le impondrá una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Causas de sobreseimiento Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la ley de la materia, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a las disposiciones establecidas en la parte final del párrafo que antecede. Conocimiento previo Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento del que emanan el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Terceros interesados Este órgano jurisdiccional se reserva tener con el carácter de tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto las autoridades responsables rindan sus informes justificados, en los que se advierta que a alguien le asiste el carácter de víctima del delito u ofendido, o tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, por afectarlos de manera directa. Apercibimiento de inexistencia de autoridades ante su indebida denominación En otro contexto, de conformidad con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones del quejoso la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se le apercibe que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, tomando en consideración que le corresponde estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y el principio de celeridad procesal. Domicilio y autorizado Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que para tales efectos indica el promovente en la demanda que se acuerda. Habilitación de días y horas inhábiles En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico Por último, en atención al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 3 de la Ley de Amparo vigente, que prevé que los órganos están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincida íntegramente para la consulta de las partes; por consiguiente, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese. (2)

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