María de los Ángeles Guzmán Jiménez
Expediente 1210/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1210/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María de los Ángeles Guzmán Jiménez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de diecisiete de noviembre de este año (fojas 85-88), en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PREVIO AVISO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de garantías que promueve María de los Ángeles Guzmán Jiménez contra los actos reclamados al juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese bajo el número 1210/2017. Examinada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma. En efecto, los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18 de la ley en cita, disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [.]". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De acuerdo con la primera y segunda disposiciones transcritas, el amparo es improcedente contra actos tácitamente consentidos, es decir, aquéllos que no sean reclamados oportunamente. Conforme al tercer precepto, el plazo general para promover el amparo es computable a partir del día siguiente: Al en que surta efectos la notificación del acto, conforme a la ley que lo rige; Al en que el impetrante haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; o, Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor del acto reclamado. En ese contexto legal, la quejosa en su demanda de garantías reclama de las autoridades responsables, en esencia: Asimismo, bajo protesta de decir verdad, la impetrante manifestó: () Lo anterior, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 95.- La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley". "Artículo 200.- Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba". Así pues, teniendo en consideración que el cinco de octubre del presente año, la impetrante tuvo conocimiento de los actos que reclama, al recibir copia simple del expediente número 378/2016, del índice del juzgado responsable, estampando su firma para constancia, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, por no encontrarse en ninguno de los casos de excepción señalados en el artículo 17 de la ley de la materia, transcurrió del seis al treinta de octubre del año en curso, con excepción de los días siete, ocho, doce, trece, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de ese mes, por ser inhábiles, conforme al numeral 19 del propio ordenamiento legal. Por tanto, la demanda de amparo resulta extemporánea, ya que se presentó el quince de noviembre de esta anualidad, ante la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado, esto es, fuera del plazo legal de quince días que transcurrió del seis al treinta de octubre del año en curso, lo que implica el consentimiento tácito de los actos reclamados, al no haber sido combatidos oportunamente. De ahí que se actualice la causa de improcedencia regulada en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en el arábigo 113, del propio ordenamiento legal, debe desecharse de plano la demanda de garantías. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 42/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página: 5, Tomo XVI, Septiembre de 2002, Materia(s): Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa". Es aplicable el criterio que precede, puesto que interpreta el numeral 21 de la ley de la materia abrogada, que corresponde al arábigo 18 de la propia norma vigente. En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, a Gabriel Vlademir Hernández Hernández por autorizado para tal efecto, en términos del artículo 12 de la Ley en cita, y a las restantes personas que menciona sin esas facultades. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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