Maria de los Angeles Guzman Bazan
Expediente 1096/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1096/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Maria de los Angeles Guzman Bazan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
(RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 29/JUL/2021, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, a veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa anexó un documento original en el expediente en que se actúa, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger dicho documento y previo desglose de éste, debiendo dejar constancia de su entrega, haciendo del conocimiento que la persona que se presente a recibir el documento, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente la cual previa presentación del original, se certificará por el Secretario para debida constancia legal, apercibida que de no hacerlo así, se procederá a su destrucción en cumplimiento del antepenúltimo párrafo del artículo 21 del acuerdo de referencia, en relación con el punto 8.1.2 ordinal 1, del citado manual. En el entendido de que la persona que acuda a recibir el documento, deberá solicitar una cita para tal efecto a través de un código QR, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de lunes a viernes en un horario de las trece horas con quince minutos a las diecinueve horas, tomando en consideración que es la jornada de labores presenciales que le corresponde a este Juzgado de Distrito. Sin que el establecimiento de un horario para la devolución de documentos, implique el desconocimiento de su derecho, sino únicamente un medio de agilizar las actividades de este Juzgado Federal con el propósito de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa
- Principal
En Ciudad de México, a las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de garantías número 1096/2020-VI, en audiencia pública el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo Peña, asistido por el Secretario Francisco Javier García Hernández que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra agrega texto. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias de autos y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable. En período probatorio: El Secretario da cuenta con la documental ofrecida por la parte quejosa. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por la quejosa. No existiendo pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. Periodo de alegatos, abierto éste, el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de este derecho que confiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho a formular alegatos y por cerrada la etapa correspondiente. Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional en términos de esta acta. En la Ciudad de México, a las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo número 1096/2020-VI, el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo Peña, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procede a declararla abierta sin la asistencia de las partes ni de legítimo representante de ellas. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra la demanda de amparo promovida por María de los Ángeles Guzmán Bazán, por derecho propio, auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en el que se admitió parcialmente la demanda, constancias de notificación a las partes, el informe justificado de la autoridad responsable, las pruebas y proveídos en los que se acordó lo conducente. Así también, el secretario CERTIFICA: que venció el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, otorgado a la parte quejosa en auto de diecisiete de marzo del año en curso, a efecto de que manifestara si era su voluntad ampliar la demanda de amparo en los términos que ahí se precisaron, toda vez que se le notificó por lista el cinco de abril de dos mil veintiuno, por lo que dicha notificación surtió sus efectos el seis siguiente, se computó del siete al veintisiete de abril de dos mil veintiuno, sin contar los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de abril del año en curso, por tratarse de días inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de constancias, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, atento a la certificación secretarial de cuenta, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara precluido su derecho para hacerlo, por lo que se resolverá el procedimiento en los términos en que fue planteado el escrito inicial de demanda. Periodo de pruebas, abierto este periodo el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas y exhibidas por las partes, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana. El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, exhibidas y admitidas las pruebas con las que se da cuenta, las que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, las cuales serán valoradas en el momento de dictar la sentencia correspondiente. Sin que sea necesario hacer mención expresa de las documentales conforme a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 206494, de rubro siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Al no existir pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. Periodo de alegatos, abierto éste, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló y que el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito no presentó intervención ministerial. El Juez acuerda: se tiene por desierto este periodo. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 1096/2020-VI, promovido por María de los Ángeles Guzmán Bazán, por derecho propio, contra actos de la Alcalde en La Magdalena Contreras; y R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito recibido el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, recibido al día siguiente hábil en este Juzgado Federal, María de los Ángeles Guzmán Bazán, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y por la autoridad que se transcribe a continuación: "III. La autoridad o autoridades responsables. Lic. Patricia Jimena Ortiz Couturier, alcaldesa de la Alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México. IV. ACTO RECLAMADO: Se reclama de la responsable la omisión o falta de contestación al escrito de fecha 4 de noviembre del año 2020, mediante el cual la suscrita solicitó inspeccionar el lugar que ocupa el sitio de taxis de nombre 'Unión de Taxistas Plaza Luis Cabrera' sitio 329, dictaminar sobre la situación." SEGUNDO. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se registró la demanda de amparo con el número 1096/2020- VI, se admitió, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista personal a la parte quejosa por el plazo de quince días, para que señalara si era su interés ampliar la demanda respecto de la respuesta dada a su escrito de petición, mediante el oficio AMC/DGG/DM/808/2020 de dos de diciembre de dos mil veinte, signado por el Director de Movilidad de la alcaldía La Magdalena Contreras, sin que al efecto haya ampliado la demanda de amparo. CUARTO. La audiencia constitucional, previo diferimiento, inició al tenor del acta que antecede y termina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 36, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 52, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclama una omisión atribuida a una autoridad administrativa distinta de la judicial con residencia en la Ciudad de México. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo el acto reclamado consiste en: La omisión de dar respuesta al escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veinte en la alcaldía La Magdalena Contreras. TERCERO. La Alcalde en La Magdalena Contreras, al rendir su informe justificado, negó la existencia de la omisión de dar respuesta al escrito que le presentó la quejosa el cuatro de noviembre de dos mil veinte, en razón de que dicho escrito fue atendido mediante oficio AMC/DGG/DM/808/2020 de dos de diciembre del año próximo pasado. Sin embargo, tal circunstancia no puede tomarse como una negativa, porque de la lectura integral de su informe justificado, se desprende la certeza del acto que se le atribuye, pues el oficio AMC/DGG/DM/808/2020, con el cual aduce que se atendió la petición de mérito, se emitió el dos de diciembre de dos mil veinte, fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (diecinueve de noviembre de dos mil veinte). Por tanto, debe tenerse por cierta la omisión que se le atribuye. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 79, Julio de 1994, página 15, Octava Época, registro 206346, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Asimismo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, del Tomo XIV, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número registro 211004, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." CUARTO. Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la materia, que textualmente dice lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia número ochocientos catorce, publicada en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que es del tenor literal siguiente:??????????? "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En este sentido, la Alcalde en La Magdalena Contreras manifiesta que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta al escrito presentado por la quejosa el cuatro de noviembre de dos mil veinte, ha cesado en sus efectos, pues mediante oficio AMC/DGG/DM/808/2020 de dos de diciembre del año próximo pasado, signado por el Director de Movilidad de la alcaldía La Magdalena Contreras, se dio contestación a la petición formulada mediante el escrito referido. Es fundada la causa de improcedencia referida por la autoridad responsable. La fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Dicho precepto legal establece, que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo, esto es, que la situación jurídica y de hecho que da origen al juicio queda extinguida. En este tenor, la situación jurídica y de hecho que dio origen al presente juicio, quedó extinguida, pues como quedó expuesto, la autoridad responsable, por conducto del Director de Movilidad de la alcaldía La Magdalena Contreras, emitió la contestación a la petición formulada, la cual fue a dada a conocer por este juzgador a la parte quejosa, mediante auto dos de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, para que ésta estuviera en aptitud de ampliar la demanda de amparo, respecto de su contenido, sin que al efecto haya hecho la ampliación correspondiente; de modo que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de dicha omisión, pues los beneficios prácticos que ese hecho podría reportar, ya se alcanzaron con la actuación de la responsable. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que a la parte quejosa, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían los de obligar a la autoridad responsable a dar contestación al escrito de petición que le formuló y que dicha contestación sea hecha de su conocimiento, de tal manera que si en la especie ya se colmaron tales supuestos, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la peticionaria de amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En lo conducente sirve de apoyo también, la tesis I.16o.A.1 K, sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1665, del Tomo XXV, correspondiente al mes de marzo de dos mil siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTA UN ACUERDO QUE RESUELVE SOBRE LO PEDIDO Y LO HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PARTICULAR. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, deriva que para que se actualice la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto que se le atribuye violatorio de garantías, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Así, tratándose del derecho de petición contenido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, la autoridad a la que se dirigió la petición debe dictar un acuerdo por escrito, el cual debe ser congruente con lo pedido y hacerse del conocimiento del peticionario, por tanto, no se actualiza la causa de improcedencia correspondiente a la cesación de los efectos del acto reclamado cuando el quejoso reclama violación al derecho de petición y la autoridad responsable emite formalmente una respuesta en la que no existe un pronunciamiento sobre lo pedido, pues en ese supuesto la autoridad responsable aún se mantiene en silencio respecto de la petición formulada por el particular." Por tanto, con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a la petición formulada por la quejosa mediante el escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veinte, atribuida a la Alcalde en La Magdalena Contreras. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 61, 62, 63, 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, en términos del último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco Javier García Hernández, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
(RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 17/MAR/2021, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.
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