María de los Ángeles Gutiérrez Hernández
Expediente 180/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 180/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María de los Ángeles Gutiérrez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a trece de abril de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 2067/2023 suscrito por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés en el recurso de queja 37/2023 interpuesto por María de los Ángeles Gutiérrez Hernández, contra el auto dictado el veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo y devuelve los autos originales del juicio de amparo. Atento a ello, acúsese recibo, glósese al juicio de amparo el cuaderno de antecedentes formado con motivo de su envío; asimismo, queda enterada esta autoridad judicial que la superioridad declaró infundado el recurso de queja, lo cual hágase saber a la promovente. En esas condiciones, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a tres de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito acusa recibo del oficio por el cual se remitió el juicio de amparo 180/2023, escrito de agravios y copia simple, a fin de sustanciar el recurso de queja interpuesto por María de los Ángeles Gutiérrez Hernández contra el auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo. De igual forma, comunica que en auto de uno de marzo del año en curso se admitió a trámite el referido recurso de queja, el cual se radicó con el número 37/2023 de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Atento a ello, infórmese al Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito que quedan disponibles los autos del expediente para su consulta, tal como se advierte en la siguiente imagen. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio número 21/2023 suscrito por la Actuaria Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al cual adjuntó copia certificada de la ejecutoria del recurso de revisión civil 226/2022, de su índice, así como los autos originales del juicio de amparo 1190/2021, del índice de este juzgado, promovido por Verónica Islas Cruz, por derecho propio; de igual manera, adjunta copia certificada de la ejecutoria de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revisión civil 226/2022 de su índice, por la cual: [.] PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a estudio de treinta de mayo de dos mil veintidós, dictada por la Jueza Primero de Distrito de este circuito. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y protege a la quejosa Verónica Islas Cruz, en representación y progenitora del menor de iniciales A.D.I., respecto de los actos reclamados al Juez Primero de lo Familiar del Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, consistente en la omisión de ejecutar la sentencia dictada el cinco de abril de dos mil dieciséis dentro del expediente 103/2013 de su índice [.]. Acúsese recibo y glósese el expedientillo que se formó con motivo de su remisión. Devuélvase a su lugar el cuaderno de pruebas formado con motivo de las constancias del expediente 103/2016, que adjuntó la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar del Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, su informe justificado, lo anterior, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, los efectos para los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, fue para: [.] Previos los trámites legales correspondientes dicte la resolución relativa al incidente de liquidación de sentencia que hizo valer Verónica Islas Cruz, como madre del menor de iniciales A.D.I, y de resultar procedente dicte auto de ejecución, requiriendo el pago al deudor alimentario Miguel Ángel Dávila Moreno, por medios eficaces para conseguirlo [.]. En consecuencia, lo procedente es requerir el cumplimiento a la ejecutoria de mérito, con base en el artículo 192 de la Ley de Amparo a la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar del Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, comunique a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la aludida ejecutoria, en el entendido de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente al quejoso y al tercero interesado; vía electrónica al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veinte de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, contra actos del Juzgado en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacatelco, Tlaxcala. RADICACIÓN DE DEMANDA. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente en su versión escrita y electrónica y regístrese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 180/2023. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. DESECHAHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De dicho dispositivo legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el caso a estudio, la quejosa reclama la resolución dictada el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, emitida por el Juez en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacatelco, Tlaxcala, dentro del expediente 645/2022, en el cual la promovente es parte demandada y María Elvia Irma Morales Cázares figura como parte actora. En dicha determinación, la autoridad responsable resolvió el recurso de revocación hecho valer por la ahora quejosa contra el acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós, en el que desechó el incidente penal promovido por la impetrante en el referido juicio y resolvió confirmar dicho proveído. En mérito de lo anterior, la suscrita juzgadora considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, toda vez que tal acto no es de imposible reparación. Ciertamente, el artículo legal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando ello resulte de alguna disposición de la Constitución o de la propia Ley de Amparo. A su vez, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . "III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: . "b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De conformidad con la disposición constitucional transcrita, cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es reproducido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción V, al establecer que el amparo ante el Juez de Distrito se promueve contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ciertamente, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el indicado precepto legal, el juicio constitucional indirecto procede contra actos jurisdiccionales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por la Constitución a través de los derechos fundamentales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al momento de dictar sentencia. En ese sentido, el concepto de irreparabilidad expuesto, ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que es del tenor literal siguiente: "Época: Octava Época Registro: 205651 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 56, Agosto de 1992 Materia: Común Tesis: P./J. 24/92 Página: 11 "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio" Por su parte, la Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, ha definido los actos procesales cuya ejecución es de imposible reparación, en la jurisprudencia 175, que a la letra dice: "Época: Octava Época Registro: 820074 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Materia: Común Tesis: 3a. 43. Página: 59 "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". En el caso, el acto reclamado la constituye la resolución de diecinueve de enero de dos mil veintitrés en la que la autoridad responsable resolvió el recurso de revocación en el que se confirmó el acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós emitido dentro del expediente 645/2022, en el que se desechó el incidente penal promovido por la ahora quejosa en dicho juicio civil en el que figura como demandada. De lo anterior se desprende que la materia del acto reclamado sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que produce únicamente efectos intraprocesales, toda vez que si bien, el Juez responsable determinó confirmar el acuerdo en el que desechó el incidente criminal planteado por la parte promovente, lo cierto es que dicha determinación no puede ser considerada como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en virtud de que no produce de manera inmediata una afectación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, ni constituye una violación procesal relevante. Ello, toda vez que de lo manifestado por la promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad en el capítulo de antecedentes, no se advierte que en el expediente 645/2022, se haya dictado sentencia definitiva, por lo que de obtener resolución favorable, el acto reclamado no le produciría afectación alguna. Por consiguiente, no se cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu. Se cita por resultar ilustrativa, en mérito de las consideraciones que contiene, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "Registro digital: 351877 Instancia: Tercera Sala Quinta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXIII, página 1014 Tipo: Aislada "FALSEDAD DE DOCUMENTOS, AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS INCIDENTES DE. La interlocutoria por la cual se niega la revocación del auto que mandó formar por cuerda separada el incidente penal sobre falsedad del documento base de la acción, promovido por la parte demandada, en un juicio ejecutivo mercantil, constituye una resolución dictada dentro de juicio, y como con la misma no se afectan las partes sustanciales del procedimiento, ni se deja sin defensa al quejoso, ni su ejecución es de imposible reparación, porque en caso de que la sentencia que se dicte en el juicio, fuere desfavorable al mismo, puede reclamar las violaciones que estime cometidas en el amparo directo que interponga contra la sentencia definitiva, resulta de todo esto, que si contra dicha interlocutoria se promueve amparo indirecto, este debe estimarse improcedente. Además, es aplicable al caso la jurisprudencia VI.2o. J/101 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: "Registro digital: 198761 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VI.2o. J/101 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Mayo de 1997, página 551 Tipo: Jurisprudencia "INCIDENTE PENAL, EL DESECHAMIENTO, ADMISIÓN O RESOLUCIÓN DEL, NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Entendido el concepto de acto de ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto, como aquel acto que tiene consecuencias que afectan directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio, debe concluirse que tal supuesto no se da cuando se reclama el desechamiento, admisión o resolución de un incidente penal, pues cualquiera de esas hipótesis únicamente afecta los derechos adjetivos o procesales del amparista, que sólo tienen consecuencias de carácter formal o intraprocesal, no afectando por sí mismas, directa e inmediatamente, ninguno de los derechos fundamentales del gobernado, y en todo caso, la afectación procesal que pudiera sufrir la parte quejosa puede quedar subsanada con el solo hecho de que obtenga un fallo benéfico a sus intereses, ya sea porque de acuerdo con determinadas razones que le favorezcan, el acto o la prueba impugnados de delictuosos sean o no tomados en cuenta, que existan pruebas diversas que revelen la ineficacia probatoria o corroboren el valor del acto o prueba combatidos, o motivos que se relacionen con la procedencia de la acción o con la personalidad de los litigantes, entre otros supuestos que beneficien las pretensiones del peticionario de garantías." Los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que no resultaría factible formarse una convicción diversa en el juicio, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En tales condiciones, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia referida, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Toda vez que la quejosa señala domicilio fuera del lugar de residencia de este Juzgado de Distrito, pues el que indica se encuentra en el Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, por única ocasión notifíquesele personalmente el presente auto en el sitio que proporciona y requiérasele para que señale domicilio para tal fin en la ciudad de Apizaco, o Tlaxcala, Tlaxcala, apercibida que de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aun las personales, se le harán por lista, sin necesidad de ulterior acuerdo, de conformidad con el artículo 26, fracción III, 27, fracción II, y 29 de la Ley de Amparo. AUTORIZADO. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios, conforme al artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo a ********************por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. VIII/2020 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Por otra parte, se tienen por señalados el correo electrónico y teléfono que proporciona la quejosa como formas especiales y expeditas de contacto no procesal, a través de los cuales se podrá entablar comunicación, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otro lado, se autoriza el uso de cámaras fotográficas o cualquier otro medio electrónico de conformidad con lo establecido en la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Finalmente, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.
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