María de los Angeles Guadalupe Reyes

Expediente 702/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
702/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/07/2022

Partes del expediente

  • María de los Angeles Guadalupe Reyes
  • y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II B. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintidós. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintiuno de junio del actual, por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en los artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse por hecha la certificación de la Secretaria, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotaciones carátula y libro de gobierno Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ""....""" por el que cumple con el requerimiento formulado en proveído de trece de junio pasado, manifestando bajo protesta de decir verdad como antecedentes del acto reclamado, que el monto al que asciende la suerte principal en el expediente ""....."", del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, es de $""....""". Por lo que se tiene por cumplido en tiempo el aludido requerimiento; por tanto, se provee lo conducente respecto al escrito de demanda turnada el diez de junio del año en curso; en los siguientes términos: Desechamiento de la demanda Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "".....""" Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En este sentido, del análisis integral del escrito de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y Actuario de su adscripción, lo siguiente: ? El auto de veinticinco de mayo del actual, dictado en el juicio mercantil ""...."""", en el cual la responsable ordenadora informó y ordenó al Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección del Registro Civil del Estado de Oaxaca, el descuento del porcentaje del 30% del salario mínimo que como empleada de dicho instituto percibe. En este tenor, el suscrito estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". Esta causal de improcedencia estriba en que el juicio de garantías es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación, con independencia ""....."""" de que quien ejerce la acción constitucional no lo hubiere hecho valer con la debida oportunidad, salvo que se trate de las excepciones previstas en los incisos a), b) y c) del citado dispositivo legal, aunque la última parte del inciso b) exceptúa las sentencias definitivas en el proceso penal. Se invoca como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6º.C. J/37 (9ª), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 187016, que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. [Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, Materia(s): Común]. Por su parte, los artículos 1334, 1336 y 1339 del Código de Comercio, establecen lo siguiente: ARTÍCULO 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. [.] Art. 1,336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes. [.] (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 2012) (ACTUALIZADO EN SU MONTO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2021) Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $"".....""" ""....."" por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código. ""....""""Conforme al marco jurídico vigente a la fecha de presentación de la demanda mercantil de origen, -ya que se encuentra registrada con el número ""...."""", sólo son impugnables a través de la apelación las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda los $"".....""", sin tomarse en cuenta los intereses moratorios y demás accesorios reclamados. Empero esa limitante no implica que los autos y resoluciones que se dicten en negocios de un monto menor sean irrecurribles, pues en su contra procede el recurso de revocación conforme a lo previsto en el numeral 1334 citado. Apoya al particular la jurisprudencia 59/2010 (9ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 163734, de rubro y texto: REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación. [Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, página 157, Materia(s): Civil]. Asimismo, la Jurisprudencia 70/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2005047, de rubro y texto: "".....""" REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). [Decima Época, Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 401, Materia(s): Civil]. De igual manera, en lo conducente la tesis II.1o.1 C (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con registro digital 2006080, que dice: REVOCACIÓN. NO PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA LA SENTENCIA QUE RESUELVE EN DEFINITIVA UN INCIDENTE DERIVADO DE UN JUICIO MERCANTIL, YA QUE SÓLO PUEDE INTERPONERSE CONTRA AUTOS O DECRETOS. De la interpretación de los artículos 1334, 1339 y 1340 del Código de Comercio, así como de los criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 70/2013 (10a.) y 1a./J. 59/2010, publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013 y Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, páginas 401 y 157, de rubros: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE ""....""" 2012)." y "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS.", respectivamente, se concluye que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó, así como que no procede el recurso de apelación en asuntos, cuando por su monto se ventilen en los Juzgados de Paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a quinientos veinte mil novecientos pesos por concepto de suerte principal, lo cual incluye tanto a las resoluciones que se dicten durante el procedimiento como a las sentencias; sin embargo, aun cuando la suerte principal reclamada en la demanda inicial fuera por una cantidad inferior a la determinada para la procedencia de la apelación, ello no hace procedente el recurso de revocación, tratándose de la sentencia que resuelve en definitiva un incidente, ya que ésta no constituye un auto o decreto, pues el artículo 1334 del Código de Comercio, categóricamente dispone que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó. [Decima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, página 1938, Materia(s): Civil]. En ese orden de ideas, resulta evidente que si la parte quejosa reclama el auto de veinticinco de mayo del actual, dictado en el juicio mercantil ""....."""", juicio en el cual, se reclama como suerte principal el pago de treinta mil pesos ($""....."""), al ser un asunto de baja cuantía toda vez que la suerte principal no excede $""....."""), previo a promover el juicio de amparo, debió combatir dicho auto a través del recurso de revocación, pues con el mismo se puede lograr su invalidación. Ello, tomando en consideración que la promovente del amparo, en el escrito inicial de demanda, en el capítulo relativo a los hechos manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: ".1.- El día 21 de abril del año 2022, hasta mi domicilio se presentó el C. Actuario del Juzgado Segundo de lo Civil del Centro, Oaxaca, para notificarle, emplazar y requerirle de pago de una supuesta deuda a la C."".....""", y aun y cuando le hice saber que se trataba de persona distinta a la mía, TODA VEZ QUE YO SOY ""....""", Y NO ASI LA PERSONA QUE BUSCABA, insistió en dejarme dicho emplazamiento a mí, diciéndome que en caso de no recibirla podía quedarme en estado de indefensión, por tal motivo recibí dicho emplazamiento, posteriormente con fecha 03 de mayo del año 2022, mediante escrito de contestación simple, dirigido al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Mediante la Oficialía de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares, dando contestación a dicha demanda, y aclarando que ""....""" la persona a la que se le demanda y que firma como Aval el documento base de la Acción que da origen a la misma, tal como se desprende del mismo, sin embargo y no obstante a ello, con fecha 07 de junio del año 2022, fui notificada y enterada del Auto de fecha 25 DE MAYO DEL 2022 en el cual se establece." Por tanto, si la aquí quejosa compareció al juico natural, como se advierte de sus propias manifestaciones, y no agotó el aludido recurso de revocación previo al ejercicio de esta vía constitucional, -ya que al haber comparecido al procedimiento no es extraña al mismo-, indudablemente inobservó el principio de definitividad que, al igual que otros, rigen el juicio de amparo, lo que hace patente y manifiesta la causal de improcedencia contenida en el invocado numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y que conlleva a desechar de plano la demanda. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la promovente indique en su escrito de demanda que de ejecutarse la orden de descuento en su salario reclamada, afectaría su persona, posesiones, familia y derechos; sin embargo, no obstante que la naturaleza del acto de autoridad que se impugna, trasciende a la esfera jurídica de la quejosa, lo cual podría generar una afectación a un derecho sustantivo, misma que podría no ser susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley. A mayor abundamiento, cabe precisar que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que el acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses, en tanto, que la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos ""....""" de excepción que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 11/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2017117, de rubro y texto: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. [Decima Época, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, Materia(s): Común]. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ""....""" por el que cumple con el requerimiento formulado en proveído de trece de junio pasado, manifestando bajo protesta de decir verdad como antecedentes del acto reclamado, que el monto al que asciende la suerte principal en el expediente ""....."", del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, es de $""....""". Por lo que se tiene por cumplido en tiempo el aludido requerimiento; por tanto, se provee lo conducente respecto al escrito de demanda turnada el diez de junio del año en curso; en los siguientes términos: Desechamiento de la demanda Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "".....""" Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En este sentido, del análisis integral del escrito de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y Actuario de su adscripción, lo siguiente: ? El auto de veinticinco de mayo del actual, dictado en el juicio mercantil ""...."""", en el cual la responsable ordenadora informó y ordenó al Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección del Registro Civil del Estado de Oaxaca, el descuento del porcentaje del 30% del salario mínimo que como empleada de dicho instituto percibe. En este tenor, el suscrito estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". Esta causal de improcedencia estriba en que el juicio de garantías es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación, con independencia ""....."""" de que quien ejerce la acción constitucional no lo hubiere hecho valer con la debida oportunidad, salvo que se trate de las excepciones previstas en los incisos a), b) y c) del citado dispositivo legal, aunque la última parte del inciso b) exceptúa las sentencias definitivas en el proceso penal. Se invoca como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6º.C. J/37 (9ª), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 187016, que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. [Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, Materia(s): Común]. Por su parte, los artículos 1334, 1336 y 1339 del Código de Comercio, establecen lo siguiente: ARTÍCULO 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. [.] Art. 1,336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes. [.] (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 2012) (ACTUALIZADO EN SU MONTO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2021) Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $"".....""" ""....."" por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código. ""....""""Conforme al marco jurídico vigente a la fecha de presentación de la demanda mercantil de origen, -ya que se encuentra registrada con el número ""...."""", sólo son impugnables a través de la apelación las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda los $"".....""", sin tomarse en cuenta los intereses moratorios y demás accesorios reclamados. Empero esa limitante no implica que los autos y resoluciones que se dicten en negocios de un monto menor sean irrecurribles, pues en su contra procede el recurso de revocación conforme a lo previsto en el numeral 1334 citado. Apoya al particular la jurisprudencia 59/2010 (9ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 163734, de rubro y texto: REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación. [Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, página 157, Materia(s): Civil]. Asimismo, la Jurisprudencia 70/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2005047, de rubro y texto: "".....""" REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). [Decima Época, Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 401, Materia(s): Civil]. De igual manera, en lo conducente la tesis II.1o.1 C (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con registro digital 2006080, que dice: REVOCACIÓN. NO PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA LA SENTENCIA QUE RESUELVE EN DEFINITIVA UN INCIDENTE DERIVADO DE UN JUICIO MERCANTIL, YA QUE SÓLO PUEDE INTERPONERSE CONTRA AUTOS O DECRETOS. De la interpretación de los artículos 1334, 1339 y 1340 del Código de Comercio, así como de los criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 70/2013 (10a.) y 1a./J. 59/2010, publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013 y Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, páginas 401 y 157, de rubros: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE ""....""" 2012)." y "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS.", respectivamente, se concluye que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó, así como que no procede el recurso de apelación en asuntos, cuando por su monto se ventilen en los Juzgados de Paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a quinientos veinte mil novecientos pesos por concepto de suerte principal, lo cual incluye tanto a las resoluciones que se dicten durante el procedimiento como a las sentencias; sin embargo, aun cuando la suerte principal reclamada en la demanda inicial fuera por una cantidad inferior a la determinada para la procedencia de la apelación, ello no hace procedente el recurso de revocación, tratándose de la sentencia que resuelve en definitiva un incidente, ya que ésta no constituye un auto o decreto, pues el artículo 1334 del Código de Comercio, categóricamente dispone que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó. [Decima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, página 1938, Materia(s): Civil]. En ese orden de ideas, resulta evidente que si la parte quejosa reclama el auto de veinticinco de mayo del actual, dictado en el juicio mercantil ""....."""", juicio en el cual, se reclama como suerte principal el pago de treinta mil pesos ($""....."""), al ser un asunto de baja cuantía toda vez que la suerte principal no excede $""....."""), previo a promover el juicio de amparo, debió combatir dicho auto a través del recurso de revocación, pues con el mismo se puede lograr su invalidación. Ello, tomando en consideración que la promovente del amparo, en el escrito inicial de demanda, en el capítulo relativo a los hechos manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: ".1.- El día 21 de abril del año 2022, hasta mi domicilio se presentó el C. Actuario del Juzgado Segundo de lo Civil del Centro, Oaxaca, para notificarle, emplazar y requerirle de pago de una supuesta deuda a la C."".....""", y aun y cuando le hice saber que se trataba de persona distinta a la mía, TODA VEZ QUE YO SOY ""....""", Y NO ASI LA PERSONA QUE BUSCABA, insistió en dejarme dicho emplazamiento a mí, diciéndome que en caso de no recibirla podía quedarme en estado de indefensión, por tal motivo recibí dicho emplazamiento, posteriormente con fecha 03 de mayo del año 2022, mediante escrito de contestación simple, dirigido al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Mediante la Oficialía de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares, dando contestación a dicha demanda, y aclarando que ""....""" la persona a la que se le demanda y que firma como Aval el documento base de la Acción que da origen a la misma, tal como se desprende del mismo, sin embargo y no obstante a ello, con fecha 07 de junio del año 2022, fui notificada y enterada del Auto de fecha 25 DE MAYO DEL 2022 en el cual se establece." Por tanto, si la aquí quejosa compareció al juico natural, como se advierte de sus propias manifestaciones, y no agotó el aludido recurso de revocación previo al ejercicio de esta vía constitucional, -ya que al haber comparecido al procedimiento no es extraña al mismo-, indudablemente inobservó el principio de definitividad que, al igual que otros, rigen el juicio de amparo, lo que hace patente y manifiesta la causal de improcedencia contenida en el invocado numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y que conlleva a desechar de plano la demanda. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la promovente indique en su escrito de demanda que de ejecutarse la orden de descuento en su salario reclamada, afectaría su persona, posesiones, familia y derechos; sin embargo, no obstante que la naturaleza del acto de autoridad que se impugna, trasciende a la esfera jurídica de la quejosa, lo cual podría generar una afectación a un derecho sustantivo, misma que podría no ser susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley. A mayor abundamiento, cabe precisar que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que el acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses, en tanto, que la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos ""....""" de excepción que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 11/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2017117, de rubro y texto: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. [Decima Época, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, Materia(s): Común]. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de junio de dos mil veintidós. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ""....."", en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 702/2022. Base normativa En principio, antes de proveer lo concerniente a la admisión de la demanda de que se trata, es factible establecer que el artículo 114 de la Ley de Amparo, dispone que cuando hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, el órgano jurisdiccional mandará requerir a la promovente para que la aclare, cuando se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de dicha ley; no se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado ni autoridad responsable, y no se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda; señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. Prevención En tales condiciones, con fundamento en el invocado numeral 114, fracciones I y II, en relación con el numeral 108, fracción V, de la ley de la materia, requiérase a la promovente a fin de que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, regularice su demanda de la siguiente manera: Bajo protesta de decir verdad, precise, como antecedentes del acto reclamado, el monto al que asciende la suerte principal en el expediente ""....."", del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Lo anterior, a fin de que este órgano jurisdiccional esté en condiciones de fijar la litis en este asunto y pronunciarse, en su caso, respecto de la admisión o inadmisión del escrito de demanda de cuenta. Apercibimiento Se hace saber a la promovente que para desahogar la prevención deberá exhibir copias de su escrito aclaratorio que determina el artículo 110 de la Ley de Amparo, esto es, la cantidad de siete copias, las cuales son dos para las autoridades responsables, dos para la parte tercera interesada, dos para el incidente de suspensión y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Al respecto, se cita por analogía la jurisprudencia por contradicción número 1a./J.106/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y a "".....""", por autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, al tratarse el presente asunto de naturaleza civil y a la restante persona únicamente para recibir las aludidas notificaciones e imponerse de autos, por no encontrarse registrada su cédula en el aludido sistema. Proporciona número telefónico y correo electrónico Ahora, toda vez que también indica como diverso domicilio para oír y recibir notificaciones personales el correo electrónico y números telefónicos que proporciona; por tanto, con fundamento en los artículos 22, fracción II y 23 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", reformado mediante diverso 7/2022, con relación al período de vigencia, que establece que las partes pueden proponer formas especiales y expeditas de contacto (como correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, número telefónico), instrúyase al Actuario que de resultar necesario establezca contacto con dicha parte a través de tales medios, para lograr el éxito de actuaciones procesales. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, invocado del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese personalmente.

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