Maria de los Ángeles González Canseco
Expediente 1/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/10/2020
Partes del expediente
- Maria de los Ángeles González Canseco
- Juez Segundo Civil, de Primera Instancia del Partido Judicial de Tijuana, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, se obtiene que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado al fallo protector por parte de las autoridades responsables, en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. Mediante sentencia dictada el seis de febrero de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que autoridades responsables, realizaran lo siguiente: "Sexto. Efectos de las sentencia. Consecuentemente, a efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, que exigen la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa María de los Ángeles González Canseco, contra los actos que se atribuyeron al Juez y Actuaria adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil, para que el Juez responsable: Deje sin efecto lo actuado en el expediente de origen 227/2015, relativo al juicio especial hipotecario que promovieron en contra de la quejosa, a partir del ilegal emplazamiento y reponga el procedimiento, únicamente por cuanto hace a la parte quejosa. En el entendido que quedan expeditos los derechos de la parte actora, aquí tercero interesada, para dar el impulso procesal que corresponda en el juicio natural del que se hace depender los actos reclamados, y de estimarlo conducente, procurar que se verifique el emplazamiento de la parte quejosa, demandada en el proceso de origen. Lo anterior tomando en consideración que el procedimiento del juicio natural es de carácter dispositivo, y por ello corresponde a las partes la iniciativa, impulso y renuncia de los actos procesales a su cargo, teniendo como obligación la de velar por sus intereses procesales, so pena de soportar las consecuencias de su pasividad y la consecuente preclusión de sus derechos, como sucedería en el caso de la caducidad de la instancia. De ahí que los efectos que se impriman a la sentencia de amparo, no pueden ser de forma tal que conduzcan a este tribunal, o al juzgador de origen, a sustituirse en las cargas procesales que corresponden a una de las partes -la actora- ya que ello vincularía a la autoridad responsable a actuar en contravención al marco normativo que rige el procedimiento de origen y relevarían a la actora de las cargas procesales que le corresponden. La concesión del amparo, debe hacerse extensiva a los diversos actos reclamados consistentes en las actuaciones emanadas dentro del expediente de origen con posterioridad a la diligencia declarada inconstitucional, ya que al resultar violatorio el emplazamiento a juicio del aquí quejoso, ello trae como consecuencia que lo actuado con posterioridad contenga el mismo vicio." (Énfasis añadido). Al no haber sido recurrida dicha sentencia, por dos de marzo de dos mil veinte, causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo protector a las autoridades responsables. De lo anterior se desprende que la autoridad responsable estaba constreñida a realizar lo siguiente: 1.- Deje sin efecto lo actuado en el expediente de origen 227/2015, relativo al juicio especial hipotecario que promovieron en contra de la quejosa, a partir del emplazamiento y reponga el procedimiento, únicamente por cuanto hace a la parte quejosa. 2. Concesión que debe hacerse extensiva a los diversos actos reclamados consistentes en las actuaciones emanadas dentro del expediente de origen con posterioridad a la diligencia declarada inconstitucional. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio recibido en este Juzgado nueve de marzo del año en curso, la autoridad responsable, informó el cumplimiento al fallo protector otorgado a la parte quejosa, en el que determinó en auto de tres de marzo del dos mil veinte, dictado dentro del expediente 227/2015 de su índice, en lo que aquí interesa lo siguiente: ". En atención a diverso auto dictado en esta misma fecha, dentro del cuadernillo formado con motivo del juicio de amparo 1/2019-A, procedente del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado, con residencia en esta ciudad, se tuvieron por recibidos los oficios números 4400/2020 y 4401/2020; consecuentemente, como es requerido, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo concedida a la quejosa MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ CANSECO, se deja insubsistente todo lo actuado dentro del presente juicio a partir de la diligencia de emplazamiento practicada a la quejosa de fecha veintiséis de marzo del año dos mil quince, su citatorio del día anterior, únicamente por cuanto hace a la parte quejosa, así como todos sus efectos y consecuencias. [.] Por otro lado se ordena la cancelación de la inscripción de la partida generada con motivo de la tramitación del presente juicio, mediante Escritura Pública número 11,255, Volumen 354, de fecha dieciséis de noviembre de año dos mil dieciocho, del protocolo del Licenciado RAMON ANDRES GRACIANO DUEÑAS, Público número 18 de esta Ciudad, en favor de la parte accionante BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÒNIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, sobre el bien inmueble materia del presente asunto, para todos y cada uno de los efectos legales a que haya lugar; consecuentemente, líbrese atentos oficios dirigidos a los Ciudadanos Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, y Licenciado RAMON ANDRES GRACIANO DUELAS, Notario Público número 18 de esta ciudad, a efecto de que procedan: la primera a la cancelación de la partida de inscripción generada en favor de la accionantes, con motivo de la tramitación del presente juicio, y el segundo a la cancelación de la Escritura Pública en mención, en cumplimiento al fallo protector de amparo. Consecuentemente, a efecto de turnar los autos al C. Actuario de la adscripción, para la práctica del emplazamiento ordenado en autos; con apoyo en la fracción III del artículo 256 del Código Procesal Civil para este Estado, procesa el funcionario ejecutor antes mencionado, a prevenir a la parte accionante, por el plano de tres días siguientes a la notificación legal, con apoyo a la fracción III del numeral 256 del Código Procesal Civil en el Estado, a efecto de que proporcione a este Juzgado el domicilio de la codemandada MARlA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ CANSECO; hecho que sea lo anterior, túrnense los autos al C. Actuario de la adscripción a fin de que proceda emplazar a juicio a la codemandada MARlA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ CANSECO; en los términos del auto de fecha veinte de febrero de dos mil quince, con las formalidades de ley. [.]" Asimismo, se advierte que giró oficios al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en esta ciudad y al Notario Público Número 18 de esta ciudad, a efecto de que procedieran, la primera de las mencionadas a cancelar la partida de inscripción generada en favor de la accionante, con motivo de la tramitación de dicho expediente; y por lo que hace a la segunda autoridad, realizara la cancelación de la escritura pública en mención. Con lo anterior, se estima que se cumplió con los lineamientos 1 del fallo protector, en virtud de que dejó sin efectos lo actuado en el expediente de origen 227/2015, relativo al juicio especial hipotecario que promovieron en contra de la quejosa, a partir del emplazamiento y repuso el procedimiento, únicamente por cuanto hace a la parte quejosa María de los Ángeles González Canseco. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiocho de julio de dos mil veinte, en el cual se estableció lo relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; en el artículo 2, se determinó la reanudación de plazos y términos procesales, así como el levantar la suspensión ordenada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio del mismo año. Por lo que, por auto de cinco de agosto del año en curso, se ordenó levantar la suspensión del presente juicio, requiriéndose a las responsables a fin de que dieran cumplimiento al fallo protector concedido y se ordenó notificar personalmente a las partes dicho proveído. En ese orden, mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte, se requirió a la responsable Juez Segundo de lo Civil con carácter provisional, con residencia en esta ciudad, para que en cumplimiento al fallo protector informara lo relativo a la cancelación del protocolo de la escritura pública número once mil doscientos cincuenta y cinco (11,255), volumen trescientos cincuenta y cuatro (354), de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil dieciocho, otorgado a favor de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, del índice del Notario Público Número 18, de esta ciudad; así como la cancelación de la inscripción de la partida 5820594, sección civil, de siete de mayo de dos doce, del índice del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con residencia en esta ciudad, en relación con el bien inmueble materia del presente juicio y remitiera en copia certificada las constancias con las que acreditara en cumplimiento al fallo protector concedido. Consecutivamente, mediante oficio y anexos recibidos en este órgano jurisdiccional el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil, con carácter provisional con residencia en esta ciudad, en cumplimiento al fallo protector, remitió copia certificada de las constancias solicitadas en proveído de ocho de septiembre del dos mil veinte, de las cuales se advierte la cancelación de la escritura pública en comento y la cancelación de la inscripción de la partida correspondiente al bien materia del presente juicio. Con lo anterior, es claro que se dio cumplimiento al fallo protector, en lo referente a que la concesión de la ejecutoria de amparo debería hacerse extensiva a los diversos actos reclamados consistentes en las actuaciones emanadas dentro del expediente de origen con posterioridad a la diligencia declarada inconstitucional, pues la autoridad responsable demostró que el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en esta ciudad canceló la partida de inscripción generada en favor de la accionante y el Notario Público Número 18 de esta ciudad, realizó la cancelación de la escritura pública en mención. Por tanto, es inconcuso que las autoridades responsables dieron cumplimiento a los puntos de la ejecutoria de amparo y no se advierte la existencia de algún otro acto que deba quedar sin efectos. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo; sin perjuicio de que las partes quejosa y tercero interesada, intenten el medio de impugnación correspondiente. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos de los artículos décimo octavo, fracción I, inciso a), y vigésimo, fracción II, inciso a), ambos del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo décimo octavo del Acuerdo General citado, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, e desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación, el presente proveído y demás que se consideren necesarios. Asimismo, se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino y en el duplicado del incidente la leyenda "destruible", lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General mencionado. Notifíquese personalmente.
- Principal
Informe previo. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el informe previo rendido por la autoridad responsable Subdirector de Amparos, representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, para que surtan los efectos legales que corresponda, de conformidad con el artículo 140, fracción primera, de la Ley de Amparo. Designación de delegados y domicilio. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como delegados de su parte a las personas que menciona y como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Por otra parte, agréguese a sus autos el diverso oficio remitido por la Jefa del Departamento de Procesos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve el oficio 2779/2019, del índice de este Juzgado, en el que se solicitó a la autoridad responsable Poder Ejecutivo Federal y/o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, para efecto de rendir su informe previo dentro del presente incidente de suspensión, aduciendo que el acto reclamado no se encuentra previsto en el artículo Tercero, fracción XIII del "Acuerdo General a que se sujetará la Representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en todos los trámites previsto en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término para que el tercero interesado se imponga de las constancias que obran en este juicio de garantías; así como para que todas las partes se impongan del contenido de los informes con justificación rendido por las autoridades responsables y manifiesten lo que a su interés legal convenga. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta minutos del once de diciembre de dos mil diecinueve, para su celebración. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales, los informes con justificación rendidos por el Juez Segundo de lo Civil y Actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, adjuntan fotocopias de las actuaciones con las que dicen justificar los actos a ellas atribuidos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por un término de ocho días para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Se reconoce carácter de terceros interesados. Ahora bien, del análisis de las constancias que remitió la responsable, se advierte que le reviste el carácter de tercero interesado a Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, ello, con fundamento en el ordinal 5º, fracción III, inciso b), de la ley de la materia; además, se desprende que puede ser emplazada en el domicilio ubicado en Boulevard Díaz Ordaz, número 12649, centro comercial Plaza Patria, Segundo Nivel, despacho 3-H, fraccionamiento El Paraíso, en esta ciudad. Atento a lo anterior, túrnense los autos indistintamente a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, para que se constituya en dicho domicilio a efecto de practicar el emplazamiento de ley, corriéndole traslado a la persona moral interesada con copia simple de la demanda de amparo por conducto de quien legalmente la represente, haciéndole saber la hora y fecha programadas para la celebración de la audiencia constitucional, y la requiera para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días, legalmente computado, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, se practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este tribunal, hasta en tanto señale domicilio en esta localidad. Notifíquese y personalmente a la tercero interesada.
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