María de los Ángeles Gómez Suárez
Expediente 412/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 44 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 412/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 44
- Última actuación
- 28/11/2018
Partes del expediente
- María de los Ángeles Gómez Suárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 44.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ****, y como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse las copias certificadas de las constancias que indica. Se tiene como autorizado para recibirlas a la persona que refiere en el ocurso de cuenta, previa toma de razón que por su recibo se deje en autos.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de constancias. En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver a la autoridad responsable Subprocuradora de Justicia del Estado Zona Ensenada, las copias certificadas que remitió como anexo a su informe justificado, consistente en dos tomos.
- Principal
Hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, el auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en el Juicio de Amparo 412/2016-V-B, a los terceros interesados Joel y Rogelio, ambos de apellidos Prieto Villavicencio, en cumplimiento al diverso proveído de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, emitido dentro del presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 29 de la Ley de la materia, que dice: Visto el estado de autos, se procede a analizar si la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Sistema Tradicional en San Quintín, Baja California, cumplió con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa María de los Ángeles Gómez Suárez. En nueve de octubre de dos mil diecisiete, fecha en que causó ejecutoria la citada resolución, se requirió a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia del Ministerio Público (tradicional) en San Quintín, Baja California, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en su Considerando Séptimo (en relación con el resolutivo segundo de tal sentencia), señala que en la Averiguación Previa 7710/313/AP dicha autoridad responsable quedaba vinculada a lo siguiente: "Acuerde lo conducente en relación a la prueba testimonial ofrecida por la denunciante, a cargo de Alfonso Ceseña Arce, Guillermo Smith Valdez y Reyna Romero Daggett y realice las diligencias necesarias para su desahogo. Una vez desahogadas y allegadas a la indagatoria las pruebas mencionadas, de considerar que no existe algún otro medio de convicción necesario en la averiguación, determine el ejercicio o no de la acción penal." En fechas veinte y veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, se reciben los oficios 12138/17/318 y 12149/17/318 del Titular de la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Sistema Tradicional en San Quintín (el segundo de ellos que hace llegar por conducto de la Subprocuradora de Justicia del Estado Zona Ensenada mediante su oficio 4148/ENS/2017), informando de las gestiones que realizó con el apoyo de la Policía Ministerial del Estado para recabar el testimonio de los de nombres Alfonso Ceseña Arce, Guillermo Smith Valdez y Reyna Romero Daggett, e informando igualmente que el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete la citada indagatoria fue determinada y que sus originales y copias fueron remitidas a la Dirección de Averiguaciones Previas de la ciudad de Ensenada, Baja California. Por su parte, ésta última autoridad remite oficio 2602/2017 al cual adjunta copias certificadas de la totalidad del acta de averiguación previa 7710/313/AP (oficio que fue materia del auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete), mediante el cual informa que el C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común de San Quintín, determinó archivar por consumación de la prescripción la indagatoria en alusión, en la que la quejosa se encuentra en calidad de ofendida por la probable comisión del delito previsto en el artículo 226 del Código Penal del Estado de Baja California, siendo con lo cual se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera; sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto. Consecuentemente, si la protección de la justicia federal concedida a la quejosa fue para que la autoridad responsable realizara las diligencias necesarias para el desahogo de las testimoniales a cargo de los de nombres Alfonso Ceseña Arce, Guillermo Smith Valdez y Reyna Romero Daggett, y una vez realizado ello, de considerar que no era necesario otro medio de convicción en la averiguación previa procediera a determinar el ejercicio o no de la acción penal; resulta que con ello cumplió la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia del Ministerio Público (tradicional) en San Quintín, Baja California, al haber realizado las gestiones conducentes para que con apoyo de la Policía Ministerial del Estado se presentaran dichas personas a rendir su testimonio, sin que ello se hubiere podido lograr ante la falta de localización de las mismas, acatándose así el rubro correspondiente a 'realizar las diligencias necesarias para el desahogo' de tal probanza; y el segundo tópico al que quedó vinculada dicha autoridad (consistente en 'determinar el ejercicio o no de la acción penal de considerar que no existe otro medio de convicción necesario') igualmente se acató al establecer en su determinación de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete que en virtud de la prescripción se declaraba la extinción de la acción penal, proponiéndose la consulta de archivo a su superioridad, ante la concurrencia de esa figura jurídica, por ".lo innecesario que resulta la continuación de la indagatoria para que pueda determinarse la materialidad y menos una presunta responsabilidad en razón de la extinción de la facultad del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado por el simple transcurso del tiempo". De ahí que con tal proceder se estima que quedó acatada la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifieste lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.
- Principal
Visto el estado de autos, se procede a analizar si la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Sistema Tradicional en San Quintín, Baja California, cumplió con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa María de los Ángeles Gómez Suárez. En nueve de octubre de dos mil diecisiete, fecha en que causó ejecutoria la citada resolución, se requirió a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia del Ministerio Público (tradicional) en San Quintín, Baja California, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en su Considerando Séptimo (en relación con el resolutivo segundo de tal sentencia), señala que en la Averiguación Previa 7710/313/AP dicha autoridad responsable quedaba vinculada a lo siguiente: "Acuerde lo conducente en relación a la prueba testimonial ofrecida por la denunciante, a cargo de Alfonso Ceseña Arce, Guillermo Smith Valdez y Reyna Romero Daggett y realice las diligencias necesarias para su desahogo. Una vez desahogadas y allegadas a la indagatoria las pruebas mencionadas, de considerar que no existe algún otro medio de convicción necesario en la averiguación, determine el ejercicio o no de la acción penal." En fechas veinte y veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, se reciben los oficios 12138/17/318 y 12149/17/318 del Titular de la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Sistema Tradicional en San Quintín (el segundo de ellos que hace llegar por conducto de la Subprocuradora de Justicia del Estado Zona Ensenada mediante su oficio 4148/ENS/2017), informando de las gestiones que realizó con el apoyo de la Policía Ministerial del Estado para recabar el testimonio de los de nombres Alfonso Ceseña Arce, Guillermo Smith Valdez y Reyna Romero Daggett, e informando igualmente que el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete la citada indagatoria fue determinada y que sus originales y copias fueron remitidas a la Dirección de Averiguaciones Previas de la ciudad de Ensenada, Baja California. Por su parte, ésta última autoridad remite oficio 2602/2017 al cual adjunta copias certificadas de la totalidad del acta de averiguación previa 7710/313/AP (oficio que fue materia del auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete), mediante el cual informa que el C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común de San Quintín, determinó archivar por consumación de la prescripción la indagatoria en alusión, en la que la quejosa se encuentra en calidad de ofendida por la probable comisión del delito previsto en el artículo 226 del Código Penal del Estado de Baja California, siendo con lo cual se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera; sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto. Consecuentemente, si la protección de la justicia federal concedida a la quejosa fue para que la autoridad responsable realizara las diligencias necesarias para el desahogo de las testimoniales a cargo de los de nombres Alfonso Ceseña Arce, Guillermo Smith Valdez y Reyna Romero Daggett, y una vez realizado ello, de considerar que no era necesario otro medio de convicción en la averiguación previa procediera a determinar el ejercicio o no de la acción penal; resulta que con ello cumplió la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia del Ministerio Público (tradicional) en San Quintín, Baja California, al haber realizado las gestiones conducentes para que con apoyo de la Policía Ministerial del Estado se presentaran dichas personas a rendir su testimonio, sin que ello se hubiere podido lograr ante la falta de localización de las mismas, acatándose así el rubro correspondiente a 'realizar las diligencias necesarias para el desahogo' de tal probanza; y el segundo tópico al que quedó vinculada dicha autoridad (consistente en 'determinar el ejercicio o no de la acción penal de considerar que no existe otro medio de convicción necesario') igualmente se acató al establecer en su determinación de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete que en virtud de la prescripción se declaraba la extinción de la acción penal, proponiéndose la consulta de archivo a su superioridad, ante la concurrencia de esa figura jurídica, por ".lo innecesario que resulta la continuación de la indagatoria para que pueda determinarse la materialidad y menos una presunta responsabilidad en razón de la extinción de la facultad del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado por el simple transcurso del tiempo". De ahí que con tal proceder se estima que quedó acatada la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifieste lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.
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