Maria de los Angeles Garcia Contreras
Expediente 639/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 639/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/05/2022
Partes del expediente
- Maria de los Angeles Garcia Contreras
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Firmeza procesal. Visto el Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, así como con el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintisiete de abril de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por María de los Ángeles García Contreras, quien se ostenta albacea de la sucesión a bienes de Manuel Reséndiz Garrido, contra actos del Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, sin que lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. 0...
- Principal
(AVISO QUEJOSA) SE HACE EFCTIVO EL APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA EN CONSECUENCIA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE VEINTISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIDÓS. Toluca, Estado de México; veintisiete de abril de dos mil veintidós. Radicación. Visto el Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***************************, quien se ostenta albacea de la sucesión a bienes de ***************************, contra actos del Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 639/2022-V. Exhortación Juicio en Línea. Ahora bien, en términos artículo 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, exhórtese a la partes para que de ser posible continúen con la tramitación del "juicio en línea", para tal efecto deberán proporcionar a este juzgado el nombre del usuario para que se les proporcione la autorización correspondiente, en el entendido que deberán manifestar si es su deseo ser notificadas vía electrónica de las determinaciones que se adopten en el presente sumario constitucional; ello con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación, así como de los justiciables. Antecedentes del acto reclamado. A fin de establecer con claridad el acto que en esta vía se combate es necesario establecer los antecedentes del acto reclamado, los cuales la promovente señaló de la manera siguiente: "En fecha once de marzo del año dos mil veintidós, los coherederos ***************************, ambos de apellidos ***************************y la suscrita, en mi calidad de coheredera así como cónyuge supérstite, de quien en vida respondiera al nombre de ***************************, comparecimos ante la potestad del Juez Octavo de lo Familiar del distrito judicial de Toluca, Estado de México, del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dentro del expediente marcado con el número 818/2016, a efecto de celebrar junta de herederos con motivo de la remoción de albacea, por lo que, una vez que acudimos, al solicitamos los votos para el desempeño de nombramiento de Albacea, dentro del conglomerado de cita, tanto el coheredero ***************************como la suscrita, realizamos voto a favor de la suscrita, mientras que la coheredera ***************************, emitió voto a su favor, por lo que, posterior a ello, se me exento del cumplimiento del otorgamiento de garantía a fin de manejar el acervo hereditario, dada ml calidad de coheredera como de cónyuge supérstite, dado que tengo derecho a gran parte de la heredad, a pesar de que la señalada se inconformo y no fue atendida de procedente su petición. Inconforme con ello, interpuso recurso de revocación en contra de dicha determinación en la que se me liberaba de la obligación de otorgar garantía, la cual, previo desahogo de vista, la responsable, emitió su determinación judicial, en el sentido de que, revocaba la exención y se me imponía la obligación de garantizar el manejo del acervo hereditario, violándose por ende, los principios de debido proceso y los que se hacen valer en el apartado sucesivo y que al respecto, me permito reproducir y que a la tetra dice: "... Por cuanto hace al segundo agravio que refiere la recurrente, es importante referir que, resulta infundado, injustificado, inoperante e insuficiente para revocar e auto combatido en base a lo siguiente: El artículo 4.27 del Código de Procedimientos Civiles establece que: el albacea aceptara o no el cargo conferido dentro de tres días de conocer su designación y garantizara su manejo en términos del código Civil. Por su parte el artículo 6.229 del Código Civil establece que: el albacea está obligado dentro de los quince días siguiente al aceptación de su nombramiento, a garantizar, a su elección, el manejo del caudal hereditario, según el monto, con fianza, hipoteca o prenda. El artículo 6.230 del Código Civil establece que: cuando el albacea sea coheredero y su porción baste para garantizar, no estará obligado a hacerlo, mientras que conserve sus derechos hereditarios. Si su porción no fuere suficiente estar obligado a garantizar la diferencia. El artículo 6.231 del Código Civil establece que: El testador no puede liberar al albacea de la obligación de garantizar su manejo; pero los herederos Si pueden hacerlo. Con base en estas disposiciones legales, y atento a las constancias procesales de las que se desprende que ***************************Contreras en fecha veintiocho de agosto de dos mil veinte exhibió convenio de cesión de derechos hereditarios y convenio de cesión de derechos litigiosos, los cuales constan glosados a fojas 63 a 70 del cuaderno principal mismos que fueron ratificados por ***************************en fecha veinte de octubre de dos mil veinte por lo que atento a que ***************************Contreras ratifico su voluntad de ceder la parte proporcional de sus derechos hereditarios así como el cincuenta por ciento de sus derechos que le corresponden como cónyuge supérstite a favor de ***************************luego entonces, ***************************no cuenta con derechos hereditarios de la sucesión a bienes de ***************************con los cuales garantice el manejo del caudal hereditario. Por ende resultan fundados, operantes, justificados y suficientes los argumentos de agravios expresados por la recurrente por lo cual se modifica el auto recurrido en relación al agravio que Articulo 1.194.- Las sentencias interlocutorias deberán con traerse al punto discutido, sin extenderse al negocio principal nos ocupa para quedar en los siguientes términos: Para efectos de garantizar el cargo de albacea el cargo de albacea se previene a la albacea María de los Ángeles García Contreras para que dentro de los quince días siguientes a la aceptación y protestad e su nombramiento deberá de garantizar a su elección el manejo del caudal hereditario, según el monto, con fianza, hipoteca o prenda, ello en términos de lo dispuesto por el artículo 6.229 del Código Civil del Estado de México mientras conserve sus derechos hereditarios". Desechamiento. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia de este asunto, esencialmente se hace consistir en: - La determinación dictada el treinta de marzo de dos mil veintidós en el expediente 818/2016 del índice del Juzgado Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca del tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la cual resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de once de marzo de la presente anualidad, y revocó la exención decretada en su favor en la obligación de garantizar el manejo del acervo hereditario, requiriéndole para que dentro del plazo de quince días siguientes a la aceptación y protesta del nombramiento correspondiente, garantice a su elección el monto correspondiente con fianza, hipoteca o prenda. Ahora bien de la precisión del acto reclamado hecha con antelación, quien esto determina concluye que lo que procede es desechar de plano la demanda intentada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional. Para llegar a tal conclusión, se debe tener en cuenta el contenido de los artículos 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 y 4.32, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en los cuales se establece la manera en que se desarrolla un juicio sucesorio. Los dispositivos legales referidos son del contenido literal siguiente: "Artículo 4.28.- En el juicio sucesorio se formarán cuatro secciones, las que podrán iniciarse simultáneamente. Artículo 4.29.- La primera sección es de sucesión y contendrá, en sus respectivos casos: I. La denuncia acompañando el testamento, en su caso; II. La citación de los herederos y a los que se consideren con derecho a la herencia; III. El nombramiento y remoción de albacea e interventores; IV. El reconocimiento de derechos hereditarios; V. Los incidentes sobre nombramiento o remoción de tutores; VI. Las resoluciones sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y la preferencia de derechos. Artículo 4.30.- La sección segunda es de inventario y avalúos y contendrá: I. El inventario provisional del interventor; II. El inventario y avalúo; III. Los incidentes que se promuevan; IV. La resolución sobre inventario y avalúo. Artículo 4.31.- La tercera sección es de administración y contendrá: I. Todo lo relativo a la administración; II. Las cuentas, su glosa y calificación. Artículo 4.32.- La cuarta sección es de partición y contendrá: I. El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios; II. El proyecto de partición de los bienes; III. Los incidentes que se promuevan al respecto; IV. Los convenios relativos; V. Las resoluciones sobre los proyectos mencionados; VI. Lo relativo a la adjudicación de los bienes". Tales preceptos indican que el juicio sucesorio se forma por cuatro secciones, incluso pueden iniciarse simultáneamente. La primera sección es la de sucesión y contiene la denuncia, en su caso el testamento, la citación de los herederos y a los que se considere con derecho a la herencia; el nombramiento y remoción de albacea e interventores; el reconocimiento de derechos hereditarios; los incidentes sobre nombramiento o remoción de tutores; y, las resoluciones sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y la preferencia de derechos. La segunda sección denominada de inventario y avalúos, contiene el inventario provisional del interventor; el inventario y avalúo, los incidentes que se promuevan y la resolución sobre inventario y avalúo. La tercera sección de administración, contiene lo relativo a esta, las cuentas, su glosa y la calificación. Finalmente, la cuarta sección de partición, contiene el proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios; el proyecto de partición de los bienes; los incidentes que se promuevan al respecto; los convenios relativos; las resoluciones sobre los proyectos mencionados y lo relativo a la adjudicación de los bienes. Sobre el tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las resoluciones que ponen fin a cada una de las tres primeras secciones de los juicios sucesorios, no tienen el carácter de definitivas, puesto que no resuelven el fondo de las cuestiones controvertidas ni definen la controversia en lo principal; por tanto, contra estas resoluciones procede el amparo indirecto; desde luego, observando las reglas de procedencia para este, tales como el principio de definitividad; mientras que contra la última de partición, procede el amparo directo, también observando previamente el referido principio de definitividad. Es aplicable en lo conducente la tesis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen L, cuarta parte, página: 125, que a la letra dice: "SUCESIONES, SENTENCIAS DEFINITIVAS EN LAS. La Suprema Corte de Justicia ha establecido que procede el amparo directo contra la resolución de las secciones del juicio sucesorio en el que se decide la división y partición de la herencia, y ha establecido que las soluciones de las otras secciones no son definitivas en los términos del artículo 46 de la Ley de Amparo, y no deben reclamarse en amparo directo sino indirecto; por lo tanto, si en el juicio de amparo directo no se impugna la sentencia de división y partición, sino una resolución sobre declaración de herederos en el juicio intestamentario, la Suprema Corte es incompetente para conocer de dicho juicio de amparo". Así como la tesis consultable en Semanario Judicial de la Federación, volumen 52, cuarta parte, página: 50, de rubro y texto siguiente: "SUCESIONES, SENTENCIAS DEFINITIVAS PARA EFECTOS DEL AMPARO EN LAS. La Suprema Corte de Justicia ha establecido que procede el amparo directo contra la resolución de las secciones del juicio sucesorio en que se decide la división y partición de la herencia y ha establecido que las resoluciones de las otras secciones no son definitivas en los términos del artículo 46 de la Ley de Amparo, y no deben reclamarse en amparo directo sino indirecto". Y, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVIII, página: 2436, que dice: "SUCESIONES, NATURALEZA DE LAS RESOLUCIONES EN LAS. Las resoluciones que ponen fin a cada una de las secciones de los juicios sucesorios, no tienen el carácter de definitivas, puesto que no resuelven el fondo de las cuestiones controvertidas, ni definen la controversia en lo principal, estableciendo el derecho en cuanto a la acción y la excepción que motiva la litis, y por tanto, el amparo que se interponga en contra de tales resoluciones, debe serlo en forma indirecta, ante un Juez de Distrito". Establecido lo anterior, debe precisarse que del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que el acto reclamado es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que dicha determinación que no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto porque constituye una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, a efecto de evidenciarlo es necesario traer al contexto el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carga Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable, la jurisprudencia VI. 1o.A. J/10, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2014, materia común, con número de registro 2006339, criterio que se encuentra aún vigente, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal." Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. Luego, en el caso se considera que dicho acto reclamado, no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, pues sólo surte efectos procesales y puede extinguirse en la realidad sin dejar huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, si la sentencia que ponga fin a la sección en la que actualmente se encuentra el juicio sucesorio de origen, resulta favorable a sus intereses; además, porque las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, ya que este solamente procede contra la determinación que decide el fondo de esa sección. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo indirecto, en el supuesto que la parte quejosa no obtenga un fallo acorde a sus pretensiones en la sentencia que ponga fin a la sección en la que actualmente se encuentra el juicio de origen, toda vez que la materia del acto reclamado consiste en la determinación dictada el treinta de marzo de dos mil veintidós en el expediente ***************************del índice del Juzgado Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca del tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la cual resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de once de marzo de la presente anualidad, y revocó la exención decretada en su favor en la obligación de garantizar el manejo del acervo hereditario, requiriéndole para que dentro del plazo de quince días siguientes a la aceptación y protesta del nombramiento correspondiente, garantice a su elección el monto correspondiente con fianza, hipoteca o prenda. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de los agraviados, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Por tanto, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, el acto reclamado y su consecuencia, se traducen en una posible violación a las leyes del procedimiento, la cual puede reclamarse como ya se dijo, en amparo indirecto, en el supuesto que la ahora parte quejosa no obtenga un fallo acorde a sus pretensiones en la sentencia que ponga fin a la sección en la que actualmente se encuentra el juicio sucesorio de origen. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el diverso precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable en lo conducente la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1311, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil nueve, Novena Época, con número de registro 165770, que establece: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." Asimismo, sirve de apoyo por las razones que sustentan la Tesis I.3 o.C.439 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1546, del Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de dos mil cuatro, Novena Época, con número de registro 182385, que señala: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el retardo en la impartición de justicia o una dilación en mayor o menor grado, no implica violación al principio de justicia pronta. Aunado que, para el caso de se ordene su remoción en el cargo de albacea por no cumplir con tal obligación (garantizar el ejercicio de su encargo), lo puede hacer valer como violaciones al procedimiento, una vez que se resuelva en definitiva la sección en la que se encuentra el juicio sucesorio respectivo. Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por ***************************, quien se ostenta albacea de la sucesión a bienes de ***************************, contra actos del Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Domicilio procesal. Acorde con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado para tal efecto. Autorizados. En atención al contenido de la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***************************esto es, sólo para oír y recibir notificaciones, por tener registrada la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las restantes personas de conformidad con la parte final del párrafo segundo del precepto legal en cita, es decir, sólo para oír y recibir notificaciones, documentos y valores, limitación que se establece hasta en tanto realicen el registro respectivo, circunstancia que deberán informar mediante nueva promoción. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el artículo 21 párrafo tercero de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Coincidencia del expediente físico con el electrónico. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en los diversos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al Secretario a cargo de este expediente para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, sin que pueda archivarse definitivamente el presente expediente sin cumplir con esta formalidad. Notifíquese por medio de lista que se realiza mediante la publicación en Internet, prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en los sitios oficiales del Consejo de la Judicatura Federal, y colóquese en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita tal y como lo prevé al artículo 21 del Acuerdo General aludido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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