María de los Ángeles Gantes Alcántar

Expediente 77/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 44 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
77/2023
Año
2023
Actuaciones
44
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Gantes Alcántar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    VISTA la certificación de cuenta se advierte que la sentencia dictada el veintinueve de agosto del año en curso, en la que este tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio promovido por ****************** defensor particular de la quejosa ********************, contra actos del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento de Yuriria, Guanajuato y otra autoridad, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que causó ejecutoria. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Control. Orden de archivo del expediente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. Valoración del expediente. A efecto de realizar la valoración del expediente en que se actúa, se precisa que las resoluciones que se dictaron fueron las siguientes. En el juicio principal, se sobreseyó fuera de audiencia En el incidente, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado y no se formó el duplicado. En consecuencia, como el asunto que nos ocupa no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera destruible de conformidad con el diverso artículo 20, fracción I, una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo. Por lo que hace al incidente de suspensión, será conservable una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b) del citado acuerdo. En razón de lo anterior, una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, deberá ser transferido, debiéndose agregar a este cuadernillo incidental una impresión del presente acuerdo a fin de tener un manejo adecuado al momento de que se realice el proceso de transferencia. En razón de que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio y anexó que remite la Encargada de Sala del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, base Yuriria, sede Acámbaro, únicamente para que obre como corresponde toda vez que ya se acordó lo conducente en el presente.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Jefe de Unidad de Causa y Gestión del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Acámbaro, base Yuriria, mediante el cual, cumple con lo solicitado por este órgano jurisdiccional, en fecha veinticinco de agosto del año en curso, en el que se le solicitó un DVD que contenía las medidas cautelares que se le impusieron a la quejosa ************.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS A LOS TERCEROS INTERESADOS: Agréguese a sus autos el escrito que remite ************** defensor particular de la quejosa ****************, mediante el cual, informa que a solicitud de la Defensa Técnica se celebró audiencia de revisión de medidas cautelares de la nombrada, dentro de la causa penal **************, donde se determinó inaplicar la prisión preventiva de carácter oficioso y sustituirla por una medida cautelar diversa por todo el tiempo que dure el proceso, por lo que actualmente goza de su libertad. Similar información proporcionó el Jefe de Unidad de Causa y Gestión mediante del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Acámbaro, base Yuriria, en su oficio ****************. Constancias estas últimas que obran en autos, a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, y de las que se desprende que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada, porque del estudio íntegro de la demanda de amparo, que se efectúa con apoyo en la tesis número 19, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.", se observa que en el escrito de demanda presentada por ************ defensor particular de María de los Ángeles Gantes Alcántar, se reclamó: De la ORDENADORA a) El auto emitido de forma oral de fecha 11 de enero del año 2023, dentro de la causa penal número ************** del Juzgado de Oralidad Penal de Yuriria, Guanajuato, dictado por el Licenciado Jorge Quiroz Quintero en calidad de Tribunal Unitario de Enjuiciamiento, relativo a la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta de la quejosa en sentido que la misma debe permanecer hasta finalizar el proceso penal. De la EJECUTORA. b) El acatar la decisión de prolongación de la prisión preventiva oficiosa dentro del Centro de Reinserción Social de Valle de Santiago, a pesar de haber transcurrido más de dos años.." Ahora, de acuerdo con las documentales que allegaron las autoridades que fueron señaladas como responsables, Tribunal Unitario de Enjuiciamiento de Yuriria, Guanajuato y Director del Centro de Reinserción de Valle de Santiago, Guanajuato, al rendir los informes que les fueron requeridos en el presente asunto, se desprende que: La Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Homicidios, solicitó audiencia de control de detención y audiencia inicial a efecto de calificar de legal la detención de la quejosa en el presente asunto ************, el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, por haber sido señalada como posible co-autora de la comisión del delito de homicidio en agravio de servidores públicos, en grado de tentativa, así también, por el delito de posesión y portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del ejército armada y fuerza aérea El veinticinco de diciembre de dos mil veinte, fue ingresada al Centro Estatal de Prevención Social de valle de Santiago, Guanajuato, por los elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato; y a disposición del Juez de Control de Oralidad Penal base Uriangato, Guanajuato, a las veintitrés horas del veinticuatro de diciembre del mismo año. El día veinticinco de diciembre de dos mil veinte, se señalaron las diecisiete horas, para la Audiencia de Control de Detención, la cual tuvo verificativo en el interior del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato, lugar en donde se encontraba interna **************, la que por petición del defensor particular de la inculpada, se señaló nueva fecha para el veintisiete de diciembre de dos mil veinte. Así, el veintisiete de diciembre de dos mil veinte, continuando con la audiencia de control de detención, se decretó prisión preventiva provisional hasta continuar con la audiencia. El treinta de diciembre de dos mil veinte, se ratificó la prisión preventiva pero hasta por el tiempo que durara el proceso.. En once de enero de dos mil veintitrés, el Presidente del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento de Yuriria, Guanajuato, resolvió mantener la medida de prisión preventiva oficiosa en contra de ***************. hasta la duración de la causa, esto es hasta la finalización del juicio oral. Mediante oficio ***************, el Jefe de Unidad de Causa y Gestión del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Acámbaro, base Yuriria, informó a esta autoridad que en audiencia de revisión de medidas cautelares, de fecha diecinueve de agosto del año en curso, dentro de la causa penal *************, instruida en contra de **************, se determinó el cambio de la medida cautelar y dictar por todo el tiempo que dure el proceso: La presentación periódica a las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público de Moroleón Guanajuato, a estampar su huella digital una vez al mes. Prohibición de salir del Estado de Guanajuato sin autorización judicial. Concurrir al domicilio de las victimas indirectas, al del ofendido, así como al de los testigos que hayan declarado en su contra. Las cuales estarán bajo la supervisión de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la suspensión condicional del proceso en la Región "C"; por tanto, se giró la boleta de libertad de la nombrada al Director del Centro Estatal de Prevención social de la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato. Entonces, es evidente que el acto privativo de libertad que se tilda de inconstitucional en este juicio de amparo por la quejosa de referencia cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio (modificación prisión preventiva oficiosa), debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al acreditarse que actualmente se encuentra en libertad bajo distintas medidas. De lo que se puede advertir que ya no se transgrede el derecho fundamental cuya violación se hizo valer en esta instancia, cesando así la omisión que se reclamó, dado que desaparecieron los efectos para lo cual solicitó el amparo y protección de la justicia federal. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha señaladas para esta data para la celebración de la citada audiencia. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, debido a que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

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