Maria de los Angeles Galindo Cruz

Expediente 445/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
445/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
02/09/2021

Partes del expediente

  • Maria de los Angeles Galindo Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se tiene registro de promoción alguna que indique que la parte quejosa recurriera el auto de catorce de julio del año en curso, en el que se desechó por improcedente la demanda de amparo que dio origen a este sumario, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que éste fue notificado el veintiséis siguiente, quedando comprendido dicho plazo del veinticinco de julio al tres de agosto del año en curso. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo.

  2. Principal

    Téngase recibido el oficio 24997/2021 signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán; a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 92/2021, número de orden 139/2021; derivado del juicio de amparo en que se actúa; en atención a su contenido, se ordena agregar en autos para que obre como corresponda. Finalmente, hágase la anotación que corresponda en el libro de gobierno relativo, respecto a la diligenciación de la comunicación oficial que nos ocupa.

  3. Principal

    Se desecha de plano la demanda de garantías por manifiesta e indudable improcedencia. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 445/2021-V-1. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que la quejosa señaló como actos reclamados de Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, Director General, Director de Recursos Humanos, Coordinador y Director de Sistemas e Informática; todos de los Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa, las retenciones o descuentos a su sueldo o pago, y que al entregar el numerario de su percepción o salario, vienen reflejados dichos descuentos. Asimismo de Grupo Tecnológico Nomi Pay, Sociedad Anónima de Capital Variable, y de la Dirección de Sistemas e Informática de Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa; la ejecución de dichos descuentos, través de sus recibos de nómina. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado numeral 113 de la ley de la materia, establece: De ello se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre resulten improcedentes. En la inteligencia que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Del análisis integral practicado a la demanda de garantías, se desprende que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 5°, fracción II, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que los actos señalados como reclamados no son emitidos por una autoridad para efectos del presente juicio de amparo. En la especie, conviene tener presente que la fracción II del anotado numeral 5° de la ley de la materia, establece que la autoridad responsable, es aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; del mismo modo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos en los preindicados términos, que afecten los derechos del quejoso y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es decir, se estimará que un particular o una autoridad tendrán la calidad de responsables, cuando emitan un acto que afecte la esfera jurídica de las personas, con base en una norma general, en forma unilateral y con fuerza de imperio. Así, la autoridad responsable es aquella que establece una relación de supra a subordinación con un particular, que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, calidad que a juicio de quien esto resuelve no reúnen Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, Director General, Director de Recursos Humanos, Coordinador y Director de Sistemas e Informática; todos de los Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa; así como la persona moral denominada Grupo Tecnológico Nomi Pay, Sociedad Anónima de Capital Variable; a quienes la quejosa María de los Ángeles Galindo Cruz, les atribuye las retenciones o descuentos a su sueldo o pago. Lo anterior, en razón de que conforme a las circunstancias del presente caso, dichas autoridades no intervinieron con el carácter de entes de derecho que establezcan una relación de supra a subordinación con el promovente y tampoco con motivo de la relación suscitada emite actos unilaterales con los cuales pueda crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, página mil noventa y ocho, de la literalidad siguiente: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En efecto, el acto imputado a las anotadas responsables no puede considerarse realizado dentro de una relación que tenga su nacimiento en la ley que dote al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, y que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales pueda crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y que para emitir esos actos éste no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. A fin de sostener tal afirmación, en primer término, debe fijarse el concepto de autoridad responsable y particulares que actúan bajo esa calidad y los que no lo son, siendo que contra estos últimos el juicio de amparo será improcedente. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el concepto de autoridad responsable está dado, en primer lugar, por exclusión de los actos de particulares que en la actualidad, como se dijo, no realicen actos apoyados en una norma general de forma unilateral y coercitiva, a fin de realizar una adecuada distinción, debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación, y que también es innegable que el sistema jurídico autoriza que los organismos públicos, en algunos supuestos, actúen como particulares sin facultades de imperio en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios previstos a esos efectos; y que, en otros casos, emitan actos de autoridad susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo. Las relaciones de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares (que no actúan con sustento en una norma general, en forma unilateral y coercitiva) y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que son entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos y las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Luego, para definir el concepto de autoridad responsable, cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación y debe partirse del supuesto de que el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si se trata de una relación de coordinación, que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para ventilar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo, un juicio civil, mercantil o laboral. De no contemplarse este procedimiento, y siendo el promovente un gobernado, debe llegarse a la conclusión de que se trata de una relación de supra a subordinación, existiendo entonces una autoridad responsable. El análisis anterior, concluyó con la tesis 2a. XXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y nueve, página trescientos siete, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública, constituye un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad atribuciones que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular. De ahí que el reconocimiento formal de un organismo dentro de la estructura orgánica de la administración pública, no es suficiente para que se actualice el concepto de "autoridad para efectos del juicio de amparo". En este orden de ideas, se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, únicamente cuando la une con el impetrante de garantías, una relación de supra a subordinación, en la que éste tiene incorporada en su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en una específica situación jurídica que puede ser creada, modificada o extinguida. Aunado a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que los elementos o requisitos que determinan si una autoridad tiene tal carácter para efectos del juicio de amparo, son los siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que deba establecerse que, cuando los trabajadores al servicio de cualquiera de las dependencias de gobierno, promueven un juicio de amparo contra las acciones tendentes a gestiones de su relación laboral y/o la modificación de sus condiciones de trabajo, como acontece en la especie, el referido juicio resultará improcedente, precisamente porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5º de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), de la Décima Época, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1956, cuyo rubro es: En ese contexto, de la demanda se advierte que el acto reclamado deviene de una relación laboral, esto es, la quejosa como trabajadora de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, Director General, Director de Recursos Humanos, Coordinador y Director de Sistemas e Informática; todos de los Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa; y éstos como patrón equiparado. Entonces, el acto reclamado no puede ser materia del juicio de amparo, por ser ajeno a una relación de supra a subordinación, ya que el vínculo entre la demandante del amparo y las autoridades magisteriales, es de carácter laboral. En esas circunstancias, si el acto reclamado por la disconforme se hace consistir esencialmente en la retención, de salario, en relación con el estipendio que tiene derecho a recibir como trabajadora de Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa y otros, con el puesto de maestra; ese acto carece de las características de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por tratarse de un acontecimiento suscitado en la relación laboral que guarda con las referidas autoridades, por lo que no existe una relación jurídica entre gobernante y gobernado, sino una relación laboral en la que el ente público actúa como patrón y no con el carácter de autoridad. Atento a las consideraciones relatadas, se concluye que en el caso concreto las entidades señaladas como responsables, no tienen el carácter de autoridades para efectos del presente juicio de amparo; actualizándose así la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 5°, fracción II, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo en vigor; motivo por el cual, lo que procede es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO. Con la finalidad de lograr la notificación de la quejosa, misma que tiene su domicilio en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa; esto es, fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional; con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 al 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, de acuerdo con el numeral 2°de la Ley de la Materia, así como en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, envíese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, en Turno, con sede en la Culiacán, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, para que en auxilio de las labores de este juzgado con copia de este proveído, se sirva notificar el presente proveído a la quejosa María de los Ángeles Galindo Cruz, en el domicilio ubicado en calle Mariano Escobedo, número 361 oriente, colonia Centro, planta alta, en Culiacán, Sinaloa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Mariano Escobedo, número 361 oriente, colonia Centro, planta alta, en Culiacán, Sinaloa; asimismo para recibir notificaciones no procesales el número telefónico 6671058556 y el correo electrónico juan_au72@hotmail.com. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado de la quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Hugo Quintero Ortega, quien tiene registrada su cédula profesional número 9862265, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a los licenciados Juan Luis Astengo Urtusuastegui, Marisol Millán Navarro, Gabriela López Plascencia y Gonzalo Rodríguez Valenzuela; por no contar con dicho requisito. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que Ileguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. JUICIO EN LINEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los Artículo 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INGRESO A LAS INSTALACIONES. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3º y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,966 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano