María de los Ángeles Flores Ruiz

Expediente 242/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
242/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
16/01/2023

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Flores Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, y el estado procesal que guardan las actuaciones, se desprende que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la ley de amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia autorizada de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente expediente no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de los documentos originales ni billete de depósito al no obrar éstos en autos. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por la autoridad responsable, Juez Segundo de Primera Instancia del Decimocuarto Distrito Judicial, con residencia en Córdoba, Veracruz, consistente en copia certificada del expediente civil número*** de su índice administrativo; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 242/2022, promovido por*** contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, y otra autoridad, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de técnica jurídica, en este considerando se delimitarán los actos reclamados por la parte quejosa, en acato a lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda de amparo se precisa que aquéllos consisten en*** Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los reclamados de las autoridades responsables, 1. Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, y 2. Encargado de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Córdoba, Veracruz, por así advertirse de la lectura de sus respectivos informes justificados.4 Lo que se corrobora con las constancias deducidas del juicio ejecutivo mercantil*** remitidas por el Juez responsable en apoyo a su informe, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Para mejor comprensión del asunto resulta pertinente reseñar algunos antecedentes relevantes de los actos reclamados, que se desprenden de las copias certificadas deducidas del juicio ejecutivo mercantil*** remitidas por el Juez responsable, cuyo valor probatorio fue precisado en el considerando anterior, a saber*** QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. I. Carácter de tercero extraña En el caso, este órgano de control constitucional advierte de oficio, que en relación con el acto reclamado consistente en a) la falta de llamamiento al juicio ejecutivo mercantil 3688/2018-II, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, ya que la quejosa compareció al procedimiento de origen a desahogar un requerimiento que le fue formulado, con lo que quedó vinculada a dicho proceso y, por ende, perdió el carácter de persona extraña. Los referidos numerales disponen lo siguiente*** De los preceptos anteriores se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra actos dentro o fuera juicio cuando se promueva por persona extraña al procedimiento, por lo que en caso contrario, resulta improcedente el juicio, esto es, cuando dicha parte carezca de esa calidad. Existen dos tipos de persona extraña a juicio. La persona extraña en estricto sentido, que es aquella que persona física o moral distinta de los sujetos, porque no figura en el procedimiento como parte, pero sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; y la persona extraña por equiparación, que es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia, porque debiendo serlo no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley. En el caso, de la lectura integral de la demanda se advierte que la peticionaria*** acude a esta vía constitucional ostentándose con el carácter de persona extraña estricto sentido, pues sostiene que no fue llamada al juicio natural ni es parte en el mismo, y se le está causando agravio al pretender rematarse el bien inmueble embargado en dicho controvertido. Ahora, de las constancias que integran el sumario natural se advierte en lo que trasciende que por auto de uno de diciembre de dos mil veinte*** fue requerida por el Juez responsable para el efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, en relación con el procedimiento de remate del bien inmueble embargado en dicho controvertido, consistente en el*** Asimismo, consta que mediante escrito de nueve de diciembre de ese año, la aquí quejosa*** dio cumplimiento al requerimiento de trato, por lo que en auto de siete de enero de dos mil veintiuno, se le reconoció el carácter de "coacreedor del demandado" y, por ende, se le dio intervención en el procedimiento de ejecución de mérito. En ese entendido, la circunstancia de que*** haya comparecido al juicio a dar cumplimiento a un requerimiento que le fue formulado por el Juez responsable, derivado precisamente de su calidad de acreedora del bien inmueble embargado en el controvertido natural, la vinculó a dicho proceso en lo concerniente a su situación jurídica como "coacreedor del demandado", lo que generó que perdiera el carácter de persona extraña. En otras palabras, si bien la hoy quejosa no es parte material en el contencioso de origen y sólo fue llamada en forma transitoria para intervenir en su calidad de coacreedora del referido bien, la circunstancia de que haya comparecido a éste con motivo de uno de los requerimientos que le fueron formulados previamente por el instructor del proceso, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al presente juicio de amparo en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que ello evidencia que estuvo en posibilidad de interponer los medios de defensa y recursos ordinarios contra las providencias que estuvieran relacionadas con su intervención, y en el supuesto de no obtener respuesta favorable, acudir al juicio de amparo correspondiente, una vez satisfechos los principios que lo rigen, como es el de definitividad. Por ende, se insiste, al haberse vinculado la aquí quejosa al procedimiento de donde emana el acto reclamado, ya que contestó un requerimiento que le hizo la responsable estrechamente vinculado con la calidad de coacreedora del bien embargado en el sumario natural, en cuya defensa acude a esta vía constitucional, es inconcuso que perdió el carácter de tercera extraña, y por ende, se encontraba en aptitud de promover el recurso mencionado contra las providencias que estaban relacionadas con su intervención. De ahí que, en relación con la a) falta de llamamiento a juicio reclamada por la inconforme, se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. II. Definitividad Por otra parte, este Juzgado de Distrito estima que, en relación con el acto reclamado consistente en b) el auto de tres de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil*** se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, este último aplicado contrario sensu. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado fue emitido en el procedimiento de remate que se instruye en la sección de ejecución de la sentencia pronunciada en el juicio natural, al que la quejosa se incorporó procesalmente como diverso acreedor, y no constituye la última resolución en dicho procedimiento de venta judicial. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo disponen lo siguiente*** La fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el propio numeral, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación de lo previsto en el numeral 108, fracción VIII, de dicho ordenamiento. En ese entendido, el párrafo tercero del último precepto en cita establece el principio de definitividad que opera tratándose del procedimiento de remate, y que consiste en que el juicio de amparo sólo procede contra la "última resolución", entendiéndose por ésta la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien o los bienes rematados; momento en el que además podrán hacerse valer las violaciones cometidas durante dicho procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Al respecto, el Máximo Tribunal del País, al interpretar la porción normativa subrayada, estableció que la resolución definitiva impugnable para efectos de la procedencia del juicio de amparo contra el procedimiento de remate es la que, indistintamente, ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien, entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados. En esa línea, de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con la aplicación contrario sensu del diverso 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclama un acto dictado en el procedimiento de remate que no constituye la última resolución dentro del mismo. Hipótesis de improcedencia que en la especie se actualiza. En efecto, como se desprende de la relación de antecedentes de los actos reclamados, la determinación reclamada, consistente en el proveído de tres de febrero de este año, dictado en el juicio mercantil*** en el que se señaló fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, fue dictado dentro del procedimiento de remate que se instruye en la sección de ejecución de la sentencia emitida en ese asunto. En tal contexto, es claro que el acto reclamado no constituye la "última resolución" dictada en el procedimiento de remate que se sigue en el contencioso natural, en términos en que lo define el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues de ninguna manera es la determinación que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del bien. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. Adicionalmente, es pertinente señalar que aun cuando se partiera de la base de que el acto que se reclama es la última resolución dictada en dicho procedimiento de remate; de cualquier forma este contencioso constitucional sería improcedente. Se sostiene esto, pues se actualizaría la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo,19 que establece el principio de definitividad, conforme al cual el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos que no pueden ser revocados o modificados en sede ordinaria y que, salvo las excepciones contenidas en dicha porción normativa, obliga al gobernado a que previamente a instar la justicia constitucional agote los recursos o medios ordinarios de defensa previstos en la normativa que rige el acto. Es así, pues en todo caso la quejosa tuvo que agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio20 (aplicable al caso concreto); medio de impugnación que resulta procedente tomando en cuenta que, por razón de la cuantía, en el juicio natural no procede el recurso de apelación, el cual además es idóneo para obtener la revocación del acto que aquí se reclama. En el entendido de que en el caso no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el mencionado precepto, pues el acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Por otro lado, como se indicó, la quejosa no es tercero extraña al procedimiento; y además, la procedencia del medio ordinario de defensa aludido, no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente que se encuentran regulados en el referido Código de Comercio. De ahí que se sostenga que, de cualquier forma, se actualizaría la improcedencia de este juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, lo que impide analizar el fondo del asunto. Finalmente, cabe señalar que no pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas la parte tercero interesada, a título de alegatos; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 242/2022, promovido por*** contra los actos reclamados del 1. Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, y 2. Encargado de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Córdoba, Veracruz, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese

  3. Principal

    NO ATENDIO AL AVISO SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA QUE DICE Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 242/2022, promovido por*** contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, y otra autoridad, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de técnica jurídica, en este considerando se delimitarán los actos reclamados por la parte quejosa, en acato a lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda de amparo se precisa que aquéllos consisten en*** Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los reclamados de las autoridades responsables, 1. Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, y 2. Encargado de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Córdoba, Veracruz, por así advertirse de la lectura de sus respectivos informes justificados.4 Lo que se corrobora con las constancias deducidas del juicio ejecutivo mercantil*** remitidas por el Juez responsable en apoyo a su informe, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Para mejor comprensión del asunto resulta pertinente reseñar algunos antecedentes relevantes de los actos reclamados, que se desprenden de las copias certificadas deducidas del juicio ejecutivo mercantil*** remitidas por el Juez responsable, cuyo valor probatorio fue precisado en el considerando anterior, a saber*** QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. I. Carácter de tercero extraña En el caso, este órgano de control constitucional advierte de oficio, que en relación con el acto reclamado consistente en a) la falta de llamamiento al juicio ejecutivo mercantil 3688/2018-II, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, ya que la quejosa compareció al procedimiento de origen a desahogar un requerimiento que le fue formulado, con lo que quedó vinculada a dicho proceso y, por ende, perdió el carácter de persona extraña. Los referidos numerales disponen lo siguiente*** De los preceptos anteriores se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra actos dentro o fuera juicio cuando se promueva por persona extraña al procedimiento, por lo que en caso contrario, resulta improcedente el juicio, esto es, cuando dicha parte carezca de esa calidad. Existen dos tipos de persona extraña a juicio. La persona extraña en estricto sentido, que es aquella que persona física o moral distinta de los sujetos, porque no figura en el procedimiento como parte, pero sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; y la persona extraña por equiparación, que es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia, porque debiendo serlo no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley. En el caso, de la lectura integral de la demanda se advierte que la peticionaria*** acude a esta vía constitucional ostentándose con el carácter de persona extraña estricto sentido, pues sostiene que no fue llamada al juicio natural ni es parte en el mismo, y se le está causando agravio al pretender rematarse el bien inmueble embargado en dicho controvertido. Ahora, de las constancias que integran el sumario natural se advierte en lo que trasciende que por auto de uno de diciembre de dos mil veinte*** fue requerida por el Juez responsable para el efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, en relación con el procedimiento de remate del bien inmueble embargado en dicho controvertido, consistente en el*** Asimismo, consta que mediante escrito de nueve de diciembre de ese año, la aquí quejosa*** dio cumplimiento al requerimiento de trato, por lo que en auto de siete de enero de dos mil veintiuno, se le reconoció el carácter de "coacreedor del demandado" y, por ende, se le dio intervención en el procedimiento de ejecución de mérito. En ese entendido, la circunstancia de que*** haya comparecido al juicio a dar cumplimiento a un requerimiento que le fue formulado por el Juez responsable, derivado precisamente de su calidad de acreedora del bien inmueble embargado en el controvertido natural, la vinculó a dicho proceso en lo concerniente a su situación jurídica como "coacreedor del demandado", lo que generó que perdiera el carácter de persona extraña. En otras palabras, si bien la hoy quejosa no es parte material en el contencioso de origen y sólo fue llamada en forma transitoria para intervenir en su calidad de coacreedora del referido bien, la circunstancia de que haya comparecido a éste con motivo de uno de los requerimientos que le fueron formulados previamente por el instructor del proceso, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al presente juicio de amparo en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que ello evidencia que estuvo en posibilidad de interponer los medios de defensa y recursos ordinarios contra las providencias que estuvieran relacionadas con su intervención, y en el supuesto de no obtener respuesta favorable, acudir al juicio de amparo correspondiente, una vez satisfechos los principios que lo rigen, como es el de definitividad. Por ende, se insiste, al haberse vinculado la aquí quejosa al procedimiento de donde emana el acto reclamado, ya que contestó un requerimiento que le hizo la responsable estrechamente vinculado con la calidad de coacreedora del bien embargado en el sumario natural, en cuya defensa acude a esta vía constitucional, es inconcuso que perdió el carácter de tercera extraña, y por ende, se encontraba en aptitud de promover el recurso mencionado contra las providencias que estaban relacionadas con su intervención. De ahí que, en relación con la a) falta de llamamiento a juicio reclamada por la inconforme, se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. II. Definitividad Por otra parte, este Juzgado de Distrito estima que, en relación con el acto reclamado consistente en b) el auto de tres de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil*** se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, este último aplicado contrario sensu. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado fue emitido en el procedimiento de remate que se instruye en la sección de ejecución de la sentencia pronunciada en el juicio natural, al que la quejosa se incorporó procesalmente como diverso acreedor, y no constituye la última resolución en dicho procedimiento de venta judicial. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo disponen lo siguiente*** La fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el propio numeral, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación de lo previsto en el numeral 108, fracción VIII, de dicho ordenamiento. En ese entendido, el párrafo tercero del último precepto en cita establece el principio de definitividad que opera tratándose del procedimiento de remate, y que consiste en que el juicio de amparo sólo procede contra la "última resolución", entendiéndose por ésta la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien o los bienes rematados; momento en el que además podrán hacerse valer las violaciones cometidas durante dicho procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Al respecto, el Máximo Tribunal del País, al interpretar la porción normativa subrayada, estableció que la resolución definitiva impugnable para efectos de la procedencia del juicio de amparo contra el procedimiento de remate es la que, indistintamente, ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien, entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados. En esa línea, de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con la aplicación contrario sensu del diverso 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclama un acto dictado en el procedimiento de remate que no constituye la última resolución dentro del mismo. Hipótesis de improcedencia que en la especie se actualiza. En efecto, como se desprende de la relación de antecedentes de los actos reclamados, la determinación reclamada, consistente en el proveído de tres de febrero de este año, dictado en el juicio mercantil*** en el que se señaló fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, fue dictado dentro del procedimiento de remate que se instruye en la sección de ejecución de la sentencia emitida en ese asunto. En tal contexto, es claro que el acto reclamado no constituye la "última resolución" dictada en el procedimiento de remate que se sigue en el contencioso natural, en términos en que lo define el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues de ninguna manera es la determinación que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del bien. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. Adicionalmente, es pertinente señalar que aun cuando se partiera de la base de que el acto que se reclama es la última resolución dictada en dicho procedimiento de remate; de cualquier forma este contencioso constitucional sería improcedente. Se sostiene esto, pues se actualizaría la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo,19 que establece el principio de definitividad, conforme al cual el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos que no pueden ser revocados o modificados en sede ordinaria y que, salvo las excepciones contenidas en dicha porción normativa, obliga al gobernado a que previamente a instar la justicia constitucional agote los recursos o medios ordinarios de defensa previstos en la normativa que rige el acto. Es así, pues en todo caso la quejosa tuvo que agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio20 (aplicable al caso concreto); medio de impugnación que resulta procedente tomando en cuenta que, por razón de la cuantía, en el juicio natural no procede el recurso de apelación, el cual además es idóneo para obtener la revocación del acto que aquí se reclama. En el entendido de que en el caso no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el mencionado precepto, pues el acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Por otro lado, como se indicó, la quejosa no es tercero extraña al procedimiento; y además, la procedencia del medio ordinario de defensa aludido, no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente que se encuentran regulados en el referido Código de Comercio. De ahí que se sostenga que, de cualquier forma, se actualizaría la improcedencia de este juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, lo que impide analizar el fondo del asunto. Finalmente, cabe señalar que no pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas la parte tercero interesada, a título de alegatos; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 242/2022, promovido por*** contra los actos reclamados del 1. Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, y 2. Encargado de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Córdoba, Veracruz, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese

  4. Principal

    NO ATENDIO AL AVISO SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA QUE DICE Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 242/2022, promovido por*** contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, y otra autoridad, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de técnica jurídica, en este considerando se delimitarán los actos reclamados por la parte quejosa, en acato a lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda de amparo se precisa que aquéllos consisten en*** Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los reclamados de las autoridades responsables, 1. Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, y 2. Encargado de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Córdoba, Veracruz, por así advertirse de la lectura de sus respectivos informes justificados.4 Lo que se corrobora con las constancias deducidas del juicio ejecutivo mercantil*** remitidas por el Juez responsable en apoyo a su informe, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Para mejor comprensión del asunto resulta pertinente reseñar algunos antecedentes relevantes de los actos reclamados, que se desprenden de las copias certificadas deducidas del juicio ejecutivo mercantil*** remitidas por el Juez responsable, cuyo valor probatorio fue precisado en el considerando anterior, a saber*** QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. I. Carácter de tercero extraña En el caso, este órgano de control constitucional advierte de oficio, que en relación con el acto reclamado consistente en a) la falta de llamamiento al juicio ejecutivo mercantil 3688/2018-II, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, ya que la quejosa compareció al procedimiento de origen a desahogar un requerimiento que le fue formulado, con lo que quedó vinculada a dicho proceso y, por ende, perdió el carácter de persona extraña. Los referidos numerales disponen lo siguiente*** De los preceptos anteriores se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra actos dentro o fuera juicio cuando se promueva por persona extraña al procedimiento, por lo que en caso contrario, resulta improcedente el juicio, esto es, cuando dicha parte carezca de esa calidad. Existen dos tipos de persona extraña a juicio. La persona extraña en estricto sentido, que es aquella que persona física o moral distinta de los sujetos, porque no figura en el procedimiento como parte, pero sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; y la persona extraña por equiparación, que es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia, porque debiendo serlo no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley. En el caso, de la lectura integral de la demanda se advierte que la peticionaria*** acude a esta vía constitucional ostentándose con el carácter de persona extraña estricto sentido, pues sostiene que no fue llamada al juicio natural ni es parte en el mismo, y se le está causando agravio al pretender rematarse el bien inmueble embargado en dicho controvertido. Ahora, de las constancias que integran el sumario natural se advierte en lo que trasciende que por auto de uno de diciembre de dos mil veinte*** fue requerida por el Juez responsable para el efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, en relación con el procedimiento de remate del bien inmueble embargado en dicho controvertido, consistente en el*** Asimismo, consta que mediante escrito de nueve de diciembre de ese año, la aquí quejosa*** dio cumplimiento al requerimiento de trato, por lo que en auto de siete de enero de dos mil veintiuno, se le reconoció el carácter de "coacreedor del demandado" y, por ende, se le dio intervención en el procedimiento de ejecución de mérito. En ese entendido, la circunstancia de que*** haya comparecido al juicio a dar cumplimiento a un requerimiento que le fue formulado por el Juez responsable, derivado precisamente de su calidad de acreedora del bien inmueble embargado en el controvertido natural, la vinculó a dicho proceso en lo concerniente a su situación jurídica como "coacreedor del demandado", lo que generó que perdiera el carácter de persona extraña. En otras palabras, si bien la hoy quejosa no es parte material en el contencioso de origen y sólo fue llamada en forma transitoria para intervenir en su calidad de coacreedora del referido bien, la circunstancia de que haya comparecido a éste con motivo de uno de los requerimientos que le fueron formulados previamente por el instructor del proceso, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al presente juicio de amparo en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que ello evidencia que estuvo en posibilidad de interponer los medios de defensa y recursos ordinarios contra las providencias que estuvieran relacionadas con su intervención, y en el supuesto de no obtener respuesta favorable, acudir al juicio de amparo correspondiente, una vez satisfechos los principios que lo rigen, como es el de definitividad. Por ende, se insiste, al haberse vinculado la aquí quejosa al procedimiento de donde emana el acto reclamado, ya que contestó un requerimiento que le hizo la responsable estrechamente vinculado con la calidad de coacreedora del bien embargado en el sumario natural, en cuya defensa acude a esta vía constitucional, es inconcuso que perdió el carácter de tercera extraña, y por ende, se encontraba en aptitud de promover el recurso mencionado contra las providencias que estaban relacionadas con su intervención. De ahí que, en relación con la a) falta de llamamiento a juicio reclamada por la inconforme, se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. II. Definitividad Por otra parte, este Juzgado de Distrito estima que, en relación con el acto reclamado consistente en b) el auto de tres de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil*** se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, este último aplicado contrario sensu. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado fue emitido en el procedimiento de remate que se instruye en la sección de ejecución de la sentencia pronunciada en el juicio natural, al que la quejosa se incorporó procesalmente como diverso acreedor, y no constituye la última resolución en dicho procedimiento de venta judicial. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo disponen lo siguiente*** La fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el propio numeral, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación de lo previsto en el numeral 108, fracción VIII, de dicho ordenamiento. En ese entendido, el párrafo tercero del último precepto en cita establece el principio de definitividad que opera tratándose del procedimiento de remate, y que consiste en que el juicio de amparo sólo procede contra la "última resolución", entendiéndose por ésta la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien o los bienes rematados; momento en el que además podrán hacerse valer las violaciones cometidas durante dicho procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Al respecto, el Máximo Tribunal del País, al interpretar la porción normativa subrayada, estableció que la resolución definitiva impugnable para efectos de la procedencia del juicio de amparo contra el procedimiento de remate es la que, indistintamente, ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien, entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados. En esa línea, de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con la aplicación contrario sensu del diverso 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclama un acto dictado en el procedimiento de remate que no constituye la última resolución dentro del mismo. Hipótesis de improcedencia que en la especie se actualiza. En efecto, como se desprende de la relación de antecedentes de los actos reclamados, la determinación reclamada, consistente en el proveído de tres de febrero de este año, dictado en el juicio mercantil*** en el que se señaló fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, fue dictado dentro del procedimiento de remate que se instruye en la sección de ejecución de la sentencia emitida en ese asunto. En tal contexto, es claro que el acto reclamado no constituye la "última resolución" dictada en el procedimiento de remate que se sigue en el contencioso natural, en términos en que lo define el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues de ninguna manera es la determinación que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del bien. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. Adicionalmente, es pertinente señalar que aun cuando se partiera de la base de que el acto que se reclama es la última resolución dictada en dicho procedimiento de remate; de cualquier forma este contencioso constitucional sería improcedente. Se sostiene esto, pues se actualizaría la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo,19 que establece el principio de definitividad, conforme al cual el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos que no pueden ser revocados o modificados en sede ordinaria y que, salvo las excepciones contenidas en dicha porción normativa, obliga al gobernado a que previamente a instar la justicia constitucional agote los recursos o medios ordinarios de defensa previstos en la normativa que rige el acto. Es así, pues en todo caso la quejosa tuvo que agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio20 (aplicable al caso concreto); medio de impugnación que resulta procedente tomando en cuenta que, por razón de la cuantía, en el juicio natural no procede el recurso de apelación, el cual además es idóneo para obtener la revocación del acto que aquí se reclama. En el entendido de que en el caso no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el mencionado precepto, pues el acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Por otro lado, como se indicó, la quejosa no es tercero extraña al procedimiento; y además, la procedencia del medio ordinario de defensa aludido, no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente que se encuentran regulados en el referido Código de Comercio. De ahí que se sostenga que, de cualquier forma, se actualizaría la improcedencia de este juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, lo que impide analizar el fondo del asunto. Finalmente, cabe señalar que no pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas la parte tercero interesada, a título de alegatos; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 242/2022, promovido por*** contra los actos reclamados del 1. Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, y 2. Encargado de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Córdoba, Veracruz, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíques

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