María de los Ángeles De la Rosa Nevarez
Expediente 1021/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1021/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- María de los Ángeles De la Rosa Nevarez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió la resolución de veintiséis de agosto del año en curso, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese
- Principal
AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 Téngase por recibida la demanda promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1021/2021. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio y, que si se encontrare motivo manifiesto e indudable de inviabilidad al examinar la demanda, debe desecharse de plano. Por motivo "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es; lo que deriva de la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBEADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO"1 En esa tesitura, se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de citada legislación, conforme el cual, el juicio constitucional es inviable contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En dicha norma, se encuentra consagrado el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que debe agotarse previamente esa instancia, antes de acudir a la vía constitucional, para que de esa manera sea respetado aquel principio que implica que el juicio de amparo solo sea admisible contra actos definitivos. Ello, siempre que conforme a las leyes que rigen los reclamados se suspendan los efectos de dichos actos, ya sea de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la aludida legislación. Por su parte, el artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, prescribe: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; [.]". Conforme tal numeral el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ese órgano está facultado legalmente para resolver los conflictos y controversias que se susciten en materia de pensiones civiles, con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo que también deriva de la jurisprudencia: "RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO QUE DETERMINA EL RÉGIMEN PENSIONARIO EN QUE SE UBICA UN SERVIDOR PÚBLICO. ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, PREVIO A PROMOVER EL AMPARO.-Conforme al artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, este órgano está facultado legalmente para resolver los conflictos y controversias que se susciten en materia de pensiones civiles, con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En esas condiciones, la resolución de ese organismo que determina el régimen pensionario en que se ubica un servidor público, es un acto de autoridad impugnable en el juicio contencioso administrativo federal, previo a promover el amparo, con la salvedad de que no será obligatorio agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad, conforme a la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Además, la resolución definitiva, para efectos de su impugnación en sede jurisdiccional, será aquella que recaiga a la instancia o solicitud de revisión formulada por el trabajador" En el caso, según lo plasmado en la demanda que se analiza, el acto reclamado se hace consistir en: "La incorrecta aplicación de la norma "Articulo DÉCIMO TRANSITORIO de la Ley del ISSSTE Vigente", por parte de la autoridad señalada como responsable, en su resolución violatoria de mi derecho humano de la seguridad social, de fecha veintiuno de julio del año dos mil veintiuno, misma que me fuera notificada con fecha seis de agosto del presente año. La cual se derivó de un escrito de consulta o reclamación en el régimen Décimo Transitorio en el ISSSTE, que presente con fecha veintitrés de junio del año dos mil Veintiuno. Que consistió en la negativa equivocada, a la corrección de mi pensión 128951, conforme a lo expresado en mi escrito de consulta o reclamación. Que fuera determinada por la autoridad señalada como responsable, la cual es la encargada de corregir los errores que se pudieran suscitar respecto de las personas otorgadas por el ISSSTE. Pues aun cuando la autoridad señalada como responsable se percata de un error en el cálculo de mi pensión, sin hacer caso al principio pro-persona contemplado en el artículo 1° Constitucional, que obliga a toda autoridad a velar por la protección de los derechos humanos. Me niega la corrección a mi pensión dejando me en estado de indefensión" De dicha transcripción, así como de la lectura integral del escrito inicial, se advierte que la quejosa reclama la resolución emitida el veintiuno de julio del año dos mil veintiuno por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con residencia en esta ciudad, mediante la cual, negó su petición de corregir el cálculo de la pensión que percibe. De manera al reclamarse una determinación en materia de pensiones civiles con cargo al citado Instituto, dicho acto es impugnable mediante el juicio contencioso administrativo, a través del cual se puede modificar o revocar ese acto administrativo, dado que constituye una declaración unilateral de voluntad dictada por la autoridad administrativa, en ejercicio de su potestad pública, que crea, obligaciones. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO. Es criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concreta se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, si en el juicio de amparo indirecto se señala como "acto reclamado" la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realizada por el mencionado Instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de la Ley de Amparo" Sin que se actualice alguna excepción al principio de definitividad, ya que en la legislación secundaria se contempla la suspensión del acto reclamado, sin exigirse mayores requisitos que la Ley de Amparo, puesto que los numerales 24, 28 y 28 bis de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, dicen: "ARTÍCULO 24.- Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, salvo en los casos en que se ocasione perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, y con el fin de asegurar la eficacia de la sentencia, el Magistrado Instructor podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, a fin de mantener la situación de hecho existente en el estado en que se encuentra, así como todas las medidas cautelares positivas necesarias para evitar que el litigio quede sin materia o se cause un daño irreparable al actor. La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá exclusivamente de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 28 de esta Ley. Las demás medidas cautelares se tramitarán y resolverán de conformidad con el procedimiento previsto en la presente disposición jurídica y los artículos 24 Bis, 25, 26 y 27 de esta Ley. Durante los periodos de vacaciones del Tribunal, en cada región un Magistrado de Sala Regional cubrirá la guardia y quedará habilitado para resolver las peticiones urgentes sobre medidas cautelares o suspensión del acto impugnado, relacionadas con cuestiones planteadas en la demanda" "ARTÍCULO 28.- La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad" "ARTÍCULO 28 Bis.- Las medidas cautelares positivas y la suspensión de la ejecución del acto impugnado podrán quedar sin efecto si la contraparte exhibe contragarantía para indemnizar los daños y perjuicios que pudieran causarse a la parte actora. Además la contragarantía deberá cubrir los costos de la garantía que hubiese otorgado la parte actora, la cual comprenderá, entre otros aspectos, los siguientes: I. Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la garantía; II. Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de cancelación y su registro, cuando la parte actora hubiere otorgado garantía hipotecaria; III. Los gastos legales acreditados para constituir el depósito; y/o IV. Los gastos efectivamente erogados para constituir la garantía, siempre que estén debidamente comprobados con la documentación correspondiente. No se admitirá la contragarantía si de ejecutarse el acto impugnado o de no concederse la medida cautelar positiva queda sin materia el juicio o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes del inicio del juicio, lo cual deberá ser motivado por el Magistrado Instructor" Luego, tratándose de la suspensión a petición de parte, la Ley de Amparo determina: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva" "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social" "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria" "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda" "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos" "Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía" "Artículo 134. La contragarantía que ofrezca el tercero conforme al artículo anterior deberá también cubrir el costo de la garantía que hubiese otorgado el quejoso, que comprenderá: I. Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la garantía; II. Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de la cancelación y su registro, cuando el quejoso hubiere otorgado garantía hipotecaria; y III. Los gastos legales acreditados para constituir el depósito" "Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía" "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional" "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes" "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional" De la lectura de los dispositivos legales transcritos, se puede advertir que la suspensión que prevé la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo, para la medida cautelar relativa. Finalmente, en la demanda de amparo no solamente se aducen violaciones directas a la Constitución, puesto que se esgrime, entre diversas cuestiones, que se toma en consideración una fecha errónea para efecto de la actualización de incrementos pensionarios, cuestión que es tendente a combatir cuestiones de legalidad del acto administrativo. De manera que al no advertirse alguna causa de excepción para agotar el procedimiento contencioso previo a instar el juicio de amparo, se actualiza el motivo de improcedencia en comento, por lo que procede desechar de plano la demanda de amparo. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados José Víctor Herrera Castañeda, José Alfredo Muñoz Moreno, Humberto Reyes Hernández y Marisol Solorza Esquivel, al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que refiere, por así solicitarlo expresamente. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Asimismo, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos con el objetivo de resguardar la integridad del personal del órgano jurisdiccional, así como de los individuos que se encuentren en el lugar donde deban practicarse las notificaciones, con fundamento en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la Circular SECNO/12/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se autoriza realizar las notificaciones a través de los medios y mecanismos electrónicos con que se cuente, ello en cumplimiento al marco de la ley que rige el procedimiento. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la tramitación de Asuntos promovidos físicamente y desahogo de actuaciones presenciales, a fin de mejorar la comunicación con las partes se exhorta a las partes a efecto de que, si lo estiman pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y para que proporcionen un número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. En el entendido de que la notificación del presente proveído de los subsecuentes, se realizarán de manera electrónica, hasta en tanto se atienda la sugerencia. En ese tenor, toda vez que constituye un hecho público y notorio que la Secretaría de Salud ha dispuesto para esta entidad federativa de Durango el Semáforo de Riesgo Epidemiológico en color "naranja" con motivo de la pandemia COVID-19, por lo que con el propósito de evitar poner en serio riesgo a los Actuarios Judiciales de este órgano jurisdiccional a contraer dicho virus con motivo de notificaciones personales, de conformidad con el numeral 21 del propio Acuerdo General, esta determinación deberá notificarse únicamente por lista de acuerdos electrónica (internet), misma que adicionalmente deberá ser remitida a la Administración de este Edificio Sede para que la publique en un espacio de fácil acceso para quienes acuden sin contar con cita previa. Por otro lado, se hace del conocimiento que el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Téngase por recibida la demanda promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1021/2021. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio y, que si se encontrare motivo manifiesto e indudable de inviabilidad al examinar la demanda, debe desecharse de plano. Por motivo "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es; lo que deriva de la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBEADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO"1 En esa tesitura, se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de citada legislación, conforme el cual, el juicio constitucional es inviable contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En dicha norma, se encuentra consagrado el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que debe agotarse previamente esa instancia, antes de acudir a la vía constitucional, para que de esa manera sea respetado aquel principio que implica que el juicio de amparo solo sea admisible contra actos definitivos. Ello, siempre que conforme a las leyes que rigen los reclamados se suspendan los efectos de dichos actos, ya sea de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la aludida legislación. Por su parte, el artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, prescribe: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; [.]". Conforme tal numeral el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ese órgano está facultado legalmente para resolver los conflictos y controversias que se susciten en materia de pensiones civiles, con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo que también deriva de la jurisprudencia: "RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO QUE DETERMINA EL RÉGIMEN PENSIONARIO EN QUE SE UBICA UN SERVIDOR PÚBLICO. ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, PREVIO A PROMOVER EL AMPARO.-Conforme al artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, este órgano está facultado legalmente para resolver los conflictos y controversias que se susciten en materia de pensiones civiles, con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En esas condiciones, la resolución de ese organismo que determina el régimen pensionario en que se ubica un servidor público, es un acto de autoridad impugnable en el juicio contencioso administrativo federal, previo a promover el amparo, con la salvedad de que no será obligatorio agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad, conforme a la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Además, la resolución definitiva, para efectos de su impugnación en sede jurisdiccional, será aquella que recaiga a la instancia o solicitud de revisión formulada por el trabajador" En el caso, según lo plasmado en la demanda que se analiza, el acto reclamado se hace consistir en: "La incorrecta aplicación de la norma "Articulo DÉCIMO TRANSITORIO de la Ley del ISSSTE Vigente", por parte de la autoridad señalada como responsable, en su resolución violatoria de mi derecho humano de la seguridad social, de fecha veintiuno de julio del año dos mil veintiuno, misma que me fuera notificada con fecha seis de agosto del presente año. La cual se derivó de un escrito de consulta o reclamación en el régimen Décimo Transitorio en el ISSSTE, que presente con fecha veintitrés de junio del año dos mil Veintiuno. Que consistió en la negativa equivocada, a la corrección de mi pensión 128951, conforme a lo expresado en mi escrito de consulta o reclamación. Que fuera determinada por la autoridad señalada como responsable, la cual es la encargada de corregir los errores que se pudieran suscitar respecto de las personas otorgadas por el ISSSTE. Pues aun cuando la autoridad señalada como responsable se percata de un error en el cálculo de mi pensión, sin hacer caso al principio pro-persona contemplado en el artículo 1° Constitucional, que obliga a toda autoridad a velar por la protección de los derechos humanos. Me niega la corrección a mi pensión dejando me en estado de indefensión" De dicha transcripción, así como de la lectura integral del escrito inicial, se advierte que la quejosa reclama la resolución emitida el veintiuno de julio del año dos mil veintiuno por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con residencia en esta ciudad, mediante la cual, negó su petición de corregir el cálculo de la pensión que percibe. De manera al reclamarse una determinación en materia de pensiones civiles con cargo al citado Instituto, dicho acto es impugnable mediante el juicio contencioso administrativo, a través del cual se puede modificar o revocar ese acto administrativo, dado que constituye una declaración unilateral de voluntad dictada por la autoridad administrativa, en ejercicio de su potestad pública, que crea, obligaciones. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO. Es criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concreta se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, si en el juicio de amparo indirecto se señala como "acto reclamado" la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realizada por el mencionado Instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de la Ley de Amparo" Sin que se actualice alguna excepción al principio de definitividad, ya que en la legislación secundaria se contempla la suspensión del acto reclamado, sin exigirse mayores requisitos que la Ley de Amparo, puesto que los numerales 24, 28 y 28 bis de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, dicen: "ARTÍCULO 24.- Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, salvo en los casos en que se ocasione perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, y con el fin de asegurar la eficacia de la sentencia, el Magistrado Instructor podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, a fin de mantener la situación de hecho existente en el estado en que se encuentra, así como todas las medidas cautelares positivas necesarias para evitar que el litigio quede sin materia o se cause un daño irreparable al actor. La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá exclusivamente de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 28 de esta Ley. Las demás medidas cautelares se tramitarán y resolverán de conformidad con el procedimiento previsto en la presente disposición jurídica y los artículos 24 Bis, 25, 26 y 27 de esta Ley. Durante los periodos de vacaciones del Tribunal, en cada región un Magistrado de Sala Regional cubrirá la guardia y quedará habilitado para resolver las peticiones urgentes sobre medidas cautelares o suspensión del acto impugnado, relacionadas con cuestiones planteadas en la demanda" "ARTÍCULO 28.- La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad" "ARTÍCULO 28 Bis.- Las medidas cautelares positivas y la suspensión de la ejecución del acto impugnado podrán quedar sin efecto si la contraparte exhibe contragarantía para indemnizar los daños y perjuicios que pudieran causarse a la parte actora. Además la contragarantía deberá cubrir los costos de la garantía que hubiese otorgado la parte actora, la cual comprenderá, entre otros aspectos, los siguientes: I. Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la garantía; II. Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de cancelación y su registro, cuando la parte actora hubiere otorgado garantía hipotecaria; III. Los gastos legales acreditados para constituir el depósito; y/o IV. Los gastos efectivamente erogados para constituir la garantía, siempre que estén debidamente comprobados con la documentación correspondiente. No se admitirá la contragarantía si de ejecutarse el acto impugnado o de no concederse la medida cautelar positiva queda sin materia el juicio o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes del inicio del juicio, lo cual deberá ser motivado por el Magistrado Instructor" Luego, tratándose de la suspensión a petición de parte, la Ley de Amparo determina: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva" "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social" "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria" "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda" "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos" "Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía" "Artículo 134. La contragarantía que ofrezca el tercero conforme al artículo anterior deberá también cubrir el costo de la garantía que hubiese otorgado el quejoso, que comprenderá: I. Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la garantía; II. Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de la cancelación y su registro, cuando el quejoso hubiere otorgado garantía hipotecaria; y III. Los gastos legales acreditados para constituir el depósito" "Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía" "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional" "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes" "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional" De la lectura de los dispositivos legales transcritos, se puede advertir que la suspensión que prevé la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo, para la medida cautelar relativa. Finalmente, en la demanda de amparo no solamente se aducen violaciones directas a la Constitución, puesto que se esgrime, entre diversas cuestiones, que se toma en consideración una fecha errónea para efecto de la actualización de incrementos pensionarios, cuestión que es tendente a combatir cuestiones de legalidad del acto administrativo. De manera que al no advertirse alguna causa de excepción para agotar el procedimiento contencioso previo a instar el juicio de amparo, se actualiza el motivo de improcedencia en comento, por lo que procede desechar de plano la demanda de amparo. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados José Víctor Herrera Castañeda, José Alfredo Muñoz Moreno, Humberto Reyes Hernández y Marisol Solorza Esquivel, al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que refiere, por así solicitarlo expresamente. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Asimismo, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos con el objetivo de resguardar la integridad del personal del órgano jurisdiccional, así como de los individuos que se encuentren en el lugar donde deban practicarse las notificaciones, con fundamento en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la Circular SECNO/12/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se autoriza realizar las notificaciones a través de los medios y mecanismos electrónicos con que se cuente, ello en cumplimiento al marco de la ley que rige el procedimiento. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la tramitación de Asuntos promovidos físicamente y desahogo de actuaciones presenciales, a fin de mejorar la comunicación con las partes se exhorta a las partes a efecto de que, si lo estiman pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y para que proporcionen un número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. En el entendido de que la notificación del presente proveído de los subsecuentes, se realizarán de manera electrónica, hasta en tanto se atienda la sugerencia. En ese tenor, toda vez que constituye un hecho público y notorio que la Secretaría de Salud ha dispuesto para esta entidad federativa de Durango el Semáforo de Riesgo Epidemiológico en color "naranja" con motivo de la pandemia COVID-19, por lo que con el propósito de evitar poner en serio riesgo a los Actuarios Judiciales de este órgano jurisdiccional a contraer dicho virus con motivo de notificaciones personales, de conformidad con el numeral 21 del propio Acuerdo General, esta determinación deberá notificarse únicamente por lista de acuerdos electrónica (internet), misma que adicionalmente deberá ser remitida a la Administración de este Edificio Sede para que la publique en un espacio de fácil acceso para quienes acuden sin contar con cita previa. Por otro lado, se hace del conocimiento que el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · 12,808 expedientes
- Maria de los Angeles Arce Quiñones1213/2015
- María de los Ángeles Arzola Rivera360/2015
- María de los Angeles Barrera Davila1124/2022
- María de los Angeles Caldera338/2023
- María de los Angeles Cardenas1217/2015
- María de los Ángeles Ceceñas Vasquez220/2023
- María de los Angeles del Real Sarmiento352/2017
- Maria de los Angeles Diaz Marquez1081/2016
- María de los Ángeles García Ávila1038/2021
- Maria de los Angeles Goméz Corral867/2015
- María de los Ángeles Gómez Corral48/2016
- Maria de los Angeles Gomez Corral29/2016