María de los Angeles Corona Martínez
Expediente 486/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 486/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María de los Angeles Corona Martínez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos, y de conformidad con lo comunicado en las Circulares SECNO/24/2020 y SECNO/25/2020 de treinta de octubre y doce de noviembre de dos mil veinte, respectivamente, emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en las que se hace del conocimiento que en sesiones de esas datas la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua"; en el que se adoptó, entre otras medidas, regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; y como consecuencia, la suspensión de los plazos y términos procesales durante catorce días, contados a partir del treinta y uno de octubre al trece de noviembre del año en curso, así como su extensión del catorce al veintisiete del mismo mes y año, días en los que se dejó de actuar en este asunto. Por tanto, a fin de dar continuidad con el trámite de cumplimiento del presente asunto, y tomando en consideración el contenido de la certificación que precede, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese hecho valer el recurso de queja contra el auto de veintiuno de octubre último, en el cual se desechó por notoria improcedencia la demanda presentada por María de los Ángeles Corona Martínez; en tales condiciones, se declara que dicho auto ha causado estado. Toda vez que en el presente no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir archívese como asunto concluido. Se hace la precisión de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12, 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, esto es, se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal se dio por concluido, aunado a que al prudente arbitrio del juzgador no tienen relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo.
- Principal
NOTIFICA AL quejoso, EL ACUERDO DE 231DE OCTUBRE DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO EN EL QUE SE DETERMINÓ:Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Con la demanda de amparo promovida por la quejosa María de los Ángeles Corona Martínez, por propio derecho, fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 486/2020-III. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo que sigue es analizar la demanda de amparo para verificar si se actualiza alguna causal de improcedencia, pues de acontecer tal circunstancia debe desecharse. En el caso concreto, de la demanda se advierte que la quejosa reclama los acuerdos de veintiocho de septiembre y seis de octubre de dos mil veinte, dictado en autos del expediente 291/2020, del índice del Juzgado Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en el que figura como parte actora, a través del primero de los cuales, la autoridad señalada como responsable, durante la audiencia de estampamiento de firmas relativa a la prueba pericial ofrecida por las partes, determinó tener por no discernido el encargo al perito de la actora, ahora quejosa, por no exhibir original o copia certificada de la cédula profesional que lo acreditara como perito, y por omitir manifestar bajo protesta de decir verdad tener capacidad para emitir la opinión solicitada; en tanto que en el proveído restante, tuvo a la promovente del amparo por conforme con el peritaje exhibido, en términos del artículo 1253, al parecer del Código de Comercio. En el caso concreto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia que deriva de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, con el 107, fracción V, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De dichos artículos se obtiene que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio, siempre y cuando sus efectos sean de imposible reparación. Cabe resaltar que la actual Ley de Amparo establece el alcance de la expresión "actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación", al señalar que por ellos se entienden: ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Precisión que brinda mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas. De tal manera que si se combaten actos intraprocesales, diversos a los establecidos en la propia norma, el juicio de amparo será improcedente. En relación a este tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estableció que conforme a la anterior Ley de Amparo, existieron una variedad de criterios respecto a qué debía entenderse por actos de imposible reparación; sin embargo -dijo-, en la nueva ley reglamentaria el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto en contra de dichos actos, los que, para ser calificados como tal, deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que solo produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. En el caso concreto, el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de la quejosa, sólo surte efectos procesales y puede extinguirse en la realidad, sin dejar huella en su esfera jurídica, pues, como se dijo, consiste en los acuerdos de veintiocho de septiembre y seis de octubre de dos mil veinte, dictado en autos del expediente 291/2020, del índice del Juzgado Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en el que figura como parte actora, a través del primero de los cuales, la autoridad señalada como responsable, durante la audiencia de estampamiento de firmas relativa a la prueba pericial ofrecida por las partes, determinó tener por no discernido el encargo al perito de la actora, ahora quejosa, por no exhibir original o copia certificada de la cédula profesional que lo acreditara como perito, y por omitir manifestar bajo protesta de decir verdad tener capacidad para emitir la opinión solicitada; en tanto que en el proveído restante, tuvo a la promovente del amparo por conforme con el peritaje exhibido, en términos del artículo 1253, al parecer del Código de Comercio. Actuaciones que no son de imposible reparación dado que la sentencia definitiva con que culmine el expediente de origen puede ser favorable a sus intereses, y de no ser así podrá reclamarse en amparo directo, pues en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo, el acto que tilda de inconstitucional está considerado como violación procesal. Lo anterior hace patente que el acto que aquí se controvierte, constituye un acto intraprocesal que no reviste la característica de ser de imposible reparación, en la medida que no lesiona un derecho sustantivo. De ahí que no deban considerarse como un acto dentro de juicio de imposible reparación, dado que sus efectos son meramente procesales o adjetivos; por ello, es evidente que podrá hacerse valer como violación procesal, al momento en que se impugne el fallo en que concluya el juicio civil, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, a través del juicio de amparo directo. Esto es, no implica que necesariamente llegue a trascender para el resultado en el juicio civil de origen, lo que excluye la posibilidad de considerarlos como una afectación inminente a derechos sustantivos. Y en su defecto, pueden ser impugnados mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra de la sentencia de primera instancia. Por ende, la acción de amparo ejercida resulta indudablemente improcedente. Resulta aplicable al respecto, la tesis I.11o.C. J/7, del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, materia Común, Décima Época, con número de registro 175081 de su versión electrónica, página 1536, del tenor siguiente: "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso." En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 62 y 113 de la ley de la materia, se desecha por notoriamente improcedente la demanda promovida por María de los Ángeles Corona Martínez, por propio derecho. Con apoyo en los artículos 6 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 40 y 41, del Reglamento de la citada ley; y 8º, párrafo primero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, infórmese a las partes, que tienen derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la resolución que se dicte en el presente asunto, no obstante comuníquese también que en la versión pública de la sentencia que se emita, se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren el presente expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa deberá generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en Camino Viejo a San José, número 5636, Unidad Habitacional Benito Juárez, en esta ciudad fronteriza, así como el correo electrónico rar610403@hotmail.com; y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado Francisco Leonel Beltrán Urquiza; en tanto que en términos restringidos de dicho numeral a Raúl Jesús Álvarez Ramos y Cecilia Ruiz Contreras, cuya cédula profesional no aparece registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, así como al resto de los profesionistas que señala, por así solicitarlo. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notifíquese personalmente a la promovente del amparo.
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