María de los Ángeles Clemente Martínez
Expediente 72/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 72/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- María de los Ángeles Clemente Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el pasado veintitrés de marzo de dos mil veintidós, fue recibido por la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, el oficio 3178/2022 de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, a través del cual se remitió el proveído de esa misma fecha, en el que se decretó que causó ejecutoriada la sentencia emitida en el presente asunto; se ordenó su archivo y en consecuencia, la devolución de las actuaciones originales del juicio laboral J.32/0744/2021, del índice de la Junta referida. Por otra parte, agréguese el escrito de la quejosa María de los Ángeles Clemente Martínez, a través del cual solicita se remita a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, el expediente laboral J.32/0744/2021, del cual derivaron los actos reclamados en el presente juicio, a fin de que pueda continuar el trámite del mismo ante la responsable. En atención a su contenido, dígasele que el expediente al que hace referencia, fue devuelto a la Junta responsable el pasado veintitrés de marzo de dos mil veintidós, como fue señalado en líneas previas. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues éstas sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a las autoridades que se señalaron como responsables, como acontece en el presente Juicio de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número XI.3º. 4 k, consultable en la página setecientos seis, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Asimismo, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Ahora, con apoyo en el artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza a la Secretaria Judicial a que firme los oficios que deriven de la presente determinación. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 72/2022 y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad; remitido por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, al día siguiente hábil, María de los Ángeles Clemente Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y por los actos que se precisan a continuación: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: La H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 32 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE OAXACA con oficinas en (.) IV.- ACTO RECLAMADO: A).-La omisión de la autoridad responsable de emitir un proveído o acuerdo que se dicte donde DICTEN AUTO DE INICIO y/o RADIQUEN MI DEMANDA LABORAL presentada ante La H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 32 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN ESTE ESTADO DE OAXACA, por medio de oficialía de partes común, con fecha 18 de octubre del año dos mil veintiuno. B).-La omisión de la autoridad responsable de notificar a las partes en tiempo y forma el acuerdo que se dicte donde radiquen mi demanda laboral y señalen fecha y hora para la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones". SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa manifestó como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Radicación de la demanda. Mediante acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo con el número 72/2022; se admitió a trámite; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención legal que le corresponde; se pidió el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Cita para audiencia. Seguida la secuela procesal el día de hoy (veintiocho de febrero de dos mil veintidós), tuvo verificativo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Legal. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, a los apartados Primero, fracción III, Segundo, fracción III, punto 3 y Cuarto, fracción III, del Acuerdo General 3/2013 y 20/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de una omisión atribuida a una autoridad cuya competencia corresponde al ámbito territorial en que este tribunal federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos. Con el fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio constitucional. Atento a lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como del informe justificado, se advierte que la parte quejosa reclama a la autoridad responsable Junta Especial número Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje: -La omisión de proveer la demanda laboral presentada el dieciocho de octubre de dos ml veintiuno, en la Oficialía de Partes Común de la Junta responsable, así como de notificar el acuerdo recaído. TERCERO. Existencia de la omisión reclamada. Al rendir informe justificado, la autoridad responsable Junta Especial número Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, acepto parcialmente la existencia de los actos que se le atribuyen, según se advierte de su informe. Lo que se corrobora con las documentales que acompañó, consistente en el juicio laboral J.32/0744/2021, el cual adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los numerales 129, 130 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, respecto del acto aquí reclamado, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de éste. A efecto de evidenciar lo anterior, se estima conveniente citar la porción normativa señalada, misma que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, se establece en primer término el significado de las palabras "cesar" y "efecto", que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Por lo que, la frase "cesar los efectos" del acto reclamado, se refiere cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; en tal virtud para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada; por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. Así, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Así, en torno al tema que nos ocupa, es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Luego, para que pueda operar o actualizarse la causa de improcedencia en estudio, es menester que el acto reclamado en el presente juicio quedara sin efecto. En el caso, el acto reclamado consiste en la omisión de proveer la demanda laboral presentada por la quejosa el dieciocho de octubre de dos ml veintiuno ante la Oficialía de partes de la Junta responsable, así como de notificar el acuerdo recaído. Por tanto, para que opere la causa de improcedencia en comento, resulta necesario demostrar en autos que la autoridad responsable realizó gestiones pertinentes a la omisión reclamada. Lo cual así sucedió, pues de las constancias remitidas por la responsable, se advierte la determinación de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en la cual proveyó lo conducente a la demanda laboral, radicándose el juicio con el número de expediente J.32/0744/2021, señalando fecha y hora para la celebración de la audiencia trifásica, asimismo se comisionó al actuario a fin de notificar y emplazar a la parte demandada en el juicio; lo que fue notificado a la actora -aquí quejosa-, el uno de febrero de la presente anualidad. Esto es, la autoridad responsable acordó la demanda laboral promovida por la aquí quejosa, y le notificó el acuerdo recaído a aquella; lo que ocurrió con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, ya que esta se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el veinticuatro de enero de dos mil veintidós; mientras que la determinación recaída a la demanda laboral fue notificada a la quejosa el uno de febrero siguiente. En esas circunstancias, se considera que al haberse satisfecho la pretensión de la quejosa, esto es, que la responsable haya acordado el escrito de demanda laboral y notificado el acuerdo recaído, han cesado los efectos del acto reclamado, al ser destruido por completo de forma total e incondicional la omisión reclamada; como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por analogía al caso la tesis VI.1o.T.6 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, legible en la página 2522, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio en que se actúa, con apoyo en el arábigo 63, fracción V, de la misma ley de la materia. En razón del sentido del presente fallo, no procede analizar los conceptos de violación. Por otra parte, se autoriza a la Secretaria Judicial para que firme los oficios que deriven de la presente resolución. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María de los Ángeles Clemente Martínez, contra los actos reclamados a la autoridad precisada en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por ministerio de ley, mediante el cual rinde su informe justificado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con el mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa la autoridad responsable, sin perjuicio de darse cuenta con las mismas al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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