Maria de los Angeles Castillo Simbron

Expediente 818/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
818/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/09/2023

Partes del expediente

  • Maria de los Angeles Castillo Simbron

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) así como en la carátula del expediente y archívese este expediente como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo y previo a la visita de inspección que corresponda, deberá destruirse y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  2. Principal

    Debido a que la parte quejosa no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, se publica el auto de treinta de agosto de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***** por derecho propio, contra actos de la Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado y/o Presidente del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 818/2023. PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, de la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), del propio ordenamiento legal, este último interpretado a contrario sensu. HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos invocados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El primero de los artículos transcritos, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. Por su parte, el segundo artículo en la fracción transcrita, establece que el amparo indirecto contra actos provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, procede limitativamente respecto de aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, lo que implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, así pueda calificarse como exorbitante, no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto, ya que no produce una afectación material de derechos sustantivos. Como se ve, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que los actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado de la resolución que se pronuncie en el procedimiento. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. HECHOS De la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: El instructivo de notificación de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, a través del cual se cita a la quejosa a rendir declaración a las doce horas del veintiocho de agosto del año en curso, en el procedimiento administrativo sancionador **** ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz. CONCLUSIÓN Atento a lo expuesto, se concluye que el acto aquí reclamado no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sino únicamente derechos adjetivos, que pueden ser reparados si la parte quejosa obtiene una resolución favorable a sus intereses al dictarse la resolución que corresponda del índice del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz; además, dicho acto es un presupuesto procesal necesario para llevar a cabo la integración del aludido procedimiento, y en su caso, será lo que se resuelva en el mismo, lo que pudiera causarle una afectación, atendiendo al sentido en que se resuelva. Lo anterior, porque el inicio de dicho procedimiento no causa un perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa, y en ese sentido, se encuentra en aptitud de comparecer al procedimiento y ejercer sus derechos de audiencia y defensa; por lo tanto, será hasta el momento en que finalice el procedimiento que nos ocupa, en el que se podría estar en presencia de un acto que le cause una afectación en el caso que la resolución conclusiva le resulte desfavorable. De ahí que, se considera, no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional, establecido en la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Ley de Amparo. Resultan aplicables al caso, por las consideraciones que las sustentan, las tesis siguientes: Época: Décima Época Registro: 2006338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: IV.2o.C. J/2 (10a.) Página: 1539 "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 196179 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: I.1o.A.19 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Junio de 1998, página 728 Tipo: Aislada "VIOLACIONES PROCESALES. LAS COMETIDAS EN RESOLUCIONES DE TRÁMITE EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO SON IMPUGNABLES EN LA DEMANDA DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA. Si en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, se comete una violación en una resolución, no definitiva, sino de trámite que deja al agraviado en estado de indefensión o le priva de un derecho que la ley de la materia le otorga, y no es un acto de imposible reparación; la infracción deberá reclamarse junto a las posibles violaciones de fondo que se hubiesen cometido en la resolución que pone fin al procedimiento; por lo que el momento oportuno para impugnar dicho acto será hasta que el procedimiento administrativo culmine y la responsable pronuncie su resolución definitiva". Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III inciso b), ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA EN ESTUDIO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica, ubicado en esta ciudad. Asimismo, se autoriza con las facultades amplias a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a ***** debido a que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República; y con las restricciones que impone dicho artículo a Rosa Edith Martínez Hernández, por no contar con dicho requisito. DATO DE CONTACTO Se toman como datos de contacto el correo electrónico que proporciona la parte quejosa, para entablar comunicaciones no procesales, en términos de lo dispuesto en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO PARA CONSULTA Con apoyo en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 14 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se otorga a ***** con usuario ***** el acceso al expediente electrónico del presente juicio únicamente para efectos de consulta, con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas. Por lo tanto, toda vez que resulta necesario habilitarlo, se instruye a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe judicial del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo y el diverso 22 del Acuerdo General 12/2022 antes invocado, digitalícense las promociones que se reciban en forma física en la oficialía de partes de este Juzgado, para su integración al expediente electrónico de este expediente. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo

  3. Principal

    Notifíquese personalmente...

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