María de los Ángeles Cardona Lomelí
Expediente 603/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 18 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 603/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 31/05/2023
Partes del expediente
- María de los Ángeles Cardona Lomelí
- Director General de ISSSTECALI
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Juicio de amparo 603/2022 El treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez, con la certificación secretarial y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el pretendido cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, es imperativo analizar las constancias relativas para determinar si la ejecutoria de amparo ha sido cumplida o no. En el presente asunto, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "[.] emitan respuesta de acuerdo con lo solicitado y la notifiquen al peticionario (sic) en breve término [.]." Una vez que causó ejecutoria la sentencia se requirió su cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. En atención a lo solicitado, la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de las autoridades responsables informó haber dado cumplimiento con la ejecutoria de amparo, y al efecto remitió la constancia atinente; documental pública a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Del análisis de tales constancias se advierte que las autoridades vinculadas cumplieron con la ejecutoria de amparo emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, pues respetaron el derecho fundamental vulnerado a la agraviada. Se arriba a tal consideración, pues se dio una respuesta congruente a la solicitud de pensión por jubilación formulada por la peticionaria de amparo María de los Ángeles Cardona Lomelí, en la que de conformidad con los artículos 7°, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y 67 de la Ley de Procedimiento para los Actos de Administración Pública del Estado, la previnieron para que en el plazo de cinco días, legalmente computado, exhibiera la propuesta por parte del patrón, en la que se indicara su incorporación a la nómina de pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; además, informara su calidad de trabajadora, es decir, si se encontraba en activo, si le aplicaba el estímulo de permanencia o si estaba separada del cargo por algunas de las causas fijadas en la ley aplicable a la relación laboral; por lo que, resulta procedente declarar que la sentencia de amparo ha quedado debidamente cumplida. Toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, ordenándose el archivo definitivo del mismo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. En otro aspecto, de conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. En cumplimento con el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal, es susceptible de depuración, por haberse otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el cinco de junio de dos mil veintiséis. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente y solicítese la transferencia del expediente principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, en cumplimiento al último párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento, se requiere a las partes, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, en caso de haber exhibido documentación original y/o fotocopias certificadas, comparezcan ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para su devolución, apercibiéndoles que de no hacerlo así, tales probanzas serán destruidas. Notifíquese personalmente. hago constar que se notifica por medio de lista a la parte quejosa, la determinación de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés emitida en autos del juicio de amparo al rubro citado, por no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de ley a recibir notificación personal, no obstante haber sido legalmente citado para tal efecto. Lo anterior, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por la delegada de las autoridades responsables, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, y al efecto, allega las constancias con las que refiere acreditar su aserto. En consecuencia, con el contenido de las constancias relativas al acato del fallo protector, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, legalmente computado, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y una vez trascurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades vinculadas; lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la quejosa. hago constar que se notifica por medio de lista a la parte quejosa, la determinación de trece de abril de dos mil veintitrés emitida en autos del juicio de amparo al rubro citado, por no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de ley a recibir notificación personal, no obstante haber sido legalmente citado para tal efecto. Lo anterior, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el escrito firmado por la quejosa mediante el cual manifiesta su voluntad para desistirse del juicio de amparo instado, el cual ratificó ante la actuaria judicial adscrita; dígase que no ha lugar acordar de conformidad su pretensión, virtud que la sentencia dictada en autos ya quedó firme. Apoya a lo anterior, el razonamiento contenido en la jurisprudencia 2a./J. 33/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 147, abril de 2000, tomo XI, Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA." Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio remitido por la superioridad, con el cual devuelve el expediente de este juicio; asimismo, remite testimonio de la determinación dictada en el amparo en revisión 79/2023, en el que se resolvió: "PRIMERO. No es materia de la revisión, el sobreseimiento decretado en el resolutivo primero, regido por el considerando tercero de la sentencia recurrida. SEGUNDO. En lo que fue materia del recurso, se modifica la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia Federal ampara y protege a María de los Ángeles Cardona Lomelí, contra las autoridades responsables y actos precisados en el resultando primero de la sentencia recurrida, para los efectos contenidos en la parte final del considerando ultimo de este fallo" Acúsese el recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de control electrónico. En consecuencia, intégrese el cuaderno de antecedentes relativo, desglosando del mismo las copias certificadas con que se formó, ya que son susceptibles de destrucción. Ahora bien, atendiendo a que en la determinación que se allega no se modificó el sentido de la sentencia emitida por este juzgado en el presente juicio de amparo (otorgamiento de la protección constitucional), pues el tribunal determinó que de conformidad con el artículo 8° constitucional, las autoridades responsables solo están obligadas a emitir respuesta congruente con lo peticionado por la impetrante y notificársela en breve término, variando así únicamente los efectos del fallo protector. Lo que pone de manifiesto que real y materialmente se trata de una resolución que la confirma, por tanto, única y exclusivamente para efectos de la estadística, se instruye a la Oficial Judicial "A", comisionada para la actualización del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que la registre en el sistema respectivo, como resolución confirmada. Ahora, en la ejecutoria de mérito, se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables realicen lo siguiente: "[.] emitan respuesta de acuerdo con lo solicitado y la notifiquen al peticionario (sic) en breve término [.]." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, para que dentro del plazo de quince días, legalmente computado, den cumplimiento con el fallo protector. Cabe precisar que la dilación fijada resulta razonable, tomando en consideración la naturaleza del asunto y la complejidad para acatar lo ordenado en la ejecutoria de amparo; en el entendido que el aludido plazo será improrrogable si no se demuestra plenamente que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o no se justifica con las constancias respectivas la causa del retraso. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en dicho plazo, o no manifestar el impedimento que se tenga para ello, se remitirá el expediente al tribunal colegiado que corresponda para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien resulte responsable. Asimismo, se impondrá a quien corresponda multa de cien a mil días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Una vez que transcurra la temporalidad concedida a las autoridades vinculadas, dese nueva cuenta para acordar lo conducente.Notifíquese.
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