María de los Ángeles Cancino Macías
Expediente 632/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 632/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/08/2021
Partes del expediente
- María de los Ángeles Cancino Macías
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista; la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo y que ninguna de las partes se inconformó contra el auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Al efecto se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha quedado firme. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; es susceptible la destrucción de este expediente, pues se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente juicio no se apertura incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el numeral 21 del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Toda vez que no se advierten documentos ni Tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA; Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a nueve de agosto de dos mil veintiuno. Visto; los oficios de cuenta con anexo, suscritos por los integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas y por su Presidente, ambas con residencia en Tuxtla Gutiérrez, por medio del cual rinden informe justificado y la segunda exhibe constancia con su informe. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, párrafo segundo, glósense a los autos la comunicación y anexo de cuenta. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los mismos en el sentido de que no es cierto el acto reclamado por el quejoso. Relaciónese en la audiencia constitucional. Tocante a las constancias adjuntas al informe, con apoyo en el precepto 119, de la Ley de Amparo, se admite la documental que exhibe el Presidente de la Junta responsable, consistente en copia certificada de la actuaciones relacionadas con el acto reclamado, las cuales se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica y serán valoradas al momento de emitir el fallo correspondiente. En ese tenor, se aprecia que se encuentran las documentales suficientes para resolver el presente asunto. Ahora, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual no es jurídicamente factible establecer si el acto reclamado es constitucional o no; es decir, la improcedencia impide que se dirima la controversia constitucional, por exigirlo así alguna de las causas, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el artículo 62, de la ley en cita. En ese orden de ideas, respecto del acto reclamado por la quejosa consistente en la omisión de acordar el escrito de veinte de abril de dos mil veinte, presentado el once de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual el apoderado de BBVA Bancomer, sociedad anónima, informó la inmovilización de la cuenta 0114340647, solicitando la forma de entrega de la cantidad embargada; se estima que el presente juicio constitucional es improcedente y debe sobreseerse en el mismo, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo,1 hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. En esas condiciones, debe decirse que de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella en ella. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Luego, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de los derechos fundamentales; o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto que sobrevenga, en el procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Novena Época, con registro 197367, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL."2 Ahora, el impetrante del amparo reclamó de las autoridades responsables, Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas y de su Presidente, ambas con residencia en Tuxtla Gutiérrez, la omisión de acordar el escrito de veinte de abril de dos mil veinte, que les fue presentado el once de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual el apoderado de BBVA Bancomer, sociedad anónima informó la inmovilización de la cuenta 0114340647, solicitando la entrega de la cantidad embargada. En tesitura, del examen de las documentales exhibidas por el Presidente de la autoridad responsable de mérito, a las que de conformidad con el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio; se obtiene que mediante oficio 0703, de cinco de agosto de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de los autos de diez de marzo de dos mil veinte, así como de nueve de junio y cuatro de agosto, estos dos últimos de dos mil veintiuno, dictados en el expediente del juicio laboral J/O/348/2011, mediante el cual se dio contestación al escrito de veinte de abril de dos mil veinte, presentado el once de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual el apoderado de BBVA Bancomer, sociedad anónima, informó la inmovilización de la cuenta número 0114340647, solicitando la forma de entrega de la cantidad embargada, informándole que el referido juicio se encontraba suspendido únicamente respecto de la ejecución del mismo, por la interposición del recurso de revisión contra actos del Presidente de la Junta responsable y que su petición sería acordada una vez que fuera resulto el citado recurso, tal como se corrobora con las documentales atinentes. De lo antes expuesto, se considera que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, pues el mismo se hizo consistir en la omisión de acordar el escrito de veinte de abril de dos mil veinte, que fue presentado el once de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual el apoderado de BBVA Bancomer, sociedad anónima informó la inmovilización de la cuenta 0114340647, solicitando la forma de entrega de la cantidad embargada, empero, fue subsanado con la actuación de la autoridad señalada como responsable, es decir, con la respuesta que dio a su petición mediante acuerdo dictado el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, informándole que ese juicio se encontraba suspendido sólo por cuanto hace a su ejecución, dada la interposición del recurso de revisión contra actos del Presidente de la Junta del conocimiento y que su petición seria acordada una vez fuera resulto el citado recurso; por ende, es evidente que existe un pronunciamiento respecto de su pretensión. Así, resulta inconcuso que el acto reclamado por la parte quejosa en esta vía, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndosele en el goce de sus derechos violadas, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró vulnerados. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, junio de 1999, Novena Época, con registro 193758: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL."3 Así como la diversa sostenida por dicha Sala, visible en la página 210, febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, registro 196820, del rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO."4 En esas condiciones, es inconcuso que en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, procede SOBRESEER fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, respecto al acto aquí analizado, reclamado a las autoridades responsables. Finalmente, se deja sin efectos la hora y fecha de la audiencia constitucional de este juicio de amparo señalada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALESSe encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA; ASÍ COMO POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por María de los Ángeles Cancino Macías, contra el acto de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, y su Presidente, residentes en esta ciudad. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 632/2021-IX y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 104 y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; así como 1, 33, fracción IV, 37, y 107, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. De la demanda de amparo se advierte que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, y su Presidente, residentes en esta ciudad, consistente en: La omisión de acordar el escrito de veinte de abril de dos mil veinte, presentado el once de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual el apoderado legal de BBVA Bancomer S.A, informó la inmovilización de la cuenta 0114340647, solicitando la forma de entrega de la cantidad embargada. III. No se tramita incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, por no haber sido solicitado. IV. Audiencia. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. V. Informes y constancias. Pídase a las autoridades señaladas como responsables el informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días siguiente al en que reciban el oficio correspondiente, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de todas y cada una de las constancias que sean necesarias para apoyar dichos informes, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá, en la sentencia respectiva multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia. VI. Prevenciones. Relativa a la obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que si ocurre alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato y, de ser posible, deberán acompañar las constancias que la acrediten, de no hacerlo, se le impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con el artículo 64 en relación con los diversos 238 y 251 de la Ley de Amparo. Recepción de oficios y apercibimiento. Para la eficacia de las notificaciones en el juicio de amparo en que se actúa, hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables, que de conformidad con el artículo 28, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, en caso de negarse a recibir los oficios que se les giren, bajo el argumento de que la denominación es incorrecta, imprecisa o incompleta, pero se advierta que materialmente sí es la autoridad responsable a quien se dirige el oficio, se tendrá hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del proveído o resolución que el propio oficio contenga. Sobre el cambio de denominación de las autoridades responsables. En el caso de que la denominación de las autoridades a las que se dirigen los oficios haya cambiado, será motivo insuficiente para negarse a recibir las comunicaciones, ya que las responsables al rendir el respectivo informe deberán hacer las aclaraciones correspondientes en cuanto a su nombramiento; lo que se tomará en consideración por este órgano jurisdiccional al realizar las notificaciones subsecuentes. Se apercibe a la autoridad que de no dar cumplimiento a lo anterior, será acreedora a una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del artículo 245 de la ley de la materia. Los anteriores requerimientos tienen como finalidad cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que imponen a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de velar por el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano; entre los que se encuentra el derecho público subjetivo que toda persona tiene -dentro de los plazos y términos que fijen las leyes y el cumplimiento de ciertas formalidades- para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a la tutela jurisdiccional. VII. Intervención de la Agente del Ministerio Público. Dese a la representación social de esta adscripción, la intervención que legalmente le corresponde. VIII. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19: Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. IX. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. X. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en Doce Oriente Sur número 649-A, Barrio Santa Cruz, de esta ciudad. Se tiene como autorizada a José Luis Magdaleno Ruiz, Alejandro Morales Aragón, Luis Humberto Fernández Morales, Elizabeth Guadalupe Reyes López y Susana Rocío Morales Pérez, en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado, aunado que por tratarse de un asunto en materia laboral en donde el quejoso es parte trabajadora. Ahora, en caso de ser necesario, el actuario de la adscripción podrá establecer contacto en el correo electrónico elizabeth.reyes.cj@gmail.com; lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por ser únicamente medios no procesales de comunicación. XI. Tercero interesado. Emplácese a la tercera interesada Instituto de Educación para Adultos, con residencia en esta ciudad, con copia de la demanda, por medio de oficio que al efecto se gire de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo. XII. Notificación por lista a la autoridad en su carácter de responsable o tercero interesada. Se hace del conocimiento de la autoridad que conforme a una interpretación integral del artículo 26, fracciones II y III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones de los acuerdos de trámite de menor trascendencia que al efecto se dicten en este expediente se le practicarán por medio de la lista que al efecto se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, ello atendiendo a la jurisprudencia número 176/2012 de la décima época, consultable en la página 1253 del Libro XVI del mes de Enero de 2013, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" que resulta aplicable por igualdad de razón, en la que se señala que atendiendo a la trascendencia que un proveído o resolución pueda tener en la secuela procedimental, el juzgador tiene la facultad de decidir la forma en la que deba comunicarse a las partes, entre ellas, cuando la autoridad tenga el carácter de responsable o tercero interesado, a quien también se le puede practicar comunicaciones por medio de lista; sin perjuicio de que si así lo considera este titular la notificación de tales acuerdos se realicen por oficio. XIII. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIUO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Juan Carlos de León Betanzos, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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