María de los Ángeles Bernal Hernández
Expediente 1262/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1262/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- María de los Ángeles Bernal Hernández
- Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo. Entonces, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho proveído ha quedado firme. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia el juicio presente juicio. En términos de los punto 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica.
- Principal
Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el escrito firmado por ************, autorizado de la parte quejosa, sin que haya lugar a realizar un mayor pronunciamiento, en razón de que mediante proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, el presente juicio de amparo se sobreseyó fuera de audiencia.
- Principal
Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por la Presidenta del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, sin que haya lugar a realizar un mayor pronunciamiento, en razón de que mediante proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, el presente juicio de amparo se sobreseyó fuera de audiencia.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Presidenta Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, de la autoridad responsable, al cual acompañó copias certificadas relativas al expediente laboral ********************, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que el presidente responsable adjuntó a su precitado informe, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Para comenzar, por escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 2 a 12), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, ********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, Presidente Municipal y Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez. Sentado lo anterior, es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esa etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que ********************, reclama: [1] Del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. La falta de cumplimiento del procedimiento de ejecución del laudo en el juicio laboral ********************, derivada de la falta de acuerdo al escrito que presentó el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, en el cual solicitó se certificara el término que le fue concedido a la parte demandada en proveído de veintidós de mayo de dos mil diecinueve (veinte días), se hiciera efectiva la medida de apremio decretada en el precitado proveído y se requiriera de nueva cuenta a la parte demandada a fin de que diera cumplimiento al laudo, debiéndole señalar un término perentorio y en caso de ser omisa se duplicaran las medidas de apremio a los servidores públicos municipales. De la [2] Presidenta Municipal y [3] Ayuntamiento Constitucional de ********************: El incumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral ********************. La falta de convocatoria de la titular de la Administración Municipal para la sesión del cabildo en pleno como máxima autoridad. Luego, por lo que respecta al acto reclamado al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, consistente en la falta de cumplimiento del procedimiento de ejecución del laudo en el juicio laboral ********************, derivada de la falta de acuerdo al escrito que presentó el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, se advierte de manera manifiesta e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La jurisprudencia resulta aplicable, no obstante de referirse a la Ley de Amparo anterior, porque en esencia, no se contrapone al sentido de la Ley de Amparo actual, en términos del artículo Sexto transitorio, del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En el caso, la autoridad responsable emitió el proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, en el expediente laboral ********************, en el cual se aprecia que acordó el escrito que fue presentado en dieciséis de julio de dos mil diecinueve, para lo cual dado que la parte demandada no dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, hizo efectivo el apercibimiento ahí contenido e impuso multa de doscientos cincuenta días de salario equivalente a $21,122.50 (veintiún mil ciento veintidós pesos 50/100 moneda nacional); asimismo, ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del Estado de Guerrero, a fin de que realizara el cobro de dicha multa. Además, requirió nuevamente a la parte demandada para que dentro del término de diez días hábiles siguientes al de la notificación del proveído preindicado, realizara el pago de la cantidad de $210,780.10 (doscientos diez mil setecientos ochenta pesos 10/100 moneda nacional), con el apercibimiento que en caso de no hacerlo le impondría al Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de ********************, multa de trescientos días de salario que ascienda a la cuantía de $25,347.00 (veinticinco mil trescientos cuarenta y siete pesos 00/100 moneda nacional). Referente al escrito que le presentó la parte actora aquí quejosa, indicó que debía estar a lo acordado en los párrafos que antecedieron, toda vez que ya había hecho efectiva la multa solicitada y había requerido de nueva cuenta a la parte demandada, asimismo, precisó que no había lugar a acordar de conformidad su solicitud consistente en aplicar las multas a los servidores públicos municipales, dado que quien representa legalmente al ayuntamiento demandado en su síndico procurador. Como resultado de lo anterior, cesó en sus efectos la omisión en la que había incurrido la autoridad responsable al haberse pronunciado sobre el acto reclamado por la parte quejosa; por lo cual, los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. En lo que toca a los actos reclamados a la [2] Presidenta Municipal y [3] Ayuntamiento Constitucional de ********************, consistentes el incumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral ********************y la falta de convocatoria de la titular de la Administración Municipal para la sesión del cabildo en pleno como máxima autoridad, no son atribuibles a una autoridad; por tanto, es improcedente el juicio de amparo, de conformidad con los artículos 5 fracción II, primer párrafo, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.]. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En ese orden, se tiene que autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, en diversos criterios el Poder Judicial de la Federación ha interpretado el concepto de autoridad, en el sentido que con independencia de la disposición directa que llegare a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del concenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto, se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Encuentra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 161133, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, materia común, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." La jurisprudencia resulta aplicable, no obstante de referirse a la Ley de Amparo anterior, porque no se contrapone al sentido de la Ley de Amparo actual, en términos del artículo Sexto transitorio, del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. De lo anteriormente narrado, se advierte que los actos que se reclaman de la [2] Presidenta Municipal y [3] Ayuntamiento Constitucional de ********************, no tienen la naturaleza de acto de autoridad. Lo anterior se considera así, toda vez que el ayuntamiento, sus representantes y órganos internos, no pueden considerarse como autoridades para los efectos del juicio de amparo, ya que la emisión o no de sus actos, en el sentido de no atender requerimientos del tribunal laboral, no obliga o vincula de manera directa a la autoridad administrativa contra la cual se dirigen las aquí quejosas. Esto es así, dado que el acto que se les reclama a tales dependencias, por sí mismas, no puede crear, modificar o extinguir una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique a las particulares aquí quejosas en su esfera de legalidad, porque la negativa de cumplir con el laudo dictado en el juicio laboral ********************, en todo caso, no se encuentra dirigida de manera directa a la parte quejosa; circunstancias necesarias para estimar que ese acto u omisión, es de aquellos considerado como "actos de autoridad"; sino que el mismo está dirigido al tribunal laboral que dictó precisamente el laudo. Por consiguiente, la [2] Presidenta Municipal y [3] Ayuntamiento Constitucional de ********************, no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que en el caso concreto, su acto carece de la imperatividad y coercitividad que caracteriza a todo acto de autoridad, pues en el caso específico solamente ejerce facultades propias de la administración del organismo para el desempeño de sus funciones, pero ninguna de esas facultades permiten en el caso a dichas autoridades, incurrir con carácter imperativo y coercitivo en la esfera jurídica particular del impetrante del amparo, porque dicho acto de contumacia es relativo a un procedimiento donde dicha autoridad forma parte demandada, y en todo caso, el propio tribunal laboral tiene a su alcance los mecanismos legales para hacer valer sus determinaciones al igual que la propia parte actora aquí quejosa tiene la vía expedita para instar al tribunal laboral para que por los medios legales en el caso venza dicha contumacia en que han incurrido las autoridades que señala como responsables para cumplir cabalmente con el laudo dictado en el juicio laboral de origen. En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia antes citadas, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas con veinte minutos del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve (foja 37) Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
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