Maria de los Angeles Avila Sánchez

Expediente 288/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
288/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
24/05/2022

Partes del expediente

  • Maria de los Angeles Avila Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    En la Ciudad de México, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada en autos el veintiocho de abril de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA QUE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 3, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se negó, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    En la Ciudad de México, siendo NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, día y hora señalados para la celebración de la audiencia incidental en el juicio de amparo número 288/2022-II, promovido por María de los Ángeles Ávila Sánchez, por propio derecho, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes, ni de autorizado que las represente. A continuación el Secretario hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran: 1) copia simple de la demanda de amparo con sus anexos y del escrito aclaratorio; 2) auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, a través del cual se resolvió sobre la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa; 3) constancias de notificación a la autoridad responsable; y 4) informe previo rendido por la autoridad responsable. El Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 138, fracción III, 140 y 144 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Acto continuo, se abre el período de ofrecimiento y recepción de pruebas y el Secretario hace constar que las partes no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 143 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: se tiene por desierto el periodo probatorio. Acto continuo, se pasa a la etapa de alegatos y el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez de Distrito acuerda: se tiene por desierto el periodo de alegatos. No habiendo escrito pendiente de acordar, el Juez de Distrito acuerda: se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 288/2022-II, promovido por María de los Ángeles Ávila Sánchez, por propio derecho, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, María de los Ángeles Ávila Sánchez, por propio derecho, señaló como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: CC. MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME; La Sentencia pronunciada por la autoridad responsable mencionada en el punto que antecede, el día OCHO de SEPTIEMBRE de DOS MIL VEINTIUNO, al resolver los RECURSOS DE APELACIÓN Números RAJ 63409/2020 y RAJ 63506/2020, y en la que manifiesta que se encuentra impedida para emitir una nueva sentencia al advertir una violación en el procedimiento del juicio TJ/III-2709/2020, que hace necesaria su reposición, al no existir en los autos de ese juicio la totalidad de las constancias que integran el expediente relativo al procedimiento disciplinario." SEGUNDO. Por auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, se formó por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 288/2022-II, se solicitó a la autoridad responsable su informe previo, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Es cierto el acto que se reclama a los Magistrados Integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; consistente en la emisión de la resolución de ocho de septiembre de dos mil veintidós, en los recursos de apelación RAJ 63409/2020 y RAJ 63506/2020, de su índice, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe previo. SEGUNDO. A efecto de determinar lo conducente respecto de la suspensión definitiva del acto reclamado, es conveniente señalar que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado referente a la aplicación del artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, para el efecto de que no se ejecute la sentencia de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por los Magistrados Integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México dentro de los recursos de apelación RAJ 63409/2020 y RAJ63506/2020, manteniéndose las cosas en el estado que guardan, por lo que este Juzgador se pronunciará en ese sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro siguiente: SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. (Época: Décima Época; Registro: 2019200; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I; Materia(s): Constitucional; Tesis: P./J. 4/2019 (10a.); Página: 14). En principio, se impone destacar que los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128, 129 y 139 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que los peticionarios de amparo deben reunir para que sea procedente la suspensión del acto reclamado, los cuales son: que la solicite el agraviado; que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicio de difícil reparación para el quejoso. Asimismo, cuando la naturaleza lo permita, se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Ahora bien, de conformidad con los artículos 125, 128 y 129 de la Ley de Amparo, procede NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, respecto del acto reclamado consistente en la ejecución de la resolución de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por los Magistrados Integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México dentro de los recursos de apelación RAJ 63409/2020 y RAJ63506/2020, en la cual, por violaciones procesales, se repone el procedimiento del juicio de nulidad TJ/III-2709/2020, en virtud de que se advierte que no concurre el segundo requisito que exige el artículo 128 de la ley en comento, atento a las consideraciones que se expondrán a continuación. El artículo 128 de la Ley de Amparo, establece que para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los requisitos siguientes: 1).- Que lo solicite el agraviado. 2).- Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por lo que se refiere al primero, éste se encuentra satisfecho toda vez que la medida fue solicitada por la parte quejosa. Sin embargo, la fracción II, del artículo 128 de la ley citada, señala que la suspensión es improcedente cuando un acto afecta el interés público o social, para lo cual, no basta que el acto se funde formalmente en una ley de interés público, o que en forma expresa o implícita pretenda perseguir una finalidad de interés social, sino que es necesario que se acredite que la concesión de la suspensión causaría tales perjuicios al interés social o que implicaría una contravención ineludible a disposiciones de orden público, por las características propias del acto; así, ante un acto de tal naturaleza, para determinar sobre la procedencia de la suspensión, se debe sopesar el perjuicio que podría sufrir el quejoso con la ejecución del acto reclamado y la afectación a sus derechos en disputa. Es aplicable al caso la jurisprudencia I.3.A. J/16, de rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. (No. Registro: 805,484, jurisprudencia, Séptima Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Página:343). En el caso concreto, si el acto reclamado en el presente juicio lo constituye la resolución de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por los Magistrados Integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México dentro de los recursos de apelación RAJ 63409/2020 y RAJ63506/2020, de su índice, en la cual, por violaciones procesales, se repone el procedimiento del juicio de nulidad TJ/III-2709/2020, de concederse la medida cautelar para efecto solicitado, implicaría paralizar la substanciación y resolución del referido juicio del índice de la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa, el cual es de orden público e interés social, por lo que es evidente que no se cumple con los extremos señalados en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que de concederse la suspensión, se afectaría no sólo el interés general sino, se contravendrían disposiciones de orden público. Aunado a lo anterior, cabe precisar que el artículo 150 de la Ley de Amparo, establece que la suspensión, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado hasta dictarse resolución firme en él, a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso, situación que a consideración del suscrito, en la especie no se surte el supuesto de excepción para conceder la medida cautelar, puesto que, el acto reclamado, únicamente se refiere a cuestiones procesales, lo que implica que las violaciones que dicho acto pudiera irrogar a la parte quejosa, no son de imposible reparación pues no son susceptibles de afectar de manera inmediata algún derecho sustantivo, pues no tienen por objeto determinar en su contra la privación de sus bienes, posesiones, derechos o su libertad, sino que en todo caso se trata de una mera violación intraprocesal, cuyos efectos podrán ser extinguidos en caso de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable en el juicio de origen, por lo que esa afectación quedaría sin efecto alguno y, por el contrario, de paralizarse la substanciación del juicio de nulidad TJ/III-2709/2020 del índice de la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa, sí se contraviene el orden público e interés social, al obstaculizarse la tramitación y resolución de un juicio. Da sustento a lo anterior, la tesis II.1o.A.23 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en la página 1515, del Semanario judicial de la Federación, Tomo XXI, abril de 2005, Novena Época cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ALCANCE Y VALORACIÓN DE LOS CONCEPTOS "INTERÉS SOCIAL" Y "ORDEN PÚBLICO", PARA EFECTOS DE SU CONCESIÓN. El vocablo "interés" implica nociones como bien, beneficio, utilidad, valor de algo, importancia, conveniencia y trascendencia. Cuando se ubica en el ámbito social, debe tratarse de un beneficio, utilidad, valor, importancia, conveniencia o trascendencia o bien para la comunidad o sociedad. Asimismo, el vocablo "orden" hace referencia a la idea de un mandato que debe ser obedecido. En el contexto de lo público, es decir, de orden público, puede entenderse como un deber de los gobernados de no alterar la organización del cuerpo social. Tales nociones, en materia de suspensión del acto reclamado, deben plantearse en función de elementos objetivos mínimos que reflejen preocupaciones fundamentales y trascendentes para la sociedad, como las establecidas en el artículo 124 de la Ley de Amparo (funcionamiento de centros de vicio, comercio de drogas, continuación de delitos, alza de precios de artículos de primera necesidad, peligro de epidemias graves, entre otras). Por tanto, para distinguir si una disposición es de orden público y si afecta al interés social -nociones que, por cierto, guardan un estrecho vínculo entre sí- debe atenderse a su finalidad directa e inmediata en relación con la colectividad." Asimismo, la jurisprudencia quinientos veintidós, visible en la página trescientos cuarenta y tres, Tomo VI, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a María de los Ángeles Ávila Sánchez, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    En la Ciudad de México, a veintiséis de abril de dos mil veintidós. Se tienen por recibidos los oficios de cuenta, signados por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y de su Pleno Jurisdiccional, por medio de los cuales, rinde su informe previo por duplicado. En términos del artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe previo de la autoridad citada, sin perjuicio de ser relacionado al momento de celebrar la audiencia incidental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a dieciocho de abril de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio suscrito por el Actuario del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito a través del cual acusa recibo e informa que admite a trámite el recurso de revisión interpuesto por el autorizado de la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en el presente juicio, quedando registrado con el toca del recurso de revisión número R.A.-130/2022. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.

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