María de los Ángeles Apolinar Alatriste Melgar

Expediente 1054/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1054/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
13/12/2023

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Apolinar Alatriste Melgar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese la razón de imposibilidad para notificar personalmente a la parte quejosa, el proveído de siete de diciembre de este año; con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a), de la Ley de Amparo, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA el auto aludido, este y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. EL PROVEÍDO DE SIETE DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO, SEÑALA: "Visto el oficio del Octavo Tribunal en Materia civil del Primer Circuito, por medio del cual remite la ejecutoria veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, en la que declaró que este juzgado es el competente para conocer de la demanda de amparo promovida por ., contra actos del Director General y Departamento de Cobranza, ambos del Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en ese sentido de acusa recibió de la constancias y al efecto se acuerda: SE DESECHA LA DEMANDA I. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, la desechará de plano, pues de conformidad con el diverso numeral 62 del ordenamiento en cita2 , las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. De la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que la quejosa reclama los cobros que efectúa Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, derivado de la adquisición de dos 1 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." 2 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." créditos de la quejosa con la institución bancaria, amortizaciones que se generan a cargo de la accionante de amparo, por lo anterior solicita la suspensión de dicho pagos y la terminación de los créditos bancarios. III. El juicio de amparo es improcedente pues la moral señalada por la parte peticionaria no tiene el carácter de autoridad responsable, en términos de lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo3 . De la interpretación gramatical de los preceptos trascritos se advierte que la autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, la que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Bajo esas consideraciones, se entiende que los actos de autoridad para el juicio de amparo, requieren la satisfacción de los siguientes elementos: 3 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1°.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: [.] I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para sus protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."  La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular;  Esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad;  Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y,  Para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. "4 Así como la jurisprudencia emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguientes: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término "autoridades" para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen."5 En el caso, la peticionaria reclama los cobros que efectúa Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, derivado de la adquisición de dos créditos así como las amortizaciones generadas a su cargo. Sin embargo, aun cuando pretenda introducir temas de constitucionalidad a dicho reclamo, no implica que formal o materialmente la moral señalada como autoridad responsable, tengan tal carácter para efectos del proceso constitucional, pues no actúa con el imperio de la norma, ni de forma unilateral o ajena a la tramitación de un proceso judicial. Lo anterior es así, porque el reclamo de la peticionaria deriva de la relación jurídica que surge de la relación contractual de la parte accionante de amparo con la institución financiera en razón de la contratación de los créditos bancarios y cuyas amortizaciones son cobradas en 4 Visible en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, registro 161133 5 Visible en la página 519 del Apéndice de 1988, parte II, Quinta Época, con registro 820169. la cuenta bancaria . a nombre de la quejosa por la institución financiera con la que pactó el adeudo. En ese sentido, no obstante que la parte quejosa pretende que se le atribuya el carácter de autoridad a dicho banco; lo cierto es que, para efectos del proceso constitucional, carece de éste, pues no actúa con el imperio de la norma, sino en virtud de una relación de coordinación entre las partes derivada de la relación contractual referida, lo que no implica que de manera unilateral cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior es así, porque la petición realizada a la institución financiera se enmarca en la relación de coordinación entre ellas a partir de la apertura de una cuenta, respecto de lo que el quejoso se ostenta como "cliente" en el mismo escrito de su petición; por tanto, las cuestiones inherentes a la respuesta que le pueda ser otorgada, no son susceptibles de analizarse en el juicio de amparo, ya que no son objeto de control constitucional. Por lo que, aun cuando pretenda introducir temas de constitucionalidad a dicho reclamo, no implica que formal o materialmente que el Director General y Departamento de Cobranza de la institución financiera con la que la quejosa contrató tenga el carácter de responsable para efectos del proceso constitucional, pues no actúa con el imperio de la norma. Lo anterior encuentra apoyo, por las razones que la sustentan, en la tesis I.5o.C.65 C (11a.) emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 2026616, que dice: "BLOQUEO O RESTRICCIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO LA INSTITUCIÓN FINANCIERA LO REALIZA CON BASE EN LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON EL USUARIO. Hechos: Una institución financiera realizó el bloqueo de fondos en una cuenta bancaria porque consideró que se realizó una operación probablemente fraudulenta. La persona usuaria promovió juicio de amparo indirecto contra dicha restricción, donde señaló como autoridad responsable a la institución bancaria. La persona juzgadora de Distrito concedió el amparo a la parte quejosa, pues estimó que el banco excedió el plazo para resolver lo conducente; contra esa decisión la institución financiera interpuso recurso de revisión donde, esencialmente, hizo valer la improcedencia del juicio de amparo, sobre la base de que no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando un banco bloquea o restringe una cuenta bancaria con base en las cláusulas del contrato que celebró con la persona usuaria, no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo. Justificación: Lo anterior es así, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el estándar para determinar cuándo un acto de particular puede ser considerado como de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, consistente en corroborar: 1) la existencia de un nexo entre la prerrogativa con base en la cual actúa el particular, y una fuente de autoridad de carácter estatal, donde la autoridad pública haya otorgado al particular los medios para posicionarlo en una situación diferenciada; y, 2) la constatación de la función pública, lo que implicará evaluar si la prerrogativa del particular reviste un interés público diferenciado, es decir, si tiene beneficios asociados a los de una autoridad pública, o bien, actúa delegadamente. Bajo ese contexto, cuando un banco bloquea o restringe la cuenta bancaria de una persona usuaria con base en el contrato respectivo, no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque aunque dicho acto tiene fundamento en el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, la cual es de orden público, lo cierto es que en términos de ese precepto, el bloqueo o la restricción de cuentas está sujeto a que las partes convengan en el contrato respectivo que el banco podrá actuar en esos términos; de lo que se sigue que no se trata de una obligación unilateral para el banco donde actúe como un brazo o extensión del Estado, sino que constituye una prerrogativa sujeta a la voluntad de las partes ya que, de lo contrario, la norma no hubiera establecido esa restricción o bloqueo como una posibilidad sujeta al acuerdo de los contratantes, sino como una obligación al margen de la voluntad de éstos. No es obstáculo a esa conclusión que los productos bancarios generalmente se adquieran a través de la celebración de contratos de adhesión, en los que el usuario se ubica en una posición inferior y en los que su voluntad se limita a aceptar o rechazar los términos propuestos, pero no a negociar su contenido; sin embargo, aun ante esa hipótesis, no se considera que el bloqueo de cuentas con base en el contrato respectivo constituya un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque no se observa un nexo entre la prerrogativa del banco de actuar en esos términos y una función de carácter estatal; aunado a que, de considerar lo contrario, se llegaría al extremo de que todos los contratos de adhesión colocarían a uno de sus contratantes como autoridad, lo que iría más allá de la finalidad que tuvo el Poder Reformador de la Constitución de revisar en amparo, excepcionalmente, algunos actos de autoridad que resultaran violatorios de derechos humanos. Esta conclusión no impide que los usuarios que se vean afectados por la restricción o bloqueo de sus cuentas bancarias puedan acudir ante la jurisdicción ordinaria a fin de que se resuelva lo conducente, así como tampoco permite a las instituciones financieras actuar al margen de las disposiciones legales o contractuales, debido a que, en caso de retener indebidamente los fondos de una persona usuaria más allá del plazo establecido en la ley o de manera indefinida, la institución bancaria deberá pagar intereses moratorios a favor de la persona usuaria." Asimismo, sirve de apoyo la tesis I.15o.A.36 K, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en la página 1316, de la Novena Época, tomo XXVIII, noviembre de 2008, registro 168507, que dice: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional". Asimismo, es aplicable la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1624 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, del Tomo II, Julio de 2015, Décima época, que establece: "ACTOS DE PARTICULARES EQUIPARABLES A LOS DE AUTORIDAD. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013 y el proceso legislativo que le dio origen, en específico, los dictámenes de las Cámaras de Senadores y Diputados, para determinar si un particular realiza actos equiparables a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo en su contra, debe verificarse si: 1. El acto que se le atribuye lo realizó unilateral y obligatoriamente, esto es, si su dictado, orden o ejecución se llevó a cabo sin la intervención del quejoso y lo constriñó a su observancia o, en su caso, omitió realizar un acto que estaba obligado a efectuar, y si con dicho acto u omisión se crearon, modificaron o extinguieron situaciones jurídicas, en un plano de supra a subordinación; 2. Ese acto se realizó (u omitió realizarse) con base en funciones determinadas por una norma general; y 3. En su contra no existe un medio de defensa ordinario que permita al gobernado defender el derecho afectado." Por lo expuesto, es dable afirmar que el Director General y Departamento de Cobranza, ambos del Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, no reúnen las características propias de una autoridad responsable establecida en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, no se soslaya la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO."; sin embargo, la determinación que se emite no contraviene lo dispuesto en ella, de conformidad con lo resuelto en la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, en la que la Sala referida aclaró que el criterio relativo versó específicamente sobre juicios de amparo en los que se reclamó el Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas de diecinueve de enero de dos mil nueve, atribuido al secretario de Hacienda y Crédito Público; lo que no implica que se impida que los Jueces de Distrito, determinen desde el auto que recae a la presentación de la demanda, si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sin importar el supuesto que se ponga a su consideración; lo anterior, ya que ello implicaría sujetar a las partes y al órgano jurisdiccional a tramitar un procedimiento notoria e indudablemente improcedente. Sin que sea óbice a lo anterior, que la quejosa señale que es una persona adulta mayor, y pertenece a un grupo vulnerable, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que al juzgar asuntos donde estén involucradas personas adultas mayores, se impone un deber jurisdiccional de conciliar los principios de autonomía personal y de protección. Ello debiendo prestar un cuidado específico a los actos que pongan en riesgo su dignidad humana, especialmente a la vulneración de aquellos derechos más susceptibles durante la edad avanzada, como el derecho al mínimo vital, a la seguridad social y a un recurso judicial efectivo, y según las características que determinan esta etapa como las condiciones de salud y la existencia de redes de apoyo; así como de la intersección con otros factores como la condición socioeconómica, el género, la religión o el grupo étnico de pertenencia. Dicho criterio se plasmó en la jurisprudencia 1a./J. 127/2023 (11a.), de la Undécima Época, en Materias Civil, Constitucional, que dice: "PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS APLICABLE A LAS PERSONAS MAYORES. Hechos: Un adulto mayor demandó a una institución bancaria la reintegración de los recursos que habían sido depositados a su cuenta de ahorro para el retiro, luego de que el banco del que era cuentahabiente realizara una disposición con base en una deuda derivada de un contrato de apertura de crédito. El Juez del conocimiento absolvió a la demandada al considerar que había actuado conforme a las cláusulas acordadas por las partes. El actor promovió juicio de amparo directo en el que alegó que la resolución reclamada vulneraba el derecho al salario y a contar con un mínimo vital para una vida digna. El Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento negó el amparo porque estimó que no se afectaba el derecho al salario en términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inconforme, la parte quejosa interpuso un recurso de revisión Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce la necesidad de adoptar una perspectiva de derechos humanos aplicada a las personas mayores consistente en un sistema de reglas y principios que reconozca a la edad avanzada como una condición que puede generar discapacidad y dependencia, en la que las personas mayores podrían no tener acceso al goce y ejercicio de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones que el resto de la población. Al respecto, si bien el ser una persona mayor no es sinónimo de ser vulnerable, resulta innegable que dentro de este grupo existen personas con una multiplicidad de circunstancias de vida que podrían ameritar una protección jurídica especial. Esta perspectiva de derechos humanos de la persona mayor implica un deber jurisdiccional de conciliar los principios de autonomía personal y de protección al prestar un cuidado específico a los actos que pongan en riesgo su dignidad humana, especialmente a la vulneración de aquellos derechos más susceptibles durante la edad avanzada, como el derecho al mínimo vital, a la seguridad social y a un recurso judicial efectivo, y según las características que determinan esta etapa como las condiciones de salud y la existencia de redes de apoyo; así como de la intersección con otros factores como la condición socioeconómica, el género, la religión o el grupo étnico de pertenencia. Justificación: Esta perspectiva de persona mayor deriva de la interpretación de las obligaciones adoptadas por el Estado Mexicano acerca de la tutela especial que podrían requerir las personas de edad avanzada en situación de vulnerabilidad, conforme a los artículos 1o. constitucional, 6 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues existe una demanda enfatizada de inclusión a fin de que las personas mayores puedan tener acceso a los servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía y dignidad." En ese sentido, la sola manifestación de la quejosa de pertenecer a un grupo en contexto vulnerable atendiendo a su edad, no puede considerarse como un factor que implique realizar un análisis en sentido distinto, ante la ausencia de intersección con los demás factores referidos en la jurisprudencia mencionada; esto es, a criterio del suscrito, siendo solo la edad lo invocado por el quejoso en su defensa, no es posible darle un tratamiento diverso a su causa, pues el factor cronológico por sí solo, no es sinónimo de vulnerabilidad. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis 1a. CXXXIV/2016 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materias Constitucional, Común, que dice: "ADULTOS MAYORES. EL ENVEJECIMIENTO NO NECESARIAMENTE CONDUCE A UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAGA PROCEDENTE EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. No se puede negar que cada vez es más amplia la gama de grupos que se ven beneficiados por esa institución, pero en esa gama no se encuentra el grupo relativo a los adultos mayores, porque el envejecimiento no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad; y cuando ello acontece, es necesario advertir que la vulnerabilidad puede obedecer a diversos aspectos, como son la disminución de la capacidad motora y la disminución de la capacidad intelectual, que a su vez puede conducir a una discriminación social, familiar, laboral y económica. En ese orden de ideas, el solo hecho de manifestar que se es un adulto mayor, es insuficiente para considerar que en automático opera la suplencia de la queja, pues ello sólo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva el ser un adulto mayor, ha colocado a la persona en un estado de vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia, pues aunque es innegable el hecho de que en su gran mayoría, los adultos mayores enfrentan problemas económicos, de trabajo, seguridad social y maltrato, y que ello los coloca en desventaja respecto del resto de la población, lo cual ha llevado a considerar que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones de trabajo precarias y sufren, muy frecuentemente, carencias económicas y de seguridad social, lo que los convierte en personas dependientes y víctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos; y que debido a esa vulnerabilidad merecen una especial protección, lo cual incluso se ve robustecido por el hecho de que los instrumentos internacionales y los regímenes jurídicos modernos han venido marcando una línea de protección especial a los adultos mayores, con el objeto de procurarles mejores condiciones en el entramado social, lo que pretende lograrse garantizándoles el derecho a: i) un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta; ii) seguro social, asistencia y protección; iii) no discriminación en tratándose de empleo, acceso a vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; iv) servicios de salud; v) ser tratado con dignidad; vi) protección ante el rechazo o el abuso mental; vii) participar en los espacios sociales, económicos, políticos y culturales; y viii) participar enteramente en la toma decisiones concernientes a su bienestar; se debe dejar en claro que la protección especial que se busca, debe ser a partir de un modelo social, en el que se tome conciencia de que la vulnerabilidad en que pueden encontrarse los adultos mayores, en su gran mayoría, obedece a las propias barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada la situación en que se encuentran; sin embargo, ello no conduce a considerar que por el simple hecho de ser un adulto mayor debe operar en su beneficio la suplencia de la queja, pues no todos los adultos mayores son vulnerables y la vulnerabilidad a que pueden enfrentarse, en especial desde el ámbito social, puede ser muy variada; de ahí que no basta con alegar que se es un adulto mayor para opere la suplencia de la queja." En ese sentido, lo conducente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, por lo anterior se: Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos citados, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE DESECHA DE PLANO la demanda de María de los Ángeles Apolinar Alatriste Melgar, contra actos del Director General y Departamento de Cobranza, ambos del Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Por recibido el oficio proveniente del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por el cual acusa recibo de las constancias que refiere e informa que admite a trámite el conflicto competencial planteado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Como lo pide la Superioridad, se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa el proveído de nueve de octubre del año en curso y hacer disponible este asunto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los fines legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento lo anterior a la autoridad oficiante. NOTIFÍQUESE. EL AUTO DE NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, DICTADO POR EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EN SÍNTESIS SEÑALA "CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE AMPARO, SE ADMITE A TRÁMITE EL CONFLICTO COMPETENCIAL PLANTEADO."

  4. Principal

    Agréguese el oficio del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el cual comunica que no aceptó la competencia planteada, al respecto se acuerda: Acúsese recibo. Este órgano jurisdiccional INSISTE EN LA COMPETENCIA DECLINADA a la referida autoridad, por las razones contenidas en el auto de ****. Además, respetuosamente se observa que las razones por las cuales no se acepta la competencia declinada califican en realidad, una relación jurídica subyacente entre las partes, porque se hace depender de la existencia de un contrato que las vincula bilateralmente. Empero, esa interpretación se basa en una relación entre parte acreditada y acreditante, que pudiera surgir entre la quejosa y la institución bancaria señalada como autoridad responsable, sin embargo, esa argumentación en realidad califica un vínculo jurídico sustancial entre aquellos, que es precisamente el factor que la jurisprudencia de registro 195007, del Tribunal Pleno (citada por el suscrito), impide o requiere no atender al calificar un conflicto competencial. Lo cual tiene la consecuencia de evadir en la decisión remitida, la revisión de los elementos consistentes en la naturaleza de la autoridad involucrada y la materialidad del acto reclamado en cuanto a su origen. Además, el juzgador federal oficiante sostuvo una interpretación sobre la causa de pedir, donde concluyó que en realidad se alegan incumplimientos a los términos y condiciones convencionales. No obstante, los hechos de la demanda destacan y reiteran que la impetrante ya pagó el crédito y que los descuentos ahora resentidos, afectan su patrimonio. De donde se sigue que no hay desconocimiento de obligaciones pretéritas, sino la objeción de afectaciones presentes, en la implementación del sistema bancario y crediticio por vicios propios. Es decir, que la intervención de las autoridades es excesiva e injustificada, porque al no tener como fundamento la obligación que haría exigible la satisfacción de un deber de pago, entonces, se trata de acciones al margen de ese acto jurídico pues la liberación de la deuda extingue la persecución del deudor e impide apremiar en todo o en parte. De modo que en términos de los antecedentes de la demanda de amparo, la existencia de un contrato resultaría secundario e irrelevante, para calificar la competencia legal de la autoridad de amparo. Asimismo, sustentar la oposición a la competencia declinada sobre las razones de la demanda expuestas por la quejosa, sin atender a la pretensión y sus predicados incluso deduciría una incongruencia argumentativa, por acoger únicamente una parte de las circunstancias que contextualizan los actos reclamados. De lo cual se insiste, el suscrito no comparte el criterio del oficiante, atendiendo a la naturaleza de la autoridad señalada como responsable que es distinta de la judicial, lo que actualiza la causa de incompetencia prevista en el artículo 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo que, al suscitarse alguna cuestión atribuible al banco responsable conlleva a estimar que serían esas autoridades las encargadas de vigilar que se cumpla el servicio financiero que otorga la responsable las cuales también tienen el carácter de autoridades o dependencias administrativas. De ahí que respetuosamente se disiente de las razones empleadas por el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México; y por tanto, se somete a conflicto competencial este asunto. Remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en Turno, como lo establece el artículo 48 de la ley de la materia, a fin de que resuelva lo conducente respecto del presente conflicto competencial. Intégrese copia del oficio de cuenta, así como esta determinación al cuaderno de antecedentes; hágase de conocimiento la determinación al Juzgado declinante. NOTIFÍQUESE.

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