María de las Nieves Zúñiga López
Expediente 300/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- María de las Nieves Zúñiga López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable, las constancias que exhibió en este asunto. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Visto el escrito aclaratorio signado por la quejosa María de las Nieves Zúñiga López mediante el cual, en cumplimiento a lo prevenido en auto de catorce del presente mes y año, se provee: Ahora bien, examinada la demanda, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, por tanto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la ley de la materia, debe desecharse. En efecto, de los términos del escrito inicial, se advierte que la parte quejosa hace valer como acto reclamado la determinación de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictada dentro del juicio extraordinario civil 998/2020. Pues bien, la suscrita considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El precepto trascrito, consagra la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Disposición, entre otras, que hace patente el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, mismo que encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos, en el caso, judiciales, no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de un Juez de instancia. Ahora, la parte quejosa se duele de la determinación de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Primero del Ramo Civil de esta ciudad, en el que se admitió a trámite la demanda instaurada en su contra en la que se ordenó el embargo de sus bienes a fin de garantizar el pago de las pensiones rentísticas y, en su caso, la desocupación de la finca arrendada en un plazo de cuarenta y cinco días; por tanto, es inconcuso que dicha determinación es susceptible de ser impugnada a través del recurso correspondiente, esto es, el de apelación, de conformidad con los artículos 254 y 936 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí. Entonces, si la apelación es un medio ordinario de defensa a través del cual se puede confirmar, revocar o modificar una resolución, la quejosa debió hacerlo valer antes de acudir a esta instancia federal, por lo que al no haberlo hecho así, es evidente que la acción Constitucional resulta improcedente, de conformidad con lo establecido en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues con el citado medio ordinario de defensa podía ser confirmado, modificado, o revocado dicho acto. Cabe precisar que si bien el acuerdo reclamado, deriva de un juicio extraordinario civil, resultan igualmente procedentes los recursos previstos en el ordenamiento procesal local cuya tramitación se sujetará a las disposiciones generales. Lo anterior, aunado a que no se actualiza ninguna de las excepciones a que se refiere la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados no constituyen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, o bien una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal, ni se trata de una persona extraña al procedimiento, aun por equiparación, pues la quejosa refiere haber sido emplazada al procedimiento; por lo que jurídicamente no puede considerarse que la peticionaria se encontraba exenta de agotar el medio ordinario de defensa reseñado, antes de acudir al juicio de derechos fundamentales. Tampoco exime a la peticionaria, observar el principio de definitividad, la circunstancia de que el embargo de sus bienes a fin de garantizar el pago de las pensiones rentísticas, así como la orden de desocupación en su contra, sea un acto de imposible reparación, toda vez que en estricto apego a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, y con base en las reglas del amparo indirecto, antes de acudir a la vía constitucional se deben agotar los recursos ordinarios correspondientes, pues así lo determina el ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por las consideraciones expuestas. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal. Por lo expuesto y fundado, se acuerda: ÚNICO. Se desecha de plano por notoria improcedencia la demanda promovida por María de las Nieves Zúñiga López, por las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Visto el escrito aclaratorio signado por la quejosa María de las Nieves Zúñiga López mediante el cual, en cumplimiento a lo prevenido en auto de catorce del presente mes y año, se provee: Ahora bien, examinada la demanda, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, por tanto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la ley de la materia, debe desecharse. En efecto, de los términos del escrito inicial, se advierte que la parte quejosa hace valer como acto reclamado la determinación de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictada dentro del juicio extraordinario civil 998/2020. Pues bien, la suscrita considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El precepto trascrito, consagra la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Disposición, entre otras, que hace patente el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, mismo que encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos, en el caso, judiciales, no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de un Juez de instancia. Ahora, la parte quejosa se duele de la determinación de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Primero del Ramo Civil de esta ciudad, en el que se admitió a trámite la demanda instaurada en su contra en la que se ordenó el embargo de sus bienes a fin de garantizar el pago de las pensiones rentísticas y, en su caso, la desocupación de la finca arrendada en un plazo de cuarenta y cinco días; por tanto, es inconcuso que dicha determinación es susceptible de ser impugnada a través del recurso correspondiente, esto es, el de apelación, de conformidad con los artículos 254 y 936 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí. Entonces, si la apelación es un medio ordinario de defensa a través del cual se puede confirmar, revocar o modificar una resolución, la quejosa debió hacerlo valer antes de acudir a esta instancia federal, por lo que al no haberlo hecho así, es evidente que la acción Constitucional resulta improcedente, de conformidad con lo establecido en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues con el citado medio ordinario de defensa podía ser confirmado, modificado, o revocado dicho acto. Cabe precisar que si bien el acuerdo reclamado, deriva de un juicio extraordinario civil, resultan igualmente procedentes los recursos previstos en el ordenamiento procesal local cuya tramitación se sujetará a las disposiciones generales. Lo anterior, aunado a que no se actualiza ninguna de las excepciones a que se refiere la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados no constituyen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, o bien una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal, ni se trata de una persona extraña al procedimiento, aun por equiparación, pues la quejosa refiere haber sido emplazada al procedimiento; por lo que jurídicamente no puede considerarse que la peticionaria se encontraba exenta de agotar el medio ordinario de defensa reseñado, antes de acudir al juicio de derechos fundamentales. Tampoco exime a la peticionaria, observar el principio de definitividad, la circunstancia de que el embargo de sus bienes a fin de garantizar el pago de las pensiones rentísticas, así como la orden de desocupación en su contra, sea un acto de imposible reparación, toda vez que en estricto apego a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, y con base en las reglas del amparo indirecto, antes de acudir a la vía constitucional se deben agotar los recursos ordinarios correspondientes, pues así lo determina el ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por las consideraciones expuestas. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal. Por lo expuesto y fundado, se acuerda: ÚNICO. Se desecha de plano por notoria improcedencia la demanda promovida por María de las Nieves Zúñiga López, por las consideraciones expuestas en el presente acuerdo.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de abril de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al que acompaña el informe justificado rendido por el Juez Primero del Ramo Civil de esta ciudad; el original del escrito de presentación de demanda de amparo promovida por María de las Nieves Zúñiga López; la constancia de emplazamiento de la parte tercero interesada, así como testimonios del expediente 998/2020; con fundamento en el artículo 45, de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito se avoca al conocimiento del citado asunto; anótese su ingreso en el libro de gobierno, bajo el número 300/2021- VI y fórmese el expediente respectivo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, a efecto de determinar lo que en derecho proceda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, fracción II, en relación con el 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias del ocurso aclaratorio, esto es, una para la autoridad responsable, dos para los cuadernos incidentales respecto de la suspensión que solicita, una para la parte tercero interesada y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, aclare su demanda, a fin de que manifieste bajo protesta de decir verdad, en forma cronológica, ordenada, correcta y clara, todos y cada uno de los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, en virtud de que no lo realizó. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior en el plazo indicado, de conformidad con lo preceptuado en el penúltimo párrafo, del referido artículo 114, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, guárdese por separado las constancias relativas al expediente 998/2020. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica; como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la citada ley de la materia, a las diversas personas que señala, toda vez que cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como autorizada en términos restringidos del referido numeral a Elvia Marina Hernández Méndez, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentra legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral, asimismo, a Emiliano Castro Robledo, por así haberlo solicitado expresamente. Como lo solicita, se autoriza la consulta del presente asunto en la vía solicitada, con fundamento en el artículo 8° Constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio por vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, con el usuario "ucastrog". Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17, Constitucional y 21, último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del segundo de los numerales invocados. Con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil, tanto propio como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente.
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