Maria de la Salud Villaseñor Baez

Expediente 146/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
146/2014
Año
2014
Actuaciones
23
Última actuación
20/08/2018

Partes del expediente

  • Maria de la Salud Villaseñor Baez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Incidental

    III. Uruapan, Michoacán, veinte de agosto de dos mil dieciocho. En proveído de esta fecha, dictado en el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión, se ordenó el archivo del respectivo expediente, como asunto concluido, como se advierte del inciso a) de la cuenta secretarial. Por tanto, de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su momento, y una vez transcurridos más de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente determinación, destrúyase el duplicado de los cuadernillos del incidente en que se actúa. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del citado capítulo y acuerdo, se estima que el original del incidente en que se actúa es susceptible de depuración, una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación del presente proveído, lo que significa que únicamente se conservará el proveído y la resolución que concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. Por otra parte, como se advierte del proveído de dieciocho de diciembre de dos mil catorce (foja 124), la quejosa María de la Salud Villaseñor Báez, exhibió el billete de depósito N-156629, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, valioso por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), a efecto de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados, concedida mediante interlocutoria de veinte de marzo de ese mismo año (fojas 73 a 76); sin embargo, dicho documento mercantil ya le fue devuelto el siete de agosto del año actual, como se indica en la cuenta secretarial. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    III. Uruapan, Michoacán, a veinte de agosto de dos mil dieciocho. Del estado de autos se advierte que en proveído de veinte de julio de dos mil dieciocho (foja1558 y 1560), se tuvo por cumplida la sentencia protectora dictada en el presente juicio, sin que las partes hayan hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por consentida tal determinación, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo y se cuente con la constancia de su notificación a las partes, sin necesidad de nuevo proveído, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión derivado del presente juicio. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencia respectivas, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE; por oficio a las autoridades responsables...

  3. Principal

    III. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días, concedido a las partes en auto de dos de julio del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que dio el Jefe Regional de Uruapan del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, con sede en esta ciudad, sin que ninguna de las partes haya realizado manifestación alguna. Ahora, tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, este Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 1 de 1 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Por tanto, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia, debe precisarse lo siguiente: Mediante sentencia dictada el diez de julio de dos mil diecisiete, por el Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en esta ciudad, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa (fojas 1253 a 1278); resolución que fue recurrida por el tercero interesado Enrique Murguía Ortiz (por conducto de su autorizada; fojas 1354 y 1355), ordenándose la remisión de los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en Morelia, Michoacán, para la substanciación del recurso de revisión correspondiente. En auto de ocho de mayo del año en curso (fojas 1434 a 1436), se tuvo al Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, residente en Morelia, Michoacán, devolviendo los autos del juicio en que se actúa, así como el testimonio de la ejecutoria dictada por el Tribunal de su adscripción, donde se resolvió el aludido medio de defensa, determinándose confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado; asimismo, en cumplimiento a la ejecutoria, se requirió a las autoridades responsables a efecto de que dieran cumplimiento a la ejecutoria de referencia, en el sentido de que no se privara a la parte quejosa del derecho de propiedad que ostenta respecto de una quinta parte de una fracción de terreno rústico ubicado en comprensiones del rancho de Toreo El Alto, municipio de esta ciudad, registrado con el número 131 de tomo 598 del libro de propiedad de este distrito, sin previamente ser oída y vencida en juicio respecto de ese bien. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución que se reclaman del Jefe Regional del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio, con residencia en esta ciudad, al no atribuírsele vicios propios. Ahora, de un análisis integral de las documentales que remitió el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Morelia, Michoacán, a través del comunicado 1095/2018 (fojas 1462 a 1465), se advierte que efectuó lo siguiente: Dejó sin efectos el embargo trabado sobre las acciones y derechos de copropiedad que correspondían a la quejosa, respecto del inmueble en comento, mediante diligencia de cinco de marzo de dos mil trece, practicada por la Actuaria adscrita a la Central de Comunicaciones Procesales de este Distrito Judicial, llevada a cabo en cumplimiento al auto de doce de diciembre de dos mil doce, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 967/2012, promovido por Enrique Murguía Ortiz, frente a Humberto Doddoli Murguía (aquí terceros interesados). Asimismo, se declararon nulas las consecuencias de dicho embargo, como lo son la orden de su trance y remate, decretada en la sentencia definitiva pronunciada en el mencionado contradictorio, así como la inscripción de dicho embargo ante el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, con sede en esta ciudad, bajo el número veintitrés del tomo mil novecientos setenta y dos del libro de gravámenes correspondiente a este distrito, ordenándose girar el oficio correspondiente para tal efecto. Posteriormente, a través del oficio 1227/2018 (foja 1472), se tuvo al citado Juez responsable, remitiendo copia certificada del comunicado URU/687/2018, que a su vez le fue enviado por el Jefe Regional Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, con sede en esta ciudad, donde informó que el veinticinco de mayo pasado quedó parcialmente cancelado dicho embargo bajo el registro cuatro del tomo seiscientos veintitrés, del libro de cancelaciones únicamente por el registro ciento treinta y uno del tomo quinientos noventa y ocho, respecto de una fracción de terreno "Toreo El Alto", embargo trabado en el juicio ejecutivo mercantil 967/2012, de su índice, que pesaba sobre el resto de acciones y derechos de copropiedad de la peticionaria de amparo, sin que en autos obraran las constancias relativas a dicha circunstancia. Por tanto, en acuerdo de veintidós de junio del año en curso (fojas 1483 a 1485), se requirió tanto al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Morelia, Michoacán, como al Jefe Regional de Uruapan del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, con sede en esta ciudad, a efecto de que remitieran las constancias relativas a la cancelación del mencionado embargo. , de Posteriormente, a través del oficio URU/860/2018 (foja 1493), se tuvo al citado Jefe Regional, remitiendo copia certificada de las constancias requeridas, de las que se desprende que se realizó la cancelación respectiva (fojas 1494 a 1525), mismas que también remitió el Juez requerido, a través del comunicado 1669/2018 (foja 1535). Documentales que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2º, párrafo segundo, de las que se obtiene que las autoridades responsables se apegaron a los lineamientos que les fueron fijados en la sentencia de amparo, puntualizados en líneas anteriores. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima que lo procedente en el caso, es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, sin excesos ni defectos, pues se acató con todos y cada uno de los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, como quedó precisado en párrafos que anteceden. Con lo anterior, dése vista a las partes, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor.

  4. Principal

    III. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN CITATORIO DE FECHA VEINTITRES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, NOTIFÍQUESE A LA PARTE TERCERO INTERESADA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS, POR MEDIO DE LISTA SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, EL PROVEIDO DE VEINTE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, PROCEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días, concedido a las partes en auto de dos de julio del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que dio el Jefe Regional de Uruapan del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, con sede en esta ciudad, sin que ninguna de las partes haya realizado manifestación alguna. Ahora, tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, este Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 1 de 1 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Por tanto, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia, debe precisarse lo siguiente: Mediante sentencia dictada el diez de julio de dos mil diecisiete, por el Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en esta ciudad, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa (fojas 1253 a 1278); resolución que fue recurrida por el tercero interesado Enrique Murguía Ortiz (por conducto de su autorizada; fojas 1354 y 1355), ordenándose la remisión de los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en Morelia, Michoacán, para la substanciación del recurso de revisión correspondiente. En auto de ocho de mayo del año en curso (fojas 1434 a 1436), se tuvo al Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, residente en Morelia, Michoacán, devolviendo los autos del juicio en que se actúa, así como el testimonio de la ejecutoria dictada por el Tribunal de su adscripción, donde se resolvió el aludido medio de defensa, determinándose confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado; asimismo, en cumplimiento a la ejecutoria, se requirió a las autoridades responsables a efecto de que dieran cumplimiento a la ejecutoria de referencia, en el sentido de que no se privara a la parte quejosa del derecho de propiedad que ostenta respecto de una quinta parte de una fracción de terreno rústico ubicado en comprensiones del rancho de Toreo El Alto, municipio de esta ciudad, registrado con el número 131 de tomo 598 del libro de propiedad de este distrito, sin previamente ser oída y vencida en juicio respecto de ese bien. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución que se reclaman del Jefe Regional del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio, con residencia en esta ciudad, al no atribuírsele vicios propios. Ahora, de un análisis integral de las documentales que remitió el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Morelia, Michoacán, a través del comunicado 1095/2018 (fojas 1462 a 1465), se advierte que efectuó lo siguiente: Dejó sin efectos el embargo trabado sobre las acciones y derechos de copropiedad que correspondían a la quejosa, respecto del inmueble en comento, mediante diligencia de cinco de marzo de dos mil trece, practicada por la Actuaria adscrita a la Central de Comunicaciones Procesales de este Distrito Judicial, llevada a cabo en cumplimiento al auto de doce de diciembre de dos mil doce, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 967/2012, promovido por Enrique Murguía Ortiz, frente a Humberto Doddoli Murguía (aquí terceros interesados). Asimismo, se declararon nulas las consecuencias de dicho embargo, como lo son la orden de su trance y remate, decretada en la sentencia definitiva pronunciada en el mencionado contradictorio, así como la inscripción de dicho embargo ante el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, con sede en esta ciudad, bajo el número veintitrés del tomo mil novecientos setenta y dos del libro de gravámenes correspondiente a este distrito, ordenándose girar el oficio correspondiente para tal efecto. Posteriormente, a través del oficio 1227/2018 (foja 1472), se tuvo al citado Juez responsable, remitiendo copia certificada del comunicado URU/687/2018, que a su vez le fue enviado por el Jefe Regional Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, con sede en esta ciudad, donde informó que el veinticinco de mayo pasado quedó parcialmente cancelado dicho embargo bajo el registro cuatro del tomo seiscientos veintitrés, del libro de cancelaciones únicamente por el registro ciento treinta y uno del tomo quinientos noventa y ocho, respecto de una fracción de terreno "Toreo El Alto", embargo trabado en el juicio ejecutivo mercantil 967/2012, de su índice, que pesaba sobre el resto de acciones y derechos de copropiedad de la peticionaria de amparo, sin que en autos obraran las constancias relativas a dicha circunstancia. Por tanto, en acuerdo de veintidós de junio del año en curso (fojas 1483 a 1485), se requirió tanto al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Morelia, Michoacán, como al Jefe Regional de Uruapan del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, con sede en esta ciudad, a efecto de que remitieran las constancias relativas a la cancelación del mencionado embargo. , de Posteriormente, a través del oficio URU/860/2018 (foja 1493), se tuvo al citado Jefe Regional, remitiendo copia certificada de las constancias requeridas, de las que se desprende que se realizó la cancelación respectiva (fojas 1494 a 1525), mismas que también remitió el Juez requerido, a través del comunicado 1669/2018 (foja 1535). Documentales que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2º, párrafo segundo, de las que se obtiene que las autoridades responsables se apegaron a los lineamientos que les fueron fijados en la sentencia de amparo, puntualizados en líneas anteriores. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima que lo procedente en el caso, es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, sin excesos ni defectos, pues se acató con todos y cada uno de los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, como quedó precisado en párrafos que anteceden. Con lo anterior, dése vista a las partes, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor.

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