María de la Paz Zamora Velázquez

Expediente 211/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
211/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • María de la Paz Zamora Velázquez
  • Gerardo Benítez Marín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Intégrese al expediente electrónico el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad oficiante acusa recibo de la misiva 1688 del índice de este Tribunal, con la que se remitió testimonio de la sentencia dictada en este juicio, así como de los anexos ahí descritos. Atendiendo al estado de autos, toda vez que se encuentra transcurriendo el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, en el momento procesal oportuno dese nueva cuenta para proveer lo conducente.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Intégrese al expediente electrónico la notificación practicada a la parte tercera interesada el diez anterior, por la actuaria adscrita a este tribunal, respecto de la sentencia dictada en el presente asunto, que concedió el amparo solicitado. Atento a que se encuentra transcurriendo el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en el momento procesal oportuno dese nueva cuenta para proveer lo conducente en relación con la concesión otorgada en este juicio.

  3. Juicio de Amparo Directo

    PRIMERO. Para los efectos precisados en el último considerando de este fallo, la Justicia de la Unión ampara y protege a la sucesión testamentaria a bienes de ****, por conducto de su albacea especial ****, contra la autoridad y por el acto precisados en el resultando primero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, respecto del amparo adhesivo.

  4. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA LA SENTENCIA EMITIDA POR EL PLENO DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO EL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA, MISMA QUE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL, LA CUAL FUE DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 211/2023, QUE A CONTINUACIÓN SE INSERTA: DIRECTO: 211/2023. QUEJOSA: SUCESIÓN DE **** POR CONDUCTO DE SU ALBACEA ****. QUEJOSO ADHERENTE: ****. MAGISTRADO PONENTE: JACINTO JUÁREZ ROSAS. SECRETARIO: HUGO ROSETE GUERRERO. Toluca, Estado de México. Seis de noviembre de dos mil veintitrés. 1. V I S T O S para resolver, los autos del amparo directo 211/2023, promovido por la sucesión de ****, por conducto de su albacea ****, en la vía principal, así como por ****, en la adhesiva; y, R E S U L T A N D O : Presentación de la demanda y acto reclamado 2. PRIMERO. Mediante demanda presentada ante la autoridad responsable, el quince de marzo de dos mil veintitrés, la sucesión de ****, por conducto de su albacea ****, solicitó protección constitucional al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito en turno, contra el acto de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el cual estimó violatorio de los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 constitucionales, y que hizo consistir en la sentencia definitiva de veinte de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación 135/2022. Radicación, tercero interesado y reserva de acordar la admisión de la demanda 3. SEGUNDO. Este tribunal colegiado, a quien por turno correspondió conocer del asunto, por auto de presidencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés radicó la demanda bajo el número 211/2023, reconoció el carácter de tercero interesado a ****, y toda vez que el acto reclamado se dictó en cumplimiento de la ejecutoria dictada en el diverso juicio de amparo 361/2022 del índice del propio tribunal, proveyó que una vez agotadas las formalidades previstas en el artículo 202 de la ley de la materia proveería lo conducente. Admisión 4. El cuatro de julio de dos mil veintitrés se declaró consentida la resolución de cumplimiento dictada en el juicio de amparo 361/2022, lo cual se hizo constar en la certificación con la se dio cuenta en auto de seis de julio del año en cita, derivado de la cual, en dicho auto este tribunal constitucional admitió en la vía directa la demanda de amparo directo de que se trata. Pedimento 5. El Fiscal Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional se abstuvo de formular pedimento. Amparo adhesivo 6. Mediante escrito presentado el cuatro de abril de dos mil veintitrés, el tercero interesado promovió juicio de amparo directo adhesivo, el cual se admitió por auto de seis de julio de dos mil veintitrés. Alegatos 7. Las partes quejosa y tercera interesada se abstuvieron de formular alegatos. Turno 8. Por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés se turnó el asunto al magistrado ponente para formular proyecto de resolución. Precedente 9. Como se mencionó, el presente asunto tiene como precedente el juicio de amparo directo 361/2022, promovido por la sucesión quejosa, en el cual se le concedió el amparo para los efectos que se precisan en la ejecutoria correspondiente y más adelante se hará referencia a ellos. Sesión por videoconferencia 10. TERCERO. Por Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el cual reformó, entre otros, los artículos 27 y 30 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en el cual se estableció esencialmente que los Tribunales Colegiados y los Plenos Regionales procurarán y podrán celebrar sesiones utilizando el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, que permita la celebración de videoconferencias; es por lo anterior que se justifica que las sesiones ordinarias se celebren por videoconferencia y sin la presencia del público, y como el presente asunto se incluyó en la lista respectiva publicada en la página del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra para resolverse vía remota; y, C O N S I D E R A N D O : Competencia 11. PRIMERO. Este tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, inciso c), constitucionales; 33, fracción II, 34 y 170, fracción I, y 182 de la Ley de Amparo; 38, fracción I, inciso c), y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sus puntos primero y tercero, ambos en su fracción II, por reclamarse la sentencia definitiva dictada en un toca de apelación, derivada de un juicio ordinario civil (nulidad de testamento), por un órgano jurisdiccional residente en este circuito. Informe Justificado 12. SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado de acuerdo con el informe justificado de la autoridad responsable y los autos originales remitidos. Contexto procesal 13. TERCERO. Demanda. Conforme a constancias de autos, por escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil diez, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Tercero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, el cual radicó con el número **** en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción de nulidad de documentos, **** inicialmente demandó de ****, **** y del Notario Público **** del Estado de México, licenciado ****: a) la nulidad absoluta de la escritura pública **** de veintidós de mayo de dos mil nueve, pasada ante la fe del Notario Público **** del Estado de México, consistente en el testamento público abierto otorgado por ****, ante la presencia de las testigos **** y ****, firmado la última a su ruego y encargo; y, b) el pago de gastos y costas. 14. En relación con los hechos, manifestó ser hijo legítimo de ****, motivo por el cual, el treinta y uno de mayo de dos mi cuatro, su padre en condiciones adecuadas de salud y en pleno uso de sus facultades acudió ante el Notario Público **** del Estado de México, a dictar testamento público abierto que se hizo constar en la escritura pública ****, en donde se le designó único y universal heredero y se le nombró albacea. 15. Indicó que su padre padecía diabetes mellitus desde aproximadamente mil novecientos noventa y nueve, así como hipertensión, anemia, demencia, artritis y hemorragia digestiva y fue atendido por el doctor ****, con cédula profesional ****, en la ****. 16. El once de abril de dos mil nueve, debido a su dificultad para caminar sufrió una caída, la cual lo postró en cama y agravó sus padecimientos, razón por la cual, el diecisiete de ese mes y año lo llevó al ****, en el cual permaneció hasta el diecinueve de mayo posterior; no obstante, ante el deterioro de su salud los doctores le entregaron una nota de egreso del hospital, en donde advirtieron las condiciones de salud en que se encontraba, las cuales precisó. 17. Debido al agravamiento de su salud, el ocho de junio de dos mil nueve, el referido médico lo atendió y le expidió una receta médica; sin embargo, el veinticinco siguiente, falleció a causa de neumonía, bronquitis, faringitis y diabetes, expidiéndose su certificado de defunción. 18. Posteriormente, denunció el juicio sucesorio testamentario de su padre, en el que exhibió el testamento ****, de treinta y uno de mayo de dos mil cuatro, en el cual se le designó como albacea y único y universal heredero, del cual conoció el Juzgado Cuarto Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, quien lo radicó con el número ****. 19. Solicitados los informes respecto de la existencia de algún testamento otorgado por el progenitor del actor al Archivo General de Notarías y al Instituto de la Función Registral del Estado de México, estos informaron la existencia del testamento público abierto que obra en la escritura pública **** de veintidós de mayo de dos mil nueve, pasada ante la fe del Notario Público **** del Estado de México, ante la presencia de las testigos **** y ****, firmando la última a su ruego y encargo, en el que designó a **** (sobrino), como heredero universal de sus bienes, y heredera en segundo lugar a ****, y como albaceas a estos en dicho orden. 20. Agregó que en dicha fecha supuestamente ante notario su progenitor otorgó testamento, esto es, tres días después de que salió del hospital; no obstante, debido a las diversas enfermedades y padecimientos que sufría, no tenía capacidad para testar, es decir, no tenía capacidades físicas ni mentales para ello, toda vez que para la validez y existencia de dicho acto jurídico se requiere consentimiento, capacidad del otorgante y ausencia de vicios, motivos por los cuales, dicho testamento no era válido; por tanto, procedía su nulidad de pleno derecho, ello derivado de lo anterior, sin presentarse algún intervalo de lucidez, situación que el fedatario debió establecer en dicha escritura. 21. Aunado a que, en el caso concreto se actualizó la causal de nulidad prevista en el artículo 115, fracción VI, de la Ley del Notariado del Estado de México, ya que en el testamento firmaron como testigos la cuñada del supuesto primer heredero y la nuera de la segunda heredera, quien además es esposa y concubina del hermano del heredero, lo que dejó de manifiesto la simulación del acto jurídico. 22. Finalmente, dijo que fue un plan orquestado entre los demandados para hacer creer que se otorgó un testamento en el que estos quedaron como herederos y albaceas, cuando su padre ya no se daba cuenta de ello, y no estaba en condiciones de manifestarlo, ni defenderse. Prevención, desahogo, y admisión de la demanda 23. El veinticinco de agosto de dos mil diez, el juez primigenio previno al actor para que manifestara y acreditara cual era el estado procesal del juicio sucesorio de ****, radicado ante el Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. 24. Cumplida la prevención, el uno de septiembre de dos mil diez, se admitió a trámite la demanda en el expediente **** del índice del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial del Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México y, entre otras cosas, atendiendo al carácter universal de los juicios sucesorios que son atrayentes a los demás promovidos con relación a la sucesión, ordenó la acumulación del juicio al diverso expediente ****, radicado ante el Juzgado Cuarto Familiar del mismo Distrito Judicial. 25. El último juzgador lo tuvo por recibido el veintinueve subsecuente y ordenó su acumulación, en el entendido de que se llevarían por cuerda separada. Contestación de la demanda 26. **** dio contestación a la incoada en su contra y manifestó que las prestaciones reclamadas eran improcedentes. 27. En relación a los hechos negó algunos y otros refirió eran parcialmente ciertos, precisó que del acta exhibida no se apreciaron datos que acreditaran la paternidad del actor, pues no tenía mayores elementos que en los que ella aparecían, aunado a que de constancias no obra documento alguno, ni traslado que se le corriera a esa parte; por tanto, solo constituían manifestaciones subjetivas, dejándole la carga de la prueba a su contrario, sin constar documento original alguno, y objetó los documentos exhibidos. 28. Indicó que efectivamente su hermano fallecido y en relación con las causas que aparecían en el acta, refirió existía un testamento posterior como se desprendía de las constancias del expediente ****, por lo cual el primer testamento quedó sin efecto legal, en el cual consta la voluntad expresa sin limitación alguna, mismo que se otorgó ante notario público con las formalidades legales; aunado a que no se realizó algún trámite que actualizara la legitimación pasiva; por tanto, debía regularizarse el procedimiento. 29. Es verdad que se realizó un testamento, pero su familiar hasta su muerte tuvo conciencia plena de sus actos y lo otorgó cumplimiento el más mínimo requisito que la ley exige, sí tuvo algunos problemas de articulaciones y musculares en manos y pies, pero ello no es motivo de nulidad, aunado a que el actor jamás prestó atención, cuidado, cariño, respeto y apoyo de ninguna especie y esporádicamente visitaba al finado, pues lo único que hacía era causarle enojos, angustias, molestias y malos tratos, sin visitarlo más de cinco veces al año, por lo cual su cuidado quedó a su cargo y de otros familiares, vecinos y amigos. 30. Negó la nulidad porque se trata de un instrumento notarial expedido ante la fe de un notario, acto en el cual se cumplieron todos los requisitos que señalan las leyes civiles, así como las de la Ley del Notariado, por lo cual es válido; señaló no existían bases para indicar que su familiar siempre contó con capacidad física y psíquica, así como voluntad, lo que le consta a ****, ****y ****, quienes convivieron con el de cujus, sobre todo desde dos mil ocho a dos mil diez, pues lo visitaban y les constaba su estado físico, así como condiciones mentales. 31. Mencionó que el actor visitaba esporádicamente a su padre, únicamente para molestarlo y tener altercados con él, pero no lo apoyó económicamente; reiteró que el finado siempre tuvo plena conciencia, nunca estuvo demente, siempre fue dueño de su voluntad y otorgó válidamente testamento en forma legal; lo que les consta a sin número de vecinos y familiares, pues nunca contó con trastorno que le afectara su voluntad o conciencia y menos privarlo de cualquier facultad mental, aunque toda persona con el tiempo y la edad padece enfermedades, pero su familiar siempre contó con plena conciencia de sus actos, únicamente presentó deterioro en sus articulares produciéndole restricciones en sus movimientos. Excepciones y defensas 32. Opuso la improcedencia de la demanda; carencia de derecho; falsedad de los hechos; obscuridad e imprecisión en la demanda y la carencia de documento; la derivada de las copias que al respecto, al momento del emplazamiento no aparecen exhibidos en autos los supuestos documentos a que se referían las prestaciones; la derivada de que no obran en el expediente documentos médicos originales; y la derivada de la fe pública del notario. Prevención 33. En auto de diecinueve de octubre de dos mil diez, el juez de primera instancia, previno al actor para que integrara correctamente la relación jurídica procesal, por cuanto hacía a los legitimados pasivamente en la causa, quienes fueron los que intervinieron en el acto jurídico del cual se pedía la nulidad y en representación del autor de la sucesión en comento, pues solo podría comparecer su albacea quien debía acreditar su representación con documento fehaciente, por lo cual solo tuvo por hechas las manifestaciones realizadas. Contestación de la demanda 34. **** Notario Público **** del Estado de México, dio contestación a la incoada en su contra y sostuvo que las prestaciones reclamadas eran improcedentes. 35. En cuanto a los hechos unos no los afirmó ni negó por no ser propios, otro lo negó y uno más lo afirmó, puntualizó es cierto que la escritura pública **** de veintidós de mayo de dos mil nueve contiene el testamento público abierto otorgado por el de cujus, la cual se expidió en la notaría pública a su cargo, bajo las condiciones que se narraron en la misma, y en cuanto a que la escritura pública de compraventa se realizó sin la asistencia de dicha sucesión, es cierto, pero fue debido al poder que tenía ****. 36. En relación a que el poder se otorgó dos días después de la caída ese hecho no le consta, pero suponiendo sin conceder, que el de cujus se cayó, ello no era impedimento para que compareciera ante él, para llevar a cabo dicho acto jurídico, ya que el único profesional para determinar si una persona es o no viable mentalmente son los médicos alienalistas y el dictamen médico que se realizó debió ponerse a consideración para determinar si la persona se encuentra o no en estado de interdicción mediante resolución judicial. Excepciones y defensas 37. Opuso la de falta de acción o derecho y la derivada del hecho de que para demandar las prestaciones las pruebas no son las idóneas. Contestación de la demanda 38. **** dio contestación a la incoada en su contra por escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil diez, en idénticos términos que lo hizo ****, al emitir su contestación. Aclaración de demanda y desistimiento 39. El cuatro de febrero de dos mil dieciséis, el actor dio cumplimiento al proveído de diecinueve de octubre de dos mil diez, en el cual amplió su demanda en contra de ****, albacea de la sucesión de ****, subsistiendo la demanda en contra del citado notario, y desistió de la entablada en contra de ****; manifestaciones que se tuvieron por formuladas en ese misma data; no obstante, a fin de proveer sobre la ampliación de la demanda, se le previno para que indicara el domicilio del albacea de dicha sucesión y exhibiera las copias de traslado correspondientes. 40. Dicha prevención se tuvo por desahogada el veintitrés de febrero siguiente, por lo cual, el juez ordenó correr traslado al albacea de dicha sucesión. Contestación de la demanda 41. ****, como albacea de la sucesión de ****, dio contestación a la incoada en su contra e indicó que las prestaciones reclamadas eran improcedentes. 42. Respecto a los hechos unos no los afirmó ni negó por no ser propios, otros son ciertos y unos más falsos, en virtud de que de la excepción derivada de la falta de legitimación activa se acreditó no tenía capacidad para heredar, sin que ello implicara que reconociera su carácter de heredero legítimo o testamentario, tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 6.20, fracción II, 6.22, fracciones VIl y VIlI del Código Civil del Estado de México, en relación con ciertas personas y a determinados bienes, son incapaces para heredar por causa de delito los parientes del autor de la herencia, que teniendo obligación de darle alimentos no la hubiesen cumplido. 43. Lo anterior, porque el actor al ser hijo legítimo del de cujus tenía la obligación de alimentarlo, procurarlo, asistirlo y cubrir todos los gastos hospitalarios y funerarios de su padre; sin embargo, se abstuvo de realizarlos, dejándolo en abandono físico, moral y emocional, por lo cual su madre y él, se dedicaron a cuidarlo, alimentarlo, pagar gastos hospitalarios, y cuando falleció cubrieron los respectivos gastos, sin que su hijo otorgara cantidad alguna, los cuales ascienden a **** pesos **** centavos. 44. Ante la actitud negligente y descuidada del actor, hizo valer en vía de excepción y como acción reconvencional la falta de legitimación activa derivada de la perdida de capacidad para heredar, al incurrir en una grave omisión, pretendiendo con el ejercicio de su acción obtener los beneficios de un testamento revocado, cuando la voluntad del testador fue que el único testamento que subsistiera fuera el otorgado por el de cujus en favor de él, el cual cumplió con los requisitos de solemnidad exigidos tanto por el Código Civil del Estado de México y la Ley del Notariado. 45. Señaló que el testamento que le fue otorgado, se revocó de manera expresa por el autor de la sucesión demandada, por la conducta que desplegó al dejarlo en el abandono sin recurso alguno para su supervivencia, revocación que cumplió con todos los requisitos esenciales y formales para su validez. 46. Mencionó que todos y cada uno de los gastos hospitalarios generados por el testador, fueron pagados por su madre y él, lo que acreditó con los documentos exhibidos previamente, sin que existiera constancia alguna en el sentido de que este tuviera alguna discapacidad mental para el otorgamiento del testamento. 47. El fallecimiento del autor de dicha sucesión, se acreditó con el acta de defunción exhibida por el actor y que el mismo se abstuvo de realizar acto alguno tendiente al pago de los gastos médicos, hospitalarios y deudas mortuorias, pues de esos trámites se hizo cargo **** y él, demostrando el abandono hacía su padre. 48. El testamento fue otorgado con todos los requisitos esenciales y formas para la validez del testamento, no existiendo constancia alguna que determinara su incapacidad física o mental para el otorgamiento de dicho acto jurídico, dado que así lo certificó el notario público, no existiendo nulidad de pleno derecho; además, en la elaboración, redacción y protocolización del acto jurídico unilateral consistente en el testamento que se pretendía anular, él no tuvo intervención alguna, ya que fue ****, quien exteriorizó su voluntad ante el notario público y testigos quienes dieron fe y autenticidad de dicho acto. Excepciones y defensas 49. Opuso la de falta de legitimación activa, la contenida en el artículo de carencia de la Ley del Notariado vigente para el Estado de México, improcedencia de la demanda, carencia de derecho, falsedad de los hechos, obscuridad e imprecisión de la demanda; la derivada de los artículos 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107, 2.108 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la derivada del contenido del artículo 2.29 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México y la de la improcedencia de la acción intentada. Reconvención 50. En el mismo escrito reconvino de **** las siguientes prestaciones: a) la pérdida de la capacidad para heredar; b) la pérdida de legitimación para poder ejercitar acción alguna derivada de la sucesión de ****; y, c) las costas del juicio. 51. En relación con los hechos refirió es sobrino del autor de la sucesión enjuiciada, porque fue hermano de su progenitora ****; en razón de dicho parentesco adquirió para uso habitacional el inmueble ubicado en ****, número ****, colonia ****, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el cual colinda con el domicilio de su madre, ubicado en calle ****, número ****, en la misma colonia y municipio los cuales fueron adquiridos por los nombrados a fin de que existiera cercanía, comunicación y asistencia mutua. 52. Indicó que el autor de la sucesión laboraba de forma independiente, siendo autosuficiente para allegarse los elementos necesarios tendientes a su manutención, sin que lo visitara su hijo, quien a muy temprana edad abandonó el domicilio y solo esporádicamente visitaba a su padre para pedirle dinero prestado o que lo asistiera en algún problema, lo cual incluso lo presenciaron diversas personas de la colonia; pero con el paso de los años el finado dejó de trabajar derivado de su edad y enfermedades, lo que generó que requiriera alimentación y cuidados especiales como atención médica, pago de medicamentos y alimentación, por lo cual su madre y él se hicieron cargo de dicha persona. 53. El diecisiete de abril de dos mil diecinueve, por los padecimientos de su tío tuvieron que internarlo en el hospital ****, situación que se hizo del conocimiento del demandado reconvencional, quien les manifestó que esa no era su responsabilidad ya que no le debía nada; una vez que se dio la atención médica de urgencias que requería su familiar, fue dado de alta para continuar su atención en su domicilio, sin que el demandado realizara pago alguno. 54. El veinticinco de julio de dos mil nueve, el de cujus falleció a causa de una neumonía fulminante, bronquitis, faringitis y diabetes, lo que se le informó a su hijo para los trámites correspondientes y realizar lo concerniente al sepelio e inhumación, quien se abstuvo de hacerlo, incluso de acudir al velorio, haciéndose cargo de dichas cuestiones su madre y él. 55. Precisó que se acreditó el abandono injustificado del que fue objeto el autor de dicha sucesión, porque a pesar de que su hijo tenía la obligación de suministrarle alimentos, asistencia y cuidados suficientes, ellos tuvieron que absorber dichos gastos. Contestación a la reconvención 56. **** dio contestación a la demanda reconvencional, en la que negó las prestaciones reclamadas. 57. En cuanto a los hechos dijo unos eran ciertos, otros parcialmente ciertos y unos más falsos; reiteró diversas cuestiones que estableció desde su demanda y precisó que su padre adquirió el inmueble en mención, pero no con la finalidad de que existiera cercanía, comunicación y asistencia mutua con ****, ya que él estuvo al pendiente de todas sus necesidades, aunado a que el testador siempre tuvo ingresos propios que él jamás abandonó a su padre, porque siempre estuvo al pendiente de él y sus necesidades, nunca le pidió dinero prestado y siempre le acercó lo que necesitaba. 58. Ante los padecimientos de su padre estuvo al pendiente de la atención que requería, siendo su médico de cabecera el doctor ****, quien lo atendía en su domicilio cuando no era posible llevarlo a su consultorio, cubriéndole sus honorarios, sin que su contrario o madre le apoyaran económicamente, pues su padre siempre fue autosuficiente para sufragar sus propias necesidades, gracias a la venta de una vecindad que tenía en calle ****, número ****, colonia ****, la cual realizó en dos mil cuatro, por **** pesos, aunado a que recibía un aproximado de **** pesos mensuales, por concepto de renta de una parte del inmueble ubicado en calle ****, número ****, colonia ****, municipio en Naucalpan de Juárez, Estado de México. 59. Es cierto el internamiento de su padre, pero la decisión se tomó en familia, y los gastos hospitalarios se cubrieron con los recursos de este hasta su egreso; quien jamás mejoró, su egreso del hospital fue porque los doctores consideraron muy avanzada la gravedad de su estado de salud, entregándoles una nota de egreso firmada por el doctor ****, quien certificó sus condiciones de salud, donde se advertía que su padre no podía moverse y hablar, lo cual no cambió hasta su muerte, por lo que su padre jamás pudo tramitar el testamento de la escritura pública ****. 60. De acuerdo con el testamento de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, realizado supuestamente tres días después de que su padre salió del hospital con sus diversas enfermedades y dependiendo totalmente de ayuda para moverse, cuando no tenía capacidad para testar al encontrarse disminuido de sus capacidades físicas y mentales, pues para la existencia del acto jurídico se requiere capacidad y ausencia de vicios en el consentimiento, motivo por el cual era procedente su nulidad absoluta, pues transgredía los artículos 7.6, 7.7, fracción I, y 7.8 fracciones I y II, del Código Civil del Estado de México. 61. Precisó se actualizó el supuesto del artículo 115, fracción VIII, de la Ley del Notariado del Estado de México, por la ausencia de capacidad del testador, ya que no contaba con capacidad física ni psíquica, derivado de su estado de salud, ya que estaba sedado a causa de los medicamentos que ingería a través de sondas, con atrofia muscular, cuadriparesico, y en situación de demencia, sin presentar estado de lucidez. 62. También se actualizó la causal de nulidad prevista en el artículo 115, fracción VII, de la citada ley porque firmaron como testigos **** y ****, cuando la segunda es cuñada del heredero y albacea, y nuera de la heredera en segundo lugar al ser concubina del hermano del heredero, dejando de manifiesto su interés. 63. Destacó que después de la muerte de su padre, tuvo acceso al inmueble de aquél porque tenía llaves, pero horas después fue detenido por policías, quienes lo remitieron a la Agencia del Ministerio Público, donde se enteró que su primo (****), lo denunció por el delito de allanamiento de morada, argumentando era propietario del inmueble, y para acreditar su dicho exhibió la escritura pública ****, en ese momento sin datos de inscripción ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, consistente en la protocolización del contrato de compraventa que otorgó el finado representado por **** a través de la escritura ****, a favor de ****, escritura realizada mientras su padre estaba en el hospital, y la escritura para realizar cualquier acto o gestión respecto del lote ****, manzana ****, y casa en él construida, ubicada en calle ****, número ****, colonia ****, Municipio en Naucalpan de Juárez, Estado de México, se otorgó dos días después de la caída de su padre, cuando estaba postrado en un cama sin poder levantarse, como se desprende de lo recetado. 64. Dijo que dichas escrituras fueron declaradas inexistentes y nulas por la Primera Sala Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en sentencia de treinta de enero de dos mil catorce, dictada en el toca ****, al acreditarse la falsedad de la firma plasmada supuestamente por su padre. 65. Insistió en que todo fue un plan orquestado por el actor en reconvención con su madre, cuando su padre ya no se daba cuenta de lo que acontecía a su alrededor, siempre estuvo al pendiente de su padre hasta su deceso, y si aparecen los nombres de su primo y tía en el acta de defunción fue porque ellos se ofrecieron a hacer ese trámite ante la Oficina de Registro Civil, mientras él realizaba todo lo que requería el evento funerario. Excepciones y defensas 66. Opuso la falta de acción y derecho de demandar la pérdida de capacidad para heredar, falta de acción y derecho para demandar la pérdida de legitimación, falta de acción y derecho para demandarle el pago de gastos y costas, oscuridad o defecto legal de la demanda, sine actione agis, intangilidad de la demanda y las que se derivaran de ese escrito. Interrupción del proceso 67. Mediante escrito presentado el tres de abril de dos mil diecisiete, el albacea de la sucesión de **** solicitó la interrupción del proceso dado que el titular de la notaría demandada falleció; no obstante, su contraparte ofreció su confesional; por ende, solicitó se girara oficio al Registro Civil para verificar dicho deceso; al respecto el cinco siguiente el juez comunicó que de la página web del gobierno conocida como "LEGISTEL", en su edición de nueve de julio de dos mil doce, se publicó el fallecimiento del aludido demandado, lo que constituía un hecho notorio, por lo cual se interrumpió el proceso por un plazo de sesenta días hábiles a fin de que el mismo fuera debidamente representado. Llamamiento a juicio 68. Contra la anterior determinación, el actor principal interpuso recurso de revocación, pues consideró que no debía llamarse al representante de quien entonces fungía como notario, sino al nuevo notario, dado que no se le demandó a título personal; por tanto, el diecinueve de abril de dos mil diecisiete el juez admitió dicho recurso y el cuatro de mayo siguiente declaró fundados los agravios hechos valer, revocó el auto recurrido y dejó sin efectos la fecha previamente establecida para el desahogo de la testimonial de dicho fedatario, y ordenó se hiciera del conocimiento del nuevo titular la radicación del juicio para que se apersonara a deducir sus derechos. Nulidad de emplazamiento de la sucesión 69. El veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, de una revisión de la diligencia de catorce de marzo de dos mil diecisiete, el juez concluyó que no existía certeza de que la sucesión de **** tuviera oportunidad de defenderse; por tanto, declaró nula la diligencia de emplazamiento y todo lo actuado con posterioridad, dejó a salvo los derechos de las partes, y ordenó que una vez que tuviera conocimiento quien ostentaba el cargo de albacea especial de la sucesión demandada acordaría lo conducente. 70. En desacuerdo con tal determinación ****, como albacea de la sucesión de ****, interpuso recurso de revocación, el cual se admitió el seis de septiembre de dos mil diecisiete y resolvió el veinticinco subsecuente, el cual quedó sin materia; por tanto, se ordenó la acumulación del expediente **** al juicio sucesorio testamentario **** del índice del Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, máxime que en el diverso ****, se sobreseyó el veinte de octubre de dos mil diez, correspondiéndole el número de expediente ****. Rebeldía 71. El nueve de agosto de dos mil dieciocho, de la razón de emplazamiento del nuevo notario, el juez advirtió que no le hicieron de su conocimiento el plazo de nueve días otorgado para manifestar lo que a su derecho conviniera, ni se le corrió traslado con el auto que ordenó dicha notificación; por tanto, concluyó que estaba viciado, motivo por el cual, nuevamente ordenó su práctica; y el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho tuvo por precluido el derecho que dejó de ejercitar. Nombramiento de albacea especial 72. Seguido el procedimiento, el actor principal informó que en el expediente **** se nombró a **** albacea especial de la sucesión de ****, razón por la cual, en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, el juez ordenó su notificación de manera personal; a quien se le tuvo por contestada la demanda en términos similares a como lo hizo en su momento ****, como albacea de dicha sucesión, en donde además reconvino de su contraparte diversas prestaciones; el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve la previno para que aclarara la prestación marcada con el número uno, y dentro de los tres días siguientes acreditara los delitos que refirió fueron cometidos por el pariente del autor de la herencia. 73. El veintidós subsecuente, respecto de ****, como albacea especial de la sucesión de ****, el juez tuvo por inadmitida la demanda reconvencional, al no dar cumplimiento a las prevenciones indicadas; inconforme con ello, interpuso recurso de apelación, el cual se inadmitió el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve al no ser apelable; asimismo, contra el último auto interpuso recurso de queja, el cual se resolvió el catorce de noviembre de dicha anualidad, declarándolo infundado la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; finalmente en desacuerdo con la última resolución promovió amparo indirecto; no obstante, el diez de marzo de dos mil veintiuno, se le tuvo por desistida de dicho juicio en el amparo ****, por lo cual se sobreseyó. Sentencia de primera instancia 74. Seguido el procedimiento, el trece de enero de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva en la cual el juez declaró que el actor principal justificó los extremos de la pretensión que intentó y que los demandados no justificaron sus excepciones y defensas; por tanto, declaró la inexistencia de la escritura pública **** de veintidós de mayo de dos mil nueve y ordenó que cuando causara ejecutoria dicha resolución se girara oficio al Notario Público **** del Estado de México, a efecto de que realizara la anotación y cancelación de la escritura en mención, y no hizo especial condena en costas en esa instancia. Apelación y sentencia de segunda instancia 75. Inconforme con la anterior determinación, la sucesión demandada apeló; de dicho medio de impugnación conoció la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien mediante sentencia dictada el dieciocho de abril de dos mil veintidós, declaró infundados e inoperantes los agravios expresados por la apelante, por lo cual confirmó la sentencia y no hizo especial condena costas. Amparo directo 361/2022 76. Inconforme con lo anterior, la sucesión demandada promovió juicio de amparo directo, mismo que se radicó con el número de expediente 361/2022, del índice de este tribunal colegiado, el cual se resolvió el nueve de noviembre de dos mil veintidós, en el sentido de conceder el amparo para los efectos siguientes: "a) Deje insubsistente la sentencia reclamada de dieciocho de abril de dos mil veintidós, con excepción de los argumentos atendidos en la presente ejecutoria en relación a las violaciones procesales relativas al litisconsorcio pasivo necesario y los dictámenes periciales en dactiloscopia, así como en relación al cuarto perito tercero en discordia. b) Con las constancias completas, con libertad de jurisdicción, dicte una nueva resolución en la que resuelva de manera exhaustiva y congruente todos y cada uno de los agravios propuestos por el recurrente". Sentencia reclamada 77. En acatamiento a dicha ejecutoria, la sala responsable, el veinte de febrero de dos mil veintitrés, dictó sentencia en la que resolvió: "PRIMERO. Resultaron infundados e inoperantes los agravios expresados por el albacea especial ****, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta resolución, en consecuencia; SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de fecha trece de enero de dos mil veintidós, dictada por el Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el expediente número 1629/2017 relativo al juicio Ordinario Civil (Nulidad de Testamento), promovido por ****, en contra de ****, por los motivos expuestos en esta determinación. TERCERO. No se hace especial condena en costas en esta segunda instancia. CUARTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, y con copia certificada de la presente y de sus notificaciones, remítanse los autos al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad previa las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, ARCHÍVESE el presente toca, como asunto total y definitivamente concluido". 78. Sentencia que se tiene por reproducida por economía procesal, máxime que no hay obligación legal de transcribirla. 79. CUARTO. Los conceptos de violación constan en el expediente de amparo y se tienen por reproducidos por la referida razón. Consideraciones de la sentencia reclamada 80. QUINTO. Antes de abordar el examen de los conceptos de violación es necesario tener en cuenta las consideraciones con base en las cuales la sala responsable confirmó la sentencia reclamada, lo cual hizo en los términos siguientes: 81. Analizados los agravios de la recurrente, en concordancia con las actuaciones judiciales de primera instancia, a las que otorgó valor probatorio pleno en términos del artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; concluyó que estos resultaron infundados e inoperantes; lo que dio lugar a confirmar la sentencia impugnada. 82. Bajo ese escenario, indicó que la apelante se inconformó porque sostiene que la resolución es violatoria de lo dispuesto en los artículos 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.52, 1.77, 1.78, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en virtud de que el juez natural, al emitir sentencia, omitió analizar que en el caso se materializó un litisconsorcio pasivo necesario, como se planteó al inicio del proceso, en virtud de que el artículo 1.86 del ordenamiento legal en cita determina, en qué casos y bajo qué, supuestos resulta indispensable la materialización del litisconsorcio pasivo necesario. Al respecto dijo que no le asistía razón a la inconforme; por ende, declaró infundado el agravio. 83. Lo anterior, se justificó con las actuaciones judiciales con valor demostrativo pleno en términos del artículo 1.352 del código procesal civil, toda vez que en auto de diecinueve de octubre de dos mil diez, el juez previno al actor para que enderezara la demanda, lo cual sí aconteció, pues enderezó su escrito inicial contra el albacea de la sucesión demandada, lo cual consta en el testamento **** de veintidós de mayo de dos mil nueve. 84. Por tanto, dijo que cuando se trata de litisconsorcio se debe recurrir al precepto legal 1.84 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el cual dispone que hay litisconsorcio cuando una parte, sea activa o pasiva, esté compuesta por varias personas. 85. Sobre el litisconsorcio necesario, el artículo 1.86 dispone que es necesario cuando las cuestiones que en el juicio se ventilan, afectan a más de dos personas, de tal manera que no sea posible pronunciar sentencia válida, sin oírlas a todas. Asimismo, es veraz que el estudio del litisconsorcio necesario, atañe un estudio oficioso; como lo dispone el artículo 1.87 del citado código, pues se prevé que el juez en cualquier momento analizará de oficio la presencia de dicha figura. En ese tenor, el artículo 1.88 impone al juez que al examinar la demanda o reconvención prevendrá al actor para que la amplié contra las personas que formen litisconsorcio necesario. 86. Ahora bien, de la intelección armónica de los artículos antes referidos con los preceptos 6.226 y 6.227, fracciones VI y VII, del Código Civil del Estado de México, coligió que el albacea es quien representa legalmente a la sucesión y tiene como obligación, entre otras, defender en juicio, y fuera de él, los bienes de la herencia y la validez del testamento; ergo, como representante de la sucesión, debe comparecer al juicio donde se intente la acción de nulidad y/o inexistencia del testamento público abierto otorgado, pues la ley lo faculta expresamente para defender su validez. 87. De tal suerte, el artículo 1.5 del Código Civil del Estado de México, establece que: "Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario"; por tanto, es inconcuso que en el juicio de nulidad de testamento respectivo los interesados en que se declare la nulidad y/o inexistencia de éste deben enderezar su demanda contra la sucesión de la persona que en vida llevó a cabo dicho acto jurídico, a través de su albacea o de quien sus derechos represente y si no lo hicieron, entonces el juez debía hacerlo, para no dejar inaudita a dicha sucesión. 88. Ciertamente, en el caso concreto tal supuesto se colmó con el llamamiento a juicio del albacea, de manera que no está ajustado a derecho que el albacea especial reproche que no se verificó el estudio de la figura del litisconsorcio, porque no se llamó al proceso a su descendiente (****); de ahí lo infundado de dicho agravio. 89. Por otro lado, la apelante insistió en que de la escritura pública **** de veintidós de mayo de dos mil nueve, pasada ante la fe del Notario Público **** del Estado de México, licenciado ****, consistente en el testamento público abierto, otorgado por la sucesión demandada ante la presencia de testigos; claramente se advierte que las cuestiones que en el juicio se ventilaron, afectan de manera directa al heredero universal y albacea testamentario decretado, quien de forma oportuna aceptó la herencia, así como el cargo de la mencionada sucesión, persona que de manera lamentable no fue llamada a proceso, ya que los intereses de dicha sucesión fueron representados por el albacea especial, quien es la propia recurrente, la cual fue designada por el juez. Tal inconformidad es infundada. 90. Ello, porque no es legalmente posible integrar litisconsorcio, habida cuenta que el albacea especial, es quien defiende los intereses de la sucesión demandada, de la cual **** es albacea testamentario, en cuyo caso están inmiscuidos los intereses de todos los herederos, en tanto se dilucida dicha nulidad; empero, precisó que el resolutor designó al albacea especial, lo cual fundamento en el precepto 6.212 del Código Civil del Estado de México, el cual establece que los albaceas puedan ser universales o especiales. 91. Tal decisión es armónica con el principio de conservación de las actuaciones procesales, en cuanto reflejo del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, que tiene relación con los de economía procesal y estabilidad, que restringen la potencial privación de efectos de actuaciones que sería inútil volver a verificar en el procedimiento. 92. En otros motivos de inconformidad, la apelante se dolió de la falta de defensa de los intereses del albacea testamentario; no obstante, la sala los declaró infundados e inoperantes porque la apelación atañe la defensa de los intereses de la sucesión que el albacea especial representa concernientes a la defensa de la validez del testamento otorgado en dicha escritura; por ende, si la apelante o el propio albacea testamentario consideraron que se vulneraron sus derechos, no debe soslayarse que su derecho de defensa está expedito; sin embargo, deben ejercerlo en un proceso independiente, en el cual justifiquen la representación del referido para poder alegar en su nombre; empero, ni siquiera está en condición legal de defender sus intereses a nombre propio, pues la litis versa sobre nulidad de testamento, la cual se delimitó entre el actor principal y la sucesión demandada por conducto de su albacea especial. 93. Sobre el hecho de que tanto la apelante como el albacea testamentario fueron quienes erogaron los gastos mortuorios, dijo no debe perderse de vista que previo a justificarlos de manera fehaciente, pueden válidamente hacerlos efectivos en vía idónea si se estima que el artículo 6.227, en la fracción IV, dispone el pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias; sin embargo, ello no procede en el proceso sobre nulidad testamentaria. 94. En cuanto a los documentos que se exhibieron, no obstante, de no haber sido objetados por su contraparte, estos no fueron ni siquiera mencionados por el juez natural, violentando con ello los principios de exhaustividad y congruencia que deben satisfacer las sentencias, máxime que, lo solicitó la apelante. 95. Aunado a lo anterior, la recurrente sostuvo que con esos documentos se justificó el interés jurídico y legítimo de **** para comparecer al proceso, ya que, de conformidad con el precepto legal mencionado, él tiene interés en que persista la validez del testamento y que los gastos que realizó de las deudas mortuorias generadas por el de cujus, le sean reconocidas; en consecuencia, debió establecerse la legitimación y el interés jurídico de dicha persona. 96. Ante tales agravios, advirtió no le asistía razón, porque el albacea especial no está legitimado para alegar en defensa del interés personal de su descendiente, ni como heredero, ni siquiera a nombre propio, pues ostenta la representación de la sucesión y con ese carácter compareció al proceso. 97. No pasó desapercibido que el artículo 1.77 de la ley procesal civil en consulta, dispone que es parte en un procedimiento judicial quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario. En el caso tal intervención la detenta la apelante pues así lo dispone el precepto 6.226 del código sustantivo, al referir que es el albacea quien debe deducir todas las acciones inherentes a la sucesión; sin embargo, ello no limita al albacea testamentario para ejercer sus derechos a nombre propio como a su interés legal conviene. 98. En cuanto a que los intereses de la sucesión están representados por la apelante; dijo es cierto; sin embargo, la inconformidad consistente en que los intereses del albacea testamentario nadie los representa; es un hecho inexacto, puesto que ello puede o no ocurrir, pero en el proceso no tiene relevancia, si se estima que en términos del dígito 1.78 de la ley procesal civil citada, pueden comparecer a juicio las personas físicas o jurídicas colectivas que tengan capacidad legal, para actuar por sí o por medio de representante y en el caso, los intereses de la sucesión están legalmente representados. Por lo expuesto corroboró que los disensos son infundados. 99. De lo anterior, sostuvo es cierto que una de las funciones primordiales del albacea es y será mientras la ley de la materia no sea derogada o abrogada la defensa del testamento tanto en juicio como fuera de él; sin embargo; también afirmó que el juez no lo consideró así, apreciación que la sala no consideró correcta, pues de las actuaciones se demostró que el juez como perito en derecho conoce dichas funciones, tanto que previno al activo para que integrara correctamente la relación jurídico procesal y derivado de ello, el actor enderezó la demanda en contra del albacea de la sucesión demandada y del Notario Público **** del Estado de México, dado que inicialmente demandó a **** e ****, por propio derecho; respecto de la primera se desistió y del segundo se dejó sin efecto su emplazamiento, para llamarlo a juicio pero ahora con el carácter de albacea. Por tanto, no es cierto que la sentencia carece de los requisitos exigidos por la ley consistente en la congruencia y exhaustividad requeridos. 100. En cuanto al disenso relativo a que la sala debió considerar los autos de catorce de marzo de dos mil dieciséis y veinticinco de agosto de dos mil diecisiete; en donde se declaró la nulidad de la diligencia de emplazamiento y todo lo actuado con posterioridad, por lo que el llamamiento a proceso de ****, tanto en su carácter de heredero universal y albacea testamentario de la sucesión demandada, quedó sin efecto incluso su contestación de demanda, de lo que se desprende que legalmente jamás se ha escuchado a la citada persona en su doble carácter, haciéndose nugatorio el derecho humano al debido proceso, legalidad y acceso a la justicia previstos y garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Tales inconformidades son infundadas e inoperantes. 101. En el mismo tenor que los anteriores disensos; la sala insistió que no es el albacea especial la persona indicada ni facultada legalmente para defender los intereses de su descendiente ni como presunto heredero ni como albacea testamentario, máxime si consta en autos que al referido se le notificó en su carácter de albacea testamentario el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, y con esa calidad contestó el dos de diciembre de dicha anualidad; no obstante, fue el juez quien decidió nombrar albacea especial por estimar que de no hacerlo y de declararse la nulidad del testamento impugnado, se colocaría a la sucesión en estado de indefensión, determinación que adquirió firmeza procesal. 102. De ahí que, la sala consideró no existe violación en perjuicio de la sucesión que representa la apelante y de conformidad con el artículo 6.227 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en el caso de impugnación de la validez del testamento por herederos, esta debe sustanciarse en el juicio correspondiente con el albacea; de donde coligió que no se integra un litisconsorcio pasivo necesario, entre herederos, ya que la herencia es una copropiedad y el albacea es el órgano representativo para ejercitar las facultades que expresamente determina la ley, por ello al ejercitarse la acción de nulidad de un testamento, es innecesario demandar, tanto al albacea, como a los herederos, sobre el tema, el juez expuso la razón por la cual consideró necesario el nombramiento de albacea especial, en auto de veinticinco de agosto: ".si bien es cierto la parte actora refiere como acción principal la prestación de nulidad de testamento contenido en la escritura **** de donde de una simple lectura de aquel se advierte que se designa como albacea testamentario al sobrino del de Cujus, de nombre ****, (persona con quien se entendió la diligencia). Luego entonces, suponiendo sin conceder, que la prestación en sentencia definitiva fuera procedente, es decir que el acto tildado de nulo lo fuera, ello ocasionaría que todos los actos derivados de aquel también lo fueran, por tanto, ningún efecto tendría la designación de albacea efectuado por el testador en el testamento que se combate.". 103. Motivos, por los cuales la sala estimó que no se evidenció violación procesal alguna, máxime si la determinación de nombrar albacea especial a pesar de que fue impugnada mediante recurso de revocación, por auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete dejó sin materia dicho recurso, acuerdo que no fue combatido; por ende, ambos proveídos; el que nombra albacea especial y el que dejó sin materia el recurso adquirieron firmeza procesal. 104. En otro disenso, la apelante se dolió de la inaplicación de los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el contenido de los artículos 6.12 y 6.18 del Código Civil del Estado de México, al pretender decretar la inexistencia en suplencia a la deficiencia de la queja de la parte actora, de un acto jurídico, que reúne todos los requisitos de legalidad previstos en la ley. Lo cual, consideró infundado. 105. Sobre el punto el juez afirmó: ".De ello es factible vislumbrar, conforme a la pretensión seguida en este juicio que, el actor solicita una acción de nulidad, la cual necesariamente deberá de encuadrar o contemplarse en las hipótesis previstas en los artículos 6.110 y 6.112 de la Legislación Sustantiva vigente, ya que estas son de estricto derecho, en virtud de que, el testamento contiene la última voluntad del de Cujus, la cual, por obvias razones no puede ser modificada por su autor.". En tal virtud, indicó que de acuerdo a la legislación aplicable el testamento es nulo cuando se otorgue bajo violencia, influjo, mala fe o sin cumplir con las formas escritas por la ley. 106. De manera que, la decisión del juez es fundada, porque una vez realizado un estudio íntegro de la causa de pedir invocada por el accionante, advirtió que este apreció la falta de consentimiento del de cujus, para la celebración de dicho acto jurídico y que no cumplió con todas las solemnidades señaladas por la ley sustantiva civil, lo cual dijo trae como consecuencia que, la pretensión de nulidad de pleno derecho ejercitada por la parte actora sea considerada procedente. 107. Y de la lectura del citado instrumento, advirtió que el veintidós de mayo de dos mil nueve, ante el entonces Notario Público **** del Estado de México, se hizo constar la presencia del de cujus, a quien se le tomaron sus generales y se otorgaron sus cláusulas de las que se desprende que nombró como su heredero a **** y como heredera sustituta a la apelante. 108. Asimismo, indicó que el fedatario hizo constar la capacidad legal del testador, que el testamento que en ese momento se otorgó le fue dictado en voz alta, el cual dicho funcionario redactó en un solo acto sin interrupción, con lo cual dijo se llenaban los requisitos legales. 109. Luego, asentó que el testamento fue leído al testador explicándole las consecuencias legales, exhortándolo a leerlo por sí mismo; una vez que fue hecho, manifestó estar conforme con su contenido, pero dijo que no firmaba por no poder hacerlo, posteriormente aclaró que en cumplimiento a la Ley del Notariado, hizo constar la presencia de las testigos **** y ****, firmando la última a su ruego y encargo. 110. En párrafos posteriores el notario asentó que después de leer y explicar el testamento, el de cujus dijo estar conforme y en señal de ello asentó su huella dactilar. Lo cual, sustentó con el contenido de los artículos 6.126, 6.127, 6.128 y 6.129 de la legislación aplicable al caso concreto. 111. En tal contexto, refirió que el testamento tachado de nulo en simple confrontación con los preceptos invocados puede considerarse que se practicó aparentemente ajustado a derecho, como lo pretende la inconforme; no obstante; del estudio de las actuaciones en su integridad, con valor demostrativo pleno en términos de la norma contenida en el precepto 1.359 del código procesal de la materia, se presume que constan en autos las pruebas que aportó el accionante con las cuales se evidenció la situación que entonces prevalecía con el de cujus, y hacen evidente la conclusión del juez; es decir, que en realidad este no estuvo en condiciones físicas de otorgar su consentimiento y muy probablemente ni siquiera de estar presente en la notaría, tal y como lo afirmó el juez. 112. Lo anterior, porque en autos obran los medios de prueba que el actor ofreció en sendos escritos de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete y catorce de agosto de dos mil veinte, respectivamente, los cuales en su conjunto permitieron concluir, tomando en consideración que el de cujus falleció el veinticinco de junio de dos mil nueve, que no pudo otorgarse el testamento de veintidós de mayo de dos mil nueve; por ende, este no cumplió los requisitos que prevé el artículo 7.7 del código procesal, esto es, no hubo consentimiento y solemnidad. 113. Ahora bien, de las pruebas ofertadas la sala corroboró la conclusión del juez, es decir, recogió el principio "tantum devolutum quantum apellatum", el cual alude a que los agravios son los medios que proporcionan la materia de examen en el recurso y al mismo tiempo la medida en la que se recobra la plenitud de jurisdicción en el conocimiento del asunto; en el caso, y teniendo a la vista el cúmulo de actuaciones, incluido el cuaderno de pruebas de la actora aperturado el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete; resulta que las pruebas que combatió mediante ese recurso son las que se analizan. 114. En concordancia con lo antes expuesto, es claro que contrario a lo manifestado, la sentencia dictada por el juez de primer grado fue congruente, clara y precisa al señalar las razones por las cuales procede declarar la nulidad pretendida; dado que el de cujus no otorgó el testamento, pues en la copia certificada del acta de defunción se advierten los padecimientos del finado, los cuales padeció antes (diez años) de su deceso; lo cual corroboró con las recetas médicas que obran en copia certificada y en las que se alude a los mismos padecimientos, además presentaba cuadriparesia secundaria, gastritis crónica, entre otros y otra receta de once de abril de ese año, en la que se lee la continuidad de medicamentos que debía tomar. 115. Los anteriores documentos se robustecieron con el expediente clínico del de cujus que consta en las copias certificadas del expediente 564/2010, del Juzgado Sexto Mercantil del Distrito Judicial de Naucalpan de Juárez, Estado de México, en las que obra la hoja nota de egreso del ****, de diecinueve de mayo de dos mil nueve, expedida por el médico internista doctor ****, de la que se lee que el de cujus egresó del referido hospital con los siguientes padecimientos: Diabetes mellitus descontrolada, Cuadriparesia secundaria a síndrome de canal medular estrecho, demencia, hemorragia digestiva proximal, retención de secreciones bronquiales y artritis de la rodilla derecha post traumática. 116. Entre otras cosas, en dicho expediente también se dijo que a esa fecha y desde hace "varios meses" tenía dificultad para la marcha, ya que semanas antes de su internamiento había sufrido una caída desde su propia altura y posterior a ello, tuvo deterioro general progresivo y cinco días antes, estuvo postrado en cama. Incluso se lee sobre el entonces paciente que: "se recibe estuproso, quejándose de dolor osteomuscular generalizado, más intenso en la rodilla derecha, sin respuesta verbal, mucosas muy deshidratadas". 117. Asimismo, se dijo: "el pronóstico es sombrío, dada la cuadriparesia que le limita la automovilidad, depende por completo de ayuda para moverse y realizar actividades de autocuidado, la retención de secreciones bronquiales frecuentes será causa de fiebre y riesgo elevado de desarrollar en cualquier momento un cuadro de bronconeumonía que podría llegar a ser fatal". 118. Además de las referidas pruebas, mediante promoción 3291/2019, el actor aportó diversas con carácter superveniente, admitidas en auto de cuatro de marzo de dos mil diecinueve consistentes en un citatorio de ocho de febrero de dos mil dieciocho, emitido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la primera mesa de trámite de Naucalpan de Juárez, Estado de México, dentro de la carpeta de investigación ****, y copias certificadas de la sentencia de treinta de enero de dos mil catorce, dictada en el toca de apelación 680/2012 relativo al expediente 564/2010 del índice del Juzgado Sexto Mercantil del Distrito Judicial de Naucalpan de Juárez, Estado de México. 119. Copias certificadas de un contrato de compraventa que consta en escritura pública **** celebrado entre el de cujus representado por **** e ****, tirada ante la fe del Notario Público **** del Estado de México, así como copia certificada de un poder notarial otorgado a la primera de las nombradas en la escritura pública **** de trece de abril de dos mil nueve, por el finado. 120. Sobre dichas pruebas, dijo que no fueron materia de los agravios a excepción de la sentencia dictada en el toca de apelación 680/2012, relativo al expediente 564/2010 del índice del referido juzgado. 121. Por cuanto hace a los diversos escritos de ofrecimiento de pruebas que constan agregados al cuaderno de pruebas de la parte actora que se formó según el acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, identificados con los números 6732/17, 6733/17, 6796/17, 6797/17 y 6798/17, además de la ratificación a cargo del doctor ****, confesional a cargo del Notario Público **** del Estado de México, y testimoniales a cargo de ****, **** y ****, ambos de apellidos **** y la testimonial del referido doctor, fueron debidamente proveídas en acuerdo de seis de febrero de dos mil diecinueve. 122. Sobre los referidos testigos, la sala indicó no fueron materia de impugnación en ese recurso y de la prueba a cargo del aludido médico dijo se declaró desierta en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte. 123. No soslayó que posterior al ofrecimiento de pruebas el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, sobrevino el nombramiento de albacea especial, quien fue debidamente emplazada y contestó la incoada en su contra el quince de octubre de dos mil diecinueve, lo que trajo como consecuencia la apertura del plazo probatorio entre la nombrada albacea y el actor; por ende, nuevo ofrecimiento de pruebas como se desprende a foja 963, del Tomo III, momento en el cual se ofrecieron nuevamente pruebas, las que también valoró. 124. El nuevo caudal probatorio, la sala lo estimó suficiente para considerar asistía razón al juez, sumado a tales probanzas consta la pericial en dactiloscópica desahogada en autos emitida por cuatro expertos en la materia, de la cual se desprende esencialmente que los expertos nombrados por las partes, **** concluyó que la huella dactilar dubitada, no procede del pulgar derecho el de cujus, por su parte el perito **** concluyó que la huella dubitada a nombre del finado, tiene un origen común del mismo dactilograma natural y proviene del mismo dedo pulgar del de cujus. 125. Ahora, el experto ****, perito tercero nombrado por la sala, concluyó que no se tiene la certeza de que dedo proviene la huella dactilar testigo o indubitable, ello porque la huella dactilar no está completa y no tiene algún fragmento útil para su estudio que contenga mínimo doce puntos característicos o de cuatro a cinco puntos bien agrupados en el centro de la figura de clase excepcional. 126. Por último, la experta **** afirmó que la huella del de cujus plasmada al calce del testamento es solo una fracción del dactilograma misma que debido a que fue recabada con una técnica incorrecta no se imprimió de manera adecuada ni con la tinta apropiada razón por la que no presenta cualidades que permitan su análisis; por tanto, sostuvo no es factible confirmar o refutar su atribución al de cujus. 127. Respecto a dichas periciales, la apelante manifestó que la argumentación vertida por el juez no solo fue incorrecta sino además propensa y contraria a las constancias que obran en autos, ya que curiosamente olvidó mencionar el resultado del dictamen pericial emitido por el perito ofrecido por la apelante, así como que el emitido por el perito ofrecido por la parte actora estaba incompleto, ya que omitió dar respuesta a la adición del cuestionario que formuló en estricto cumplimiento al artículo 1.308 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Inconformidades por un lado infundadas y, por otro, fundadas pero inoperantes. 128. Por tanto, procedió a la lectura del apartado de la sentencia relativo a dicha valoración, del cual advirtió que dicha valoración, es correcta, no la estima tendenciosa ni contraria a las constancias que obran en autos, pues pese a lo afirmado por la recurrente, la valoración judicial sí corresponde a las actuaciones, tomando en cuenta que hay un apartado específico que evidencia que el juez no olvidó mencionar el resultado del dictamen pericial emitido por el perito que nombró, de ahí lo infundado. 129. No inadvirtió que, del dictamen emitido por ****, perito nombrado por la actora, no se aprecia respuesta al cuestionario que adicionó la pasiva, de ahí lo fundado de tal inconformidad; sin embargo, es inoperante, porque por un lado, el uno de octubre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el dictamen y en auto de veintiocho siguiente se le tuvieron por formuladas las manifestaciones sobre el mismo punto, es decir, cuestiona que el dictamen del activo es incompleto; así, la primera determinación que tuvo por recibido el dictamen no fue recurrida y adquirió firmeza procesal, la segunda si se combatió mediante el recurso de revocación que la confirmó. 130. Por otro lado, los peritos nombrados por la sala sí dieron respuesta a las preguntas que adicionó la inconforme, de manera que, en el caso, tal hecho no le irrogó perjuicio alguno y no trascendió en el sentido del fallo, o al menos no lo expuso así a través de argumento alguno que controvirtiera la decisión del juez e hiciera evidente el perjuicio que dice le causó. 131. Por los motivos antes mencionados, dijo que el alegó de la apelante consistente en describir como sucede el desahogo de la prueba pericial según el precepto 1.316 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, es irrelevante, porque en realidad de lo que se dolió es que no se valoró el dictamen emitido de su parte y se nombraron cuatro peritos para desahogar la prueba. 132. De ahí que, insistió en que el valor que se le concedió obedece a la contundencia de los resultados, pues es ilógico pensar que deba reconocerse la eficacia probatoria de un dictamen -el emitido por su perito-, que afirma que la huella sí es atribuible al de cujus, contra la conclusión de dos expertos nombrados en discordia; los cuales fueron coincidentes en cuanto a que no es conclusivo afirmar o refutar la atribución de la huella dactilar al de cujus, dadas las características de la impresión dactilar cuestionada; corroborándose lo infundado e inoperante de los agravios relativos, de conformidad con el artículo 1.359 de la ley procesal civil en consulta. 133. En otro orden de ideas, lo relativo a considerar sin fundamento legal el nombramiento de un cuarto perito en discordia, no se justificó, lo consideró así, porque no expuso las razones que advirtió y que dijo hacen ilegal el proceder del operador judicial, convirtiéndose solo en expresiones de inconformidad generales que no evidenciaron porque tal acto lo consideró violatorio de las normas que rigen el proceso, si justamente en el código procesal civil, se disponen las facultades del juez en materia de prueba: 134. En síntesis, la sala estimó que lo antes descrito fue correctamente valorado por el juez, pues del análisis exhaustivo que verificó pudo apreciar que el finado no estuvo en condición de otorgar su consentimiento, aunado a que sobre la huella dactilar que consta en el instrumento **** no puede confirmarse o refutarse su atribución al de cujus; en consecuencia, el acto no se llevó a cabo con la solemnidad que la ley exige; motivo por el cual sostuvo asistía razón al juez al afirmar lo siguiente: "La sentencia de 30 treinta de enero de 2014 dos mil catorce, emitida por los Magistrados integrantes de la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, Estado de México, en el Toca número 680/2012, relativo al Recurso de Apelación interpuesto por el aquí actor en contra de la sentencia pronunciada en el expediente 564/2010 del índice del Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, la cual constituye una presunción de la cuestión puesta a consideración de este Juzgador, la cual ponderará con las circunstancias precedentes se puede presumir humanamente como valido el hecho investigado, referente a que, el señor **** no expresó al Fedatario Público aquí codemandado su voluntad post morten37." 135. De manera que, no es creíble que una persona cuya condición de salud le impide moverse, postrado en cama con dolores intensos en el cuerpo, sin expresión verbal, diabetes mellitus descontrolada, cuadriparesia secundaria a síndrome de canal medular estrecho, demencia, hemorragia digestiva proximal, retención de secreciones bronquiales y artritis de la rodilla derecha post traumática; hubiere podido estar presente en la notaría y en uso de sus facultades y consciente del acto que se le atribuye, otorgó un testamento, a los tres días de salir del hospital, con una condición grave de salud. 136. Mucho menos se explica, que el referido fedatario hubiere podido dar pleno y cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.127 del Código Civil del Estado de México y lo expresamente estipulado en la Ley del Notariado del Estado de México, como lo afirmó la apelante; esto es, que el indicado notario; se cerciorara plenamente de la identidad del testador, requiriera la exhibición del documento fidedigno para acreditarlo y que el de cujus le hubiere presentado su credencial para votar. 137. Así como tampoco es creíble, que el entonces testador le hubiere solicitado a **** firmar a su ruego y encargo, considerando que presentaba falta de expresión verbal, de ahí que contrario a lo expresado en vía de agravio no se dio cabal cumplimiento al artículo 6.129 del Código Civil del Estado de México, como lo afirmó la disconforme, de ahí lo infundado del agravio. 138. No pasó inadvertido, que la testigo ****, jamás fue llamada al proceso, empero fue así porque la propia apelante nunca la ofertó como testigo en ese proceso y contrario a lo dicho, el juez no estaba obligado a obrar en suplencia de la queja ni en favor de la sucesión ni del activo; por ello es que a pesar de que en apariencia las testigos intervinieron en la elaboración del testamento; sin embargo acorde al principio de estricto derecho que rige en materia de sucesiones, la carga procesal probatoria correspondía a la apelante y no al juez en términos del artículo 1.252 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. 139. En suma, indicó no le asistía razón a la recurrente en cuanto a que sí se pudo cumplir con lo establecido en el artículo 6.127 del Código Civil del Estado de México, esto es; que el testador expresó de un modo claro y terminante su voluntad al notario y este redactó por escrito, las cláusulas del testamento, sujetándose estrictamente a la voluntad del testador, leyéndolas en voz alta y exhortándolo a leerlas por sí mismo, a fin de que manifestara si se encontraba conforme o no, si era así, firmara él, el notario y en su caso los testigos y el intérprete; tales actos no pudo realizarlos el de cujus. 140. De ello, determinó no fue acertado el reproche de la inconforme en cuanto a que el juez decreta la nulidad, desconociendo la presunción legal de la que gozan los instrumentos públicos pasados ante la fe de notario público, pues lo cierto es que en el caso no solo cobró relevancia que a pesar de la fe del notario público, por simple lógica al revisar las documentales médicas y el acta de defunción, se advierte que fue humanamente imposible que el de cujus en sus condiciones de salud, hubiere estado dispuesto y consciente de otorgar un nuevo testamento. 141. En abundamiento a lo anterior, el referido notario, en su escrito relativo a dicha escritura, contestó que esta sí existe y contiene testamento público abierto otorgado por el de cujus el cual no tiene nada de supuesto, ya que ese acto se llevó a cabo en la mencionada notaría a su cargo bajo las condiciones narradas en el mismo. 142. Lo cual se pone en entredicho, puesto que en efecto el documento existe, lo que no es factible es pensar, que se otorgó con las solemnidades y requisitos de ley, pues no se descartó que hubieren podido trasladar al de cujus al domicilio de la notaría; sin embargo; lo trascendente es que no estaba en condiciones físicas que le permitieran otorgar su consentimiento para la celebración del acto; ello porque es contundente el expediente clínico más las documentales valoradas y la pericial dactiloscópica, pruebas que en su conjunto hacen posible arribar a la conclusión, que el de cujus no otorgó su consentimiento y es poco probable que hubiere acudido a la notaría. 143. Sobre el alego de la inconforme, relativo a que no existía dictamen alguno que determinara que el testador era incapaz para dictar su testamento o que se hubiese suplantado su persona, en virtud de que fue legalmente identificado, tanto por el notario público que redactó y elaboró su disposición testamentaria, con la presencia de las testigos de identidad y de la persona que firmó a ruego del testador; dijo que de la sentencia combatida no se desprendió afirmación alguna en tal sentido. 144. No obstante; resultó innecesario que exista un dictamen médico que lo evidenciara como incapaz, pues su salud en general era crítica tanto que el hospital lo dio de alta mediante la "hoja de egreso", en la que es posible advertir que más allá de ser un caso de incapacidad, es un caso en el que el de cujus simplemente no pudo expresar su consentimiento en la celebración del acto porque su estado físico ya no se lo permitía, tan es así que falleció el veinticinco de junio de dos mil nueve; de suerte que no es lógico pensar que el médico tratante ante lo grave de su salud, con más de cinco días postrado en cama, lo egresó del hospital y envío a su domicilio el diecinueve de mayo de dos mil nueve y que se levantara a otorgar el testamento tres días después -veintidós de mayo de dos mil nueve-. 145. Por otra parte, la apelante se dolió de que la resolución dictada violentó de manera flagrante el contenido del artículo 1.196 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, puesto que, hizo valer un cúmulo de excepciones que destruyen el ejercicio de la acción principal e inhabilitaron a la parte actora para comparecer al proceso, sin que el juez hubiese analizado o al menos mencionado dichas excepciones. Tal motivo de disenso resultó infundado e inoperante. 146. Lo anterior es así, puesto que de una simple lectura de la sentencia impugnada advirtió un apartado específico en el que se resuelve sobre las excepciones que hizo valer, de ahí lo inverosímil del alego, pues sostuvo en su agravio; que ni siquiera fueron mencionadas en la sentencia controvertida; por ende, no tiene razón cuando dice que se vulneraron en su perjuicio los artículos 1.195, 1.196, 1.199 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. 147. Incluso sobre la excepción que opuso consistente en la falta de legitimación activa, ante la pérdida de la capacidad para heredar, por el abandono injustificado hacia su padre, sí se resolvió. 148. Lo cual, resultó improcedente; considerando que el actor es descendiente del de cujus; por ende, está legitimado para comparecer; de ahí que resultó un hecho diverso que la apelante demostrara que se actualizaron los supuestos legales del precepto 6.20 del código sustantivo, alusivos a la capacidad e incapacidad para ser heredero, en cuyo caso nada justificó ni fue el punto toral de la litis, de conformidad con el citado precepto 1.252 de la ley instrumental de la materia. 149. Ahora, en el caso la apelante fundó y pretende la falta de legitimación de su contrario, con base en el hecho de que ofreció un cumulo de pruebas, entre las que se encuentran los recibos de los pagos de las deudas mortuorias generadas por el fallecimiento del de cujus, gastos alimentarios, atención médica, pago de enfermera, cama especial, etcétera, al haberse exhibido los diversos recibos y justificantes de pago y que jamás fueron objetados por su contraria, inconformidad que no guarda relación con la legitimación para comparecer a juicio de su contrario; por ende, es inoperante. 150. En realidad, la legitimación -ad causam- atañe al fondo del asunto y requiere, el previo examen y valoración de las pruebas que obren en autos para que el juez pueda formar su convicción acerca de la existencia o ausencia del interés legítimo que una o las dos partes pueden tener para sostener o soportar la acción. Por este motivo, indicó que el activo sí estaba legitimado en ese proceso considerando que es descendiente del de cujus. 151. Por tanto, no le asistía razón en las inconformidades relativas a que dichos documentos -que acreditan las cuentas mortuorias-, tienen eficacia probatoria dentro del proceso y adminiculados con las restantes pruebas, como las testimoniales que ofreció justifican todas, el abandono del que dice fue objeto el de cujus, por parte de su hijo, puesto que ni la testimonial ni tales documentales son prueba idónea para demostrar el abandono que acusó, sin perder de vista que el punto debatido es la nulidad del testamento contenido en la escritura ****, de modo que corroboró lo inoperante del disenso, aunado a que es veraz que el codemandado (notario) no opuso excepciones ni ofreció pruebas. 152. En estudio del siguiente disenso, la recurrente se dolió de que el juez vulneró el contenido de los artículos 1.195, 1.196, 1.250, 1.251, 1.252, 1.253, 1.254, 1.359 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, porque en el capítulo identificado como "Litis", hizo una incorrecta e incompleta fijación de la litis, ya que de manera lamentable, olvida mencionar que durante la secuela procesal, el mencionado fedatario falleció y, no obstante lo anterior, lo declaró fictamente confeso de las supuestas posiciones que fueron calificadas de legales. 153. En las hipótesis normativas existentes en nuestro sistema jurídico, no hay una en la que se establezca que, ante la muerte de una persona y al haber dejado de comparecer a la audiencia confesional a su cargo por haber muerto, esa, sea causa suficiente para declararlo confeso, lo que no se encuentra previsto por la ley de la materia; sin embargo, el juez lo consideró como una de las pruebas en las que pretende sustentar su ilegal resolución. Tal disenso de igual modo es infundado. 154. Pues no debe inadvertir que el referido notario falleció; sin embargo, es correcto y ajustado a derecho que el juez declarara confeso a dicho fedatario, ante su rebeldía, pues pese a que fue legalmente notificado de la tramitación del asunto, no compareció a defender sus derechos, ante ello es toral dejar en claro que a quien se declaró confeso es al notario, y no a ****, esto es, se declaró confeso a quien debe dar cuenta de los actos que ocurren en la notaria, con base en los asientos de su protocolo, en cuyo caso, tal acto puede verificarlo la persona que sea titular de la indicada notaría, en el concreto, lo fue el notario público nombrado por el Gobierno del Estado de México en sustitución, Maestro en Derecho ****. 155. Por ello, resultó falso lo que sostuvo la inconforme relativo a que, a tal notario, no le constan los hechos por no haber intervenido en el acto jurídico del que se pretende su nulidad, y es falso porque sí estuvo en condición de dar contestación si estima que el ejercicio de la función notarial en la entidad se ejerce por medio de la patente que otorga el Ejecutivo Local a quien haya cumplido con los requisitos establecidos en la propia ley, la cual es expedida a los titulares, de ello infirió que la patente se ejerce siempre en nombre o representación de la notaría a la que pertenecen, de ahí que es legítimo que el notario designado a la muerte de ****, acudiera al proceso en defensa de los intereses de la notaría que representa. 156. De manera que, si a pesar de que fue legalmente notificado, y decidió no comparecer a defender los derechos que representa, lo fue en su perjuicio, por lo cual, con certeza afirmó que no hay acto arbitrario y carente de toda lógica jurídica o sustento alguno; pues no se declaró la confesión ficta del finado (notario), sino del fedatario en ejercicio de sus funciones. 157. En el siguiente agravio, la apelante reprochó al juez que suplió la deficiencia de la queja, sin causa justificada, al modificar el ejercicio de la acción, violentándose en su detrimento el artículo 2.29 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en beneficio de una de una de las partes. 158. Lo cual es así, según lo consideró, porque en el concreto se pidió la nulidad absoluta del testamento público abierto otorgado por el de cujus; no obstante; el juez dijo que de conformidad con el artículo 7.7, fracción I, de la ley sustantiva civil vigente en la entidad, lo que realmente demandó la parte actora, es la inexistencia de la escritura pública ****, de veintidós de mayo de dos mil nueve. 159. Disenso que resultó infundado por lo siguiente; el artículo 2.29 del código procesal civil, dispone que la acción no podrá modificarse ni alterarse una vez intentada y contestada la demanda, salvo cuando lo permita la ley. 160. En la sentencia el resolutor aseveró: "Se pide la nulidad absoluta del Testamento Público abierto otorgado por ****, es decir, sí se pide la nulidad ABSOLUTA, estamos hablando de una inexistencia, ya que no se pide la nulidad relativa, se ha dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, la Inexistencia y la Nulidad de pleno derecho, únicamente se diferencian doctrinalmente, ya que legalmente tienen el mismo efecto; tanto más cuanto que, una vez realizado un estudio íntegro de la causa de pedir invocado por el accionante, se advierte que se fundamenta en la falta de consentimiento de ****, para la celebración de dicho acto jurídico, por tanto, es inconcuso que de conformidad con el artículo 7.7 fracción I de la Ley Sustantiva Civil vigente en la entidad, aquello que verdaderamente demanda la parte actora es la inexistencia de la escritura pública **** de fecha 22 veintidós de mayo de 2009 dos mil nueve; sin embargo, la diversidad en el nombre de las dos anteriores figuras, deviene intrascendente, puesto que ambas persiguen la privación de forma absoluta de los efectos legales del acto jurídico;". 161. En el caso, se justificó la actuación judicial dado que, si bien es cierto, la pretensión inicial lo es la "nulidad"; sin embargo, es cierto lo afirmado por el juez, en cuanto a que las diferencias respecto de la "inexistencia" son teóricas, pero además en el caso concreto, no le irrogó perjuicio alguno que el juez concluyera que lo que verdaderamente ocupa en el asunto lo es la inexistencia del testamento otorgado en la aludida escritura, si la consecuencia legal es la misma que acarrea la nulidad. 162. Ciertamente, el precepto 1.5 de la ley sustantiva civil de la entidad, prevé que los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario, mientras que el artículo 6.109 de la misma ley, alude a que es inexistente el testamento en el que el testador no manifieste, clara y expresamente su voluntad, así como el que no se hace con las solemnidades que señala la ley, por otra parte el artículo 6.112 de la misma ley dispone que el testamento es nulo también, cuando se otorga sin cumplir con las formas prescritas por la ley. 163. En tal contexto, indicó que la afirmación del juez en este punto es fundada, porque se reconoce en la jurisprudencia que entre la pretensión de solicitar la inexistencia de un acto o la nulidad de éste, no existen fácticamente características relevantes diferentes, porque las distinciones entre ambas son meramente teóricas, que la declaración de inexistencia debe ser considerada, en su tramitación y resolución, con sujeción a las normas que regulan la nulidad, pues dada la identidad jurídica sustancial que existe entre ambas pretensiones, ameritan que se les aplique un mismo tratamiento. 164. Conforme a una interpretación objetiva y sistemática de los artículos 7.10, 7.13 y 7.12 del código sustantivo vigente, se sigue que todo contrato, en cuanto acto jurídico, podrá declararse inexistente solo cuando le falte el consentimiento o el objeto que pueda ser materia de él; así, de acuerdo con una intelección armónica de tales preceptos, es obvio que la ausencia de dicho consentimiento y del objeto implicarán que no pueda concebirse la existencia de cierto acto jurídico, como ocurrió en la especie. 165. Sobre la nulidad absoluta, consideró que por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie judicialmente la nulidad, la cual no desaparece por la confirmación o prescripción, pues bien, en un caso (inexistencia) el acto no existe y, en otro (nulidad), es destruido retroactivamente, pero en ambos casos cesan los efectos del mismo, con ello queda claro que no existe vulneración alguna a sus derechos ni se actuó en suplencia de la queja. 166. Continuando con la respuesta a los agravios, en otro punto, la recurrente alegó que de las constancias que integran la escritura pública que contiene el testamento público abierto otorgado por el de cujus, en la multicitada escritura, se advierte que los testigos, que intervinieron, no solo dieron fe de la identidad y condiciones en las que se encontraba el testador, sino que también se percataron que todo lo manifestado por el testador en el acta correspondiente, se realizó sin violencia, que en tal caso, su intervención en la celebración del acto jurídico del que se pretende la nulidad, no fueron objeto de la litis y; por tanto, su intervención quedó firme y el acto jurídico debe subsistir, ya que dichas testigos tienen la característica de evidenciar la voluntad del testador y que ésta se exteriorizó de forma plena. Tal disenso es infundado e inoperante. 167. Se afirmó así, porque contrario a lo expresado, las testigos no están facultadas para dar fe del acto cuya nulidad se reclamó; pues tal y como lo ha pronunciado la autoridad federal, la fe pública es la potestad que por ley el Estado otorga a ciertos funcionarios públicos, los que una vez en posesión de sus cargos, tienen la facultad de dotar de autenticidad y fuerza legal a los instrumentos que autorizan. 168. La fe pública, es indelegable y se entiende como verdad impuesta coactiva o imperativa únicamente por el Estado, que obliga a los habitantes a dar por ciertos o veraces determinados instrumentos o hechos, los cuales, entre otros requisitos deben estar firmados por dichos servidores públicos en cumplimiento a las formalidades legales que garanticen su autenticidad. 169. En ese sentido, la intervención de las testigos en el caso, solo cumplió la función específica que prevé el precepto artículo 6.128 del código civil vigente, esto es, comparecer al otorgamiento y firma del testamento público abierto, además del testador y el notario; sin embargo; intervendrán solo que se trate de un testamento otorgado por persona que no sabe o no puede firmar, que es sorda, invidente o no pueda leer, caso en el que necesariamente se requiere la presencia de testigos. 170. Estos, podrán intervenir además como testigos de conocimiento; y el artículo 6.129 del mismo código, dispone que para el caso de que el testador declare que no sabe o no puede firmar, imprimirá su huella digital y uno de los testigos firmará en su nombre, de ahí que, aunque no fueron "objeto" de la litis, lo que se debatió es la nulidad del instrumento, en cuyo caso, se indicó no fue posible que el testador otorgara su consentimiento, por lo cual la participación de las testigos en nada trascendió en el fallo, amén de que no fue aportada su testimonial en el proceso por el albacea especial, representante de la sucesión. 171. En otro punto, la apelante manifestó que en el otorgamiento del testamento, no se hizo constar cuáles fueron las causas por las cuales, el testador no firmó el testamento, pues en el código civil ni en la Ley del Notariado existe una disposición que obligue al testador a especificar cuáles son las causas por las cuales en el testamento público abierto, una persona no puede o no sabe firmar, pretendiendo con lo anterior, crear una norma jurídica, sin tener las facultades para hacerlo. Lo dicho es parcialmente cierto, pero inoperante. 172. Parcialmente cierto, porque es verdad que no hay norma que disponga que el notario debe detallar las causas por las cuales el testador no firmó; pero inoperante porque con ello no cambia el sentido del fallo, ya que no fue la razón por la cual se hubiere decretado la nulidad, si se considera que el juez dijo lo siguiente: ".que el testamento le fue dictado en voz alta por el testador, que se explicaron las consecuencias legales, exhortándolo a leerlo por sí mismo, manifestándole estar conforme con el contenido del mismo y que no lo firma por no poder hacerlo, presentando a las testigos **** y ****, firmando ésta última a su ruego y encargo, asentado su huella digital; de lo anterior, se evidencia que el Fedatario fue omiso en referir la razón por la cual el testador no firmaba el testamento y que haya sido la testigo ****, quien firmará a su ruego y encargo. Por último, hizo constar que, el." 173. De modo que, a pesar de que la norma no exige que el notario asentará porque motivo no pudo firmar, tampoco se desprende razón alguna que le impidiera mencionar los motivos por los cuales no pudo hacerlo, a fin de dar mayor certeza al acto; de modo que ninguna relevancia tiene el hecho, que haga cambiar el sentido del fallo. 174. Por otra parte, señala la apelante que el artículo 4.230 del Código Civil del Estado de México, establece que las personas tienen incapacidad natural y legal para que se puedan hacer cargo de sus derechos y afrontar sus obligaciones; sin embargo, la determinación de dicha incapacidad, no se acredita con la sola manifestación de una persona o institución, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.337 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, los requisitos para la procedencia de la declaración del estado de interdicción de una persona con la que se demuestre su incapacidad física o mental para responsabilizarse de sus actos jurídicos y de sus obligaciones. Tales afirmaciones son ciertas, pero inoperantes. 175. Ello es así, porque los preceptos citados si son relativos a la declaración de estado de interdicción; por tanto, para declarar la incapacidad de una persona es veraz que se requiere la intervención de por lo menos dos expertos en psiquiatría; pero en el caso no fue la razón por la cual el juez hubiere decretado la nulidad, de modo que ninguna trascendencia tiene que haga posible modificar la determinación de primer grado. 176. Motivo el anterior, por el cual también es inoperante lo alegado como agravio, relativo a que el juez, mediante una serie de documentos que fueron exhibidos en copia, pretenda tener por demostrada la supuesta incapacidad del testador, cuando el sistema jurídico impone la necesidad de escuchar cuando menos a dos médicos alienistas o especialistas en la materia, en el caso concreto lo son los especialistas en psiquiatría, los que jamás fueron desahogados en el proceso; ante tales inconformidades, advirtió que en la sentencia definitiva no se incluyeron manifestaciones en ese sentido. 177. De suerte que, también es inoperante que pretenda que la sala considerara lo acontecido respecto de la pericial en materia de medicina legal. 178. Esto es, la apelante se inconformó porque la referida prueba, le fue admitida a su contrario, además se le dio vista a la parte que representa, para el efecto de adicionar el cuestionario correspondiente; y que, en el caso la impugnante ofreció la pericial a cargo de la doctora **** adicionando el cuestionario respectivo. 179. Agravio que estimó inoperante, porque tal probanza se decretó desierta el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, dado que el perito nombrado por el oferente no emitió el dictamen de ley, sin que tal determinación fuera impugnada por las partes. 180. De modo que, aunque la experta que nombró la apelante, rindiera "en tiempo y forma" su dictamen, no podía ni debía valorarse porque hacerlo contravendría las reglas del procedimiento y; por ende, principios como el de seguridad jurídica, el cual, conlleva a pensar que los enunciados normativos deben aplicarse de modo que no den margen a la arbitrariedad por parte de la autoridad, y el debido proceso, porque los procedimientos legalmente establecidos no pueden alterarse o modificarse por la voluntad de las partes o del juez, sino que deben seguirse todas las etapas establecidas por la ley para cada uno de ellos, a fin de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. 181. Por lo anterior, dijo no le asistía razón, pues sostiene que el juez dio valor probatorio a una serie de recetas médicas de fechas diversas expedidas por el doctor ****, pese a que las objetó, que jamás fueron ratificadas por el médico, y, aun así, se decretó la deserción de dicha prueba -medicina legal-. 182. Que todo ello, ocurrió sin tomar en cuenta que, la parte actora ofreció este medio de perfeccionamiento de la prueba en cuestión -ratificar recetas y que, al no ratificarlas, no existen por ser simplemente una documental privada debidamente objetada y que se encuentra en contraposición a un dictamen científicamente emitido por una perito en materia de medicina a cargo de la perito ****, ello es infundado e inoperante. 183. Al respecto, indicó que un tema es la pericial médica y otro las recetas. Ahora es evidente lo infundado de los disensos, porque sobre la pericial se decretó su deserción; y, sobre las recetas, pese a que las objetó, basta recordar que constan además en el expediente clínico que esta glosado en autos, cuyo valor probatorio no fue desvirtuado por la inconforme, y concerniente a que no se ratificaron, es posible advertir del escrito de pruebas del actor que no aportó tal medio de convicción, solo se ofrecieron las documentales. 184. En otras palabras, sobre las alegaciones relacionadas con la pericial en medicina legal declarada desierta, se demostró que el juez actuó conforme lo manda el precepto 1.310 del código procesal civil, por ello es legal la decisión: 185. Ahora, en cuanto a que el juez valoró la sentencia emitida por la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca de apelación 680/2020, relativo al recurso de apelación interpuesto por el actor. 186. Y que sobre esa prueba el juez afirmó que existe una presunción humana de la cuestión puesta a consideración. Sin embargo, estimó la inconforme que tal afirmación es errónea e ilegal, ya que en ambos procesos no existe identidad de partes, la calidad de los litigantes es distinta, así como el objeto materia de la acción, por lo que no existe similitud alguna, debiendo ser respetada la autonomía procesal. Tal inconformidad la consideró inoperante. 187. Pues es veraz que en la sentencia se mencionó el referido toca de apelación, el cual por su naturaleza jurídica posee valor demostrativo pleno en términos de la norma contenida en los preceptos 1.250, 1.293 y 1.359 del código instrumental de la materia; sin embargo, acorde con las facultades del juez conferidas en materia de prueba, es legal que la mencionara adminiculándola con el resultado de la pericial dactiloscópica que se desahogó en el proceso, con el afán de robustecer el valor convictivo que le generó la pericial, pero no fue tal documento el que orientó el sentido del fallo, como sí lo fue el expediente clínico, el acta de defunción y la pericial en dactiloscopia, de modo que no se evidenció el perjuicio que le causó la mención que externó el juez de esa actuación judicial. 188. Ahora, en cuanto a que no existe identidad de partes, la calidad de los litigantes es distinta, así como el objeto materia de la acción, por lo que no existe similitud alguna, es creíble; sin embargo; de la sentencia analizada no se advirtió mención alguna del juez en cuanto a que se actualizó la hipótesis contenida en el artículo 2.32 del código procesal en cita, sin soslayar que este tenía que pronunciarse sobre la prueba puesto que fue aportada con tal calidad, por la parte actora en el escrito de ofrecimiento de pruebas. 189. De manera que no había lugar a pensar que valorarla -toca de apelación-, traería como consecuencia que, con la sola emisión de algún documento ante la autoridad jurisdiccional, este se hiciera extensivo a todos los demás actos jurídicos provenientes de una persona, ello porque no lo permiten las normas del debido proceso legal, y en el caso de esta prueba si está relacionada con el proceso. 190. Aunado a que es cierto que en el caso no se materializó la litispendencia, tampoco la conexidad o cosa juzgada, como también lo sostuvo la apelante. 191. Por último, sobre la inconformidad relativa al análisis de las cargas procesales que las partes asumieron en el proceso y del valor probatorio de las pruebas ofrecidas, que realizó el juez; la recurrente sostuvo que resultó erróneo e incompleto, ya que por lo que respecta a la confesional del Notario Público **** del Estado de México, no se llevó a cabo; en consecuencia, lo declaró confeso. Ello es infundado. 192. Ya que, la apelante sobre ello, se dolió porque el artículo 1.271 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establece cuales son los requisitos de las posiciones y que el pliego transcrito por el juez supuestamente calificado de legal, contiene posiciones que fueron elaboradas pensando que serían contestadas por el licenciado ****. 193. Persona que lamentablemente ya estaba muerta en el momento en que se admitió y desahogó la prueba confesional, por ello el profesionista que lo sustituyó, ya no estaba en aptitud de dar respuesta a tal pliego, por no ser hechos propios, al no haber participado en la elaboración del instrumento público de referencia, motivo por el cual, la declaración de confeso hecha por el juez es ilegal, teniendo como fin uno de los principios rectores del proceso el evitar que una parte sea intempestivamente sorprendida por la otra, lo cual incluye; según lo afirmó la disconforme, tratar de evitar la resurrección de los muertos. Ello es infundado. 194. Sobre tal punto, la sala insistió en que la declaración de confeso fue al referido notario en sus funciones, de modo que sus alegaciones no pusieron de manifiesto alguna vulneración a su derecho, pues aunque las posiciones fueron planteadas para el finado (fedatario) y no para el sustituto; sin embargo, hizo hincapié en que la actuación del operador judicial estaba ajustada a derecho porque la función notarial atañe a quien fuere el titular en turno, quien dará cuenta de los actos jurídicos que consten en el protocolo de la notaría, de ahí que el Maestro en Derecho Alberto Goñi Rojas sí estaba en condición legal de dar respuesta a las citadas posiciones, incluso cualquier otro fedatario que fuera titular de la notaría, por ello ante su incomparecencia lo legal es su declaración de confeso tal como lo dispone el precepto 1.287 de la ley procesal civil aplicable. 195. Añadió que la recurrente se dolió de la siguiente afirmación del juez: ".quien describió como método usado el de observación, análisis, descripción, de comparación formal y síntesis, así como la confronta de particularidades gráficas de la firma de cotejo del testador, contra las particularidades gráficas de la huella cuestionada y dio respuesta a los cuestionamientos de las partes. En consecuencia, con las periciales de los peritos nombrados.". 196. Y reprochó que en el caso la firma es inexistente, ya que lo que se trata de estudiar es la huella dactilar, que ello evidencia una vez más la ilegalidad de la mencionada resolución. Al respecto, la sala precisó es verdad que el operador judicial aludió a la "firma"; sin embargo; ello obedeció a un error, que no trasciende en el sentido del fallo pues claramente lo controvertido es la huella dactilar, aunado a que la misma no es atribuible al causante de la sucesión. 197. Por las consideraciones jurídicas expuestas, reiteró que los agravios resultaron infundados e inoperantes para revocar o modificar el fallo combatido, en ese tenor, confirmó la sentencia impugnada. 198. Toda vez que en el caso no se actualizó ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 1.227, del código procesal civil, no hizo condena en costas en esa instancia. Causal de improcedencia 199. SEXTO. La sala responsable, al rendir su informe justificado, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de amparo, pues el acto reclamado fue emitido en cumplimiento a la ejecutoria federal de nueve de noviembre de dos mil veintidós, por este mismo tribunal colegiado, en el amparo directo 361/2022, promovido por la misma parte quejosa. Y cita la tesis de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ". 200. No asiste razón a la autoridad responsable, pues si bien la sentencia que ahora se reclama se dictó en cumplimiento a la ejecutoria de amparo que refiere, en esta última, dentro de uno de sus efectos, se dejó libertad de jurisdicción para que resolviera nuevamente los agravios propuestos por la recurrente, con las constancias completas, y con ello no existió cosa juzgada que no pueda ser materia de análisis en el juicio de amparo. 201. Al respecto, tiene aplicación la tesis 2a. CVI/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2014516, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1434, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL JUZGADOR DE AMPARO DEJA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN APTITUD DE EMITIR UNA NUEVA RESOLUCIÓN CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. El precepto citado prevé que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución; no obstante, cuando el juzgador de amparo deja a la autoridad responsable con libertad de jurisdicción para emitir la nueva resolución con la cual dará cumplimiento al fallo protector, ésta puede combatirse a través de un nuevo juicio de amparo, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, toda vez que dicha determinación no podría considerarse cosa juzgada, considerando que esas decisiones no atienden a los lineamientos fijados por el órgano federal de amparo, por lo que es procedente el juicio constitucional contra los nuevos actos emitidos con libertad de jurisdicción por la autoridad responsable". Violaciones procesales 202. SÉPTIMO. No se analiza violación procesal alguna, en virtud de que el acto reclamado fue emitido en cumplimiento a una sentencia de amparo previa que concedió la tutela federal a la propia quejosa, por lo que fue desde el primer juicio de amparo el momento procesal en que se debieron hacer valer ese tipo de violaciones, a través del juicio de amparo directo en la vía principal o en la adhesiva, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 de la ley de la materia. 203. Además, en el juicio de amparo en donde se concedió la tutela federal a la quejosa, se vinculó a la sala responsable a que en la nueva resolución que dictara, subsistieran las consideraciones relacionadas con las violaciones procesales relativas al litisconsorcio pasivo necesario (en donde se analizó lo relacionado al albacea especial), los dictámenes periciales en dactiloscopía y lo relacionado con el cuarto perito tercero en discordia, que fueron materia de análisis de la ejecutoria de amparo. 204. De ahí que lo relacionado con las violaciones procesales aludidas, se relaciona con la decisión de fondo respecto de la cual la autoridad responsable estaba vinculada a reiterar en cumplimiento de la sentencia que le concedió el amparo a la aquí también quejosa, por lo que resulta inatendible. 205. Tiene aplicación, por las razones que la informan, la jurisprudencia siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2017451 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: 1a./J. 45/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, página 188 Tipo: Jurisprudencia PRECLUSIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA DISTINCIÓN LEGISLATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE ESTABLECE QUE NO PODRÁN INVOCARSE VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO ADHESIVO, SI NO SE HICIERON VALER EN UN PRIMER AMPARO, SIN INCLUIR LAS COMETIDAS EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, ES RAZONABLE. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con el artículo 182 de la Ley de Amparo, se advierte que las partes están obligadas a hacer valer todas las violaciones procesales desde el primer amparo, sin hacer referencia a las violaciones en el dictado de la sentencia. Dicha distinción es razonable, pues estas últimas provocan una menor dilación para obtener sentencia definitiva, ya que dependen del ejercicio deliberativo de los tribunales que puede darse en un mismo momento, el cual incluso está vinculado a los tiempos del cumplimiento de las sentencias de amparo. En cambio, las violaciones procesales requieren de un lapso mayor para su desahogo, al ser actos previos al dictado de la sentencia, de ahí que el Poder Reformador considerara necesario que se hicieran valer en un mismo momento. Además, toda vez que las violaciones en el dictado de la sentencia dependen del ejercicio deliberativo del órgano jurisdiccional, resultaría difícil establecer una regla general de preclusión, pues este tipo de violaciones puede depender de las consideraciones que lleve a cabo la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia. Por ese motivo, imponer una carga procesal a las partes respecto de una violación en el dictado de la sentencia cuando se obtuvo sentencia favorable, podría generar incertidumbre, al no estar delimitado qué tipo de violaciones en el dictado de la sentencia debieron hacerse valer desde un primer momento y cuáles surgieron con posterioridad al cumplirse la sentencia. Dicha situación obligaría a las partes a realizar un ejercicio especulativo respecto a la posible violación que se ocasionaría al cumplirse la sentencia; de ahí que pueda considerarse válido que el Poder Reformador hubiese excluido imponer una carga respecto de este tipo de violaciones cuando se obtuvo una sentencia favorable". Estudio de los conceptos de violación 206. SÉPTIMO. Los argumentos que expone la parte quejosa se analizan en su conjunto con la finalidad de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo. 207. En cuanto a que la sentencia reclamada constituye una reproducción muy similar o una repetición de la anterior resolución reclamada en el juicio de amparo en el que se le concedió la tutela federal a la aquí también quejosa, constituyen argumentos que se relacionan, en su caso, con el cumplimiento de la sentencia, lo cual no es materia del presente juicio constitucional, sino del procedimiento previsto para tales efectos en la legislación de la materia; de ahí lo inoperante de tales argumentos. 208. Por otra parte, son fundados y suficientes para otorgar la protección constitucional, los conceptos de violación en los cuales se alega violación al principio de congruencia y exhaustividad de las resoluciones jurisdiccionales, así como la falta de fundamentación y motivación al resolver la litis planteada ante la sala responsable. 209. Ello es así, pues al analizar los agravios relacionados con el fondo del asunto, la sala responsable partió de la premisa de valorar las pruebas en forma conjunta mediante su enlace o confrontación, fundando y motivando su determinación. 210. Y a pesar de ello, al examinar los agravios, nuevamente analizó la pretensión de nulidad demandada para así confirmar la decisión de primera instancia, para lo cual: a) Analizó el testamento público impugnado de veintidós de mayo de dos mil nueve (describió lo que hizo constar el notario ante quien se otorgó); b) Citó los preceptos legales que rigen a ese tipo de disposición testamentaria (artículos 6.126, 6.127, 6.128 y 6.129 del Código Civil del Estado de México); c) Estableció que "del estudio de las actuaciones en su integridad", advirtió que "constan en autos las pruebas que aportó el accionante", con las cuales se evidenció la "situación que entonces prevalecía con el de cujus y hacen evidente la conclusión del juzgador del tribunal unitario, es decir, que en realidad el de cujus no estuvo en condiciones físicas de otorgar el consentimiento y muy probablemente ni siquiera de estar presente en la notaría", por lo cual no pudieron cumplirse los requisitos de existencia de los actos jurídicos que prevé el artículo 7.7 de Código Civil del Estado de México, esto es, no hubo consentimiento y solemnidad. d) Así, analizó las pruebas aportadas por "el actor", para establecer que el de cujus falleció el veinticinco de junio de dos mil nueve, las cuales enlistó, consideró recobrar "la plenitud de jurisdicción en el conocimiento del asunto". 211. De lo hasta aquí narrado se evidencia, como lo expresa la parte quejosa, que si al estudiar los agravios que le fueron planteados, volvió a analizar la pretensión de la actora en el juicio de origen, esto es, la causa de nulidad del testamento impugnado que planteó en su demanda inicial; luego, incurrió en falta de exhaustividad e incongruencia porque al reconocer que recobró plenitud de jurisdicción en esa instancia, solo se limitó a hacer referencia a las pruebas ofrecidas por la parte actora, sin que en ningún momento hiciera referencia a las pruebas que ofreció la parte demandada y, mucho menos las valoró en su conjunto. 212. Esto es, al examinar con plenitud de jurisdicción las pruebas de la parte actora, con motivo del agravio examinado, la sala responsable no está exenta de valorar dicho material de forma integral, es decir, tomando en cuenta también las pruebas de la demandada, pues así lo exige el artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que señala: "Sistema libre de valoración Artículo 1.359.- El Juez goza de libertad para valorar las pruebas, con excepción de los documentos públicos que siempre harán prueba plena. Lo hará tanto en lo individual como en su conjunto, atendiendo las reglas de la lógica y la experiencia. Explicará detalladamente los fundamentos de su valoración y su decisión". 213. Como se ve, y sobre la base de que la sala responsable recobró plenitud de jurisdicción en este aspecto, el juzgador goza de libertad para valorar las pruebas con la condición de hacerlo "tanto en lo individual como en su conjunto", y siempre "atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia", motivando su decisión. 214. Y en la especie, la sala responsable se limitó a valorar las pruebas de la actora, en los términos siguientes: a) El acta de defunción del de cujus de la que advirtió "los padecimientos del finado, faringitis, pulmonía fulminante, bronquitis, diabetes mellitus II, que sufría de diez años antes a la fecha del deceso". 215. Sin embargo, no explica cómo es que de un acta de defunción se contenga un historial de "padecimientos del finado", cuando en términos del artículo 3.29 del Código Civil del Estado de México, dicha acta se limita a contener lo siguiente: "Artículo 3.29.- La defunción es la cesación completa y definitiva de los signos vitales de una persona física, que puede producirse de manera natural o de forma violenta. El acta de defunción contendrá: I. Datos generales del finado. ll. (DEROGADA, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) III. Nombre de los padres del difunto, si se supieren; IV. (DEROGADA, G.G. 7 DE MAYO DE 2015) V. La causa de la muerte; VI. El destino final del cadáver y en su caso, el número de la orden de inhumación o cremación. VII. Fecha, hora y lugar de la muerte y todos los informes que se tengan en caso de muerte violenta; VIII. Nombre, número de cédula profesional, domicilio del médico que certifique la defunción y folio del certificado de defunción. IX. Datos generales del declarante". 216. Como se ve, no se explica cómo la responsable arriba a la conclusión de que en el acta de defunción se contengan los "padecimientos del finado" y que incluso ha sufrido con anterioridad a la fecha de su muerte, cuando solo se prevé en el acta la causa de la muerte. b) Recetas médicas, una de ocho de junio de dos mil nueve, en la que se alude a los mismos padecimientos, además de otros como: "cuadriparesia secundaria, gastritis crónica, entre otras", y otra, de once de abril del mismo año, en la que se lee la continuidad de medicamentos que debe tomar. c) Robusteció tales documentos con el expediente clínico del de cujus, en donde advirtió la hoja de nota de egreso del hospital respectivo, de diecinueve de mayo de dos mil nueve, expedida por el médico internista ****, en la cual advirtió que el de cujus egresó del hospital con los siguientes padecimientos: "Diabetes mellitus descontrolada, cuadriparesia secundaria a síndrome de canal medular estrecho, demencia, hemorragia digestiva proximal, retención de secreciones bronquiales, artritis de la rodilla derecha post traumática". d) Del propio expediente clínico, advirtió que se dejó asentado que "a esa fecha y desde hace varios meses tenía dificultad para la marcha, ya que semanas antes de su internamiento había sufrido una caída desde su propia altura y posterior a dicha caída tuvo deterioro general progresivo y cinco días antes, estaba postrado en cama". Incluso se lee -agregó- sobre el entonces paciente que "se recibe estuproso, quejándose de dolor osteomuscular generalizado, más intenso en la rodilla derecha, sin respuesta verbal, mucosas muy deshidratadas". e) Y también destacó del expediente clínico que ahí se estableció: "el pronóstico es sombrío, dada la cuadriparesia que le limita la automovilidad, depende por completo de ayuda para moverse y realizar actividades de cuidado, la retención de secreciones bronquiales frecuentes será causa de fiebre y riesgo elevado de desarrollar en cualquier momento un cuadro de bronconeumonía que podría llegar a ser fatal". 217. Fue, en esencia, de tales pruebas que la sala responsable concluyó que "no es creíble" que una persona cuya condición de salud le "impide moverse, postrado en cama con dolores intensos en el cuerpo, sin expresión verbal, diabetes mellitus descontrolada, cuadriparesia secundaria a síndrome de canal medular estrecho, demencia, hemorragia digestiva proximal, retención de secreciones bronquiales y artritis de la rodilla derecho post traumática, hubiere podido estar presente en la notaría y en uso de sus facultades y consciente del acto que se le atribuye, otorgando un testamento, a los tres días de salir del hospital, con una condición grave de salud". 218. Asimismo, la sala responsable concluye que "mucho menos se explica, que el referido fedatario hubiere podido dar pleno y cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.127 del Código Civil vigente para el Estado de México, y lo expresamente estipulado en la Ley del Notariado para esta entidad federativa", esto es, "que el indicado notario se cerciorara plenamente de la identidad del testador, que le requiriera la exhibición del documento fidedigno para acreditarlo, que el de cujus le hubiere presentado su credencial para votar". 219. También la sala responsable concluye que "tampoco es creíble que el entonces testador le hubiere solicitado a ****, firmar a su ruego y encargo, considerando que presentaba falta de expresión verbal." 220. Esto es, en tal proceder la sala responsable no explica los motivos y fundamentos que le permitan interpretar el alcance de los padecimientos médicos que sufría el de cujus para que de ningún modo le resulte "creíble" que otorgó el testamento público de mérito, pues no indica las facultades que tiene para, en principio, entender en qué consiste cada padecimiento que señala y cuáles son sus efectos en una persona, y cuáles son sus consecuencias en un paciente como el testador y sus condiciones particulares. 221. Y tampoco explica si a pesar de que quien intentó la acción lo fue el actor, y no la ahora quejosa, por qué en términos del artículo 1.252 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, le correspondía a la demandada la carga de probar la validez del testamento, cuando conforme a dicho numeral, "El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción", y fue el actor quien expuso la causa de nulidad respectiva y que la atribuyó al testamento que tachó de nulo. 222. Es por ello que tampoco resulta congruente, fundado ni motivado que se concluyera que la falta de llamamiento de la testigo que firmó a ruego y encargo del testador, resultara una carga procesal para la demandada, cuando quien demandó la nulidad del testamento lo fue la parte actora. 223. Y si bien es determinante la sala responsable en señalar que los actos previstos en el artículo 6.127 del Código Civil del Estado de México, "no pudo realizarlos el de cujus", ello lo hace depender de que "por simple lógica al revisar las documentales médicas y el acta de defunción, se advierte que fue humanamente imposible que el de cujus, en sus condiciones de salud, hubiere estado dispuesto y consciente de otorgar un nuevo testamento". 224. Lo anterior es dogmático, pues no se explica, funda ni motiva, las razones por las cuales las documentales médicas (que incluso reconoce que fueron objetadas, sin que aluda si fueron perfeccionadas o no) y el acta de defunción, contengan la conclusión a la que arribó, pues deja de invocar el sustento jurídico o el principio que "por simple lógica" alude, en el que se advierta que cuenta con facultades para determinar en qué consiste cada padecimiento médico del testador, cuáles son sus consecuencias y si estas fueron de tal grado que en el caso concreto resultaba imposible para el de cujus otorgar el testamento que se tacha de nulo. 225. Es más, al final, la sala responsable incluso se contradice y reconoce que "no se descarta que hubieren podido trasladar al de cujus al domicilio de la Notaría", cuando en un inicio determinó que ello no era "probable" y que esto también constituía una causa de nulidad que se había demostrado. 226. E insiste en concluir que el testador "no estaba en condiciones físicas que le permitieran otorgar su consentimiento para la celebración del acto", lo cual apoyó en lo "contundente" del "expediente clínico más las documentales valoradas y la pericial dactiloscópica", de lo que afirmó que valoró en su conjunto para concluir que "el de cujus no otorgó su consentimiento y es poco probable que hubiere acudido a la Notaría". 227. Consideraciones que no explican cómo el tribunal jurisdiccional responsable pudo determinar las "condiciones físicas" en que se encontraba el testador, por el solo hecho de leer en los documentos que menciona (y que fueron objetados) los padecimientos del de cujus, para así saber en qué consiste cada uno de ellos y cuáles son sus consecuencias en la salud de una persona, máxime que la propia responsable señala que "es innecesario que exista un dictamen médico que lo evidenciara como incapaz", pues para arribar a ello, solo indicó que: ". pues su salud en general era crítica tanto que el hospital lo dio de alta mediate la hoja de egreso, en la que es posible advertir que más allá de ser un caso de incapacidad, es un caso en el que el de cujus simplemente no pudo expresar su consentimiento en la celebración del acto porque su estado físico ya no se lo permitía, tan es así que falleció el veinticinco de junio de dos mil nueve; de suerte que no es lógico pensar que el médico tratante, ante lo grave de su salud, con más de cinco días postrado en cama, lo egresó del hospital y envío a su domicilio el diecinueve de mayo de dos mil nueve y que se levantara a otorgar el testamento tres días después". 228. Aquí, la sala responsable asume la dictaminación del estado físico del testador, a partir de la lectura de un documento privado (objetado), como lo es la hoja de egreso hospitalario y determina la imposibilidad del de cujus para expresar su consentimiento, y también infiere lo que resultaría lógico para quien fungió como médico tratante, sin explicar los fundamentos en que sustenta dicho proceder y que le faculten no solo dar valor a un documento privado objetado, sino desprender de este las consecuencias médicas de lo ahí establecido por un especialista. De ahí lo dogmático de tal proceder, pues no existe motivación ni fundamentación en ello. 229. Más aún cuando solo se apoya en las documentales privadas objetadas, el acta de defunción y la pericial en dactiloscopía. 230. Aunque es cierto que menciona diversas pruebas (solo del actor), como las siguientes: a) Mencionó como otras pruebas del actor con carácter superveniente: un citatorio emitido por el agente de ministerio público respectivo; copias certificadas de la sentencia dictada el treinta de enero de dos mil catorce, en el toca de apelación 680/2012, relativo al expediente 564/2010 del Juzgado Sexto Mercantil de Naucalpan; copias certificadas de un contrato de compraventa en la que intervino el de cujus; copia certificada de un poder notarial. b) Refirió que la parte actora ofreció la ratificación a cargo del doctor ****, pero se declaró su deserción en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte. c) La testimonial ofrecida por la actora, determinó que no era materia de impugnación en el recurso. 231. De las cuales no valora en su conjunto ni lo individual, pues de modo incongruente refiere que no son materia de impugnación del recurso, o bien, que se declaró su deserción, o bien, solo las enuncia, pero sin otorgarles su alcance convictivo en función con el demás material probatorio, máxime que ya había determinado "recobrar plenitud de jurisdicción" para ello. 232. Mención especial merece lo considerado respecto de la pericial dactiloscópica desahogada por cuatro expertos, de lo que únicamente refirió lo siguiente: ". se desprende esencialmente que los expertos nombrados por las partes, **** concluyó que la huella dactilar dubitada no procede del pulgar derecho del de cujus, por su parte el perito **** concluyó que la huella dubitada a nombre de ****, tiene un origen común del mismo dactilograma natural y proviene del mismo dedo pulgar del de cujus. Ahora, el experto ****, perito nombrado por esta institución, concluyó que no se tiene la certeza, de qué dedo proviene la huella dactilar testigo o indubitable, ello porque la huella dactilar no está completa y no tiene algún fragmento útil para su estudio que contenga mínimo doce puntos característicos o de cuatro a cinco puntos bien agrupados en el centro de la figura de clase excepcional. Por último, la experta ****, se designó como cuarto perito, también por esta institución, quien afirmó que la huella del de cujus plasmada al calce del testamento es solo una fracción del dactilograma misma que debido a que fue recabada con una técnica incorrecta no se imprimió de manera adecuada ni con la tinta apropiada, razón por la que no presenta cualidades que permitan su análisis, por tanto sostuvo no es factible confirmar o refutar su atribución al de cujus". 233. Al pronunciarse sobre tales probanzas, en función del agravio respectivo, la sala responsable expuso que aunque el dictamen del perito nombrado por el actor, "no se aprecia respuesta al cuestionario que adicionó la pasiva (sic)", sin embargo, en los proveídos que menciona se tuvo por recibido el dictamen de esa manera. 234. Pero lo así expuesto no evidencia el valor convictivo que le corresponde a dicho medio, el cual fue cuestionado por la parte quejosa inconforme precisamente por estar incompleto en la contestación del cuestionario. 235. Y todavía más, la sala responsable solo menciona que los peritos nombrados por el tribunal, sí dieron respuesta a las preguntas que adicionó la inconforme, y que por ello no le irroga perjuicio alguno, pero no se valora dicho medio de convicción, pues incluso la propia responsable reconoce que "en realidad de lo que se duele es que no se valoró el dictamen emitido de su parte y se nombraron cuatro peritos para desahoga la prueba". 236. Y ante ello la sala responsable se limita a señalar que "el valor que se le concedió obedece a la contundencia de los resultados, pues es ilógico pensar que deba reconocerse la eficacia probatoria de un dictamen -el emitido por su perito- que afirma que la huella sí es atribuible al de cujus, contra la conclusión de dos expertos nombrados en discordia por esta institución, que son coincidentes en cuanto a que no es conclusivo afirmar o refutar la atribución de la huella dactilar al de cujus, dadas las características de la impresión dactilar cuestionada.". 237. De lo cual, no se advierte motivación ni fundamentación alguna por el que se hubiere arribado a dicha conclusión, esto es, no se explican las razones por las que existe "contundencia" de los peritajes en discordia, respecto de los demás peritajes, como el ofrecido por el experto nombrado por la parte quejosa, y mucho menos se relaciona con las pretensiones y cargas probatorias que le corresponden a cada parte en la controversia, esto es, respecto de la acción de nulidad de testamento de que se trata; de ahí que se evidencie lo dogmático de tales consideraciones. 238. Esto es, no se realiza una valoración del dictamen del perito nombrado por la parte quejosa, tanto en lo individual como en su conjunto con los demás dictámenes y demás pruebas que obran en el juicio, ya que no se explica en donde son ilustrativos o no, o por qué son o no convincentes los dictámenes, pues no es suficiente con señalar que son "contundentes" los de los expertos nombrados por el tribunal, ya que no se alude a su contenido de cada dictamen, ni mucho menos se explica qué método se utilizó y el motivo por el que por usar alguno en específico debe prevalecer el valor de tal o cual dictamen, y mucho menos se indica cuál es la fundamentación científica que supuestamente respalda la opinión de los dictámenes ni las razones por las cuales ello le da mayor valor convictivo. 239. Lo así expuesto carece de fundamentación y motivación en la valoración del dictamen pericial, pues hay que tomar en consideración que la prueba de peritos es calificada por el juez según prudente estimación, lo que significa que, para su valoración, no está sujeto a un método legal o tasado, sino que es libre; sin embargo, ello no implica que la expuesta esté exenta de una argumentación razonada para emitir su conclusión, porque ese ejercicio de razonabilidad, no solo involucra la valoración de una prueba pericial según su prudente estimación, sino también exige el respeto al principio de legalidad que obliga, en el ejercicio jurisdiccional, a motivar las conclusiones que expliquen por qué el dictamen pericial provoca convicción para el dictado de la sentencia, por lo que solo llevando a cabo el ejercicio que se indica podrá calificarse como debidamente valorada una prueba pericial en el juicio de amparo. 240. Lo anterior, incluso cuando esté contradicha por los demás dictámenes, los cuales tampoco fueron valorados de fondo, pues el valor probatorio que el juzgador otorgue al dictamen pericial dependerá de sus elementos, esto es, de que se haya hecho una fijación clara del estudio, se indique el método utilizado, las pruebas científicas realizadas, en su caso, y la conclusión de este, es decir, los elementos suficientes (motivación) para crear en el juzgador la plena convicción respecto del hecho que se busca probar. 241. De lo contrario, haría nula la actividad jurisdiccional en la valoración de este tipo de pruebas, en donde no está tasada legalmente la forma de su apreciación. 242. En tal virtud, el hecho de que se encuentre contradicho algún dictamen pericial exhibido en autos, tampoco implica que necesariamente deje de tener valor probatorio pleno, pues conforme al principio de valoración de las pruebas, el juzgador debe analizar dicha probanza tanto en lo individual como en su conjunto para establecer si contiene los razonamientos en los cuales los peritos basaron sus opiniones, así como las operaciones, estudios o experimentos propios de su arte que los llevaron a emitir su dictamen, apreciándolo conjuntamente con los medios de convicción aportados, admitidos y desahogados en autos, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y de su decisión. 243. Por tanto, la falta o no de contradicción de un dictamen pericial no impide al juez de la causa estudiar los razonamientos técnicos propuestos en él, para estar en posibilidad de establecer si merece mayor o menor credibilidad y pronunciarse respecto de la cuestión debatida, determinando según su particular apreciación, la eficacia probatoria del aludido dictamen, mucho menos cuando en la especie sí existe un dictamen pericial ofrecido por la demandada (ahora quejosa), y del cual hizo valer falta de valoración en los agravios, que es contrario a lo concluido por los peritos oficiales y de la actora. 244. Al respecto, es aplicable, en lo conducente, la tesis 1a. XVIII/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2005461, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 682, del contenido siguiente: "PRUEBA PERICIAL EN MATERIA CIVIL. LA EXPRESIÓN "TENERLO POR CONFORME CON EL DICTAMEN RENDIDO POR LA CONTRARIA", A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 347, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO EXIME AL JUZGADOR DE LA VALORACIÓN DE AQUÉLLA. La expresión citada no significa que dicho dictamen deba tener valor probatorio pleno ya que, en todo caso, está sujeto a la valoración del juez. Dicha valoración dependerá, en todo caso, de la forma en que se haya efectuado el dictamen y del convencimiento que éste produzca en el juzgador, ya que el citado código adopta el sistema mixto de valoración de pruebas en su artículo 402, conforme al cual, el valor probatorio que el juzgador otorgue al dictamen pericial dependerá de sus elementos, esto es, de que se haya hecho una fijación clara del estudio, se indique el método utilizado, las pruebas científicas realizadas, en su caso, y la conclusión de éste, de forma que se den al juez los elementos necesarios para crearle convicción respecto del hecho que se busca probar". 245. Asimismo, es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 90/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro digital 177307, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 45, del contenido siguiente: "DICTÁMENES PERICIALES NO OBJETADOS. SU VALORACIÓN. En relación con la facultad de los Jueces para apreciar las pruebas, la legislación mexicana adopta un sistema mixto de valoración, pues si bien concede arbitrio judicial al juzgador para apreciar ciertos medios probatorios (testimoniales, periciales o presuntivos), dicho arbitrio no es absoluto, sino restringido por determinadas reglas. En tal virtud, el hecho de que no se objete algún dictamen pericial exhibido en autos, no implica que éste necesariamente tenga valor probatorio pleno, pues conforme al principio de valoración de las pruebas, el juzgador debe analizar dicha probanza para establecer si contiene los razonamientos en los cuales el perito basó su opinión, así como las operaciones, estudios o experimentos propios de su arte que lo llevaron a emitir su dictamen, apreciándolo conjuntamente con los medios de convicción aportados, admitidos y desahogados en autos, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y de su decisión. Por tanto, la falta de impugnación de un dictamen pericial no impide al Juez de la causa estudiar los razonamientos técnicos propuestos en él, para estar en posibilidad de establecer cuál peritaje merece mayor credibilidad y pronunciarse respecto de la cuestión debatida, determinando según su particular apreciación, la eficacia probatoria del aludido dictamen". 246. Asimismo, aunque se trate del único dictamen emitido en un sentido y contrario al de los demás, no implica que el juez se encuentra vinculado obligatoriamente por tales opiniones mayoritarias en esos casos, pues el juzgador debe atender a los fundamentos de cada dictamen y apreciarlos en relación con las constancias de autos, para decidir a cuál de los peritajes le otorga valor probatorio suficiente para orientar la decisión del tribunal, en función de las pretensiones que a cada parte le corresponde demostrar, debiendo hacer constar esos argumentos en su resolución, para cumplir con la obligación constitucional del debido fundamento legal, siendo también obligatorio señalar los motivos por los que se niega o no eficacia al único, a unos u otros de los dictámenes rendidos. 247. Es ilustrativa la tesis de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 242802, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Quinta Parte, página 60, que señala: "PRUEBA PERICIAL, VALOR DE LA. La prueba pericial no vincula obligatoriamente al tribunal de trabajo, ni rige en relación con ella el principio de la mayoría, en cuanto al número de dictámenes coincidentes; sino que el juzgador debe atender a los fundamentos de cada dictamen y apreciarlos en relación con las constancias de autos, para decidir a cuál de los peritajes le otorga valor probatorio suficiente para orientar la decisión del tribunal, debiendo hacer constar esos argumentos en su resolución, para cumplir con la obligación constitucional del debido fundamento legal, siendo también obligatorio señalar los motivos por los que se niega valor y eficacia a otro u otros de los dictámenes rendidos". 248. Por lo anterior, no resulta suficiente que el dictamen del perito de la parte quejosa esté contradicho por los demás de manera "contundente", pues con ello no se están exponiendo los motivos y fundamentos para advertir las razones por las cuales el juzgador acoge o no el o dictámenes respectivos, y tampoco se expone la trascendencia de esa valoración en las prestaciones hechas valer por las partes, conforme a sus cargas probatorias. 249. Máxime que la sala responsable concluyó que el de cujus "no estuvo en condición de otorgar su consentimiento, que sobre la huella dactilar que consta en el instrumento 40,182, no puede confirmarse o refutarse su atribución al de cujus, por consecuencia, el acto no se llevó a cabo con la solemnidad que la ley exige". 250. Lo cual no se encuentra fundado ni motivado, pues en principio no se establece a quién de las partes le corresponde la carga de probar que se estampó o no la huella dactilar del de cujus en el testamento, y tampoco se explica el valor probatorio que le corresponde por sí solo al instrumento que contiene el referido testamento público, para de ahí determinar las consecuencias que pudiera tener el no poder confirmar o refutar la huella dactilar que se le atribuyó, ello siempre y cuando se hubiera llevado a cabo una valoración integral de la prueba pericial en comento, y de modo fundado y motivado se hubiese determinado que prevalecía el valor probatorio de los dictámenes que concluyeron de una manera específica. 251. Ahora bien, respecto de la confesional a cargo del notario codemandado, la responsable únicamente señaló que la declaración de confeso fictamente, fue ajustado a derecho, porque si bien había fallecido el fedatario ante quien se otorgó el testamento, el notario nombrado en su lugar sí estuvo en condiciones de dar contestación al pliego de posiciones. Sin embargo, la responsable no explica el valor que le fue otorgada a dicha probanza, y mucho menos evidencia cuáles son las posiciones que se formularon en concreto, para determinar si el notario nombrado una vez fallecido el anterior, estaba en condiciones de contestar o no las preguntas respectivas, y mucho menos señala la trascendencia de dicha prueba en función de su valor respecto de las restantes. 252. Por otra parte, la sala responsable acepta, por una parte, que es verdad que no hay norma que disponga que el notario debe detallar las causas por las cuales el testador no firmó, pero señala que ello "no fue la razón por la cual se hubiere decretado la nulidad"; sin embargo, al transcribir la parte conducente de la sentencia de primer grado, precisa que ahí se consideró: ". de lo anterior se evidencia que el fedatario fue omiso en referir la razón por la cual el testador no firmaba el testamento y que haya sido la testigo ****, quien firmara a su ruego y encargo". 253. Como se ve, la sala responsable, al transcribir la parte conducente de la sentencia de primer fallo, sí alude como causa de nulidad la omisión del notario de referir la razón por la cual el testador no firmaba el testamento, cuando previamente había afirmado que ello no fue la razón de la nulidad. 254. Lo anterior, además de contradictorio, carece de fundamentación y motivación, pues tampoco se expresa nada en torno a si dicha causa fue expuesta o no por la parte actora para pedir la nulidad del testamento. 255. Máxime que finalmente la responsable concluye que la norma que interpreta, "tampoco se desprende razón alguna que le impidiera mencionar los motivos por los cuales no pudo firmar, a fin de dar mayor certeza al acto", esto es, finalmente sí está dando relevancia a la omisión que atribuye al fedatario de establecer los motivos por los cuales no pudo firmar el testador, lo que es contradictorio con lo determinado previamente al señalar que esa no fue la causa para declarar la nulidad del testamento por el juez de primer grado. 256. Asimismo, aunque determina que la pericial en medicina ofrecida y admitida a la parte actora, fue declarada desierta, y que por ello no valora el dictamen rendido por el perito médico nombrado por la demandada (quejosa), con ello no expone los motivos y fundamentos para establecer si los documentos privados (objetados) y el acta de defunción, de donde se desprendían los "padecimientos" del testador, eran susceptibles o no de ser apreciados por un especialista en medicina para explicar cada uno de esos "padecimientos" y sus consecuencias, y si en el caso en concreto, el testador estaba o no en condiciones de otorgar su consentimiento para otorgar su última voluntad. Esto es, no se exponen los fundamentos ni motivos para explicar las pretensiones de las partes, sus cargas probatorias y la falta o no de desahogo de esta prueba pericial en médica, en relación con la litis. 257. De igual manera, aunque refiere que la sentencia emitida por la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, Estado de México, en el toca de apelación 680/2020 o 680/2012, le otorga un valor demostrativo pleno, y la adminicula con el resultado de la pericial en dactiloscopía; sin embargo, no expone el contenido de dicha documental pública y tampoco la forma en que se adminicula con la diversa pericial que tampoco valora. 258. Lo anterior evidencia la falta de motivación y fundamentación, respecto del análisis de la litis del juicio en la apelación, el material probatorio existente, en relación con los hechos y pretensiones deducidas por las partes, por parte de la autoridad responsable, derivado del estudio de los elementos que integran la controversia natural, al haber recobrado plenitud de jurisdicción en la valoración del caudal probatorio, lo cual constituye inobservancia a los principios de congruencia y exhaustividad de las resoluciones jurisdiccionales. 259. Es importante mencionar que no corresponde a este tribunal analizar, en primer plano, dichos planteamientos, en tanto que la autoridad responsable no los aborde directamente, ya que en materia de amparo opera el reenvío y no la sustitución de la responsable, toda vez que no es facultad de los tribunales de amparo la aplicación directa de preceptos ordinarios, sino la apreciación y correspondiente determinación respecto de que la aplicación de dichos preceptos, por los órganos jurisdiccionales ordinarios, se ajuste a las disposiciones constitucionales; esto es, los tribunales de amparo fungen como órganos de control constitucional y no de legalidad. 260. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 62, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 145-150, cuarta parte, Séptima Época, registro: 240684, que versa: "AMPARO, REENVÍO EN EL JUICIO DE, EN TANTO QUE SU TÉCNICA IMPIDE QUE EL JUZGADOR FEDERAL SE SUSTITUYA A LA RESPONSABLE. A diferencia de como sucede en la apelación, donde como esta Tercera Sala lo tiene establecido en su jurisprudencia que bajo el número 53 aparece publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación relativo a los años de 1917 a 1975, nuestro sistema no permite la tolerancia del reenvío, sino que, ante una omisión del inferior reclamada en agravio, impone al tribunal de apelación que examine y resuelva, con plenitud de jurisdicción, la cuestión omitida, en el amparo, lo que se surte es precisamente el reenvío y no la sustitución a la responsable, en virtud de que no es facultad de los tribunales de amparo la aplicación directa de preceptos ordinarios, sino la apreciación y correspondiente determinación respecto de que la aplicación de dichos preceptos, por los órganos jurisdiccionales ordinarios, se ajuste a las disposiciones constitucionales; esto es, los tribunales de amparo fungen como órgano de control constitucional y no de legalidad". 261. Esto es, lo anterior impone considerar que la autoridad responsable deberá realizar un ejercicio de valoración respecto del análisis de las pretensiones de las partes en relación con las pruebas aportadas, específicamente en torno a las pruebas que valoró al "recobrar" plenitud de jurisdicción en la apelación, lo cual implicará su valoración integral, y ello requiere el análisis tanto en lo individual como en su conjunto de las probanzas aportadas en el juicio, así como de lo planteado al respecto por las partes en sus pretensiones y que conforman la litis planteada; además, involucrará el análisis e interpretación de las disposiciones legales y criterios judiciales que se estimen aplicables, así como un nivel de apreciación con libertad de valoración convictico, de ahí que los puntos controvertidos están abiertos a una pluralidad de opciones interpretativas e impone resolver a favor del reenvío del asunto, al existir margen jurídico para que las partes puedan oponerse a esa decisión o incluso permitir a los tribunales explorar distintas respuestas normativas. 262. Tiene aplicación la tesis 1a. I/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 377, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro electrónico: 2013369, del rubro y contenido siguientes: "AMPARO DIRECTO. ELEMENTOS A CONSIDERAR POR EL TRIBUNAL DE AMPARO CUANDO SE ALEGUE LA OMISIÓN DE ESTUDIO DE UNA CUESTIÓN DEBIDAMENTE PLANTEADA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por regla general, ante la constatación de una omisión de estudio de una cuestión debidamente planteada ante la autoridad responsable, el tribunal constitucional no tiene permitido sustituirse en las facultades de apreciación e interpretación de aquélla para determinar por sí el sentido de la eventual decisión, ya que los principios federal, de división de poderes y de defensa de las partes exigen que sean los tribunales ordinarios los que resuelvan primeramente las preguntas jurídicas y exploren distintos métodos interpretativos; por tanto, ante la omisión lo que procede es el reenvío y no la sustitución. No obstante, el presupuesto del reenvío es la probabilidad razonable de que, al emitirse una nueva resolución, pueda cambiar el sentido de la decisión. Así, cuando no exista la posibilidad de un efecto práctico, el tribunal de amparo debe evitar retardar la administración de justicia y, por economía procesal, negar el amparo, lo que debe realizar desarrollando las razones objetivas de su decisión. El tribunal de amparo debe considerar que a medida que el punto controvertido esté más abierto a una pluralidad de opciones interpretativas, existe una presunción a favor del reenvío del asunto, mientras que al tratarse de un punto sobre el cual exista una respuesta firme y objetiva, entonces, esa presunción será más débil, al no existir margen jurídico para que las partes puedan oponerse a esa decisión, ni los tribunales explorar distintas respuestas normativas. Por tanto, los jueces constitucionales sólo deben resolver ante sí dichas cuestiones cuando las interrogantes no estén abiertas a distintas posibilidades interpretativas igualmente valiosas, es decir, cuando estén resueltas claramente por las normas jurídicas aplicables o por criterios jurisprudenciales firmes". 263. Bajo ese contexto, la sentencia reclamada resulta violatoria de las garantías previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, derivado de la falta de fundamentación y motivación, congruencia y exhaustividad, y ante la omisión de analizar en su integridad los medios de prueba relacionados con todos los hechos expuestos por las partes, al recobrar plenitud de jurisdicción en la apelación al examinar los agravios; de ahí que resultan fundados los argumentos examinados. 264. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 176546, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 162, del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". 265. Las violaciones formales antes destacadas, hacen innecesario el estudio de los conceptos de violación orientados al fondo del asunto, pues dicha cuestión será materia de un nuevo pronunciamiento una vez que se subsane la incongruencia advertida. 266. Tiene aplicación la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 238603, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 60, Tercera Parte, página 40, del contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESEN POR FALTAS DE FONDO (AUDIENCIA, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO EN CITA). Cuando se alegan en la demanda de amparo violaciones formales, como lo son las consistentes en que no se respetó la garantía de audiencia o en la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, y tales conceptos de violación resultan fundados, no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, porque las mismas serán objeto ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo acto que emita la autoridad; a quien no se le puede impedir que lo dicte, purgando los vicios formales del anterior, aunque tampoco puede constreñírsele a reiterarlo". Amparo adhesivo 267. OCTAVO. En relación con el amparo adhesivo promovido por el tercero interesado ****, se debe precisar que toda vez que los conceptos de violación esgrimidos son tendentes a sostener la legalidad de la resolución reclamada, pero sin aportar argumentos encaminados a reforzar el sentido del mismo a pesar de la violación a los principios de congruencia y de exhaustividad, fundamentación y motivación advertidas; por tanto, no es factible abordarlos, ya que si en el juicio de amparo principal, cuyo estudio se realizó en el considerando que antecede, se determinó la concesión del amparo por los vicios de forma aludidos, ello impide abordar de fondo las cuestiones planteadas, hasta que aquellos vicios sean subsanados por la autoridad responsable. 268. Al respecto, se comparte el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.C.53 K (10a.), con registro digital 2023610, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo IV, página 3555, del rubro y texto siguientes: "AMPARO ADHESIVO. DEBE NEGARSE CUANDO EN EL PRINCIPAL SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR UN VICIO FORMAL EN EL ACTO RECLAMADO. Hechos: En el juicio de amparo directo en que se concedió la protección constitucional por un vicio formal en la sentencia reclamada (omisión de análisis de una de las prestaciones reclamadas en el juicio de origen, así como de la excepción de prescripción), el tercero interesado promovió amparo adhesivo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en atención a la naturaleza y finalidad del amparo adhesivo, éste debe negarse cuando en el principal se concede la protección constitucional al advertirse una violación formal en el acto reclamado. Justificación: Lo anterior, porque de conformidad con el artículo 182 de la Ley de Amparo, el amparo adhesivo fue creado con el objeto de brindar celeridad a las resoluciones jurisdiccionales emitidas en el juicio constitucional y otorgar a la parte que haya obtenido sentencia favorable y quien tenga interés en que subsista el acto reclamado, la posibilidad de mejorar las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio que determinaron el resolutivo favorable a sus intereses e invocar las violaciones procesales que, cometidas en el procedimiento de origen, considere puedan transgredir sus derechos; esto último con el objeto de lograr que en un solo juicio queden resueltas las violaciones procesales que puedan aducirse respecto de la totalidad de un proceso y no a través de diversos amparos, inclusive, es una carga procesal impuesta a la vencedora, quien debe promover el amparo adhesivo para preservar su derecho a impugnar las violaciones procesales que trascendieron o pudieran trascender en el resultado del asunto, pues la falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluya su derecho para hacerlas valer posteriormente, es decir, el amparo adhesivo se erige como un sistema de depuración procesal, que concentra el análisis de todas las violaciones procesales en un solo fallo que allana el camino a un pronunciamiento posterior que, en la medida de lo posible, únicamente atenderá a cuestiones sustantivas, con lo que se busca una justicia completa y expedita. Por tanto, de acuerdo con la propia naturaleza de dicha figura, es inconcuso que la misma carece de autonomía, pues su existencia y promoción dependen siempre de la de un diverso juicio de amparo principal. Luego, si el objetivo del quejoso adhesivo sólo es mejorar las consideraciones de la sentencia reclamada para que subsista en sus términos en cuanto a su ius decidendi, se estima que ese objetivo se vuelve jurídicamente inviable, cuando en el juicio de amparo principal se considera inconstitucional la sentencia o resolución final reclamada, por una omisión formal acaecida al momento de dictarla, pues si bien es cierto que ello ocasiona que con motivo de la concesión de la protección constitucional, aquélla quede insubsistente, no menos lo es que los efectos específicos de ese fallo protector, en nada alteran el citado ius decidendi del acto reclamado, pues la autoridad responsable conservará su jurisdicción para, una vez subsanado el vicio formal detectado, decidir la controversia conforme a derecho corresponda, lo que eventualmente podría de nueva cuenta beneficiar los intereses del quejoso adherente; de ahí que esa expectativa originada por la existencia de un vicio formal en el acto reclamado implica un impedimento técnico para analizar el fondo de los argumentos esgrimidos en el amparo adhesivo y, por tanto, deben declararse inoperantes, toda vez que no se tiene la certeza de si habrán de ser o no favorables al adherente las consideraciones y puntos resolutivos de la nueva sentencia que emita el tribunal de alzada, de tal forma que la finalidad que, en todo caso, se perseguiría con las alegaciones (la tercero interesada), resulta incongruente con el carácter accesorio del amparo adhesivo". Decisión 269. Por tanto, al ponerse de manifiesto que la sentencia reclamada transgrede los derechos fundamentales de la parte quejosa, es procedente conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Dicte una nueva resolución en la cual deje insubsistente la aquí reclamada; 2. Enseguida, dicte una nueva sentencia en la cual, atienda los efectos del diverso juicio de amparo directo 361/2022; 3. Al resolver sobre la litis ante ella planteada, se pronuncie fundada y motivadamente respecto de todas las pruebas aportadas tanto por el actor como por el demandado en el juicio de origen; 4. Valoración que deberá realizar tanto en lo individual como en su conjunto con el resto del material convictivo, en relación con las pretensiones oportunamente planteadas por las partes y conforme a las cargas probatorias que les correspondan; y, 5. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resuelva lo correspondiente. Tiene aplicación la tesis siguiente: "Registro digital: 195590 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. /J. 67/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Septiembre de 1998, página 358 Tipo: Jurisprudencia FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido". Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Para los efectos precisados en el último considerando de este fallo, la Justicia de la Unión ampara y protege a la sucesión testamentaria a bienes de ****, por conducto de su albacea especial ****, contra la autoridad y por el acto precisados en el resultando primero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, respecto del amparo adhesivo. Notifíquese personalmente; y, a la autoridad responsable con testimonio autorizado de esta resolución para que, una vez que cause ejecutoria la presente, se le devuelvan los autos y se le requiera de su cumplimiento. En su oportunidad, archívese este asunto como concluido. Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los magistrados presidenta Gabriela Elena Ortiz González, Raúl Angulo Garfias y, ponente, Jacinto Juárez Rosas, quienes firman ante el secretario de acuerdos que autoriza. Doy fe. El secretario de acuerdos licenciado Fernando Lamas Pérez, con fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de Judicatura Federal C E R T I F I C A: que el seis de noviembre de dos mil veintitrés se aprobó la resolución correspondiente al juicio de amparo directo 211/2023, promovido por la sucesión de ****, por conducto de su albacea ****, en la vía principal, así como por ****, en la adhesiva, cuyo engrose se firmó electrónicamente el *************. Doy fe.

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