Maria de la Paz Sanchez Heron
Expediente 807/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 807/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Maria de la Paz Sanchez Heron
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte promovente no interpuso recurso de queja en contra del auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otro lado, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental y tampoco se ubica en los supuestos de los considerandos como conservables, acorde a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por lo que a criterio de este juzgado se considera que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Principal
Vista la razón de cuenta del Secretario, con fundamento en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por +++++++++++++++, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno del Centro de Justicia de Otumba, Estado de México, y otras autoridades. Anotaciones Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 807/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Además, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Desechamiento Una vez analizada la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional concluye que debe desecharse de plano, ya se actualiza la 25/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.55 ANTONIO CUETERO CORNEJO causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "61. El juicio de amparo es improcedente: --- XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". La fracción transcrita, pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocadas o modificadas, que deben ser satisfechos antes de la promoción del juicio de amparo, deviniendo éste improcedente y precisamente dicha hipótesis se actualiza en el presente asunto, por las siguientes consideraciones: De lo anterior, se advierte que para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: 25/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.55 ANTONIO CUETERO CORNEJO a) Que el acto reclamado provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa, y; c) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Al respecto, se debe tener presente el contenido del artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice: "16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. --- Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.". El precepto citado prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. 25/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.55 ANTONIO CUETERO CORNEJO Esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. De ahí que las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, se pueden impugnar a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el juez de control quien, de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, se podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del juez de control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden, las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. Por lo que las determinaciones emitidas por el órgano investigador no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral, esto es, abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. 25/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.55 ANTONIO CUETERO CORNEJO En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. En ese sentido, se estima que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el libro 57, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 943, publicada el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, que al rubro y texto dicen: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones 25/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.55 ANTONIO CUETERO CORNEJO del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos.". De lo antes expuesto, se pude advertir que en la fase de investigación el encargado de la misma debe investigar y practicar todas aquellas diligencias y actos necesarios para lograr el esclarecimiento de 25/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.55 ANTONIO CUETERO CORNEJO los hechos denunciados, respetando en todo momento los derechos de las partes y el debido proceso; sin que la investigación que realice pueda suspenderse o interrumpirse, salvo los casos previstos legalmente. Establecido lo anterior, de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa en su carácter de víctima u ofendida señala como actos reclamados los consistentes en: La omisión de realizar actos de investigación y de determinar se ejerza acción penal dentro de la carpeta de investigación que menciona. En ese sentido, se desprende que los actos reclamados de la parte quejosa consistentes en la omisión de realizar las actuaciones pertinentes a fin de ejercitar acción penal en la indagatoria de que se trata, por lo que previo a promover el juicio de amparo debió agotar el recurso antes analizado, al tratarse de un acto cometido por el agente del ministerio público, durante la integración de la carpeta de investigación que nos ocupa. En consecuencia, al no haber agotado el medio de impugnación de los actos reclamados, con apoyo en lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 113 de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar la demanda de amparo, por los motivos expuestos.
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