Maria de la Luz Tellez Arizmendi

Expediente 807/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
807/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
13/11/2017

Partes del expediente

  • Junta Especial Numero 31 de la Federal de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Morelos
  • Maria de la Luz Tellez Arizmendi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el trece de noviembre de dos mil diecisiete, que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a trece de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos y con el soporte de las constancias que obran en el juicio de amparo en que se actúa, se pasa a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada por este Juzgado Federal, con apoyo en los elementos existentes en el expediente en que se actúa, los aportados por la responsable y en observancia a la jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 832, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, Febrero 2016, Décima Época, que al rubro dice: "..SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD.." En esa tesitura, se determinó conceder el amparo y protección de la justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la responsable: ".Dé contestación a los escritos presentados el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis y cinco de abril de dos mil diecisiete, en los autos del juicio 554//2015, de su índice administrativo y lo notifique a la parte quejosa.." Por lo que en cumplimiento al fallo protector la autoridad responsable denominada Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, remitió constancias de las que se advierte dio contestación a los escritos presentados el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis y cinco de abril de dos mil diecisiete, en los autos del juicio 554//2015, con lo cual acredito dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mismas con la que se dio vista a la parte quejosa, sin que esta realizara manifestación alguna; motivos por lo que de acuerdo con el estudio de dichas constancias y, con apoyo en el ordinal 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria por parte de la autoridad responsable. Por lo que con fundamento en el numeral 214 del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Finalmente, infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada del presente proveído de contestación a los escritos presentados el veintiséis de octubre del dos mil dieciséis y cinco de abril del dos mil diecisiete, dentro de los autos del juicio laboral 554/2015.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir del momento al en que quede notificada del presente auto, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se les hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia siguiente: Tesis: P./J. 60/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007912 1 de 1 Pleno Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pag. 7 Jurisprudencia (Común) Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I ".CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." ".En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Notifíquese.

  4. Principal

    Al haber transcurrido el término de dos días concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Resolución de fecha veintiséis de julio de dos mil diecisiete: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal María de la Luz Téllez Arizmendi, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable. Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y Actuario adscrito, ambos con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: "(.) No ha dado cumplimiento a mis peticiones formuladas mediante escritos de fechas octubre 26 de 2016 y 05 de abril de 2017, en el expediente en que se actúa (.).". SEGUNDO. El veintidós de mayo de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo y se radicó el asunto con el número de expediente 807/2017, se requirió a las responsables su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, el estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable la omisión de dictar acuerdo a los escritos petitorios presentados el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis y cinco de abril de dos mil diecisiete, en el juicio laboral 554/2015, así como notificar la determinación correspondiente. TERCERO. Es cierto el acto atribuido a la autoridad señalada como responsable Junta Especial 31, de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con la constancia que acompañó; documental que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Por su parte el Actuario adscrito a la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, se tiene por cierto, dada su naturaleza de autoridad ejecutora, pues resulta evidente que en cualquier momento puede recibir la orden de notificación, al dictarse el acuerdo correspondiente dentro del expediente de emanan los actos reclamados en el presente juicio de amparo. CUARTO. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de orden público, de conformidad con el último párrafo del citado precepto. QUINTO. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Pues bien, como se dijo, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de acordar los escritos presentados el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis y cinco de abril de dos mil diecisiete, dentro del juicio de origen y señala que dicho actuar es contrario a lo dispuesto por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asiste razón a la parte quejosa, atento a las consideraciones siguientes: Los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen lo siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quién se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.". "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..." De lo transcrito se colige, que cuando se presente alguna promoción dentro de cualquier juicio que se tramite en un tribunal, éstos deben acordarlo de manera diligente, así como en los plazos y términos que señalan las leyes. Asimismo, se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permitan obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. En este contexto, es preciso transcribir el contenido de los artículos 685, 735 y 838, de la Ley Federal del Trabajo, relativos a los principios que rigen en materia laboral y los plazos procesales que deben observar las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 685.- El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 735.- Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles." "Artículo 838.- La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." Como puede verse de los preceptos trascritos, el procedimiento laboral se rige por principios que procuran la mayor sencillez y prontitud en su tramitación y ejecución, lo que se traduce en cumplimiento al derecho fundamental de justicia pronta consagrada en el artículo 17 constitucional. Por otro lado, si bien es cierto la responsable al rendir su informe justificado remitió copia certificada de constancia, relativa al escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, no así del diverso de cinco de abril de dos mil dieciséis, sin embargo, en ambos escritos pide se turnen los autos para producir los alegatos correspondientes, en el juicio natural, también lo es que no han sido acordados, lo que genera que se vulnere en perjuicio de la parte quejosa lo dispuesto por el artículo 17, constitucional. Se afirma lo anterior, porque la dilación u omisión en el juicio laboral causa un retraso, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio; de ahí que se haga patente la violación al referido numeral, desde el momento en que la autoridad laboral incumplió con los términos y plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo. En efecto, se advierte por parte de la autoridad señalada como responsable un retardo injustificado en la impartición de justicia, pues ha demorado en el dictado del acuerdo referente a los escritos presentados ante su potestad el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis y cinco de abril de dos mil diecisiete, alrededor de seis meses, lo que, a criterio de quien resuelve, no es razonable en la medida que de autos no se advierte exista dificultad en la realización de dicho proveído, lo que constituye una abierta dilación del procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.48/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Respecto al criterio transcrito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, indicó que, tratándose de actos intraprocesales existe un caso de excepción que constriñe al juzgador de amparo a que no sólo lleve a cabo un análisis en cuanto a si los actos reclamados constituyen violaciones de este tipo respecto de las que se alegue transgresión a los artículos 8, 14 y 17, constitucionales, para considerar que el juicio es improcedente, ya que para ello es indispensable, además, que verifique si tales actos configuran una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En otras palabras, el motivo de improcedencia del juicio a que hace referencia el criterio jurisprudencial referido no obedece únicamente a la naturaleza intrínseca del acto reclamado, es decir, que al ser una conducta omisiva autónoma al procedimiento no genera afectación a derechos sustantivos, pues para determinar tal afectación considerada como de ejecución irreparable es indispensable corroborar también que con ella no se produzca una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En ese contexto, a criterio de quien resuelve -se insiste- en el caso concreto existe una dilación abierta del procedimiento pues la autoridad señalada como responsable ha demorado en el dictado del acuerdo referente a la promoción propuesta alrededor de seis meses, lo cual genera un retraso en la impartición de justicia. En tales circunstancias, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa María de la Luz Téllez Arizmendi, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, efectúe lo siguiente:  Dé contestación a los escritos presentados veintiséis de octubre de dos mil dieciséis y cinco de abril de dos mil diecisiete, en los autos del juicio 554/2015, de su índice administrativo y lo notifique a la parte quejosa. En el entendido de que se considerará cumplida la sentencia concesoria una vez que la Junta responsable dé cumplimiento al punto precisado, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele la quejosa en el juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora. Lo así considerado encuentra apoyo en la tesis 2ª CV/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, del Libreo 1, diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro electrónico 2005150, que es del contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a María de la Luz Téllez Arizmendi, respecto del acto reclamado de la Junta Especial 31, de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario adscrito, ambos con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de acordar los escritos presentados el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis y cinco de abril de dos mil diecisiete, en los autos del juicio laboral 554/2015, para los efectos señalados en el último considerando de la misma. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Guillermo Amaro Correa, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veintiséis de julio de dos mil diecisiete, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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