María de la Luz Rodríguez Ramírez

Expediente 994/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
994/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • María de la Luz Rodríguez Ramírez
  • Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Regional Zona Sur de la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, treinta de abril de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta en que el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, remite testimonio de la resolución emitida en el conflicto competencia CCT.1/2021, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Acúsese el recibo de estilo correspondiente vía interconexión. Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal revisor resolvió: ÙNICO. La Jueza Séptimo de distrito en materia de trabajo en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por María de la Luz Rodríguez Ramírez. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 1, inciso a) del Manual referido, toda vez que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia planteada. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere el párrafo primero del artículo 20, del multicitado Acuerdo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, once de marzo de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta signado por Francisco Torres Cruz autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en relación al proveído dictado el uno de marzo de dos mil veintiuno, en el que se reanudaron los plazos en este expediente; con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio de cuenta en que la Secretaría del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, remite el expediente relativo al juicio de amparo 876/2020-II de su índice, promovido por María de la Luz Rodríguez Ramírez, por su propio derecho, en razón de que se declaró legalmente incompetente por razón de la materia para conocer de dicho asunto. En consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 994/2020-III. Ahora bien, del estudio integral de los autos relativos al referido asunto que se remite, este Juzgado no acepta la competencia para conocer del mismo por razón de la materia, según se pondrá de relieve al tenor de las consideraciones que enseguida se realizan. Cabe precisar que es obligación del juez de amparo analizar la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, en términos del criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, del rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Novena Época, Registro: 192097, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de dos mil (2000), Materia Común, Página: 32). Ahora, es pertinente señalar, que un Juzgador tiene competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta: a) Por materia b) Por territorio c) Por grado La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su título cuarto, denominado "De los Juzgados de Distrito", regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito en los siguientes términos: Artículo 48. Los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente Capítulo. Artículo 49. Cuando se establezcan en un mismo lugar varios juzgados de distrito que no tengan competencia especial o que deban conocer de la misma materia, tendrán una o varias oficinas de correspondencia común, las cuales recibirán las promociones, las registrarán por orden numérico riguroso y las turnarán inmediatamente al órgano que corresponda de acuerdo con las disposiciones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. (.) Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y (ADICIONADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito del siguiente modo: Jueces Federales Penales; Jueces de Distrito Especializados para Adolescentes; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal; Jueces de Distrito en Materia Administrativa; Jueces de Distrito Civiles Federales; Jueces de Distrito Mercantiles Federales, Jueces de Distrito de Amparo en Materia Civil; y, Jueces de Distrito en Materia de Trabajo. Asimismo, de la interpretación de los citados artículos se advierte que para fijar la competencia por materia, el legislador tomó como base los siguientes criterios: a) La naturaleza del acto reclamado. b) La naturaleza de la autoridad responsable. Los criterios señalados justifican la especialidad por materia, pues, como se dijo, las determinaciones que se dicten en los juicios de amparo, requieren del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican en forma preferente a las diversas ramas del derecho, y por ese motivo pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos, buscando con ello dar cumplimiento a los principios que alberga el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, sobre el tema de la competencia por razón de materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que esta especie del género de competencia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió; lo anterior regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia ciento ochenta y dos (182), que es del rubro y texto siguientes: COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. (Registro: 919,034, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, VII, Conflictos Competenciales, Jurisprudencia, Tesis: 182, Página: 296). También es de atenderse la tesis I.14o.C.8 K, del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1773 del tomo XVIII, agosto de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente rubro: JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. Precisado lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como autoridades y actos recamados lo siguientes: [.] AUTORIDAD RESPONSABLE: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PENSIONES, SEGURIDAD E HIGUIENE DE LA DELEGACIÓN REGIONAL ZONA SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SUBDELEGADO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. DELEGADO REGIONAL ZONA SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. ACTO RECLAMADO: El indebido cálculo de mi Pensión de RIESGOS DE TRABAJO, como resultado al cumplimiento del laudo que ha quedado firme de fecha DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIESICIETE (sic), emitido por la Octava Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dentro del expediente número 1041/2015, en virtud de la emisión del oficio número DS/SP/DPSH/2237/2019 por el cual se ha determinado el monto de la pensión referida en un monto de $18,520.80 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 80/100 M.N.), así como la limitación de la misma en relación a la aplicación de los artículos 51, 57, 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado así como del artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones del Trabajadores (sic) sujeto al Régimen del Artículo Décimo Transitorio, con el que se impone un máximo de DIEZ veces la unidad de Medida y Actualización, para el pago de mis pensiones de forma conjunta. Los descuentos ulteriores, futuros e inmediatos que se aplican directamente en mi Pensión de Riesgo de Trabajo, derivado de la falta de claridad en el mencionado oficio." En ese sentido, del escrito de demanda y de los anexos acompañados a la misma, se advierte que el quejoso se duele del oficio DS/SP/DPSH/2237/2019, de veinticuatro de enero de dos mil veinte, emitido por el Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en cumplimiento al laudo de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, emitido en el juicio laboral 1041/15, por la Octava Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dentro del juicio laboral 1041/2015. Al respecto, es conveniente puntualizar que cierto es que el quejoso combate de manera destacada el aludido oficio, como también lo es que no puede soslayarse que el mismo se emitió en cumplimiento a un laudo laboral, lo que implica que innegablemente el análisis que se realice de dicho oficio tendrá repercusión en tal procedimiento laboral. De manera que, el aludido oficio es emitido en materia de trabajo, al atender el mencionado laudo laboral, por una autoridad distinta a la judicial, lo que cual, es suficiente para considerar que los actos emanados o derivados del referido expediente laboral, en la etapa de cumplimiento del laudo, son de naturaleza eminentemente laboral, los cuales no pueden desvincularse a la fuente que les da origen. Por tanto, se colige que se carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo. Sin que sea suficiente para razonar de manera contraria, los criterios jurisprudenciales que invoca la Titular del Juzgado declinante, en apoyo a su decisión, porque si bien, el acto reclamado consiste en el oficio en que se calculó la cuota pensionaria por riesgo de trabajo, debe decirse que se emitió con motivo del cumplimiento del laudo arbitral en comento y no de manera independiente ni autónoma a dicho procedimiento laboral, situación que es de importancia que lo aparta de una relación netamente de naturaleza administrativa, pues el proceder del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, está supeditado al laudo laboral en comento. En esas condiciones, este órgano jurisdiccional rechaza la competencia planteada y no la acepta; por lo tanto, devuélvase el presente asunto a su lugar de origen. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, del "Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regulan entre otros, los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y las comunicaciones oficiales, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación denominado FIREL, previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Sin que haya lugar a notificar personalmente el presente proveído a la promovente, en atención a la Jurisprudencia 1496, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro: DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. (Registro No. 200158, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, Página: 55, Tesis: P./J. 12/96, Jurisprudencia, Materia(s): Común). Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Enrique Cayetano Vega Murguía, y con fundamento en la segunda parte del citado numeral se autorizan únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a la persona que señala para tales efectos. Finalmente, no es el caso de acordar favorable lo solicitado, referente a tener como forma para recibir notificaciones el correo electrónico y/o teléfono que refiere, porque no son el medio cibernético autorizado para el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, difundido en el Diario Oficial de la Federación el treinta uno de julio de dos mil veinte, y numerales 6°, 14, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, pues para realizar la consulta del expediente electrónico y practicar notificaciones de esa naturaleza, necesariamente se requiere la autorización de la firma electrónica (FIREL), sin embargo, los mismos únicamente se consideraran de manera extraordinaria y en caso urgente de que sea conveniente entablar alguna comunicación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe. El Juez Francisco Javier Rebolledo Peña El Secretario. Víctor Aguirre Montoya. FJRP/VAM/lajr.

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