María de la Luz Ramírez Ríos

Expediente 789/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
789/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
30/10/2019

Partes del expediente

  • María de la Luz Ramírez Ríos

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    A SUS AUTOS EL OFICIO DE CUENTA, REMITIDO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL CINCUENTA Y UNO DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE HIDALGO; EN ATENCIÓN A SU CONTENIDO, TENGASE A LA AUTORIDAD OFICIANTE DEVOLVIENDO EL DIVERSO 8816 DEL INDICE DE ESTE TRIBUNAL FEDERAL, TODA VEZ QUE EL MISMO SE ENCUENTRA DIRIGIDO A LA JUNTA ESPECIAL CINCO DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. EN OBVIO DE MAYORES DILACIONES, POR CONDUCTO DE CUALESQUIERA DE LOS ACTUARIOS ADSCRITOS A ESTE TRIBUNAL FEDERAL, REENVIESE EL OFICIO EN CITA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. FINALMENTE, ESTESE A LO ORDENADO MEDIANTE PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DEL MES Y AÑO QUE TRANSCURRE.

  2. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DEL SECRETARIO EL FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. EN TAL VIRTUD, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; TODA VEZ QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE PREVÉ EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL Y ACUERDO CITADO.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Visto el original y cinco copias de la demanda de garantías promovida a insistencia de la quejosa ***, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de este Circuito al cual acompaña dos anexos; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese y acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima carecer de competencia, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el quejoso, señala como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Presidente de la Junta Especial Cinco de la Federal de Conciliación en la Ciudad de México".- "IV. ACTO RECLAMADO.- Laudo de fecha 7 de septiembre del año 2004, emitida dentro del juicio laboral 1009/2003, por la Junta Especial número 5, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, quien declaró la procedencia del Incidente de Prescripción de la condena para que la quejosa María de la Luz Ramírez, pudiera cobrar la indemnización por el fallecimiento por accidente de trabajo de mi finado esposo Anastacio Montiel García, ordenando el archivo del asunto como total y definitivamente concluido". Lo anterior es así, pues como ya quedó establecido párrafos que anteceden, de la lectura integral de la demanda de garantías, se observa que la impetrante de garantías hace valer como acto reclamado la resolución de fecha diecisiete de junio del año dos mil trece, que ordena la prescripción del laudo de siete de septiembre del año dos mil cuatro, emitido por la Junta Especial Cinco de la Federal de Conciliación en la Ciudad de México, en los autos del expediente 1009/2003 de su índice; aunado a que como lo indica la amparista no le fue notificado de manera personal conforme a lo ordenado por la Ley Federal del Trabajo. De igual manera, no pasa desapercibido para el suscrito el anexo consistente en el auto de dieciséis de mayo del año actual, emitido por la junta responsable y en el cual se resolvió como improcedente el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por la hoy impetrante de garantías. Luego, en contra de la resolución que declaró la procedencia del incidente de prescripción de la condena, la quejosa María de la Luz Ramírez Ríos promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia, dispone: "(.) El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas (.)". En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la resolución de diecisiete de junio del año dos mil trece, misma que ordenó la prescripción del laudo de siete de septiembre de dos mil cuatro y que nunca fue notificada de manera personal a la quejosa María de la Luz Ramírez Ríos, conforme así lo establecen los artículos relativos de la Ley Federal del Trabajo, dictada por la Junta Especial Cinco de la Federal de Conciliación en la Ciudad de México, en los autos del expediente 1009/2003. De ahí que si no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, con fundamento en los artículos 37 y 45 de la Ley de amparo, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y remítanse los originales al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Hidalgo; y, en su oportunidad, archívese como totalmente concluido el presente asunto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

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