María de la Luz Raigoza Cabrera

Expediente 485/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
485/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
12/06/2019

Partes del expediente

  • María de la Luz Raigoza Cabrera

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 3174 remitido por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, al que adjunta en nueve fojas útiles el testimonio de la resolución dictada en el toca 86/2019 de su índice, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por Ade Lorena Medina Espada, apoderada legal de la quejosa María de la Luz Raigosa Cabrera, en contra del proveído de nueve de abril de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo, de la cual se advierte que dicha superioridad declaró infundado el aludido recurso de queja. Acúsese recibo. Asimismo, se ordena ARCHIVAR este expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se realicen en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, toda vez que por acuerdo de nueve de abril del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de destrucción. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de mayo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 2400 remitido por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con el que acusa recibo de los oficios 239-I y 240-I mediante los cuales este Juzgado Federal rindió su informe sobre la materia de la queja y con el que remitió la certificación de las constancias relativas al presente expediente, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios relativo al recurso de queja promovido por Ade Lorena Medina Espada, apoderada legal de María de la Luz Raigoza Cabrera, parte quejosa en este asunto, en contra del proveído de nueve de abril del año en curso, emitido por este Juzgado Federal; asimismo, la Superioridad informa que se dio entrada al aludido recurso de queja y quedó registrado bajo el número de toca 86/2019. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por la apoderada legal de la parte quejosa Ade Lorena Medina Espada, mediante el cual interpone el recurso de queja en contra del proveído de nueve de abril del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, agréguese una copia de dicho escrito al presente expediente, ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja, remítase copia certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo 485/2019-I y el original de dicho escrito al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, para los efectos que en derecho correspondan, así como la copia destinada al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicha Superioridad. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de abril de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Ade Lorena Medina Espada quien se ostenta apoderada legal de María de la Luz Raigosa Cabrera, contra el acto que reclama del Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, la cual fue presentada con siete copias y un anexo. Con fundamento en el artículo 6 y 10 de la Ley de Amparo, téngase por reconocida la personalidad con que se ostenta la nombrada Ade Lorena Medina Espada; lo anterior, en cuanto se advierte de la documental que anexó a su escrito de demanda, consistente en la copia certificada del segundo testimonio de la escritura pública número setecientos sesenta y ocho de once de julio de dos mil once, pasado ante la fe del notario público número cuatro, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 485/2019-I. Ahora bien, en atención al contenido del escrito de demanda se desecha de plano la misma, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual debe ser examinado de oficio en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. A criterio de quien esto resuelve, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso numeral 107, fracciones III, IV y V, interpretados en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Dichos preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El juicio de amparo se pedirá ante el juez de Distrito: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Ahora bien, de una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las referidas fracciones del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que el auto de once de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el incidente de liquidación de la sentencia relativa al juicio ordinario civil número 299/2011 del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, promovido en contra de la quejosa, en el que se admitió la prueba pericial ofrecida por la parte actora a la que se tuvo por designado como perito al licenciado en derecho Hernán José Caro Medina, para realizar la cuantificación de los frutos civiles reclamados y en el que se fijó un término de veinticuatro horas a la parte demandada para que nombrara su perito, se trata de una violación intraprocesal dentro del incidente de liquidación de sentencia que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Esto es así, porque las fracciones III y IV del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 38/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, abril de 2001, visible en la página 5, que señala lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio." Cabe precisar que esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada por el legislador con el objeto de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el juicio de amparo se utilice para retardar o entorpecer el procedimiento. Por ello se limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. En el caso a estudio, como anteriormente se dijo, la parte quejosa se duele del auto de once de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el incidente de liquidación de la sentencia relativa al juicio ordinario civil número 299/2011 del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, promovido en contra de la quejosa, en el que se admitió la prueba pericial ofrecida por la parte actora a la que se tuvo por designado como perito al licenciado en derecho Hernán José Caro Medina, para realizar la cuantificación de los frutos civiles reclamados y en el que se fijó un término de veinticuatro horas a la parte demandada para que nombrara su perito; esto, dentro del incidente de liquidación tramitado por la parte actora. En esas condiciones, se considera que ese auto no constituye la última resolución dictada en el procedimiento del incidente de liquidación solicitado por la parte actora a que se refiere la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, para instar el juicio de amparo se debe esperar a que se emita la determinación de la cantidad líquida dentro de los autos del incidente de liquidación de la sentencia, pudiendo reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas que lo hubieren dejado sin defensa. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J 6/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998, visible en la página 60, que señala: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidadas. Por ello, la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio, o sea, como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento." Por todo lo expuesto, resulta innecesario el análisis de los demás argumentos accesorios que se proponen, pues al resolver el tema de fondo planteado, por lo mismo, no podrán tener el alcance de variar el sentido de la presente resolución. Brinda apoyo a lo anterior, la tesis CVIII/2007, sustentada por la propia Sala, consultable en la página 793, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y con registro digital 172517, cuyo texto es como sigue: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente." En consecuencia de lo expuesto y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ade Lorena Medina Espada apoderada legal de María de la Luz Raigosa Cabrera, contra el acto que reclama del Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, por actualizarse en el caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 107, fracciones III, IV y V, interpretados en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Ténganse como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Eduardo Alfonso Preciat Arrocha, Carlos Cortés Vivas y Flor Idelisa Arcila González y a Mauricio José Gamboa Peón, únicamente para oír y recibir notificaciones, como lo solicita expresamente la parte quejosa. Con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los Actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Finalmente, atendiendo a lo solicitado por la parte quejosa en su escrito de demanda, procédase al cotejo y compulsa del documento exhibido, con la copia simple que también se acompañó, a fin de que le sea devuelto el primero previo recibo que se otorgue en autos y el segundo se glose a este expediente debidamente autorizado, en el entendido que dicha devolución se realizará hasta en tanto causa estado el presente acuerdo; lo anterior, en razón que todos los documentos aportados por las partes son materia objeción en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

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