Maria de la Luz Pinto Trujillo

Expediente 2159/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2159/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
17/10/2019

Partes del expediente

  • Maria de la Luz Pinto Trujillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA 5-B.- Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en sentencia de once de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 28-37), dictada en el juicio en que se actúa, se resolvió: "ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a CIRILO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, contra el acto y autoridad precisada en el considerando tercero de esta sentencia constitucional, por las razones expuestas en el diverso quinto, para los efectos indicados en el último considerando de esta resolución de amparo." Los efectos de la concesión del amparo, fueron para que "la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en Tonalá, realice lo siguiente: i) De manera inmediata, dicte el laudo en el citado juicio laboral J/O/040/2017. ii) Dicha determinación deberá ser notificada personalmente al quejoso en el domicilio que señaló para tal efecto." El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (fojas 43-44), causó ejecutoria la sentencia en comento; en consecuencia, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable mediante oficio 48406 (foja 45). Requerimiento, que le fue notificado el treinta de octubre siguiente (foja 46). Toda vez que, de las constancias de autos se advierte que este órgano resolutor ha requerido en múltiples ocasiones a la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Tonalá, Chiapas, a efecto de que ésta dé debido cumplimento a la ejecutoria de amparo, requerimientos hechos a través de diversos oficios que se encuentran debidamente notificados, a saber: No. Fecha de Auto Sentido Oficio Acuse de recibo 1 17-Octubre-2018 (fojas 43-44) Causó ejecutoria la sentencia, y se requirió cumplimiento (fojas 43-44) 48406 (foja 45) Foja 46 2 18-febrero-2019 (foja 54) Requerimiento de cumplimiento fojas 54) Telegrama 80 (foja 55) Oficio 7017 (foja 56) Foja 61 3 6-marzo-2019 (foja 56) Requerimiento de cumplimiento (fojas 63-64) 11564 (foja 65) Foja 96 4 14-marzo-2019 (fojas 73-75) Se tuvo a la Junta responsable informando imposibilidad de cumplimiento, por lo que se tiene como autoridad sustituta al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y como tal se le requirió el cumplimiento (fojas 73-75) 12508 (foja 76-77) Foja 78 5 26-abril-2019 En cumplimiento al requerimiento contenido en el oficio 12508, se tuvo al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, informando que el 21 de febrero de 2019, ordenó a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esa ciudad, continuara con el procedimiento hasta su conclusión (foja 91) 6 27-mayo-2019 Se tuvo como autoridad sustituta a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y con tal carácter le fue requerido el cumplimiento de la ejecutoria en comento (fojas 92-93) 33904 Foja 102 7 9-julio-2019 (foja 106) Se tuvo a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, informando que no es competente para conocer el expediente laboral de origen. Por lo que se requirió de nueva cuenta el cumplimiento de la ejecutoria al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (foja 106) 45571 Foja 108 8 24-julio-2019 (fojas 113-114) Se tuvo al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, informando que la autoridad competente para dar cumplimiento al fallo protector lo es Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Tonalá, Chiapas, por lo que se tuvo a dicha junta como autoridad sustituta y con tal carácter le fue requerido el cumplimiento a la ejecutoria (fojas 113-114) 48632 (foja 115-116) Fojas 117 y 125 9 27-agosto-2019 (fojas 118-119) Requerimiento de cumplimiento (fojas 118-119) Telegrama 55253 (fojas 120 y 130) 10 30-agosto-2019 A petición de la Junta responsable se le concedió prórroga de diez días para el cumplimiento de la ejecutoria 56031 (foja 127) Foja 135 Del cual se advierte que fue notificada el 11 de septiembre de 2019 En atención a los requerimientos antes señalados, la Junta responsable, se limitó a manifestar: que se encontraba imposibilitada de dar cumplimiento al fallo protector, toda vez que su nombramiento fue otorgado el ocho de febrero de dos mil diecinueve, y la fecha en que recibió el requerimiento de cumplimiento a la ejecutoria fue de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 67-70); y, posteriormente el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, informó que el expediente laboral de origen fue turnado para la elaboración del laudo correspondiente, y ante la carga de trabajo solicitó prórroga de diez días para dar cumplimiento a la ejecutoria (foja 125); sin que hasta la fecha lo haya realizado. De lo anterior se colige que la autoridad responsable no ha realizado acto alguno encaminado a cumplir con la ejecutoria de amparo, por el contrario la razón injustificada que expresa, es propiamente una evasiva para no acatar dicho fallo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve (fojas 113-114), y notificado mediante oficio 48632 (foja 115-116), comunicación respecto de la cual la responsable se encuentra debidamente notificada (foja 125), por lo que con fundamento en los artículos 193, 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la ley de la materia, se impone a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Tonalá, Chiapas, una multa consistente en cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Para hacer efectiva la multa impuesta, envíese oficio con auto inserto a la Administradora Desconcentrada de Recaudación Chiapas dependiente del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en esta ciudad, para que proceda a hacer efectiva dicha multa y su monto sea ingresado a las arcas del Erario Federal. Haciéndose de su conocimiento que Rafael Alejandro Sarmiento Mandujano, es quien funge como Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Tonalá, Chiapas, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En la inteligencia que la citada administradora cuenta con el término de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción del oficio que al efecto se envíe, para informar a este juzgado federal el resultado de su intervención, con la recomendación que una vez que haga efectiva dicha sanción, se sirva remitir las constancias que así lo acrediten. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 193 y 196, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, remítase este expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, con base en lo dispuesto por el precepto 192, de la Ley de Amparo, párrafo quinto, por la vía telegráfica requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Tonalá, Chiapas, para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que reciba el oficio que al efecto se envíe, remitan copias certificadas de las constancias que acrediten el cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, en la que se concedió el amparo a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ".que la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en Tonalá, realice lo siguiente: i) De manera inmediata, dicte el laudo en el citado juicio laboral J/O/040/2017. ii) Dicha determinación deberá ser notificada personalmente al quejoso en el domicilio que señaló para tal efecto." Con el apercibimiento que de no hacerlo así o de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se les impondrá otra multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Finalmente, requiérase al Administrador de la Oficina Telegráfica, con residencia en esta ciudad, para que una vez entregadas las comunicaciones que se deriven del presente proveído, remita a este órgano de control constitucional, copia certificada de las constancias con las que acredite su respectiva entrega; apercibido que de no dar cumplimiento a lo solicitado, se le impondrá como medida de apremio, multa de cincuenta unidades de medidas y actualización que arroja la cantidad de $4,224.05 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 05/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización.

  2. Principal

    Glósese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que le fue hecha en auto de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 17-20). DESECHAMIENTO Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese orden de ideas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, los numerales 17 y 18 del citado ordenamiento legal, prevén: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos antes transcritos, se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de tres momentos, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto o su ejecución. En el entendido que de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se estimará consentido el acto de que se trate, salvo que se actualice alguna de las hipótesis de excepción contenidas en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, pues en tal virtud el término será de treinta días, siete u ocho años e incluso en cualquier tiempo, según el caso. Se afirma lo anterior, ya que de la lectura integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados: La resolución interlocutoria de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de actualización de intereses, derivado del expediente mercantil 212/2011. La retención del 30% sobre el excedente del salario mínimo que reclama. Asimismo, en su escrito aclaratorio manifestó que tuvo conocimiento de la resolución interlocutoria el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve y de la retención que reclama el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. Manifestación que constituye una confesión que hace prueba plena en su contra, conforme con lo establecido por los artículos 95, 99, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2. Es aplicable, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, revisable en el Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XII, Diciembre de 1993, en la página 857, Octava Época, del rubro y texto: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa". De lo anterior, se tiene que la parte quejosa tuvo conocimiento de la existencia de los actos reclamados desde el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve y veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis; respectivamente; de ahí que, el plazo de quince días para promover la demanda, transcurrió por lo que hace a la interlocutoria reclamada del veintiocho de agosto al dieciocho de septiembre de esta anualidad, sin contar los días treinta y uno de agosto, uno, siete, ocho, catorce, quince y dieciséis de septiembre del año en curso, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; y, respecto del diverso acto reclamado consistente en la retención del 30% sobre el excedente del salario mínimo que reclama, transcurrió en exceso; ello es así, puesto que la demanda de amparo fue presentada en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, hasta el día diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, como se advierte de la boleta de recibo del escrito de demanda (foja 1); de ahí que se estime promovida extemporáneamente. En consecuencia, dado que el término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa promoviera su demanda transcurrió, su presentación resulta extemporánea, traduciéndose dicha circunstancia, en el consentimiento tácito del acto reclamado. Máxime, que el impetrante no se ubica dentro de las hipótesis legales que contempla el artículo 17, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, pues se trata de un acto que no implica restricción a la libertad del quejoso, por lo que en el caso concreto debe estarse a la regla general que contempla el multicitado numeral 17 del propio ordenamiento legal. Apoya a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la Jurisprudencia P./J. 27/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda por notoriamente improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal. Asimismo, debe decirse que la anterior determinación no implica una transgresión al derecho fundamental de acceso a la justicia, pues éste no implica dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen los juicios, ya que de considerarse procedente una demanda presentada de forma extemporánea se contravendría el principio de impartición de justicia pronta, y desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el promovente obtendría un beneficio no previsto en la norma. Es aplicable al caso, por las razones que informa, la tesis VII.2º.C 14 (10ª.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el citado medio de difusión, Décima Época, Libro XII, Tomo 3, septiembre de 2012, página 1495, del rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA Y EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS. NO IMPLICA DEJAR SIN EFECTOS LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció que el acceso a la justicia no se agota con la simple existencia de tribunales, procedimientos formales ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que los recursos judiciales tengan efectividad, esto es, que se brinde al justiciable la posibilidad real de interponerlos y el órgano jurisdiccional competente evalúe sus méritos, por lo que serán efectivos en tanto sean capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos; sin embargo, fue la propia Corte Interamericana, quien estableció que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de los recursos resulta compatible con la Convención Americana, y que esa efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan tales requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos. Por tanto, el derecho humano de acceso a la justicia y la efectividad de los recursos, no implican dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen en el juicio de amparo, instrumento éste de justicia constitucional por el que, en sede nacional y en vía judicial, se garantiza al individuo la protección de sus derechos fundamentales". Consecuentemente, con fundamento en los artículos 112 y 113 del ordenamiento jurídico citado, se desecha de plano la demanda de amparo. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, septiembre de dos mil cuatro, tomo XX, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena época, mayo de mil novecientos noventa y siete, del tomo V, publicado en la página seiscientos dieciocho, de texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Lo anterior, no obstante que la parte quejosa también adjuntó copia simple de la resolución interlocutoria de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, de la que se advierte el sello de notificación de ésta, y señala que la referida notificación surte sus efectos el día veintisiete de agosto de esta anualidad

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obran agregados los acuses de recibo de los oficios 49502/2019, 49507//2019, de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, dirigidos al Director General del Centro de Readaptación Social "Topochico" y al Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Preventivo y de Reinserción Social "Topo Chico", ambos con residencia en Monterrey, Nuevo León, 58266/2019, de diez de septiembre del año en curso; con los que se les notificó la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Así como tampoco obran los acuses de recibo de los oficios 58763/2019, 58764/2019, 58765/2019, 58767/2019, 58768/2019 y 58769/2019, dirigidos al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, Director General del Centro Federal de Readaptación Social "Topo Chico", Monterrey, Nuevo León, Juez Segundo de Distrito en Materia Penal, Monterrey, Nuevo León, Director General del Sistema Penitenciario del Estado de Monterrey, con sede en Nuevo León, Titular de la Comisaría General de la Administración Penitenciaria del Estado de Nuevo León, Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Preventivo y de Reinserción Social "Topo Chico", Residente en Monterrey, Nuevo León. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase al Jefe de la Administración Postal, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que quede debidamente notificado del presente proveído, se sirva remitir a este órgano jurisdiccional, los acuses de recibo o copia certificada de dichos oficios, con número de registro postal RM119516108MX, RM119516111MX, RM119516125MX, RM119516139MX, RM119516142MX, y RM119516156MX, (depositados el diecisiete de septiembre del año en curso); o bien manifieste el impedimento legal que tenga para hacerlo; apercibido que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado se le aplicará multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 246 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    (CITATORIO).- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LA LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, INCISO B), Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: "Con apoyo en el artículo 3, der la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula Primera de la Unidad de Investigación y Litigación en Tapachula, Chiapas, por el que en cumplimiento a lo requerido en proveído de nueve del mes y año en curso, remite copia certificadas de la Carpeta de Investigación FED/CHIS/TAP/0001324/2018 y se deja sin efecto el apercibimiento con que se le conminó en dicho acuerdo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas, ofrecidas y desahogas las documentales de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de las mismas, en el acto de la audiencia constitucional. Fórmese un tomo de constancias, dejándose a disposición de las partes en la secretaría de ese juzgado y tráiganse a la vista al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda

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