María de la Luz Ortiz Oliva
Expediente 787/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 787/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- María de la Luz Ortiz Oliva
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de veinte de junio de dos mil diecisiete, que sobreseyó el juicio en lo principal, transcurrió para la última de las partes en notificarse del veintiocho de junio al once de julio del año en curso, con exclusión de los días inhábiles, sin que se haya hecho valer el citado recurso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. Ahora bien, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil nueve, se determina lo siguiente: El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo vigésimo primero, en razón de que el veinte de junio de dos mil diecisiete, se decretó el sobreseimiento. Se hace constar, que no obran documentos originales en el expediente principal; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica(II)
- Principal
Visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable Secretario General del Tribunal de Arbitraje en el Estado, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Conforme al artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la documental que acompaña la autoridad responsable a su informe de Ley, la cual será tomada en consideración al momento de llevar a cabo la audiencia constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se aprecia que: El veinticuatro de mayo del año en curso, María de la Luz Ortiz Olivia, presentó demanda de amparo contra el Tribunal de Arbitraje del Estado, en el que reclamó la omisión dictar el acuerdo correspondiente a su solicitud de que se abriera la ejecución de laudo dentro del expediente laboral 1162/2012. Asimismo, le solicitó regularizar el procedimiento a efecto de dar cabal cumplimiento al laudo de diecisiete de febrero de dos mil catorce, en concreto, el resolutivo cuarto. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 787/2017-II, se admitió en auto de veinticinco de mayo del año en curso, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) De las constancias que remite la autoridad responsable en su informe de cuenta, se advierte que el ocho de junio pasado dictó el acuerdo correspondiente a la solicitud presentada; documental a la que se concede valor probatorio pleno con lo previsto en los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la Ley de la Materia. En el caso en concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En el asunto concreto la parte quejosa se duele substancialmente, de la omisión de la autoridad responsable de no dar contestación a su solicitud que presentó en el juicio laboral.... Luego, del análisis de la constancia que la responsable remitió en apoyo a su informe justificado se obtiene que el ocho de junio pasado dictó una determinación, con fundamento en la pretensión de la quejosa, y requirió a la parte demandada para que diera cumplimiento al pago de las prestaciones condenadas en la resolución incidental de liquidación de laudo de seis de mayo de dos mil dieciséis. Asimismo, en cuanto a la regulación del procedimiento que le solicitó la quejosa, la responsable no acordó de conformidad, por las razones que expresó en el sentido de que los salarios caídos no podrán ser superiores a seis meses de salario. Así, se colige que este sumario ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de que la responsable obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J-10/2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Asimismo, apoya lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. ". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no es menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de junio de dos mil diecisiete.(II)
- Principal
Se notifica por lista a la quejosa auto de veinte de junio de dos mil diecisiete...Visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable Secretario General del Tribunal de Arbitraje en el Estado, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Conforme al artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la documental que acompaña la autoridad responsable a su informe de Ley, la cual será tomada en consideración al momento de llevar a cabo la audiencia constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se aprecia que: El veinticuatro de mayo del año en curso, María de la Luz Ortiz Olivia, presentó demanda de amparo contra el Tribunal de Arbitraje del Estado, en el que reclamó la omisión dictar el acuerdo correspondiente a su solicitud de que se abriera la ejecución de laudo dentro del expediente laboral 1162/2012. Asimismo, le solicitó regularizar el procedimiento a efecto de dar cabal cumplimiento al laudo de diecisiete de febrero de dos mil catorce, en concreto, el resolutivo cuarto. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 787/2017-II, se admitió en auto de veinticinco de mayo del año en curso, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) De las constancias que remite la autoridad responsable en su informe de cuenta, se advierte que el ocho de junio pasado dictó el acuerdo correspondiente a la solicitud presentada; documental a la que se concede valor probatorio pleno con lo previsto en los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la Ley de la Materia. En el caso en concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En el asunto concreto la parte quejosa se duele substancialmente, de la omisión de la autoridad responsable de no dar contestación a su solicitud que presentó en el juicio laboral.... Luego, del análisis de la constancia que la responsable remitió en apoyo a su informe justificado se obtiene que el ocho de junio pasado dictó una determinación, con fundamento en la pretensión de la quejosa, y requirió a la parte demandada para que diera cumplimiento al pago de las prestaciones condenadas en la resolución incidental de liquidación de laudo de seis de mayo de dos mil dieciséis. Asimismo, en cuanto a la regulación del procedimiento que le solicitó la quejosa, la responsable no acordó de conformidad, por las razones que expresó en el sentido de que los salarios caídos no podrán ser superiores a seis meses de salario. Así, se colige que este sumario ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de que la responsable obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J-10/2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Asimismo, apoya lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. ". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no es menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de junio de dos mil diecisiete.(II)
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por María de la Luz Ortiz Oliva, contra actos del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Aguascalientes; fórmese el expediente impreso y electrónico, asimismo anótese en el libro de gobierno respectivo con el número 787/2017-II. Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, así como los preceptos 1°, 3°, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda. Tramítese sin incidente de suspensión. -Informe justificado- Pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días improrrogables, de conformidad con el último precepto citado, en la inteligencia de que deberá exhibir copias certificadas legibles, completas y ordenadas del acto reclamado y sus antecedentes. Apercibida que, en caso de ser omisa a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 117 y 260 fracción II de la ley de la materia, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, acorde con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de conformidad con el articulo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero del presente año, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es... En caso de no rendir el informe solicitado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los Derechos Humanos y garantías a que se refiere el artículo 1°., de la Ley de Amparo. -Fecha audiencia constitucional- Se señalan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de junio de dos mil diecisiete, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. -Emplazamiento a terceros interesados e intervención a Ministerio Público- Dése intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos del artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, corriéndole traslado con la copia de la demanda de amparo. En términos del numeral 5, fracción III inciso b) de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de terceros interesados a Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Aguascalientes e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes; emplácense a juicio, mediante oficio, en términos del numeral 26, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, corriéndole traslado con copia de la demanda que se provee. -Causas de improcedencia- Según lo dispuesto en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que tengan conocimiento de alguna causal de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional; apercibidas que, en caso de no hacerlo, con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de... que corresponde a treinta unidades de medida y actualización, conforme a lo señalado en párrafos que anteceden. -Vista por inexistencia de autoridades- Dese vista a la parte quejosa para que si las autoridades que señaló como responsables no existen con la denominación que se indica en la demanda, manifieste lo que a su legal interés convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que de no hacerlo así, al celebrar dicha audiencia se tendrá por inexistente a tal autoridad, mientras tanto suspéndase toda comunicación con ella. Sin perjuicio de que durante la tramitación de este juicio rectifique el señalamiento en su correcta denominación. -Domicilio- Por otra parte, de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo. -Autorizados- Téngase como autorizado legal en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a José de Jesús Muñoz González, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, conforme al sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. -Habilitación de Horas- Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Del mismo modo, se les hace saber que podrán recibir notificaciones vía electrónica, previa manifestación expresa que al efecto realicen a este tribunal; solicitud que podrá ser revocada, si así lo manifiestan. -Transparencia- Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General. Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios de este juicio de amparo.(II)
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