María de la Luz Muñoz García
Expediente 575/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 575/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María de la Luz Muñoz García
Actuaciones
- Principal
En la Ciudad de México, a primero de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese únicamente para que obre como corresponda, presentado por Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo e informa que avoca al conocimiento de la demanda; toda vez que el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se proveyó lo conducente. NOTIFÍQUESE por medio de lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.
- Principal
En la Ciudad de México, a veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. ACUERDO RESPECTO DEL ESTADO DE LOS AUTOS. Vistas las circulares SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, de las que se advierte que, con motivo de la pandemia originada por el virus SARS CoV2 (COVID- 19), se adoptaron las medidas de sanidad respectivas y con motivo de ello se determinó que a partir del cinco de diciembre de dos mil veinte y hasta el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, procesalmente se regresaría al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo que implicó la suspensión de los plazos y términos procesales, salvo en aquellos casos que conforme a dicho acuerdo se calificaran como "urgentes". Asimismo, se advierte que en términos del punto dieciséis de la última circular, los plazos y términos se reanudarían conforme a la condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del Acuerdo General 21/2020, emitido el veintiocho de julio de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. En tal virtud, agréguese para que obre como corresponda el oficio del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo de las constancias que se le remitieron en cumplimiento a lo ordenado en autos. Asimismo, comunica que aceptó la competencia planteada por éste órgano jurisdiccional. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, a efecto de dar cumplimiento al contenido al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veintisiete, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece que aquellos expedientes que se hayan concluido por un acuerdo sin decidir el juicio en lo principal, serán susceptibles de destrucción; en esas condiciones, el presente expediente es susceptible de ser destruido. Por lo que una vez que transcurra el término a que hace referencia el artículo veintiuno del Acuerdo General, se procederá a su destrucción, pues este asunto carece de relevancia documental. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
En la Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Visto el escrito presentado por la parte quejosa, por conducto de su apoderada XXXXXXX, personalidad que tiene reconocida en autos, mediante el cual solicita le sean devueltos los documentos que exhibió junto con su escrito inicial de demanda; al respecto, dígase a la promovente que este juzgado se encuentra imposibilitado para ello, ya que en auto de veintiuno de octubre del año en curso, se ordenó remitir los autos originales del presente asunto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, al haberse considerado este juzgado legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
En la Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte. Parte quejosa XXXXXXX, (de quien no se advierte su carácter). Personalidad La demanda se promueve por conducto de su apoderada XXXXXXX, personalidad que acredita con el poder notarial apostillado trece de diciembre de dos mil diecinueve signado por la Notaria Pública 19-284 del Estado de Hawaii; Estado Unidos de América. Registro de expediente Fórmese el expediente y regístrese en el libro de registro de juicios de amparo, con el número 575/2020-I, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número de expediente electrónico en mención. Autoridad responsable Gobernadora de la Ciudad de México. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Director del Registro Público y del Comercio en la .Ciudad de México. Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la ciudad de México (a través de su Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos) Acto Reclamado De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama el decreto publicado en la gaceta oficial del distrito federal de fecha 11 de junio de 2008, en el cual se decreta la PRIVACION DE SU PROPIEDAD a favor del Distrito Federal para la instalación de y puesta en funcionamiento de casas de emergencia y centros de refugio para las mujeres que han sido víctimas de violencia familiar. De tal forma que se privó del inmueble de mi propiedad ubicado en el domicilio que señala, manifestando como antecedente fue registrado Asimismo, la materialización del decreto por el que expropio a favor del Distrito Federal el inmueble antes indicado para la instalación y puesta en funcionamiento de casas de emergencia y centros de refugio para las mujeres que han sido víctimas de violencia familiar. Incompetencia Precisado lo anterior, se advierte que este Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México CARECE DE COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA para conocer y resolver el presente asunto. Se afirma lo anterior, en virtud de que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el acto del que se duele fue emitido por una autoridad de carácter administrativo y por ende este juzgado considera que la competencia para conocer de dicho acto encuadra en el supuesto contenido en el artículo 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esto es, corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa. En efecto, el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone: "Articulo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un ACTO DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de AUTORIDAD DISTINTA DE LA JUDICIAL, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III de artículo anterior en lo conducente, y V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio." Ahora bien, de lo narrado en la demanda de amparo, se advierte que las autoridades que la quejosa señaló en su escrito inicial, NO CONSTITUYEN AUTORIDADES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL ?entiéndase juzgados, salas, etcétera, es decir órganos jurisdiccionales?, pues resulta claro que no se surte la hipótesis para que este juzgador conozca de la demanda de garantías; ya que el acto reclamado se imputa de manera directa a la autoridad administrativa, por lo que la competencia se encuadra en las fracciones II y IV, del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior, la Tesis: I.3o.C.100 K, número de registro 163502, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Noviembre de 2010, página 1431, Novena Época. "COMPETENCIA. CRITERIOS DE ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51, 52, 54 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). De la lectura armónica y sistemática de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se deriva un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias con base en dos elementos fundamentales: a. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. b. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Así, conocerá un Juez de Distrito en materia penal, de los actos dictados por la autoridad judicial penal, inclusive de resoluciones dictadas en incidentes de reparación del daño o responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal; en estos casos, la competencia la define el carácter material del órgano judicial o la naturaleza penal del acto reclamado. En tratándose del amparo contra los actos dictados por la autoridad laboral o en un procedimiento seguido por la autoridad del mismo orden, así como de las leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, conocerá un Juez de Distrito en materia laboral, según el caso; en este supuesto, la competencia la define la naturaleza material del órgano judicial o administrativo laboral o la naturaleza laboral del acto reclamado. Entonces, el Juez de Distrito en materia de trabajo conocerá de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial; en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido del mismo orden; que se promuevan contra leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo o que sobre esa materia se dicten por una autoridad distinta de la judicial y los promovidos contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio. En los juicios de amparo promovidos en contra de los actos dictados por la autoridad judicial administrativa conocerá un Juez de Distrito en materia administrativa; en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. Por otro lado, el artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, con especial referencia a la competencia de los Jueces de amparo en materia administrativa, una vis atractiva especial, al indicar que deben conocer de los juicios de amparo contra autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y de las demandas de amparo promovidas contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. De modo que por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio el competente será el Juez en materia administrativa, salvo que el acto afecte la libertad, porque entonces, atendiendo a este bien jurídico, el más importante después de la vida, el competente será el Juez de amparo penal. Finalmente, en tratándose del amparo promovido contra actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conocerá un Juez de Distrito en materia civil; por lo que en este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado, lo que define la competencia". Por lo que hace a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa, se surte su competencia entre otros casos cuando el juicio se promueve CONTRA ACTOS DE AUTORIDAD DISTINTA A LA JUDICIAL, siempre y cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa en la controversia que se suscite con motivo de la aplicación de leyes federales o locales. Y por su parte, el artículo 54 de la invocada Ley Orgánica, dispone: "Artículo 54. Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de esta Ley; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Es así, porque los actos reclamados no constituyen una resolución civil ni se controvierten leyes de esa naturaleza, y, bien pudieran considerarse de los previstos en las fracciones III y IV del artículo 52 de la mencionada ley, que dispone: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: (.) III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; (.)". Visto lo anterior, así como que la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Civil se surte, básicamente, cuando se trata de resoluciones dictadas en materia civil, o cuando se promueve contra leyes en materia civil ?amparo contra normas generales? y al interpretar los preceptos invocados conjuntamente con los diversos 51 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, se debe atender a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Esto es así debido a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que para determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, se debe atender a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, como lo sostiene en el criterio al que se alude es la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, visible en la página 412, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado". De la jurisprudencia transcrita se desprende que al interpretar los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se obtuvo que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, se debe tomar como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En el caso, los actos que reclama la quejosa, son de carácter administrativos, aunados. Además, en el caso no se señala como autoridad responsable a ninguna autoridad jurisdiccional de carácter civil. Aunado a lo anterior, debe decirse que de la demanda de amparo no se aprecia que se reclame a algún acto a una autoridad judicial, por lo que resulta evidente que se cuestiona un acto administrativo emanado de una autoridad de la misma naturaleza Considerando que los actos que aquí se reclaman en todo caso encuadra dentro de los supuestos previstos en el citado artículo 52 de la invocada ley, por provenir el acto reclamado de una autoridad de naturaleza administrativa; con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara carente de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, y se ordena remitirlo al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno a quien se estima competente para su conocimiento solicitándole el acuse de recibo respectivo, debiendo comunicar si acepta o no la competencia planteada. Con copia autógrafa de este acuerdo y con copia simple del oficio de cuenta, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Asimismo, comuníquese de manera personal a la quejosa el contenido del presente proveído. Domicilio y autorizados Sin que haya lugar a tener señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, toda vez que los mismos no son propiamente un domicilio procesal para tal efecto, no obstante lo anterior, se ordena notificarle las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, POR MEDIO DE LISTA que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, se tienen por autorizados a las personas que señala en términos del segundo párrafo, última parte, del precepto invocado, por así solicitarlo. Habilitación de días y horas Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Hágase del conocimiento de la parte quejosa que en términos del oficio CJF/OM/DGEJ/J/8895/2013, suscrito por la Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, dichas partes se encuentran facultadas para que, por sí mismos, o a través de las personas que autoricen para oír y recibir notificaciones, bajo su más estricta responsabilidad, puedan consultar el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, para lo cual, las partes deberán señalar expresamente a las personas que autoricen con dichas facultades, quienes a su vez deberán satisfacer el procedimiento de registro indicado en la referida dirección electrónica, consistente en llenar el formulario respectivo, confirmar en la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcionen que se haya concretado su registro, imprimir la solicitud que resulte y presentarla ante este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre dicha autorización, toda vez que la misma solamente surtirá efectos una vez que se acuerde de conformidad. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber a la quejosa que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno.
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