María de la Luz Mota Izurieta

Expediente 883/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
883/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
04/10/2021

Partes del expediente

  • María de la Luz Mota Izurieta

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; cuatro de octubre de dos mil veintiuno. SE RECIBE RESOLUCIÓN. Téngase por recibida la ejecutoria de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja 156/2021, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. Acúsese el recibo correspondiente. Hágase saber a las partes la recepción del testimonio aludido, del que se advierte que la superioridad resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por María de la Luz Mota Izurieta, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia SEGUNDO. Se confirma el auto de quince de julio de dos mil veintiuno, dictado por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, dentro del Juicio de Amparo Indirecto 883/2021-III." Asimismo, háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno correspondiente y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO. De la misma forma, con fundamento en el artículo vigésimo primero fracción II del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se hace constar que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó de plano el presente juicio de amparo, determinación que fue confirmada por la superioridad. Finalmente, de conformidad con el artículo noveno, fracción IV, del acuerdo general conjunto referido en líneas que anteceden, se hace constar que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que de conformidad en el segundo párrafo del punto décimo primero del ya citado acuerdo general, háganse las anotaciones respectivas en la carátula de este expediente...III

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. ACUSE. Se tiene al Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito acusando recibo del oficio mediante el cual se remitió copia certificada del juicio de amparo 883/2021-III y el recurso de queja interpuesto por Gustavo Alfredo Yáñez Burgués, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. De igual modo, informa que se admitió a trámite el medio de impugnación referido, quedando registrado bajo el número 156/2021....III

  3. Principal

    SE INTERPONE RECURSO DE QUEJA. Téngase a Gustavo Alfredo Yáñez Burgos, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, interponiendo recurso de queja en contra del auto quince de julio de dos mil veintiuno. En consecuencia: Remítanse al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno, las siguientes constancias: ?Informe sobre la materia de la queja; ?Original y copia del escrito en donde obra el medio de impugnación en cita; y, ?Copias certificadas del expediente en que se actúa...M-III

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; quince de julio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN. Con la demanda promovida por María de la Luz Mota Izurieta, contra un acto de los Magistrados que Integran la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, actuario de su adscripción y Juez Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, todos del Estado de Hidalgo; fórmese el cuaderno y regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 883/2021-III-B. DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En la especie, se individualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que la resolución reclamada no causa un perjuicio de imposible reparación al promovente, por las siguientes consideraciones. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De la lectura de los preceptos transcritos, se aprecia que tratándose de actos dictados dentro de un juicio, el amparo biinstancial únicamente procede cuando sean de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afectan materialmente y de manera actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando lo dispuesto en las fracciones III, inciso b), y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, consideró que el legislador, mediante una definición legal, reiteró su propósito de que los actos dictados en juicio, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; esto es, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio a un derecho y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De ello, se obtienen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos; esto es, en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, se refiere a que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, atendiendo al texto de la ley, se ha considerado por regla general, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba confesional ofrecida por la contraparte, etcétera. Así, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. En ese orden de ideas, debe destacarse que las violaciones cometidas en un procedimiento que no sean de imposible reparación pueden impugnarse en el momento de promover amparo directo en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, como lo dispone el artículo 170 de la Ley de Amparo. Ahora bien, una vez examinado el escrito de demanda, se advierte que María de la Luz Mota Izurieta, instó la presente instancia para someter a escrutinio constitucional, un acto de los Magistrados que Integran la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, actuario de su adscripción y Juez Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, todos del Estado de Hidalgo, consistente, en esencia, en la resolución de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 201/2021-III, donde se determinó procedente la excusa hecha valer por la Juez Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro del juicio ordinario mercantil 130/2021. Como se adelantó, dicha determinación jurisdiccional no constituye un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, pues de existir violaciones, sólo se refirieron a cuestiones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos. En efecto, de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta la promovente, se desprende que la sala revisora validó el criterio expresado por la Juez Primero Mercantil de Pachuca de Soto, Hidalgo, en el sentido de excusarse de conocer el asunto de mérito, debido a que existió una relación laboral entre el licenciado Salvador Navarrete Guadarrama y la juez mencionada, pues ello afectaría la imparcialidad con la que la justicias debía administrarse. Como se observa, si bien el acto que se reclama fue emitido dentro de un juicio del orden mercantil, la resolución impugnada no puede ser considerada como un acto que tenga efectos de imposible reparación, en virtud de que no produce de manera inmediata afectación a algún derecho fundamental sino que, como se dijo, las posibles violaciones que se hubieron cometido son de naturaleza únicamente formal. Efectivamente, tal determinación de ningún modo le impide el ejercicio de un derecho sustantivo, como lo es la vida o la libertad, sino que, los perjuicios que pudiere originar son de naturaleza procesal, al estar relacionados con aspectos relativos al conocimiento y resolución del juicio génesis. En otras palabras, no afecta en forma directa e inmediata algún derecho sustantivo de la amparista, como la vida, la libertad o la propiedad, tutelados en la Constitución Federal o en algún tratado internacional, sino que en todo caso son cuestiones intraprocesales. Lo anterior, tiene como finalidad, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. Consecuentemente, no puede estimarse que contra el acto reclamado proceda el juicio de amparo indirecto, porque no afecta materialmente derechos sustantivos, pues sólo podría producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 115/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ,Novena Época Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 22 "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA O DECLARA INFUNDADA LA EXCUSA PLANTEADA POR UN JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente cuando aquéllas afecten a las partes en grado predominante o superior, lo que debe determinarse objetivamente considerando la institución procesal de que se trate, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. En congruencia con lo anterior y tomando en cuenta que la resolución que revoca o declara infundada una excusa planteada por un juez de primera instancia para conocer de un asunto, por encontrarse en alguno de los supuestos legales previstos como impedimento, produce únicamente efectos formales o intraprocesales que no afectan en grado predominante o superior a las partes, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución mencionada. Lo anterior es así, porque si bien la excusa atiende un aspecto subjetivo que puede afectar la imparcialidad del juzgador, ello no necesariamente habrá de materializarse, en tanto que si el afectado obtiene sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios causados con la aludida resolución. Además, conforme a la fracción X del artículo 159 de la Ley de Amparo, se trata de una violación procesal reclamable en la vía directa, pues al resolverse en definitiva el juicio, la parte que se considere afectada puede hacerla valer, ya que hasta entonces podrá alegar que el juzgador actuó con parcialidad." De igual forma, la tesis aislada I.4o.C.233 C, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, difundida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 2118, que establece: "EXCUSA. NO ES ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. Cuando un Juez de primera instancia se excusa de conocer de una controversia jurisdiccional, y remite los autos a otro Juez para su conocimiento, esta actuación no puede incurrir en una afectación inmediata y directa del derecho fundamental a la jurisdicción, consignado en el artículo 17 constitucional, que redunde en perjuicio del quejoso, pues en el precepto constitucional sólo se dota al derecho a la jurisdicción de ciertas características esenciales, como: a) La expeditez de los tribunales para impartir justicia en los plazos y términos fijados en las leyes; b) La exigencia de que las resoluciones se emitan de manera pronta, completa e imparcial; c) La gratuidad del servicio, con la consecuente prohibición de costas judiciales; y d) El mandamiento a las leyes federales y locales para establecer los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Por tanto, la regulación de las causas de impedimento no se encuentra contemplada en la Constitución, sino en la normativa legal de los procedimientos judiciales, dentro del desarrollo del concepto términos que fijen las leyes, contenido en el citado artículo constitucional. Así, la posible infracción a las reglas atinentes a las excusas o a los impedimentos puede generar, en su caso, una infracción a las leyes del procedimiento, lo cual sólo aterrizaría en una violación mediata o indirecta del derecho a la jurisdicción. En esas condiciones, si el acto reclamado sólo es susceptible de conculcar indirectamente un derecho sustantivo de base constitucional y configuración y desarrollo legal, eso es suficiente para decidir la improcedencia del juicio de amparo indirecto, por no quedar comprendido en la definición de actos en juicio que tengan una ejecución de imposible reparación." Asimismo, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, visible en la página 1902, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. En razón de lo anterior, como el acto reclamado referido no tiene efectos de imposible reparación, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; de ahí que procede desechar de plano la demanda presentada por María de la Luz Mota Izurieta. Es importante señalar que la causal de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En suma, al actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PROCESAL DEL QUEJOSO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 6009, Fraccionamiento Colosio, en Pachuca de Soto, Hidalgo. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gerardo Octavio Vela y Del Río, Óscar Mora Herrera, José Alberto González Monroy, Jhasmany Martínez Lozano, Horacio Pérez Guerra, Gustavo Alfredo Yáñez Burgos, Mario López Ortega y Christian Godínez González; y, como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a José Francisco Díaz Cravioto, Richard Uriel Camargo Nájera, Sarita Egleidy Granados González, Rey David Sosa Delgadillo, Salvador Navarrete Guadarrama, Julián Oswaldo Hernández Martínez, Genaro Juárez Cortés, David Gómez Meléndez, Fermín Daniel Orozco Cortés, Edgar Elías Ordaz Zerón, Víctor Ángel García Estévez, Diego Armando Herrera Aguilar, Marisol Marcos Blancas, María Guadalupe Meneses Yáñez y Lilia Arroyo Escamilla; lo anterior, por no acreditar que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados; además, no se encontraron inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF), así como a las personas que indica en el ocurso de cuenta. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza a la consulta del presente juicio por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del nombre usuario LICENCIADOWALFRED. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMEROS TELEFÓNICOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa, proporcionando los correos electrónicos walfredyabur@hotmail.com y salvador_navarrete_25@hotmail.com y los números telefónicos 7711568878 y/o 7714323083, para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dicho medio no sustituye el lugar para recibir notificaciones, sino que conforme lo dispone el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, únicamente es el medio para tener comunicación no procesal. REQUERIMIENTO DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO A LAS PARTES. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del acuerdo referido, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas). HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario....III

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