María de la Luz Medina Martínez
Expediente 560/2023 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 560/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/10/2023
Partes del expediente
- María de la Luz Medina Martínez
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Agréguense a los autos, para que obren como corresponda, el oficio de cuenta, y anexo que se acompaña, mediante el cual la autoridad oficiante remite la constancia original de emplazamiento realizada a la tercero interesada. II. Desahogo de requerimiento. En atención a lo anterior, se tiene a la responsable dando cumplimiento al requerimiento formulado mediante auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado.
- Juicio de Amparo Directo
Admisión. Al encontrarse reunidos los requisitos que establece el artículo 175 en relación con el diverso 179 y 181 de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el artículo 38 fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se admite la demanda, promovida por ***, por propio derecho y como propietaria de Cremería y Salchichería del Valle, contra la sentencia de diez de agosto de dos mil veintitrés, dictada por el magistrado instructor de la primera ponencia de la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad ********************; personalidad que en términos del artículo 11, último párrafo de la Ley de Amparo, tiene acreditada en autos, la que este Tribunal Colegiado le tiene por reconocida en sus términos. Conviene precisar que se tiene únicamente como autoridad responsable al magistrado instructor de la primera ponencia de la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aun cuando la parte quejosa señaló con tal carácter a "la Primera Sala" que integran la referida sala, toda vez que, conforme al artículo 35, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que refiere que las Salas Regionales tienen como atribución la de resolver las resoluciones definitivas que ponen fin a un procedimiento administrativo, por lo tanto, es el magistrado instructor de la Sala quien propiamente dictó la sentencia. Al respecto, por igualdad de razón, se cita la jurisprudencia 1a./J. 8/98, de la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto: AUTORIDAD RESPONSABLE. LO ES LA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CUANDO SE RECLAMA UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR ELLA, EN FORMA COLEGIADA O UNITARIA, EN UN ASUNTO DE SU COMPETENCIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El hecho de que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, las Salas puedan dictar sus resoluciones en los asuntos de su competencia en forma colegiada o en forma unitaria, dependiendo del tipo de resolución, no significa que existan dos jurisdicciones diferentes, pues, en todo caso, el órgano jurisdiccional sigue siendo uno solo, la Sala, y propiamente es ésta quien dicta la resolución, independientemente de si lo hace en forma colegiada o unitaria. Por tanto, para cumplir con el requisito que establece la fracción III de los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo, cuando se reclame en un juicio de amparo una resolución dictada por una Sala en un asunto de su competencia, deberá señalarse como autoridad responsable a la Sala. No obstante que los objetivos que se persiguen al establecerse como requisito que en la demanda de amparo se señale a la autoridad responsable, son que ésta pueda ser llamada a juicio a defender la constitucionalidad de su acto y, en su caso, que el tribunal de amparo conozca a quién exigir el cumplimiento de la sentencia protectora, en su señalamiento debe exigirse al quejoso tanta exactitud como sea necesaria para que se cumplan los dos objetivos que se persiguen, de manera que, aun cuando no la señale con toda claridad, pero de modo tal que se esté en posibilidad de llamarla a juicio y de saber a quién exigir, en su caso, el cumplimiento de la sentencia protectora, la falta de exactitud no debe ser motivo para considerar improcedente el juicio, más aún, ni siquiera para prevenir al quejoso para que subsane la falta de precisión. Consecuentemente, cuando se reclama a través del juicio de amparo una resolución dictada por un integrante de la Sala, el quejoso cumple con el requisito que establece la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo si señala como autoridad responsable a la Sala, así como específicamente al Magistrado que la dictó, incluso, a los Magistrados integrantes de ésta; debiendo, en todo caso, tenerse como responsable a la Sala. Terceros interesados. En términos de lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de la materia, se tiene con el carácter de terceros interesados al ********************por lo que, por medio de oficio, comuníquesele el presente proveído para su conocimiento y efectos legales conducentes. Plazo para formular alegatos o amparo adhesivo. De acuerdo con el artículo 181, de la Ley de Amparo, se comunica a la parte tercero interesada este auto, para que en el plazo de quince días, de considerarlo oportuno, presente alegatos o, en su caso, amparo adhesivo. Lo anterior, en el entendido que al no adherirse al juicio, se estimarán consentidas las violaciones procesales que pudo haber impugnado mediante esa vía, de modo que no podrán ser examinadas en amparos subsecuentes; en el entendido de que las tercero interesadas que, en el juicio contencioso administrativo, fueron autoridades demandadas, carecen de legitimación para presentar adhesión al amparo. Cobran aplicación la jurisprudencia 2a./J. 36/2014 (10a.) y la tesis aislada 1a. V/2020 (10a.), de la Segunda y Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, de rubros y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO ADHESIVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL O LOCAL, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO, EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO. Del artículo 107, fracción III, inciso a), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la interpretación sistemática de los artículos 7o. y 182 de la Ley de Amparo, se concluye que las autoridades demandadas en el juicio contencioso administrativo federal o local, carecen de legitimación para promover el amparo adhesivo en materia administrativa, en su carácter de tercero interesado en el juicio de amparo directo, pues el único supuesto en el que las personas morales públicas pueden solicitar amparo, es cuando la norma general, acto u omisión afecte su patrimonio respecto de las relaciones jurídicas en las que se encuentran en un plano de igualdad con los particulares, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado; lo que no ocurre cuando en el procedimiento referido intervienen como parte demandada en defensa de la legalidad del acto administrativo emitido en ejercicio de sus funciones de derecho público, pero no despojado de imperio." "AMPARO ADHESIVO Y FORMULACIÓN DE ALEGATOS. SUS FORMALIDADES, MATERIA Y ALCANCES SON DISTINTOS. La función del amparo adhesivo es brindar una mayor concentración al juicio de amparo directo, en aras de lograr una justicia completa, evitar dilaciones innecesarias e impedir la existencia de diversos juicios de amparo respecto de los mismos actos reclamados, sin que ello implique un límite al contenido de los alegatos que pueden formular las partes, pues las formalidades, la materia y los alcances del amparo adhesivo y de los alegatos son distintos. Así pues, el amparo adhesivo constituye propiamente el ejercicio de una demanda de amparo bajo las mismas formalidades en cuanto a la presentación y el trámite que rigen el principal; su materia está limitada a las violaciones procesales y al análisis de argumentos para mejorar la sentencia que fue favorable al quejoso adherente, y su alcance exige a los órganos de amparo plasmar sistemáticamente el análisis de la argumentación. Por su parte, los alegatos constituyen uno de los elementos esenciales del procedimiento, cuya formalidad implica que las partes tengan la posibilidad de argumentar con pleno conocimiento del expediente y la información que consta en ésta; su materia no tiene más límite que el propio asunto, pues es factible hacerlos valer sobre manifestaciones, opiniones o conclusiones lógicas respecto al juicio de amparo, esto es, comunicar al órgano jurisdiccional lo que a su derecho convenga y, en cuanto a su alcance, si bien deben ser analizados, no existe obligación de plasmar consideración alguna al respecto en la sentencia. De ahí, que los presupuestos para la procedencia del amparo adhesivo no limitan las manifestaciones que pueden llegar a expresar las partes como alegatos, pues válidamente pueden encaminarse a fortalecer o mejorar las consideraciones del fallo reclamado en la parte que les benefició o algún otro aspecto, pues se relacionan con la litis del juicio de amparo; tan es así que el propio artículo 181 de la Ley de Amparo señala expresamente que las partes cuentan con ambas posibilidades, sin que se excluyan." Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica, toda vez que se encuentra dentro de la residencia de este órgano colegiado. Autorizados. Se tienen como autorizados, en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, en el entendido de que si tienen registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales; se les tendrá como autorizados en términos amplios del precepto legal antes mencionado. Consulta de expediente electrónico. En virtud de que la parte quejosa solicita se le conceda la consulta al expediente electrónico del presente asunto, y toda vez que cuenta con el usuario "********************", el cual sí se encontró de la consulta realizada en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación (SEPJF); de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta al presente expediente electrónico, en el entendido de que se podrá acceder al mismo una vez que el presente proveído se integre al expediente en que se actúa; haciendo de conocimiento que la autorización respectiva estará en todo momento condicionada a que la Firma Electrónica se mantenga vigente. Se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional encargado del Sistema integral de Seguimiento de Expediente (SISE), para que autorice el nombre de usuario "********************" para que pueda realizar la consulta del expediente electrónico. Medios de contacto alternos de la parte quejosa. Se tienen como medios de contacto alternos de la parte quejosa el correo electrónico ********************, y el teléfono ********************, a través de los cuales podrán comunicársele cuestiones distintas a las procesales, lo que NO IMPLICA que tal medio se tenga para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que NO lo contempla así la Ley de Amparo. Exhorto a las partes. Atento a lo dispuesto por el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Medios de contacto con este tribunal. Se hace de conocimiento a las partes que pueden establecer contacto con este órgano de control de constitucionalidad, para cuestiones no procesales, en el sitio web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, seleccionando el apartado de "Servicios Jurisdiccionales"; en términos de lo dispuesto por el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Requerimiento de constancias de emplazamiento. No es inadvertido para este tribunal colegiado, que en los autos originales del juicio de nulidad ********************, del índice de la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no obra la constancia de emplazamiento a la parte tercera interesada, respecto de la demanda de amparo promovida; en consecuencia, con fundamento en el artículo 178, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada al magistrado instructor, para que, remita a este tribunal colegiado la referida constancia, dentro de las veinticuatro horas siguientes a las que obren en su poder. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en los artículos 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, y 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las diligencias que se realicen en el presente expediente. Uso de medios electrónicos. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que en términos de la Circular 12/2009, suscrita por la Secretaria Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que no existe impedimento legal para que las partes por sí o a través de sus autorizados hagan uso de cámaras fotográficas, grabadoras, celulares, lectores laser o cualquier otro similar que sirvan para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resolución que se dicten, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de ello precisándose el documento del que se obtiene la reproducción, en la inteligencia de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales, previa razón de constancia que se deje en autos. Notificación al Fiscal Federal. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de demanda, dese la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación.
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