María de la Luz Martinez Guerrero

Expediente 317/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
317/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • María de la Luz Martinez Guerrero
  • Hospital General de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional, emite las determinaciones siguientes: 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto que las autoridades responsables Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán y Director del Hospital General de Jiquilpan, Michoacán, brinden la atención médica integral a la quejosa en relación con sus padecimientos de ********************, ********************y ********************, esto es: "1. Bajo su estricta vigilancia, supervisión periódica y responsabilidad, gestionen las acciones necesarias para que ante ellas, o bien, a través de la Clínica o del Centro Hospitalario que corresponda, incluso de manera subrogada, se le siga proporcionando a la quejosa ********************, la debida atención médica, la cual deberá ser integral y completa, para tratar sus padecimientos de ********************, ********************y ********************, lo que implica, citas médicas en la especialidad que fuera necesaria, estudios médicos, diagnósticos y medicamentos idóneos para sus padecimientos, ello de manera continua. 2. Asimismo, deberán realizar las valoraciones médicas que sean necesarias, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle el número de hemodiálisis que requiera; asimismo, deberán tener presente que, con independencia de contar o no con los medicamentos que requiere la quejosa para el tratamiento de sus padecimientos, habrán de tomar las medidas que sean necesarias a fin de garantizar su derecho a la salud. 3. A fin de lograr lo anterior, será obligación de la quejosa, para continuar gozando de la protección del amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Hospital General de Jiquilpan, Michoacán, dependiente de la Secretaría de Salud de Michoacán, para que sea valorada medicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto. 4. Se ordena a las autoridades responsables que se cercioren de que en el expediente médico asignado a la quejosa, se asiente la anotación correspondiente a los efectos de la concesión de la protección constitucional en el presente juicio de amparo, relacionados con los padecimientos de ********************, ********************y ******************** que le fueron diagnosticados; así como para que las constancias relativas al cumplimiento de la presente ejecutoria se integren a dicho expediente, a fin de que sean acatadas por los médicos tratantes que intervengan en su tratamiento clínico." 2. Causa ejecutoria. Una vez que la sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. Las autoridades responsables brindaron a la promovente del amparo la atención médica gratuita y adecuada para contrarrestar su padecimiento. Ello es así, ya que celebraron un contrato con la empresa particular denominada ********************., siendo el objeto del contrato la adquisición y contratación de la terapia sustitutiva renal extracorpórea (hemodiálisis), para los pacientes con ********************. En virtud a lo anterior, la quejosa recibe el tratamiento de hemodiálisis, de manera subrogada, en la clínica denominada "********************ubicada en Sahuayo, Michoacán de Ocampo. Asimismo, exhibieron el acuerdo administrativo en el que se solicitó al Director del Hospital General de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, proporcionar a la peticionaria del amparo, de manera gratuita, la atención médica y tratamiento correspondiente, así como los medicamentos necesarios derivado de la ********************, ********************y ******************** que padece; asimismo, se instruyó al personal médico y administrativo de ese nosocomio, para que le otorguen la atención médica integral. De igual forma, se ordenó agregar el referido acuerdo administrativo al expediente clínico de la quejosa, a fin de que quede como constancia de la atención médica continua y permanente que debe recibir la quejosa. De lo anterior, se observa que las autoridades responsables continúan brindando a la peticionaria del amparo la atención médica, respecto de los padecimientos que le aquejan, y además, determinaron subrogar el servicio de hemodiálisis que requiere. Sin embargo, ello no exime a las autoridades en lo subsecuente, de salvaguardar en favor de la impetrante del amparo, el derecho que tiene para recibir el tratamiento dialítico y los medicamentos necesarios para combatir sus enfermedades, de acuerdo a la valoración que realice el especialista que lo trate. Ello es así, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud, deben brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos. Dicho criterio es consultable con el número de tesis 1a. XIII/2021 (10a.), en la página 1225, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo II, Décima Época, Materia Constitucional, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA ASISTENCIA MÉDICA Y EL TRATAMIENTO A LOS PACIENTES USUARIOS DE ALGUNA INSTITUCIÓN QUE INTEGRE EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DEBEN GARANTIZARSE DE FORMA OPORTUNA, PERMANENTE Y CONSTANTE. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos, tomando particular importancia cuando se trata de padecimientos en los que el éxito del tratamiento dependa, principalmente, del óptimo cumplimiento en la toma de medicamentos, es decir, en aquellos casos en los que la adherencia deficiente al tratamiento sea determinante para la progresión de la enfermedad. Justificación: Ello, pues la lucha contra las enfermedades, en términos amplios, representa la práctica de esfuerzos individuales y colectivos del Estado para facilitar la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia y servicios médicos, lo cual no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, sino también al tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades. Esto como parte del estándar de protección del derecho humano a la salud, reconocido en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 11 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño." En ese sentido, quedan obligadas a continuar proporcionando a la paciente el aludido tratamiento; esto, como parte del estándar de protección del derecho humano a la salud, reconocido en el artículo 4o, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, la quejosa tiene derecho de solicitar en todo momento la prestación de salud oportuna, a fin de que sea valorada y se le proporcione el medicamento correspondiente de forma gratuita. En la inteligencia de que, como quedó establecido, los efectos de la sentencia que concedió el amparo fueron, entre otros, que se le siga proporcionando a la quejosa la debida atención médica para tratar sus padecimientos de ********************, ********************y ********************, incluyendo la prestación de las sesiones de hemodiálisis, en el término y tiempo establecido para ello, por lo que, de no hacerlo así, implicaría que las autoridades responsables podrían incurrir en las hipótesis y sanciones previstas en el artículo 193 de la Ley de Amparo, en relación a lo establecido por los diversos numerales 199 y 200 del mismo ordenamiento. 4. Manifestaciones. Toda vez que se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, manifestara lo que a su interés conviniera, sin que lo haya hecho; atento a ello se hace efectivo el apercibimiento realizado en autos, y, sin ello, se realiza el pronunciamiento relativo al cumplimiento del fallo protector. 5. Conclusión. En ese contexto, se concluye que se han restituido los derechos fundamentales de la peticionaria del amparo, por cuya infracción se concedió el amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA, ya que en ello no existe exceso ni defecto. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 7. Valoración. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES CONSERVABLE. Por otra parte, con apoyo en el citado artículo 17, una vez transcurrido el término de tres años, transfiérase el presente juicio a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. 8. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, no pasa inadvertido la ausencia del Titular con motivo del disfrute de su periodo vacacional; sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la Secretaria encargada del despacho del Juzgado de Distrito, por vacaciones del titular, está facultada para pronunciarse sobre el acatamiento de la ejecutoria protectora, por su carácter urgente, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Dicho criterio es consultable en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 22/2021 (10a.), publicada en la página 1891, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, Undécima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del ocho al veintidós de agosto del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1553/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con número de registro 164525; quien actúa asistida del secretario Raziel Alejandro Urrusquieta Flores, quien da fe.

  2. Principal

    En dos de agosto de dos mil veintitrés, el Secretario certifica: Que en el correo institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, se recibió un escrito y anexo, el cual quedó registrado bajo el folio 9873. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el escrito que se precisa. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio y anexos del Apoderado Jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuánto superior jerárquico y representante legal del Director del Hospital General de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo; en atención a su contenido, se le tiene informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remite las constancias con las que acredita su dicho. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga, con el apercibimiento de que, de no hacer manifestación alguna, este juzgado calificará el cumplimiento realizado a la ejecutoria de mérito, con base a los elementos que obran en el expediente. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Raziel Alejandro Urrusquieta Flores, quien da fe.

  3. Principal

    El suscrito Raziel Alejandro Urrusquieta Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA: Que el plazo de que, disponían las autoridades responsables y el quejoso para impugnar la sentencia emitida en el presente juicio, ha fenecido, sin que lo haya hecho, pues fueron notificados de la manera siguiente: Autoridades responsables, fueron notificadas el treinta de junio, surtiendo efectos en la misma fecha por ser notificación por oficio, comenzando a transcurrir dicho plazo el tres de julio y feneció el catorce de julio de dos mil veintitrés. Quejosa ********************, fue notificada por lista el veintinueve de junio del año en curso, surtiendo efectos el treinta de junio, comenzando a transcurrir dicho plazo el tres de julio y feneció el catorce de julio de dos mil veintitrés. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de julio de dos mil veintitrés. Conste. En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de julio de dos mil veintitrés. EJECUTORIA. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no fue impugnada la sentencia que concedió el amparo a la parte quejosa, por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. REQUERIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán y Director del Hospital General de Jiquilpan, Michoacán, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la sentencia dictada en el presente juicio, de la cual oportunamente se le remitió copia. Sin perjuicio de lo anterior, se reitera que los efectos del fallo protector son brindar la atención médica integral a la quejosa en relación con sus padecimientos de ********************, ********************y ********************, esto es: 1. Bajo su estricta vigilancia, supervisión periódica y responsabilidad, gestionen las acciones necesarias para que ante ellas, o bien, a través de la Clínica o del Centro Hospitalario que corresponda, incluso de manera subrogada, se le siga proporcionando a la quejosa ********************, la debida atención médica, la cual deberá ser integral y completa, para tratar sus padecimientos de ********************, ********************y ********************, lo que implica, citas médicas en la especialidad que fuera necesaria, estudios médicos, diagnósticos y medicamentos idóneos para sus padecimientos, ello de manera continua. 2. Asimismo, deberán realizar las valoraciones médicas que sean necesarias, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle el número de hemodiálisis que requiera; asimismo, deberán tener presente que, con independencia de contar o no con los medicamentos que requiere la quejosa para el tratamiento de sus padecimientos, habrán de tomar las medidas que sean necesarias a fin de garantizar su derecho a la salud. 3. A fin de lograr lo anterior, será obligación de la quejosa, para continuar gozando de la protección del amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Hospital General de Jiquilpan, Michoacán, dependiente de la Secretaría de Salud de Michoacán, para que sea valorada medicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto. 4. Se ordena a las autoridades responsables que se cercioren de que en el expediente médico asignado a la quejosa, se asiente la anotación correspondiente a los efectos de la concesión de la protección constitucional en el presente juicio de amparo, relacionados con los padecimientos de ********************, ********************y ******************** que le fueron diagnosticados; así como para que las constancias relativas al cumplimiento de la presente ejecutoria se integren a dicho expediente, a fin de que sean acatadas por los médicos tratantes que intervengan en su tratamiento clínico. En la inteligencia que, con la atención médica brindada hasta este momento a la impetrante del amparo, no se exime a las autoridades responsables su obligación de salvaguardar el derecho que éste tiene, para recibir el tratamiento médico, medicamentos y tratamiento necesarios para tratar los padecimientos que le fueron diagnosticados, de acuerdo a la valoración que realicen los médicos especialistas. APERCIBIMIENTO. Apercibidas que en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, les serán impuestas a cada una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Raziel Alejandro Urrusquieta Flores, quien da fe.

  4. Principal

    SENTENCIA... R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************, contra la omisión reclamada de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto, y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. La presente resolución será publicable en términos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma [en forma electrónica] René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ante Ana Bertha Bravo Duarte, secretaria que autoriza y da fe.

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