Maria de la Luz Martinez Diaz
Expediente 1732/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1732/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 22/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria de la Luz Martinez Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción IV, capítulo cinco, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Subprocurador de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal en representación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos; sin embargo, no se dicta mayor acuerdo al respecto en virtud de que por auto de veintiocho de febrero del presente año, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, específicamente del instrumento público número ***, exhibido por el Notario Público Número Nueve de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, este órgano jurisdiccional advierte que, en relación con los actos reclamados al Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades, en el presente juicio, consistente en los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos y los diversos 59 a 64, 77, fracciones II, III y XXIV y 78, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo. Del numeral antes citado, se puede advertir que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término establecido en el artículo 17 de la Ley de la Materia, que en el caso es de quince días, los cuales de acuerdo el artículo 18 de la citada ley, se contarán a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, conviene precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que el primer acto de aplicación de una norma que establece los elementos de un determinado tributo puede tener su origen tanto en la actuación de una autoridad que, en pleno ejercicio de sus facultades legales concretice tales hipótesis normativas en perjuicio de un gobernado, como en la actualización que de tales normas realice el contribuyente constreñido a cumplir con la obligación tributaria principal (el pago del tributo), o bien, aquel particular que en auxilio de la administración pública aplique tales disposiciones, como es el caso de los gobernados a quienes se les encomienda la retención o la recaudación de una contribución. Ello se decide así, en razón de que la parte quejosa reclama el cobro que se le realizó por concepto de derechos registrales, impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y los adicionales ligados a su cobro, relativos a la escritura pública **,***, de veintiocho de julio de dos mil dieciséis, pasada ante la fe del Notario Público Número Nueve y del Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos. Asimismo, de los recibos de pago con números de folio ***, se advierte el cobro por concepto registro público de la propiedad, certificados, consulta de libro, folio real electrónico y consultas en internet artículo 77, fracción XXIV Ley General de Hacienda del Estado de Morelos 2016; registro público de la propiedad, propiedad, inscripción de traslativo de dominio (compraventa en todas sus modalidades excepto con reserva de dominio) artículos 77 fracción II y 78 fracción III, Ley General de Hacienda del Estado de Morelos 2016; y registro público de la propiedad, propiedad, inscripción de gravamen artículos 77, fracción III y 78 fracción III, Ley General de Hacienda del Estado de Morelos 2016. De lo anterior, se concluye que desde el momento en que se realizó la protocolización de dicha escritura (veintiocho de julio de dos mil dieciséis), el fedatario público hizo del conocimiento de la parte aquí quejosa, el pago que debía realizar por concepto de derechos registrales, impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y los adicionales ligados a su cobro, los preceptos legales que lo contemplan y la operación que se realizó para calcular su monto, visible a fojas 132 y 136 del presente expediente. Asimismo, en los recibos con números de folio ***, se le hizo de su conocimiento los artículos 77, fracciones II, III y XXIV, y 78 fracción III, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. En ese contexto, la liquidación de los derechos registrales e impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles que recauda el indicado fedatario y adicionales, constituye el primer acto de aplicación de los preceptos legales que lo regulan y, por ende, genera la improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito, al no haberse impugnado dentro de los 15 días siguientes a aquel en que la parte quejosa (adquirente) tuvo conocimiento de dicho acto, al haberse precisado la liquidación y el sustento legal de dicha actuación. Con otra palabras, desde la protocolización de la escritura se hizo del conocimiento de la parte quejosa los preceptos legales que se le aplicaron, las operaciones que se realizaron y los montos a pagar por dichos impuestos, por lo que para este Juzgador no existe duda que desde esa fecha tenía conocimiento de la liquidación que por concepto de derechos registrales, impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y los adicionales ligados a su cobro, se efectuaron con apoyo en los artículos 59 al 64, 77, fracciones II, III y XXIV y 78, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, así como los numerales 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis dice: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO INFORMADA POR PARTE DEL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULAN ESE TRIBUTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Conforme a los artículos 134, 142 y 143 del Código Financiero del Distrito Federal, los notarios públicos son auxiliares de la administración tributaria del Distrito Federal en la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles, cuando la operación de que se trate se haga constar en escritura pública, pues tienen la obligación de calcularlo y enterarlo dentro de los 15 días siguientes al en que se protocolice el acto relativo, excepto cuando se trate de operaciones respecto de las cuales ya se hubiere pagado. En esa tesitura, la liquidación del impuesto sobre adquisición de inmuebles que formula el indicado fedatario informada al contribuyente, constituye el primer acto de aplicación de los preceptos legales que lo regulan y, por ende, genera la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento tácito, en caso de que no se impugne dentro de los 15 días siguientes a aquel en que el quejoso (adquirente) tuvo conocimiento de dicho acto, siempre y cuando en el documento respectivo se precise la liquidación y el sustento legal de dicha actuación, cuestión que necesariamente debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley." En ese orden de ideas, si la parte peticionaria de amparo firmó la escritura pública el veintiocho de julio de dos mil dieciséis y el ocho de agosto del mismo año se realizó el pago de los recibos con números de folio ***, fechas en que se le hizo de su conocimiento la liquidación de los derechos registrales, impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y los adicionales ligados a su cobro, los preceptos legales que los contemplan y las operaciones efectuadas respecto de la compraventa del bien inmueble ahí referido, es incuestionable para este Juzgador que si su demanda la presentó hasta el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, consintió tácitamente las normas reclamadas, al no haberla presentado dentro del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al resultar extemporánea la demanda de amparo promovida por la quejosa respecto de los artículos 59 al 64, 77, fracciones II, III y XXIV y 78, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, así como los numerales 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61, de la misma ley, por lo que se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar la citada causal. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no ha sido emplazada la autoridad responsable Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos; por tanto, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ordena girar oficio a la autoridad antes citada, adjuntando copia del escrito inicial de demanda y del auto admisorio, a fin de que este en aptitud de remitir su informe justificado y continuar con la secuela procesal correspondiente. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que a efecto de mejor proveer, se difiere la misma, fijándose para su celebración las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese.
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