Maria de la Luz Macias Sandoval

Expediente 1673/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1673/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Maria de la Luz Macias Sandoval

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que por acuerdo de ocho de noviembre del año en curso, se tuvieron por recibidos los oficios que remitió la Directora de Amparos de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, al cual acompañó copia certificada de la notificación realizada a la parte quejosa, respecto de la orden de pago expedida a su favor. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, se resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la responsable, sin que hasta el momento haya realizado manifestación alguna. Por lo tanto, se procede de oficio a RESOLVER CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO. Los efectos de la concesión del amparo quedaron precisados en el considerando correspondiente de la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, haciéndose consistir en que la Secretaría de Hacienda del Estado de Jalisco, (.) desincorpore de la esfera jurídica del gobernado el inciso a) de la fracción I del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2023, y en su lugar, aplicar únicamente la cuota fija mínima que establece la norma por el pago de derechos por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco prevista en el inciso a) de la fracción I del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2023. Hecho lo anterior, la autoridad recaudadora deberá devolver la diferencia que resulte entre las cantidades que amparen los recibos de pago exhibidos en autos por el concepto examinado, y la que corresponde a la cuota fija mínima (.). Mediante acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que en ese mismo proveído se requirió a las autoridades responsables a fin de que dieran cumplimiento al fallo protector. Ahora bien, de las constancias certificadas allegadas, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se pone de manifiesto que mediante oficio PFE-DA-JA-46252 de diez de octubre de dos mil veintitrés, se desincorporó de la esfera jurídica del quejoso la aplicación del inciso a) fracción 1, del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés, cobrando únicamente la cuota mínima de $533.00 (quinientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.), y expidió la orden de pago 2243051 notificándole a la quejosa de la expedición del mismo. En consecuencia, conforme al artículo 196, tercer y cuarto párrafos, de la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO CUMPLIDA la ejecutoria de amparo en su totalidad, sin exceso ni defecto. De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Control Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Visto el oficio remitido por la Directora de Amparos de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, por en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remite constancias, por lo que se le tiene en vías de cumplimiento. No obstante lo anterior, tal como lo prevé el "TÍTULO TERCERO Cumplimiento y Ejecución", "CAPÍTULO I. Cumplimiento e Inejecución", en su artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo, dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, remitiendo constancia fehaciente de ello; esto es: "prevista en el artículo 16, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2023, para que dicha porción normativa sea desincorporada de su esfera jurídica y no se le aplique en lo presente ni en lo futuro, mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad que motiva la concesión del amparo. Así, la concesión del amparo solicitado y la desincorporación de la porción normativa reprochada no exenta al gobernado de la obligación de cubrir el pago de los derechos por el servicio solicitado, es decir, la inscripción de una escritura pública. Es, así, ya que la porción normativa declarada inconstitucional, encuadra dentro de un sistema tributario complejo, en donde se adicionan elementos variables distintos a los esenciales y que son de considerarse al momento de realizarse su cálculo. Bajo ese contexto, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los efectos del otorgamiento de la protección constitucional no pueden relevar a la parte quejosa de su carga ineludible de contribuir al gasto público, ya que tal aspecto es un deber solidario y de interés para la sociedad; de ahí que, si la fracción I, incisos a, de la norma estudiada, resulta inconstitucional y, por ende, la obligada consecuencia es desincorporarla de su esfera jurídica, pero sin relevarla de la carga de contribuir al gasto público, entonces la tarifa que deberá pagar deberá ser la diversa cuota mínima contenida en la propia fracción I, inciso a), del artículo 16 del ordenamiento aplicable, a razón de $533.00 (quinientos treinta y tres pesos 00/100 moneda nacional). Lo que se traduce en que todas las personas que pretenden registrar documentos se encuentran en el mismo supuesto de causación del pago de derechos en cuestión, y deben de cubrir el costo mínimo que consideró el legislador por el servicio prestado y el costo que le representa este al Estado. Consecuentemente, con el objetivo de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, la autoridad recaudadora deberá, como se dijo, desincorporar de la esfera jurídica del gobernado el inciso a) de la fracción I del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2023, y en su lugar, aplicar únicamente la cuota fija mínima que establece la norma por el pago de derechos por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco prevista en el inciso a) de la fracción I del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2023. Hecho lo anterior, la autoridad recaudadora deberá devolver la diferencia que resulte entre las cantidades que amparen los recibos de pago exhibidos en autos por el concepto examinado, y la que corresponde a la cuota fija mínima; lo anterior, en el entendido de que esos importes deberán devolverse actualizados aplicando en lo conducente, los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco. Bajo apercibimiento que de no acatar lo anterior en el lapso indicado sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y además se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  4. Principal

    Visto el oficio remitido por la Directora de Amparos de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, por el solicita una prórroga, a fin de que este en aptitud de cumplir con la ejecutoria de amparo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE UNA PRÓRROGA a la autoridad responsable, por el plazo de CINCO días. No obstante lo anterior, tal como lo prevé el "TÍTULO TERCERO Cumplimiento y Ejecución", "CAPÍTULO I. Cumplimiento e Inejecución", en su artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de diez días siguientes a la notificación del presente acuerdo, dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, remitiendo constancia fehaciente de ello; esto es: "prevista en el artículo 16, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2023, para que dicha porción normativa sea desincorporada de su esfera jurídica y no se le aplique en lo presente ni en lo futuro, mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad que motiva la concesión del amparo. Así, la concesión del amparo solicitado y la desincorporación de la porción normativa reprochada no exenta al gobernado de la obligación de cubrir el pago de los derechos por el servicio solicitado, es decir, la inscripción de una escritura pública. Es, así, ya que la porción normativa declarada inconstitucional, encuadra dentro de un sistema tributario complejo, en donde se adicionan elementos variables distintos a los esenciales y que son de considerarse al momento de realizarse su cálculo. Bajo ese contexto, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los efectos del otorgamiento de la protección constitucional no pueden relevar a la parte quejosa de su carga ineludible de contribuir al gasto público, ya que tal aspecto es un deber solidario y de interés para la sociedad; de ahí que, si la fracción I, incisos a, de la norma estudiada, resulta inconstitucional y, por ende, la obligada consecuencia es desincorporarla de su esfera jurídica, pero sin relevarla de la carga de contribuir al gasto público, entonces la tarifa que deberá pagar deberá ser la diversa cuota mínima contenida en la propia fracción I, inciso a), del artículo 16 del ordenamiento aplicable, a razón de $533.00 (quinientos treinta y tres pesos 00/100 moneda nacional). Lo que se traduce en que todas las personas que pretenden registrar documentos se encuentran en el mismo supuesto de causación del pago de derechos en cuestión, y deben de cubrir el costo mínimo que consideró el legislador por el servicio prestado y el costo que le representa este al Estado. Consecuentemente, con el objetivo de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, la autoridad recaudadora deberá, como se dijo, desincorporar de la esfera jurídica del gobernado el inciso a) de la fracción I del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2023, y en su lugar, aplicar únicamente la cuota fija mínima que establece la norma por el pago de derechos por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco prevista en el inciso a) de la fracción I del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2023. Hecho lo anterior, la autoridad recaudadora deberá devolver la diferencia que resulte entre las cantidades que amparen los recibos de pago exhibidos en autos por el concepto examinado, y la que corresponde a la cuota fija mínima; lo anterior, en el entendido de que esos importes deberán devolverse actualizados aplicando en lo conducente, los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco. Bajo apercibimiento que de no acatar lo anterior en el lapso indicado sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y además se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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