María de la Luz López Silva

Expediente 319/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
319/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • María de la Luz López Silva
  • María de la Luz López Silva y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En ese orden, en acatamiento con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 2, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se sobreseyó el juicio. Asimismo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), el original del incidente de suspensión es depurable, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, en términos del punto 7.1.1 (2), del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a).

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, uno de junio de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por la promovente *****, a través del cual informa que la menor de iniciales A.S.C.C., fue inoculada con la segunda dosis de la vacuna el veinticinco de mayo de dos mil veintidós y exhibe el comprobante respectivo. Sin que se necesario realizar pronunciamiento alguno, toda vez que mediante acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, se sobreseyó el presente sumario fuera de audiencia al haber cesado los efectos del acto reclamado.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE DOS DE LOS ACTUALES, EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MENOR DE INICIALES S.R.L., EL AUTO DE TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LA ESENCIA DICE: Toluca, Estado de México, treinta de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la promovente: PROMOVENTEMENORES DE INICIALESEDAD (ACREDITADA CON COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE NACIMIENTO)**** A.S.C.C.Doce años de edad (nacida el 09/05/2012) No desahogó el requerimiento de veinte de los cursantes, es decir informar si su menor hija, fue inoculada con la segunda dosis de la vacuna contra la enfermedad SARS-COV2, en ese sentido se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se presume como cierto que la menores aludida recibió la aplicación de la referida vacuna en su segunda dosis. Cabe precisar que mediante proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se tuvo por cierta la aplicación de la segunda dosis a los restantes menores quejosos. SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA. En atención a lo anterior, es importante destacar que los quejosos reclamaron esencialmente lo siguiente: La omisión de aplicar la vacunar contra el SARS-Cov-2 a los menores quejosos. Por cuestión de técnica, en primer lugar se analiza lo relativo a la omisión de aplicar la vacunar a los menores quejosos. Ahora bien, es importante indicar que el artículo 4° de la Constitución General de la República, establece que toda persona tiene derecho a la salud, del cual derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. Por ello, el Estado Mexicano ha suscrito convenios que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel de ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Si bien para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo, es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso, siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes. Argumentos que encuentran sustento en las siguientes tesis y jurisprudencias, de rubros siguientes: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL". "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN". "DERECHO A LA SALUD. SU TUTELA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO" Expuestas las pautas que deben regir el derecho fundamental a la salud, en relación con el diverso a la seguridad jurídica, deben tenerse presentes los antecedentes más relevantes del caso, a saber: El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió recientemente (SARS-CoV-2). La pandemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el once de marzo de dos mil veinte, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de doscientos países, y con más de sesenta millones de casos hasta diciembre de dos mil veinte. Debe considerarse a la vacuna contra esta enfermedad como una de las medidas más costo- efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. Entre los principales desafíos que se anticipan para la vacunación contra la enfermedad COVID- 19, se encuentran el acceso oportuno, equitativo y suficiente a las vacunas; aspectos técnicos y logísticos, tales como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; la definición de grupos prioritarios para la vacunación; el número de dosis a administrar para lograr una protección adecuada, así como la seguridad y la efectividad de las vacunas. Adicionalmente, pueden presentarse retos programáticos relacionados con las necesidades de la cadena de frío; y la creación de la demanda para la vacunación entre otros. En tal sentido, en aras de salvaguardar el interés superior de la niñez, mediante proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, se ordenó formar el incidente de suspensión respectivo y en esa misma data, este Juzgado de Distrito otorgó la suspensión provisional en la que se ordenó a las autoridades responsables que dentro del ámbito de sus facultades legales y atribuciones, llevaran a cabo las acciones necesarias para que se aplicara en favor de los menores, la vacuna Pfizer-BioNTech, situación que sucedió bajo dos momentos y dos dosis. En ese orden, mediante proveído de treinta de marzo de dos mil veintidós, dictado en el incidente de suspensión derivado del presente asunto, se tuvo al representante común de los quejosos, informando que el veinticuatro de ese mismo mes y año, se inoculó a los menores con la primera dosis de la vacuna, a excepción de la infante A.S.C.C., en razón a que enfermó en días previos a la aplicación. Posteriormente, este órgano jurisdiccional realizó las gestiones necesarias a fin de que se cumpliera con la suspensión decretada y en su caso se completara el esquema de vacunación a la totalidad de menores quejosos; por lo que se obtuvo información en el sentido de que la fecha para la aplicación de la segunda dosis de vacunación sería el veintiséis de abril de dos mil veintidós; así como la primera dosis a la menor A.S.C.C.; lo cual así aconteció, pues el veintinueve de abril de dos mil veintidós, al no haber informado los promoventes tal circunstancia, se presumieron por ciertas ambas aplicaciones. Así, este juzgado obtuvo información de que el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se aplicaría la segunda dosis a la menor quejosa A.S.C.C.; situación que así tuvo lugar, dado que como se observa en líneas precedentes se tuvo por cierto el hecho de que le había sido colocada dicha dosis de la vacuna a la menor antes citada. De manera que, si bien no se cuenta con las constancias con las que el apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de México, acredite la aplicación de la vacuna contra el virus Sars-CoV2 a la menor de iniciales A.S.C.C., en su segunda dosis, lo cierto es que al haberse hecho efectivo el apercibimiento formulado en autos, es dable considerar que ésta fue suministrada, pues correspondía a la parte quejosa -como carga procesal- haber acudido en compañía del menor en comento en las fechas que se indicaron a fin de que le fuera suministrada la vacuna en comento en sus dos dosis, cuya negativa constituía justamente el acto reclamado; lo cual debía haber informado a este Juzgado de Distrito, sin que así hubiese ocurrido. En consecuencia, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De ahí que, resulta inconcuso que se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo. Así las cosas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a l demanda.". Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las doce horas del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones respectivas.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la promovente: PROMOVENTEMENORES DE INICIALESEDAD (ACREDITADA CON COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE NACIMIENTO)**** A.S.C.C.Doce años de edad (nacida el 09/05/2012) No desahogó el requerimiento de veinte de los cursantes, es decir informar si su menor hija, fue inoculada con la segunda dosis de la vacuna contra la enfermedad SARS-COV2, en ese sentido se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se presume como cierto que la menores aludida recibió la aplicación de la referida vacuna en su segunda dosis. Cabe precisar que mediante proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se tuvo por cierta la aplicación de la segunda dosis a los restantes menores quejosos. SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA. En atención a lo anterior, es importante destacar que los quejosos reclamaron esencialmente lo siguiente: La omisión de aplicar la vacunar contra el SARS-Cov-2 a los menores quejosos. Por cuestión de técnica, en primer lugar se analiza lo relativo a la omisión de aplicar la vacunar a los menores quejosos. Ahora bien, es importante indicar que el artículo 4° de la Constitución General de la República, establece que toda persona tiene derecho a la salud, del cual derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. Por ello, el Estado Mexicano ha suscrito convenios que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel de ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Si bien para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo, es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso, siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes. Argumentos que encuentran sustento en las siguientes tesis y jurisprudencias, de rubros siguientes: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL". "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN". "DERECHO A LA SALUD. SU TUTELA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO" Expuestas las pautas que deben regir el derecho fundamental a la salud, en relación con el diverso a la seguridad jurídica, deben tenerse presentes los antecedentes más relevantes del caso, a saber: El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió recientemente (SARS-CoV-2). La pandemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el once de marzo de dos mil veinte, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de doscientos países, y con más de sesenta millones de casos hasta diciembre de dos mil veinte. Debe considerarse a la vacuna contra esta enfermedad como una de las medidas más costo- efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. Entre los principales desafíos que se anticipan para la vacunación contra la enfermedad COVID- 19, se encuentran el acceso oportuno, equitativo y suficiente a las vacunas; aspectos técnicos y logísticos, tales como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; la definición de grupos prioritarios para la vacunación; el número de dosis a administrar para lograr una protección adecuada, así como la seguridad y la efectividad de las vacunas. Adicionalmente, pueden presentarse retos programáticos relacionados con las necesidades de la cadena de frío; y la creación de la demanda para la vacunación entre otros. En tal sentido, en aras de salvaguardar el interés superior de la niñez, mediante proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, se ordenó formar el incidente de suspensión respectivo y en esa misma data, este Juzgado de Distrito otorgó la suspensión provisional en la que se ordenó a las autoridades responsables que dentro del ámbito de sus facultades legales y atribuciones, llevaran a cabo las acciones necesarias para que se aplicara en favor de los menores, la vacuna Pfizer-BioNTech, situación que sucedió bajo dos momentos y dos dosis. En ese orden, mediante proveído de treinta de marzo de dos mil veintidós, dictado en el incidente de suspensión derivado del presente asunto, se tuvo al representante común de los quejosos, informando que el veinticuatro de ese mismo mes y año, se inoculó a los menores con la primera dosis de la vacuna, a excepción de la infante A.S.C.C., en razón a que enfermó en días previos a la aplicación. Posteriormente, este órgano jurisdiccional realizó las gestiones necesarias a fin de que se cumpliera con la suspensión decretada y en su caso se completara el esquema de vacunación a la totalidad de menores quejosos; por lo que se obtuvo información en el sentido de que la fecha para la aplicación de la segunda dosis de vacunación sería el veintiséis de abril de dos mil veintidós; así como la primera dosis a la menor A.S.C.C.; lo cual así aconteció, pues el veintinueve de abril de dos mil veintidós, al no haber informado los promoventes tal circunstancia, se presumieron por ciertas ambas aplicaciones. Así, este juzgado obtuvo información de que el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se aplicaría la segunda dosis a la menor quejosa A.S.C.C.; situación que así tuvo lugar, dado que como se observa en líneas precedentes se tuvo por cierto el hecho de que le había sido colocada dicha dosis de la vacuna a la menor antes citada. De manera que, si bien no se cuenta con las constancias con las que el apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de México, acredite la aplicación de la vacuna contra el virus Sars-CoV2 a la menor de iniciales A.S.C.C., en su segunda dosis, lo cierto es que al haberse hecho efectivo el apercibimiento formulado en autos, es dable considerar que ésta fue suministrada, pues correspondía a la parte quejosa -como carga procesal- haber acudido en compañía del menor en comento en las fechas que se indicaron a fin de que le fuera suministrada la vacuna en comento en sus dos dosis, cuya negativa constituía justamente el acto reclamado; lo cual debía haber informado a este Juzgado de Distrito, sin que así hubiese ocurrido. En consecuencia, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De ahí que, resulta inconcuso que se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo. Así las cosas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a l demanda.". Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las doce horas del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones respectivas.

Quedan 19 actuaciones en este expediente

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