María de la Luz Lezama Ocejo

Expediente 1120/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1120/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • María de la Luz Lezama Ocejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la actuaria del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; mediante el cual remite la ejecutoria pronunciada dentro del conflicto competencial en amparo 49/2023 de su índice; al respecto, se toma conocimiento de su contenido; sin que haya lugar a dictar mayor acuerdo al respecto, en virtud de que, el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo definitivo del presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.AMCL

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 20, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, sin que haya lugar a dictar mayor acuerdo al respecto, en virtud de que, mediante proveído de cuatro de septiembre de la presente anualidad, este Juzgado, determinó no insistir en declinar la competencia y desechó de plano la demanda del juico que ocupa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.AMCL

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Actuario adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual hace del conocimiento que no acepta la competencia declinada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, misma que fue planteada por este órgano jurisdiccional y por lo cual, ordena la devolución de los autos del expediente 1120/2023 de nuestro índice; acúsese de recibo de estilo correspondiente. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito no insiste en declinar la competencia del asunto de cuenta y provee lo siguiente: Desechamiento Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora bien, del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Notario Público Número Setenta y Seis de la Ciudad de México, lo siguiente: ". a) Se reclama la resolución que decidió de fondo la primera etapa, relativa a la de sucesión (que comprende la declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios y/o declaración de herederos y legatarios y aceptación de cargo de albacea), relativo a la sucesión testamentaria a bienes del señor ********************, ante el Notario Público Sesenta y Seis de la Ciudad de México. b) Se reclama la resolución que decidió de fondo la segunda etapa, de inventarios y avalúos, relativo a la sucesión testamentaria a bienes del señor ********************, ante el Notario Público Sesenta y Seis de la Ciudad de México. c) Se reclama la resolución que decidió de fondo la tercera etapa, de administración, relativa a la sucesión testamentaria a bienes del señor ********************, ante el Notario Público Sesenta y Seis de la Ciudad de México y, en su caso: d) Se reclama la resolución que decidió de fondo la cuarta etapa, denominada de partición y adjudicación, relativa a la sucesión testamentaria a bienes del señor ********************, ante el Notario Público Sesenta y Seis de la Ciudad de México. e) Asimismo, se reclama la falta de llamamiento a la sucesión testamentaria a bienes del señor ********************, que se tramita ante el Notario Público Sesenta y Seis de la Ciudad de México, en atención a que tengo, en la actualidad, el carácter de legataria del finado ********************, tal y como lo acredito con la documental relativa (testamento)." En ese sentido, este órgano constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, segundo párrafo, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que, el acto que reclama no debe considerarse como de autoridad susceptible de combatirse en juicio de amparo. Lo anterior, toda vez que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha evolucionado en la medida en que la actuación de los entes del Estado trasciende a la esfera jurídica de los derechos fundamentales de los gobernados; es decir, en la actualidad ya no solamente se considera autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, como se advierte de la redacción del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, o bien, aquélla que dispone de la fuerza pública, en virtud de circunstancias legales o de hecho; sino que a través de los criterios de los órganos facultados del Poder Judicial de la Federación, se ha ido matizando el concepto de autoridad responsable de acuerdo con las circunstancias particulares de cada ente al que se asigna ese carácter, en relación con su proceder que se tilda de inconstitucional. Orienta lo anterior, la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno, sustentada por el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997, página 118.Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1144, Novena Época, con el número de registro 199459, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En esa línea, de los artículos 1o. y 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros; no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, trasmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo; y no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 41/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala, sustentada por la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1144, Décima Época, con el número de registro 2020413, de rubro y texto siguiente: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado." Así las cosas, las notas que en la actualidad distinguen a una autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala, sustentada por el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, Novena Época, con el número de registro 161133, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por otra parte, es necesario establecer que la teoría general del derecho distingue tres tipos de relaciones jurídicas: 1.- De coordinación, que consisten en los vínculos entablados entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; 2.- De supra a subordinación, que son las que surgen entre los órganos del Estado y los gobernados, principalmente en materias de derecho público, donde la autoridad del gobernante se impone directa y unilateralmente, sin requerir la actuación de un tribunal, y teniendo como límite de su actuación los derechos fundamentales; y, 3.- De supraordinación, que se entablan entre los diferentes entes estatales, en el desempeño de sus atribuciones. Ilustra lo anterior, la tesis 2a. XXXVI/99, emitida por la Segunda Sala, sustentada por el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Marzo de 1999, página 307, Novena Época, con el número de registro 194367, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." En apoyo a lo anterior, se hace énfasis que los notarios tienen una función de orden público, toda vez que actúan por delegación del Estado, con el fin de satisfacer a los gobernados respecto a sus necesidades de interés social como son la autenticidad, certeza y seguridad jurídica de actos y hechos jurídicos, por lo que la actividad notarial no constituye una relación de supra a subordinación entre el notario y el gobernado, ni tiene los efectos de crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Es aplicable al presente asunto la tesis VI.1o.A.10 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, sustentada por el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, página 1247, Décima Época, con el número de registro 2000397, de rubro y texto siguiente: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). Conforme a la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala, los notarios tienen una función de orden público, toda vez que actúan por delegación del Estado, con el objeto de satisfacer necesidades de interés social como son la autenticidad, certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos; aunado a que son los propios particulares quienes acuden a solicitar la prestación de los servicios notariales y quienes pagan por éstos; por tanto, la actividad notarial no constituye una relación de supra a subordinación entre el notario y el gobernado, ni tiene los efectos de crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, como una nota esencial de los actos de autoridad. De modo que cuando el notario público formaliza un acto jurídico como la enajenación de un bien inmueble o un poder general para actos de dominio, no lleva a cabo algún acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." Es aplicable también al presente asunto, la tesis I.3o.C.88 K (10a.), emitida por la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, página 2091, Décima Época, con el número de registro 2010063, de rubro y texto siguiente: "NOTARIO PÚBLICO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO, DADO QUE CARECE DE FACULTADES PARA CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR SITUACIONES JURÍDICAS EN FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece la norma que regula las notas características del acto de autoridad, en cuanto crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, así como también identifica como autoridad a los particulares cuyas funciones estén determinadas por una norma general que los faculte para realizar actos equivalentes a aquellos que afecten derechos en términos de esta fracción. En ese sentido, la intervención de un notario en la elaboración de una escritura, no le otorga la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, porque no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente da fe y protocoliza el acto de la autoridad judicial. Esto es, la objetiva posibilidad legalmente prevista de que un ente del gobierno o un particular puedan ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, deriva de la naturaleza y características propias del acto que emiten u omiten, pues no sólo debe tener las cualidades específicas señaladas de unilateralidad y obligatoriedad, sino que también deben trascender o impactar en la esfera jurídica del gobernado, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas o fácticas, siempre que esa posibilidad para el particular derive de una facultad expresa conferida por normas generales. En esas condiciones, si bien es cierto que aunque el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la citada fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, también lo es que el notario público no se encuentra en ese supuesto, pues lo que se reclama de éste es cualquier acto tendente a tirar la escritura del inmueble materia del juicio de origen, lo que implica que únicamente dará fe del acto de adjudicación, con lo cual da la forma de escritura pública a ese acto, para efecto de su inscripción; pero no actúa por sí y ante sí, de manera unilateral, para afectar la esfera jurídica de la quejosa, máxime que de los artículos 11 y 12 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal se advierte que los notarios públicos son sólo auxiliares de la administración de justicia, así como que están obligados a prestar sus servicios profesionales cuando para ello fueren requeridos por las autoridades, por los particulares o en cumplimiento de resoluciones judiciales." En ese sentido, como ya se vio, los Notarios Públicos no tienen una relación de supra a subordinación para con el gobernado, ni sus actos crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; por tanto, se concluye que los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ********************. Notifíquese vía electrónica Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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