María de la Luz Landeros Neri
Expediente 1089/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1089/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María de la Luz Landeros Neri
Actuaciones
- Principal
Cúmplase.
- Principal
CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que ha causado estado dicha determinación. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Vista la demanda de amparo promovida por María de la Luz Landeros Neri, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 1089/2021-III, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA El dispositivo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Pues bien, quien esto resuelve estima que en el presente caso se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa, antes de acudir al juicio constitucional. Conforme al precepto en cita, el juicio de amparo se torna improcedente cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y en su contra proceda un juicio, recurso o medio ordinario de defensa, mediante el cual se puedan modificar, revocar o nulificar, sin exigir mayores requisitos que los previstos para conceder la suspensión. Por otro lado, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece un medio ordinario de defensa, para controvertir las omisiones y determinaciones del ministerio público (que evidentemente no tiendan a privar de la libertad al gobernado). Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, estableció que la implementación del sistema de justicia penal acusatorio tiene, entre otras finalidades, que la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar, pueda ser supervisada por el Juez de Control, dado que la intención del Constituyente Permanente al diseñar esa figura jurídica (del Juez de Control) -en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera en general, acerca de las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar no sólo los derechos de las víctimas u ofendidos, sino también de los imputados, a efecto de cuidar que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; lo anterior, para garantizar a las partes una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquéllas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. En el caso, la quejosa reclamó: El acuerdo de aseguramiento registral sobre el folio real R20*25620, dictado el trece de octubre de dos mil veintiuno, por la Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, Región "A", en la capeta de investigación 103393/2021. La ejecución de dicha providencia, realizada por el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad. Al respecto, resulta necesario acotar que el acto precisado en el punto 2, es una consecuencia directa del primero, de ahí que no puedan tenerse como acto destacado en forma independiente, máxime que su ilegalidad se hace depender del acuerdo de aseguramiento también reclamado. Adicionalmente, de los antecedentes que narró bajo protesta de decir verdad, se advierte que la misma tiene la calidad de imputada, dentro de la carpeta de investigación aludida, en tanto que Salvador Hurtado García formuló querella en su contra. En esas condiciones, es evidente que los actos reclamados por la inconforme, constituyen actos realizados fuera de juicio (etapa de investigación), por una autoridad distinta de la judicial (agente del ministerio público), que no inciden de manera alguna, en su libertad personal (porque se reclama el aseguramiento registral de un bien inmueble que afirma es de su propiedad). Por ende en términos del numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el aseguramiento impugnado, debió ser sujeto a control judicial previo a que la quejosa acudiera al juicio de amparo. Lo anterior, porque, aunque los jueces de control tienen funciones específicas delineadas por la norma penal, lo cierto es que las facultades de los referidos órganos jurisdiccionales tienen una gama más amplia, debiendo considerarse que sus funciones se extienden para conocer de las demás determinaciones del Ministerio Público, a efecto de controlar su legalidad, para resguardar no sólo los derechos de las víctimas sino también los de los imputados. Robustece lo anterior, la tesis sustentada en la Undécima Época por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, página 2430, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 2023161, de rubro siguiente: "ASEGURAMIENTO DE OBJETOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." Sin que en el caso se advierta que la quejosa se encuentre en alguno de los supuestos que, conforme al artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, le exima de agotar el medio ordinario de defensa. Es así porque, aunque el recurso aludido no prevé la suspensión del acto reclamado, esa circunstancia no es suficiente para inferir que se exijen más requisitos o un plazo mayor para la suspensión del acto, sino que, por el contrario, el medio de defensa establecido en el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite alcanzar una solución más ágil, en tanto que se resolverá en una audiencia con citación de las partes; inclusive, el Alto Tribunal del País, ponderó que de acudir directamente al juicio de amparo, se generaría un mayor retraso en el desarrollo del procedimiento penal (puntos 90 a 92 de la ejecutoria antes invocada). Aunado a lo anterior, no se advierte que la amparista, al reclamar los actos impugnados, alegue ausencia total de fundamentación y motivación, ni violación directas a la Constitución Federal, cometidas en su perjuicio, sino que únicamente combate cuestiones atinentes a la legalidad de dicha determinación; además, el medio de impugnación que cabía en contra de ésta, no se encuentra contemplado en un Reglamento, sino está previsto en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, es dable sostener que en el caso particular se actualiza de manera manifiesta e indudable el citado motivo de improcedencia, por lo que se impone desechar de plano la demanda de trato, acorde con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Juan Luis García Aguilar, por no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, ni proporcionar el dato correspondiente a su cédula profesional. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en andador Vesta número 127 letra A, en la colonia Anaya de esta ciudad. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción realice la notificación personal del presente auto, así como las subsecuentes que resulten durante la tramitación del juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias del presente acuerdo y de todas y cada una de las actuaciones posteriores que se vayan generando, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo, la cual deberá entregarse al momento de su notificación. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). DETERMINACIONES ESPECIALES ANTE LA CONTINGENCIA OCASIONADA POR EL VIRUS COVID-19. En términos del artículo 23 del mismo Acuerdo General 21/2020, la notificación que se ordene de manera personal, deberá desahogarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Por otro lado, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: Medio de Contacto Horario Procedimiento Celular 4775538393 Correo Electrónico 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. 8:30 a 13:30 hrs. de Lunes a Viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, autorizado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior no es aplicable tratándose de recursos (queja, revisión o inconformidad), incidentes o promociones de término, los cuales deben presentarse por escrito, o bien, a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. Del mismo modo, se le requiere a las autoridades para que se incorporen al Directorio de Correos Electrónicos Institucionales o, en su caso, actualicen su registro. Para tal efecto, está disponible el siguiente correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx, para que puedan hacer la solicitud correspondiente. Hecho lo anterior, se les solicita autorizar dicho correo electrónico para recibir las subsecuentes notificaciones mediante la promoción respectiva.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA...; Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Vista la demanda de amparo promovida por María de la Luz Landeros Neri, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 1089/2021-III, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA El dispositivo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Pues bien, quien esto resuelve estima que en el presente caso se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa, antes de acudir al juicio constitucional. Conforme al precepto en cita, el juicio de amparo se torna improcedente cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y en su contra proceda un juicio, recurso o medio ordinario de defensa, mediante el cual se puedan modificar, revocar o nulificar, sin exigir mayores requisitos que los previstos para conceder la suspensión. Por otro lado, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece un medio ordinario de defensa, para controvertir las omisiones y determinaciones del ministerio público (que evidentemente no tiendan a privar de la libertad al gobernado). Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, estableció que la implementación del sistema de justicia penal acusatorio tiene, entre otras finalidades, que la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar, pueda ser supervisada por el Juez de Control, dado que la intención del Constituyente Permanente al diseñar esa figura jurídica (del Juez de Control) -en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera en general, acerca de las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar no sólo los derechos de las víctimas u ofendidos, sino también de los imputados, a efecto de cuidar que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; lo anterior, para garantizar a las partes una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquéllas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. En el caso, la quejosa reclamó: El acuerdo de aseguramiento registral sobre el folio real R20*25620, dictado el trece de octubre de dos mil veintiuno, por la Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, Región "A", en la capeta de investigación 103393/2021. La ejecución de dicha providencia, realizada por el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad. Al respecto, resulta necesario acotar que el acto precisado en el punto 2, es una consecuencia directa del primero, de ahí que no puedan tenerse como acto destacado en forma independiente, máxime que su ilegalidad se hace depender del acuerdo de aseguramiento también reclamado. Adicionalmente, de los antecedentes que narró bajo protesta de decir verdad, se advierte que la misma tiene la calidad de imputada, dentro de la carpeta de investigación aludida, en tanto que Salvador Hurtado García formuló querella en su contra. En esas condiciones, es evidente que los actos reclamados por la inconforme, constituyen actos realizados fuera de juicio (etapa de investigación), por una autoridad distinta de la judicial (agente del ministerio público), que no inciden de manera alguna, en su libertad personal (porque se reclama el aseguramiento registral de un bien inmueble que afirma es de su propiedad). Por ende en términos del numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el aseguramiento impugnado, debió ser sujeto a control judicial previo a que la quejosa acudiera al juicio de amparo. Lo anterior, porque, aunque los jueces de control tienen funciones específicas delineadas por la norma penal, lo cierto es que las facultades de los referidos órganos jurisdiccionales tienen una gama más amplia, debiendo considerarse que sus funciones se extienden para conocer de las demás determinaciones del Ministerio Público, a efecto de controlar su legalidad, para resguardar no sólo los derechos de las víctimas sino también los de los imputados. Robustece lo anterior, la tesis sustentada en la Undécima Época por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, página 2430, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 2023161, de rubro siguiente: "ASEGURAMIENTO DE OBJETOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." Sin que en el caso se advierta que la quejosa se encuentre en alguno de los supuestos que, conforme al artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, le exima de agotar el medio ordinario de defensa. Es así porque, aunque el recurso aludido no prevé la suspensión del acto reclamado, esa circunstancia no es suficiente para inferir que se exijen más requisitos o un plazo mayor para la suspensión del acto, sino que, por el contrario, el medio de defensa establecido en el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite alcanzar una solución más ágil, en tanto que se resolverá en una audiencia con citación de las partes; inclusive, el Alto Tribunal del País, ponderó que de acudir directamente al juicio de amparo, se generaría un mayor retraso en el desarrollo del procedimiento penal (puntos 90 a 92 de la ejecutoria antes invocada). Aunado a lo anterior, no se advierte que la amparista, al reclamar los actos impugnados, alegue ausencia total de fundamentación y motivación, ni violación directas a la Constitución Federal, cometidas en su perjuicio, sino que únicamente combate cuestiones atinentes a la legalidad de dicha determinación; además, el medio de impugnación que cabía en contra de ésta, no se encuentra contemplado en un Reglamento, sino está previsto en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, es dable sostener que en el caso particular se actualiza de manera manifiesta e indudable el citado motivo de improcedencia, por lo que se impone desechar de plano la demanda de trato, acorde con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Juan Luis García Aguilar, por no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, ni proporcionar el dato correspondiente a su cédula profesional. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en andador Vesta número 127 letra A, en la colonia Anaya de esta ciudad. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción realice la notificación personal del presente auto, así como las subsecuentes que resulten durante la tramitación del juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias del presente acuerdo y de todas y cada una de las actuaciones posteriores que se vayan generando, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo, la cual deberá entregarse al momento de su notificación. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). DETERMINACIONES ESPECIALES ANTE LA CONTINGENCIA OCASIONADA POR EL VIRUS COVID-19. En términos del artículo 23 del mismo Acuerdo General 21/2020, la notificación que se ordene de manera personal, deberá desahogarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Por otro lado, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: Medio de Contacto Horario Procedimiento Celular 4775538393 Correo Electrónico 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. 8:30 a 13:30 hrs. de Lunes a Viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, autorizado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior no es aplicable tratándose de recursos (queja, revisión o inconformidad), incidentes o promociones de término, los cuales deben presentarse por escrito, o bien, a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. Del mismo modo, se le requiere a las autoridades para que se incorporen al Directorio de Correos Electrónicos Institucionales o, en su caso, actualicen su registro. Para tal efecto, está disponible el siguiente correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx, para que puedan hacer la solicitud correspondiente. Hecho lo anterior, se les solicita autorizar dicho correo electrónico para recibir las subsecuentes notificaciones mediante la promoción respectiva.
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