María de la Luz Islas Martínez
Expediente 273/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 273/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/08/2018
Partes del expediente
- María de la Luz Islas Martínez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte, a la fecha no se interpuso recurso de revisión, en contra de la sentencia que concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa, en relación a los actos reclamados a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su numeral 2º se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que, dentro de los tres días hábiles siguientes, remita las constancias certificadas relativas al cumplimiento al fallo protector, por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el numeral 258, ambos de la Ley de Amparo; asimismo, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Asimismo, infórmese a las partes que ésta estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, conteniendo el nombre y datos personales a que alude el artículo 3 fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán, sin ser necesario su consentimiento, cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambas de la ley en mención.
- Principal
CO FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO SE NOTICA AL QUEJOSO.Vista; la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/698/2018 de treinta de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de la misma fecha, determinó la readscripción del que suscribe, al Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de junio del mismo año; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual anexa el informe justificado rendido por la autoridad responsable; en ese sentido dese vista a las partes, con el mismo, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, de los cuales se harán nueva relación en la audiencia constitucional relativa; asimismo se tiene a la autoridad responsable remitiendo copias certificadas de diversas constancias en apoyo a su informe las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza; por tanto, dése vista a las partes con el contenido de los mismos, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional, atento a lo dispuesto por el artículo 119 de la materia. Ahora bien, ya que de la certificación secretarial se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día veintidós de junio del año en curso; en consecuencia, a fin de dar margen a que las partes se impongan del informe justificado que se agrega a los presentes autos, procede diferir de manera anticipada la celebración de la audiencia constitucional, fijándose como nueva fecha para su celebración las diez horas con treinta minutos del veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Lo anterior encuentra sustento en la tesis I.5o.C.1 K (10a.), del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, del rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES. Si con motivo de diversas constancias enviadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, el Juez de Distrito, oficiosamente y antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, dejó sin efectos dicho señalamiento y fijó nuevas fecha y hora para esos fines, tal proceder es legal si con ello se concede otra vez el término de ocho días previsto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable y, por ello, cuentan con la oportunidad suficiente, en términos del artículo 151 del mismo ordenamiento, para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para desvirtuar el informe justificado y las constancias correspondientes. Por ello, el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que éstas cuenten con todo el término y la oportunidad de rendir sus pruebas, de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la primera audiencia, si el juzgador de Distrito ya observó que a la llegada de ese día deberá marcar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, con tal proceder el Juez Federal impide una probable reposición del los términos del informe justificado, preparar y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes; lo cual es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, y con los fines del artículo 157 de la Ley de Amparo, el cual prevé que los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios respectivos no queden paralizados."
- Principal
SE ADMITE LA DEMANDA EN SUS TÉRMINOS, FÓRMESE EXPEDIENTE Y REGÍSTRESE.PÍDASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE SU INFORME JUSTIFICADO.SE SEÑALAN LAS NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.DESE INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 Y 27 FRACCION I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA Y EMPLAZA AL TERCERO INTERESADO Profuturo Afore, sociedad anónima de capital variable Vista la demanda de amparo que promueve María de la Luz Islas Martínez, por conducto de su apoderada Matilde del Carmen Pérez Contreras, en la que señala como autoridades responsables a la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo vigente, se admite la demanda en sus términos fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 273/2018; sin que sea el caso formar incidente de suspensión en virtud de no haber sido solicitado. Personalidad que acredita la promovente con la documental que anexa, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del término de quince días, en el que se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario, y se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de esta misma fecha; lo anterior, con fundamento en el artículo 260 de la Ley de Amparo. Se señalan las nueve horas con veinte minutos del veintidós de junio de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes, para que en la hipótesis de que hayan cesado los efectos del acto reclamado u ocurran causas notorias de improcedencia lo hagan de conocimiento de este juzgado de Distrito, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con apoyo en el artículo 251 de la misma ley, se les impondrá multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Dese la intervención legal que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado federal, a quien de conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la legislación federal en consulta, le asiste el carácter de parte en el presente juicio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. De igual forma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de parte tercero interesada a Profuturo Afore, sociedad anónima de capital variable, con domicilio en Benito Juárez, número 220, Ampliación Buenaventura, entre calles Pípila y México, en esta ciudad; en consecuencia, se comisiona a la actuaria de este juzgado para que se constituya en el domicilio señalado, a efecto de emplazar a la citada parte tercero interesada, por conducto de quien legalmente la represente. Asimismo, hágasele saber el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo y del presente proveído; asimismo, requiérasele para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; lo anterior, con fundamento en los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 26, fracción III, de la ley de la materia. En caso de ser necesario, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para el efecto de que la actuaria adscrita a este juzgado, lleve a cabo el emplazamiento de referencia. Asimismo, se les reconoce el carácter de terceros interesados al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Instituto Mexicano del Seguro Social; con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, procédase a emplazar al presente juicio de amparo a los terceros interesados antes precisados; por tanto, notifíqueseles vía oficio el presente proveído en su domicilio oficial, y córraseles traslado con copia de la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada la prueba documental que acompaña a su escrito inicial de demanda, sin perjuicio de hacer relación de ella, en su caso, al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si la actuaria judicial adscrita a este juzgado manifiesta su imposibilidad de notificar a las autoridades responsables debido a su inexistencia, sin mayor trámite se les tendrá como inexistente, suspendiendo toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables hasta antes de la audiencia constitucional, tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y, al principio de celeridad procesal. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, a fin de configurar el expediente virtual conforme a lo previsto en artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo.
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